Menos presunción

por Arcadi Espada.

La degeneración ha llegado a tal extremo que esta mañana me siento incómodo donde Herrera, por defender la presunción de inocencia de Bretón; y sobre todo por no meterme en la poza negra del cerebro de un psicópata. Lo extraordinario es la comodidad con que mis colegas deambulan por ahí; de modo que el que parece que esté fantaseando sea yo. Es llamativo cómo ha disminuido en pocos años la distancia entre los oyentes de un programa y los que lo hacen. Ya es prácticamente indistinguible. Y, desde luego, no porque haya subido la capacidad de raciocinio y mesura del pueblo radiofónico.

Pero ojalá se ciñera el asunto a un problema específico de la radio. Que pudiera decirse se le calentó la boca, ¡y no se refirieran a mí! Quia. Hoy trae el periódico, y destacado en su portada, un artículo dictamen de un José Cabrera, forense, que congrega una sarta penosa de fantasías y elucubraciones (y la habitual creencia de que la distinción entre el bien y el mal basta para descartar la enfermedad cerebral) cuya inserción en un caso de dolor terrible le añade un estrago de inmoralidad. Obviamente lo primero que hace nuestro forense es ignorar con desprecio la presunción de inocencia. A partir de ahí el desbordamiento es incontenible. La presunción de inocencia revela, por agrio contraste, para qué sirve, su utilidad específica en la higiene del Estado de Derecho. Cuando la presunción de inocencia se destruye todas las presunciones resultan ya legítimas, llevaderas, naturales. Declarado culpable por el tribuno popular el asesino y toda su peripecia se convierten en un bien comunal.

Por un nuevo mecenazgo

por Arcadi Espada.

Un inmigrante ilegal (ni irregular ni sinpapeles como acepta llamarle, con el beneplácito kumbayá, la artimaña eufemística del poder político) debe tener los mismos derechos que un preso y entre ellos, por supuesto, el derecho a una sanidad gratuita. Como en el preso, un inmigrante ilegal es una condición provisional. En el caso del inmigrante la provisionalidad debería ser muy fugaz. Solo hay dos modos de que lo sea: o papeles para todos o aquello del presidente Aznar a las pocas horas de serlo, cuando metió en un avión a 103 bajo los efectos de algún narcótico: «Había un problema y lo hemos resuelto.» Sin embargo, la socialdemocracia vigente ha optado por dotar a algunos inmigrantes (medio millón en España, según parece) de una suerte de estatuto parecido al que se extiende sobre aquellos ectoplasmas apátridas de los aeropuertos, que ni pueden salir ni pueden entrar y que de tanto limbo acaban olvidando quiénes eran y a qué vinieron. El «inmigrante irregular» solo es el producto de la mala buena conciencia europea: que su irregularidad ontológica se pretenda legalizar ¡sanitariamente! por unos cientos de euros al año (como de un modo u otro hace la mayoría de países europeos) me parece un escándalo de hipocresía formidable. Un inmigrante ilegal no es nada más que un fallo en la seguridad de los Estados, cuyas consecuencias el Estado debe asumir. Y si no puede hacerlo, y quiere seguir siendo un Estado donde la ley se echa para atrás al contacto de la piedad, que no obligue a los inmigrantes enfermos a sufragar su bondadoso corazón.

Que busque espónsors.

Yo creo, compañeros, que las cosas están llegando a un punto en que ha de empezar a ser la vida y no el arte, ese suburbio lujoso, la que caiga bajo la competencia del mecenazgo. Lamento los problemas que esta propuesta pueda causarle al secretario cultural Jose María Lassalle pero esa ley que redacta habrá de prever la posibilidad de mecenazgos atrevidos. No veo bien por qué los señores Ortega, Andic y Roig deberían limitar su contribución social, impuestos aparte, a la reconstrucción de una catedral gótica o la potabilización del agua en un confín subsahariano. Ha llegado la hora de sacar réditos publicitarios de la proximidad moral y de ver grandes carteles que cuenten, por ejemplo, cómo Zara, con el 0’92 (medio millón de hombres por 700 euros cada uno) de los 38.000 millones que atesora la fortuna de su propietario, ha resuelto la asistencia sanitaria de los irregulares. «Implicándose en las soluciones»: yo pongo el eslogan.

(El Mundo, 9 de agosto de 2012)

Políticos opositando: ahí los quiero ver

por Arturo Pérez-Reverte.

Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.

Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.

Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.

Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano.

Why prison doesn't work and what to do about it

Prison time is a very severe punishment. JS Mill likened it to being consigned to a living tomb.* Any society that employs it should do so with care and restraint. Yet we do not. Partly because we think that prison is a humane punishment, it is drastically over-used in many countries, to the point of cruelty. Aside from failing in humanity, prison does not even perform well at the specific functions of a criminal justice system, namely, deterrence, retribution, security, and rehabilitation. We need to reconsider our over-reliance on prison, and reconsider whether other types of punishment, including capital and corporal punishment, may sometimes be more effective and more humane.

The fundamental problem with prison time, as Mill notes, is that its severity is hard to imagine. After all, many of us frequently find that what with one thing and another we have spent the whole day indoors, and we don't find that we have really suffered for it. It is hard to imagine quite how it must be to be confined to a small space and narrow routine for periods of years, or even until death. There is no great drama to focus on. No particularly terrible things happen. Just more of the nothing. Attempting to multiply our feelings about spending one day indoors does not really get us there.

A punishment that is hard to imagine will not work very well. First, people contemplating breaking the law will not be especially deterred by dread of the punishment. In particular, though the concept of prison as an institution may be somewhat dismaying, it is hard to contemplate the difference in severity of spending different lengths of time in one. Duration is a rather abstract dimension, and the difference between 5 years and 10 years, especially the cumulative difference, is hard to imagine. Thus, contrary to the influential 'law and economics' perspective, people are not able respond 'rationally' to the schedule of prison time sentences for different crimes by making cost-benefit calculations for their actions that incorporate the 'price' of punishment. Nor do increases in sentences have the deterrent effect one might expect (sending armed robbers to prison for 40 years instead of 10 doesn't reduce the incidence of armed robbery).

A punishment that is hard to imagine will also not satisfy the moral outrage of those who have been wronged. If a child is run down by a drunk driver, not only the parents but the society as a whole demands a severe punishment. Though a criminal justice system cannot be run on populist grounds in particular cases (that would just be mob rule), in order for justice to be seen to be done it does need to respond to those demands to some extent. Thus, even though the professionals staffing the justice system may understand the severity of prison time as a punishment, their judgement may be superseded by the pressures of popular opinion. This is most evident where populist politics are integrated into the justice system, such as in America where judges and prosecutors are often directly elected.

Where prison is the only severe punishment available, and length of time the only measure of severity, one will naturally find that very long sentences will be handed out in such cases. On an impartial view of the matter, the severity of the punishment often seems quite disproportionate. And yet the people will often remain dissatisfied. After all, aren't some prisons like hotels, with TVs and private bathrooms no less! To many people even 10 years confinement to such a place hardly seems a just punishment for driving over an innocent child.

This dissatisfaction lies behind the dismaying popularity of inhumane prison conditions, seen most clearly in the pervasiveness of sly jokes and official winking about prison violence and rape. One can understand this phenomenon as a reaction to the imaginative shortcomings of simple prison time as a punishment. If prisons are understood as places of physical and sexual violence, then a prison sentence takes on a much more dramatic character that is easier to imagine for both potential criminals (deterrence) and victims of crime (retribution). But this is a very dissatisfactory fix. In effect the punishment of prison time comes in two parts. The judicial sentence that society's justice institutions decides is right and proper. And an additional physical punishment outsourced to the most vicious and violent thugs in the relevant prison community to determine and administer. Such punishment has the unfortunate characteristics of being only haphazardly related to the original crime, and in falling most heavily upon those who are weakest and most vulnerable.

Two criminal justice functions unrelated to punishment are also relevant: rehabilitation and security. The rehabilitation argument is a humanitarian one. Dysfunctional people commit crimes, including terrible crimes. Yet everyone deserves a second chance. Prison time appears to offer a way to impose rehabilitation on criminals, since they are a captive audience. This was an important argument by liberals in proposing prison as the best form of punishment in the 19th century. (Hence the rather optimistic terminology of 'correctional facilities' and 'penitentiaries'.)

Yet rehabilitation as an aim fits poorly with the punishment emphasis, as is clear from the generally high reoffending rates of ex-convicts in many countries (particularly the ones that use prison the most). It is possible for those who genuinely want to make a change in their lives and are willing to work to change their character and tackle problems like drug addiction to use their time in prison productively (if they are provided with adequate support and counselling, during and after their sentence). But the very circumstances of prison - long term isolation from the rest of society, from positive relationships such as family and friends, and from positive responsibilities like regular work - seem to work against rehabilitation. Convicts' lives are likely to be more dominated by the prison community they are living in than the values of the normal society to which they are supposed to return. Thus, it is not surprising that many people who spend significant time in prison seem to become further acculturated in criminal values and attitudes and actually emerge less willing and able to function normally in society. Others are traumatised by the experience of surviving in such a community.

At least prison should be justifiable in terms of security? While it is true that, so long as they are locked up, criminals can't prey on society, the question of security always requires some attention to costs and benefits. After all, if security were our only concern we would have police on every corner; people with genetic markers for schizophrenia or psychopathy would be committed to institutions from childhood; and people found guilty of attempted murder would go to prison for as long as murderers. An excessive focus on security undermines the freedoms we want to protect, as well as principles we want to uphold, like fairness.

Even if someone has committed a serious crime and deserves to be punished severely, that does not necessarily mean that they present a danger we need to be protected from. Corporate fraudsters for example can be made safe relatively easily by removing their rights to manage companies. Likewise even those who commit very serious violent crimes may not be particularly dangerous; for example women who kill abusive husbands do not go around killing other people. Quite often, people are sentenced to prison for the worst thing they have ever done, and not for being dangerous. Thus, little to no security benefits are achieved from their stay in prison. Of course there are people whose character can be said to be criminal, and who do present a risk to society for as long as they are free, but these are a small minority of those who are now sent to prison. The way we use prison now assumes that all convicts are criminal characters, which is not only false, but a very inefficient way of trying to achieve security.

What to do?

First, we should recognise that our failures of imagination lead us to overuse prison as a punishment. Because prison is a severe punishment, excessive use of it is unjust. Millions of people are serving unjustifiably long sentences in living tombs as a result of our inability to take prison seriously. Our criminal justice systems should be much more restrained in their use of prison as punishment, and much more insulated from popular demands for excessive sentences. Society at large also has a responsibility to think harder about how very severe a punishment prison is, and to support such reforms. A more generous and rigorous approach to rehabilitation, perhaps incorporating forms of restorative justice, seems particularly important for a society that wants to call itself civilised.

In addition, we should consider supplementing prison time with other types of punishments, which might be more effective and humane. Here I will consider two such punishments which 'civilised' countries have long abandoned: flogging and execution. Many people would automatically say that such punishments are inhumane. But the very reason for this reaction - that such punishments are extremely unpleasant to contemplate - is exactly their advantage over prison time.  

Flogging is barbaric and ugly. Yet that in itself does not mean it is cruel or inhumane or otherwise unfit as a punishment. Punishments, by definition, are supposed to be very unpleasant. Peter Moskos, who recently wrote a book In Defense of Flogging (op-ed), notes that if convicted criminals were given a choice between being flogged and serving a lengthy prison term, they would probably choose the flogging (and wouldn't we all?). While one would not want to make a general principle of allowing convicts to decide their own punishments, this thought experiment is interesting because it goes against the general consensus that prison is more humane.

When one considers the advantages of flogging more generally one can see that it measures up well against prison time, especially longer prison sentences (more than a year). Its drama makes it much easier to imagine, indeed to over-imagine, and so it should work better than prison as a deterrent. For the same reason, it also seems better able to satisfy legitimate demands for retribution by those who have been wronged. Seeing someone strapped to a frame and having their skin ripped from their body seems to me to convincingly satisfy the requirement that justice be seen to be done, in a way that prison cannot. Yet, unlike prison, achieving this effect doesn't require that large chunks of a person's life be thrown away, together with their relationships and mental well-being. Thus, exactly because of its barbarism, flogging seems a more efficient punishment because the total suffering it inflicts is less. In my view, that makes it more humane.


Execution seems to me an appropriate punishment for very severe crimes, such as certain kinds of sadistic murder (like Anders Breivik). I do not suppose judicial executions are a particularly persuasive deterrent to most of the people who commit such crimes (indeed it is very hard to understand how such people look at the world). Nonetheless they seem an appropriate retributive punishment. Such crimes are almost the definition of evil and undoubtedly merit a very severe punishment. Furthermore, in such cases society has a legitimate fear of the perpetrators ever being allowed to operate freely amongst them, and a legitimate distrust of claims about successful rehabilitation.

Yet I do not think that even such crimes deserve any punishment more severe than execution. I do not believe that the perpetrators deserve to be locked away forever in a living tomb, perhaps even in solitary confinement for their own protection. While people in prison do live considerably shorter lives than the rest of us, that still allows for several decades of monotonous hopelessness before a miserable, unmourned death. I follow Mill here in considering that death is not the worst of all things that can happen to a person, and that merely allowing someone's continued existence is not mercy. A truly humane approach to punishment must consider the severity of the punishment from the convict's perspective, the undramatic but unrelenting mental suffering that a life sentence means.

Let me conclude by reconsidering what we mean by a 'humane' punishment. It seems to me that prison time is a humane punishment in one particular aspect. It is humane to those who impose it. Because it is difficult to imagine how awful it must be to be deprived for years on end of all the things that make life desirable or valuable, prison time is all too easy for a society to choose to impose on its troublemakers. Furthermore, because it appears to consist of removing pleasures rather than inflicting suffering, societies do not feel any great moral compunction about employing it liberally. It is therefore the perfect punishment for a society too cowardly to face up to its own moral responsibilities. True punishment is supposed to hurt, and the punisher is supposed to be aware of their responsibility for inflicting that pain. That is why true punishment is always carried out with some regret, even when it is just. When punishing people becomes easy it isn't taken seriously, and so will no longer reflect the considered judgement of society about what justice requires.

Consider the debate about  judicial executions in America. Because execution isgenerally acknowledged as a severe punishment, its proper application is considered a momentous responsibility. Not only are the few hundred death penalty cases much more carefully prosecuted by the state (on average), but a number of NGOs concern themselves entirely with investigating and scrutinising whether justice has been done. Indeed, the conscience of a civilised society deserves no less. Yet it is striking that the more than 100,000 people sentenced to decades of suffering in prison do not receive such careful attention to the justice of their cases. Sending large numbers of people to prison for a very long time doesn't seem to stir America's conscience in the same way as a 'real punishment' like execution. It should. 


Notes
*JS Mill "Speech In Favour of Capital Punishment", Parliament, 1868

Por la cara

por Arcadi Espada.


Este modelo francés es especialmente decisivo hoy. Hoy se está fraguando la «face generation». En español, lengua ruda, podría traducirse: La Generación por la Cara. Es una queja ya recurrente que los mafiosos digitales pretenden establecer en la red unas normas distintas de las que rigen en la calle. Sin embargo la gran amenaza es que se imponga en la calle la ausencia de normas que rige en zonas de la vida digital, singularmente en los corrillos que los adolescentes establecen en sus facebooks, donde todo vale, todo es posible y nada importa. Yo parto, desde luego, de mi desgraciada experiencia con las twins; y tengo un sesgo que más parece pluma. Pero llevo observando hace mucho, y no solo en ellas, que los integrantes de la face generation se mueven por la vida con el mismo gracioso donaire irresponsable del surfeo digital: cuando quieren hacer una cosa la hacen y cuando quieren algo lo cogen. Una poderosa alianza entre la tecnología más sofisticada, que permite hacer, y la amoralidad más opípara, que deja hacer. Así que cuando se topan con ellas, las reglas de la vida les dejan puramente atónitos: no conciben el veto de la realidad.

Response: How Morals Crowd Out Markets

Matt Welch.

“To determine whether kidneys should or shouldn’t be up for sale,” Michael Sandel writes, “we have to engage in a moral inquiry.” Quite so. Here’s what my investigation turns up.

Every day, eighteen people die in the United States while waiting in vain for a kidney transplant, according to the National Kidney Foundation. The Department of Health & Human Services reports that nearly 92,000 patients were on the kidney waiting list as of April 6 (up from 66,000 six years ago), but that only 16,812 transplants were made in 2011. That deadly math is part of the reason that, according to the National Institutes of Health, more than 380,000 Americans are on dialysis, a punitively expensive and physically grueling death-postponement procedure. The imbalance cannot be meaningfully addressed via cadaver-harvesting alone. As the writer (and kidney donor) Virginia Postrel observed in 2009:

If every single person who died the right way became an organ donor, an optimistic estimate would be that 7,000 more kidneys a year would be available for transplant. Since the [waiting] list is now increasing by 6,000 a year, that would be enough to end it—in 80 years.

So we know that maintaining prohibition—letting the law be guided by our moral revulsion toward placing price tags on human organs—will certainly increase the body count. We know that boosting the number of kidney donations from the living is the only real way to whittle the waiting list down. And we also know, from such procedures as egg donation, that legalizing monetary rewards is a guaranteed method for expanding the pool of living donors. Your morality may vary, but mine says that sentencing more than 6,000 people a year to an avoidable death falls well short of the Golden Rule. My inquest therefore concludes that the burden of argumentative proof on the legality of kidney sales should fall squarely on those who back the lethal status quo.

But Sandel doesn’t really care about preventable renal failure; for him the more urgent national crisis is the allegedly pervasive encroachment of “markets” into our most personal spaces. Instead of grappling with whether sick people should die for his prejudices, Sandel changes the subject to: Do we want a society where everything is for sale?

Because Sandel disagrees with people’s choices, he wants to take those choices away.

So let’s address the unrelated question. No, I don’t want a society where everything is for sale, and thankfully we’ll never live in one as long humans retain both choice and prosperity. You cannot buy my friendship, my political loyalty, or my musical tastes. I choose not to buy sex, or wedding toasts, or (in most cases, anyway) gift cards. These are hardly outlier notions among my fellow libertarians.

So what do free marketers and Michael Sandel disagree about? This: he expresses no apparent concern about enshrining his market-aversions into law, fully backed by government force. Because he disagrees with people’s choices, he wants to take those choices away.

How do you get so far afield from the life-and-death issue of kidney transplants? The answer lies in Sandel’s depressive opening paragraph: “Markets have come to govern our lives as never before.” As a logical notion, this ranks right down there with “phone books are governing my telecommunications as never before.”

Before we assign omnipotence to the M-word, let’s remember for a second what markets originally were: locations where farmers could sell their wares. Customers no longer had to waste time trekking to each individual farm, with its limited choice and noncompetitive pricing. Markets saved people time and money and increased their choice, while producers benefited from gathering customers in one place and focusing more on the areas where they were most competent.

It’s precisely because of markets, and the choice and prosperity they bring, that I don’thave my life governed by either markets or financial considerations (separate concepts that Sandel conflates). I have turned down job offers with substantial raises, chosen to live in extremely high-tax cities, and donated money to nonprofits, including the one I work for. People who live in market-averse societies, like my wife’s native France, invariably have fewer choices.

Are markets somehow “crowding out” morality? If so, surely there must be better evidence than a two-decade-old referendum in Switzerland that had nothing to do with markets. (Repeat after me: financial incentives are not markets.) That a famously civic-minded and rules-oriented country rejected a government bribe is interesting, and if anything it suggests the opposite of what Sandel concludes. Sounds to me like the morals crowded out the financial incentives. Though I suspect you’d get a much different result in Romania.

This is not some academic exercise. People are dying right now because we have let our revulsion at markets create serial prohibitions of consensual behavior, whether it’s buying and selling marijuana, sex, or kidneys. How many more people are we willing to let perish for this mistake?

To comment on this forum, click here to return to the lead article by Michael J. Sandel.

The Able Slave

Bryan Caplan.


Suppose there are ten people on a desert island.  One, named Able Abel, is extremely able.  With a hard day's work, Able can produce enough to feed all ten people on the island.  Eight islanders are marginally able.  With a hard day's work, each can produce enough to feed one person.  The last person, Hapless Harry, is extremely unable.  Harry can't produce any food at all.

Questions: 

1. Do the bottom nine have a right to tax Abel's surplus to support Harry?

2. Suppose Abel only produces enough food to support himself, and relaxes the rest of the day.  Do the bottom nine have a right to force Abel to work more to support Harry?

3. Do the bottom nine have a right to tax Abel's surplus to raise everyone's standard of living above subsistence?

4. Suppose Abel only produces enough food to support himself, and relaxes the rest of the day.  Do the bottom nine have a right to force Abel to work more to raiseeveryone's standard of living above subsistence?

How would most people answer these questions?  It's hard to say.  It's easy to feel sorry for the bottom nine.  But #1 and #3 arguably turn Abel into a slave.  And #2 and #4 clearly turn Abel into a slave.  I suspect that plenty of non-libertarians would share these libertarian moral intuitions.  At minimum, many would be conflicted.

Yet bleeding-heart libertarian Jason Brennan doesn't seem conflicted.  At all.  He begins by quoting one of his earlier posts:

Imagine that your empirical beliefs about economics have been disconfirmed. Imagine that a bunch of economists provide compelling evidence that life in a strictly libertarian polity would go badly. Imagine that they showed conclusively that if people everywhere were to live in a Nozickian minimal state or a Rothbardian anarcho-capitalist civil society, with everyone strictly observing property right rules, that 10% of people would starve (through no fault of their own), 80% would be near subsistence (through no fault of their own), and only 10% would prosper. However, imagine that they also show that in a liberal social democracy with significant redistribution or social insurance, most people would prosper, just as many people living in such welfare states are doing pretty well right now.

In a followup, Brennan adds:

If you are a hard libertarian, you respond to this thought experiment by saying, "Well, that's too bad things turned out that way. But, still, everyone did the right thing by observing property rights, and they should continue to do so."...

If you have at least some concern for social justice, you respond by saying, "If that happened, that would be strong grounds to change the economic regime. In that kind of society, it's unreasonable to ask people to observe the basic institutions and rules. They have a legitimate complaint that the rules works as if they were rigged against them. Perhaps we'd need to tweak property rights conventions. Perhaps we'd even need some sort of redistribution, if that's what it took."

This is a good example of what puzzles me most about bleeding-heart libertarians: At times, they sound less libertarian than the typical non-libertarian.*  I'm not claiming that the "hard libertarian" intuition is certainly true.  But in a thought experiment with ten people, the hard libertarian intuition is at least somewhatplausible.  And once you start questioning the justice of the islanders' treatment of Able Abel, questions about the justice of the modern welfare state can't be far behind.

Needless to say, bleeding-heart libertarians usually sound a lot more libertarian than the typical non-libertarian.  Yet this just amplifies the puzzle.  Unjust treatment of the able may not be the greatest moral issue of our time.  (Then again...)  But unjust treatment of the able is a serious moral issue.  And it's a serious moral issue that mainstream moral and political philosophy utterly ignores.  My question for bleeding-heart libertarians everywhere: Why don't your hearts bleed for the able slave?

* The most egregious example is Andrew Cohen's musings on parental licensing.

El Papa, el cardenal y la policía

Andrés Oppenheimer.

La visita del papa Benedicto XVI a Cuba empezará en medio de un clima enrarecido: los grupos de derechos humanos están consternados por la reciente decisión del cardenal cubano Jaime Ortega de llamar a la policía para desalojar a trece disidentes que habían ocupado pacíficamente una iglesia.

Según un comunicado oficial de la Iglesia Católica de Cuba, publicado en el diario del régimen cubano,Granma, el 14 de marzo el cardenal Ortega le pidió a la policía que desalojara a los 13 disidentes que se habían refugiado en la iglesia Nuestra Señora de la Caridad de La Habana.

Tras su desalojo forzoso por policías antimotines en uniformes negros y armados con lanza gases, los disidentes, incluyendo a un hombre de 82 años, dijeron que fueron golpeados y llevados a una comisaría, donde fueron interrogados durante cinco horas antes de que les concediera libertad condicional. Según dijeron a los periodistas, habían querido entregarle una petición al Papa, y expresar sus demandas de democracia y derechos humanos.

¿Qué tan usual que un cardenal llame a la policía para desalojar a manifestantes pacíficos de una iglesia?, les pregunté a algunos de los principales grupos internacionales de derechos humanos y a varios expertos en derecho internacional.

Por lo que recuerdo de mi época como corresponsal extranjero durante las dictaduras militares de Sudamérica y América Central, y por lo que he leído sobre lo ocurrido en Polonia y en otras ex dictaduras comunistas de Europa, no se trata de algo muy usual. Mis entrevistados me lo confirmaron.

“Nunca he visto algo parecido”, me dijo José Miguel Vivanco, director del departamento de las Américas del grupo Human Rights Watch, refiriéndose al pedido del cardenal a la policía. “Es resultado de una obvia subordinación de la jerarquía eclesiástica al gobierno cubano”.

Vivanco recordó que en 1977 y 1978, durante el régimen del dictador militar Augusto Pinochet en Chile, cientos de familiares de personas desaparecidas buscaban regularmente refugio en las iglesias para concitar la atención internacional sobre sus demandas. Muchos pasaban largos períodos allí, y jamás fueron desalojados.

“A ningún obispo chileno se le hubiera cruzado por la cabeza llamar a la policía para desalojarlos”, me dijo Vivanco. “El cardenal chileno Raúl Silva Henríquez solía decir que la Iglesia está allí para dar voz a los que no tienen voz. La Iglesia jamás permitió que los servicios de seguridad estatales siquiera se acercaran a las iglesias”.

Javier Zuniga, un funcionario de la organización Amnistía Internacional en Londres, me dijo que el pedido del cardenal Ortega a la policía cubana "no es un hecho muy frecuente’’.

“La iglesia Católica ha desempeñado un rol muy importante en defensa de las personas que sufrieron dictaduras en Chile, en El Salvador y en otros países”, dijo Zuñiga. “En esos casos, la iglesia se convirtió en el defensor, y acogió en las iglesias a las asociaciones de familiares de presos políticos, detenidos y desaparecidos, que no podían expresarse en otra parte. Eso fue respetado”.

Claudio Grossman, decano de la Escuela de leyes de American University y ex director de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me dijo que “el uso de los lugares religiosos como asilo es una antigua costumbre, y puede considerarse parte del derecho consuetudinario. Desde esa perspectiva, esta actitud causa consternación. Contradice el rol que la Iglesia ha desempeñado tradicionalmente”.

Los grupos de defensa de los derechos humanos de Cuba están igualmente consternados. Elizardo Sánchez Santa Cruz, director de uno de los principales grupos de derechos humanos de la isla, dijo a Associated Press poco después del incidente que “no puedo salir de mi asombro” por lo ocurrido.

¿Qué ha dicho el cardenal cubano a todo esto? El arzobispado de La Habana respondió a sus críticos con un comunicado el 14 de marzo senalando que "la iglesia escucha y acoge a todos, e igualmente intercede por todos’’, pero que "nadie tiene derecho a convertir los templos en trincheras políticas”.

El comunicado agregó que: "Nadie tiene derecho a perturbar el espíritu celebrativo de los fieles cubanos, y de muchos otros ciudadanos, que aguardan con júbilo y esperanza la visita del Santo Padre Benedicto XVI a Cuba”.

Mi opinión: La jerarquía de Ia Iglesia cubana ha cometido un gran error. Una cosa es no antagonizar abiertamente al régimen para poder seguir abriendo gradualmente espacios para la Iglesia en un sistema totalitario, y otra cosa muy diferente es llamar a la policía para desalojar a disidentes pacíficos.

Cuanto menos, el cardenal Ortega podría haberse quedado quieto, y decirle a la policía: “si ustedes quieren desalojarlos, es una decisión vuestra’’.

A menos que haya una sorpresa durante la visita del papa Benedicto XVI —y a diferencia de lo que ocurrió en Chile, El Salvador y Polonia– este episodio contribuirá a que el cardenal cubano pase a la historia como cómplice de los represores, en lugar de como defensor de los oprimidos.

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Liberalismo = no agresión

Carlos Rodríguez Braun.

Ser liberal significa no aceptar ni justificar la agresión de otro. Sea quien sea ese otro y sea cual fuere la justificación de su agresión. La base del liberalismo es que jamás podemos dañar al prójimo. La única excepción es cuando ese prójimo nos ataca antes. Solo en ese caso, y en ningún otro, podemos usar la violencia. Y solo podemos usarla para defendernos.

El liberalismo, por tanto, y al revés de lo que se piensa, no es una doctrina principalmente económica, sino moral y política. El mercado libre es solo una parte del liberalismo, que los liberales defendemos porque defendemos el derecho de propiedad y el derecho derivado de contratar con nuestra propiedad voluntariamente con la propiedad de nuestro prójimo. Es verdad que el socialismo de todos los partidos, en la medida en que limita, condiciona e infringe más o menos la propiedad, y limita, condiciona e infringe más o menos los contratos, es antiliberal, pero no lo es por razones económicas sino, otra vez, por razones morales y políticas.

Esas razones morales y políticas de rechazo a la agresión, a la violación de la justicia, al quebrantamiento de derechos y libertades, llevan a que el liberalismo no pueda ser motivo de negociación: nadie debe negociar ni ponerse de acuerdo con nadie para violar lo que es nuestro, nuestra persona, nuestros valores, nuestros bienes.

Y ahora ya puede usted llenar folios y folios enumerando las innumerables y bonitas excusas con las que desde cátedras, púlpitos y tribunas sin fin se alega que la libertad de cada uno está bien, pero hay que profanarla en nombre de la cohesión, el progreso, la igualdad, la justicia “social”, la ecología y todo un amplio catálogo tras el cual se parapetan los antiliberales de izquierdas y derechas que, al cabo, lo que hacen es aplaudir la agresión. 

La comunicación en una sociedad libre. Albert Esplugas Boter. 2008

Descargar libre y legalmente aquí.

Instructivo e interesante libro de Albert Esplugas Boter. Lo incluyo entre mis libros. 


El libro es una exposición de la ética liberal, el mismo autor lo explica en las conclusiones:

En este trabajo he bosquejado, en primer lugar, los principios rectores de una sociedad libre, una sociedad de relaciones voluntarias en la que los individuos interactúan sin interferir de forma violenta en las acciones de los demás. He argumentado a favor de una ética liberal en la que los individuos tienen derecho a perseguir sus fines y a procurarse felicidad sin sufrir interferencias violentas, estando este derecho lógicamente limitado por el derecho de los otros individuos sobre su persona y sus posesiones adquiridas de forma legítima. Vive y deja vivir.Es un principio al que virtualmente todos decimos adherirnos, y lo cierto es que está implícito en la mayoría de nuestras acciones cotidianas. El liberalismo no es otra cosa que la sistematización de este principio.

En segundo lugar, he contrastado la naturaleza del mercado, la constelación de interacciones voluntarias y mutuamente beneficiosas de los individuos, con la naturaleza coactiva y los efectos distorsionadores de la intervención del Estado, con sus problemas de incentivos y cálculo económico. 

A la luz de estos dos planteamientos entrelazados (el planteamiento ético y el económico) he sometido a examen el statu quo de la comunicación. He opuesto lo que es a lo que debería ser, llevando hasta sus últimas consecuencias, en el ámbito de la comunicación, la máxima liberal de no iniciar la violencia contra terceras persona.

Me chirría el tema de los derechos de autor y la propiedad intelectual, aunque está bien justificado y razonado hay algunos aspectos que no entiendo bien y que no comparto. Pero el libro es coherente con la filosofía liberal de no interferencia violenta.

Equidistancia entre un secuestrador y un secuestrado

Arcadi Espada.


La equidistancia es el principal animalito de compañía del momento vasco. Se manifiesta de modos insólitos. El pasado domingo el diario El País publicaba un reportaje sobre el encuentro entre el empresario Emiliano Revilla y su secuestrador Urrusolo Sistiaga. El reportaje acababa así:

«Hace unos meses decidió aceptar la invitación de su secuestrador. En esta ocasión, el que está privado de libertad es Urrusolo Sistiaga, por sus múltiples condenas. Finalmente, el secuestrado pudo ver la cara a su captor encapuchado.»

No creo que haya aquí lo que podríamos llamar una equidistancia ética. Simplemente esa irresistible tentación periodística de cuadrar la suerte, de cerrar el círculo. Hay que fijarse en la locución privado de libertad. Se aprecia perfectamente la necesidad del circunloquio eufemístico. Y al apreciarse se revela la inconsistencia de la equidistancia. Para que la equidistancia (también moral) hubiese funcionado nuestra redactora debería haber escrito: «En esta ocasión, el que está secuestrado es Urrusolo Sistiaga.» Al no poder hacer eso, la recurrencia a la privación de libertad tiene aproximadamente el mismo valor que si nuestra redactora hubiese subrayado la coincidencia de que, en el momento de verse, los dos llevaban pantalones. 

'Bebés medicamento'

Jorge Alcalde.

Mercedes es una hija doblemente deseada. Nació cuando sus padres más la necesitaron y fue elegida para ello. Acaba de ver la luz en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y es el segundo caso en España de nacimiento mediante el uso integral de la técnica del diagnóstico genético preimplantacional; el segundo caso de eso que recibe el horrible nombre de bebé medicamento.

Los padres de Mercedes tienen otro hijo mayor, aquejado de una enfermedad hematológica grave. Las células que se encargan de producir su sangre en la médula ósea no funcionan. Para curarse, necesita un transplante de células precursoras (progenitores hematopoyéticos), que pueden extraerse de la médula de un donante o de un cordón umbilical, por ejemplo. Pero el niño no encontraba un donante apropiado. Este tipo de intervención sólo es posible entre perfiles de histocompatibilidad idénticos. Los expertos de la Unidad de Genética, Reproducción y Medicina Fetal del hospital sevillano recomendaron entonces la solución más extrema: los padres podrían concebir mediante técnicas de reproducción asistida a un hermano que fuera apto para el transplante.


Eso es Mercedes, el producto de la selección entre muchos embriones candidatos; su cordón umbilical ya está a buen recaudo para servir de banco de células sanas al hermano que aún no conoce.
¿Es esto una buena noticia? Los medios la han acogido, como suele ocurrir en estos casos, entre el entusiasmo ingenuo de unos y la oposición acientífica de otros. Hay quien se siente obligado a defender acríticamente cada uno de los hitos de la tecnología médica e inmolarse en el altar del progreso. Y hay quien tiene tal alergia a la ciencia que se le acaban resintiendo las entendederas. En medio está la legión de científicos y expertos en bioética que, por no tenerlo claro, pierde la oportunidad de vociferar en los medios de comunicación. ¡Maldita equidistancia!


Pues resulta que estamos probablemente ante uno de los casos bioéticos más difíciles de saldar. En España se ha propuesto siete veces la utilización de bebés medicamento (hermanos milagro prefieren llamarlos otros) para curar a un niño nacido. Sólo en dos ocasiones ha tenido éxito. Para lograr el objetivo terapéutico, los padres han de someterse a una exigente estrategia de fecundación asistida. Tras ella, es habitual que se obtenga un puñado de embriones (pueden llegar a más de diez) aptos para vivir. En el mejor de los casos, sólo uno verá la luz. La decisión se toma en función de las pruebas de diagnóstico realizadas sobre las células de los embriones. Se obtiene una minúscula porción del material celular de cada uno de ellos y se estudia en el laboratorio. Si se certifica que el ADN de un embrión está libre de los genes que portan la enfermedad que se pretende curar, que es plenamente viable y que las células son totalmente compatibles con el futuro receptor, el pequeño tejido portador de vida recibirá luz verde para convertirse en bebé. El resto de los embriones... se desecha.


¿Es posible ponernos en la situación de elegir? ¿Podemos imaginar desde la tranquilidad de la distancia qué haríamos en el caso que nos ocupa? A los padres de Mercedes la ciencia les ha puesto ante los ojos la posibilidad de curar a un hijo que se les muere, incapaz de producir su propia sangre. ¿Seríamos capaces de rechazarla?


La técnica del diagnóstico preimplantacional no es, ni mucho menos, una estrategia terapéutica intachable. No existen aún suficientes datos que avalen su efectividad, no está claro que sea la única alternativa posible en algunos casos y no es inocua. Pero existe y, una vez ha entrado en el abanico de posibilidades curativas, es imposible no mirarla a los ojos.


Entre los dilemas que han de ponerse encima de la mesa y de los que los padres afectados han de ser escrupulosamente informados están algunos de un calado que me siento incapaz de abordar en un par de párrafos. La intervención en el embrión no implantado es una operación de riesgo. De las técnicas de diagnóstico previo pueden derivarse efectos sobre la salud del futuro niño, desórdenes de la impronta genética, daños irreparables en el programa de desarrollo futuro. No tiene por qué ocurrir, pero puede ocurrir. Evidentemente, cualquier cosa que suceda sucederá sin que el paciente haya sido informado y sin que haya dado su consentimiento. En medicina existe un principio básico de primum non nocere (ante todo, no hacer daño). Una intervención de riesgo, con efectos dañinos sobre un ser humano, sólo es ética si el beneficio obtenido lo justifica. ¿Está justificado en este caso, en el que sabemos que sólo dos de los siete intentos practicados ha obtenido resultados positivos?


Como es lógico, el destino del resto de los embriones fecundados es otro de los asuntos peliagudos. Un buen número de proyectos de vida acabará en la nevera para obtener un solo bebé milagro. A muchos les repugna esta idea cuando se trata de casos como el de Mercedes. Pero no debemos olvidar que en las clínicas de fertilización asistida se desechan a diario docenas de embriones de parejas con problemas de fertilidad y que la ciencia médica avanza a pasos agigantados para reducir al máximo el número de embriones necesarios para logar una implantación con éxito. En ese sentido, un bebé medicamento no es mejor ni peor que un bebé probeta.


Más espinoso aún parece el proceso fundacional de la propia decisión. Traer un hijo al mundo debería ser un acto de amor consciente y ajeno a cualquier instrumentalización. Engendrar una criatura con un fin último, ¿no es cosificarla? El argumento parece infalible, pero tramposo. El mundo está lleno de hijos no deseados, de concepciones inesperadas, de paternidades y maternidades traumáticas. De hijos que han nacido para resolver conflictos de pareja, para lograr compromisos, para manipular conciencias. No consta que, por el hecho de serlo, hayan sido menos queridos. Y también está lleno de hijos un día deseados y luego abandonados, maltratados, olvidados, enviados a la guerra... No se me ocurre una prueba mayor de deseo maternal que la de someterse a una batería de duras pruebas de fertilización, al dilema de la selección, al cuidado de la gestación de un bebé que viene a salvar la vida de un hermano. ¿Es éste un fruto menos deseado que el concebido una mala noche de borrachera en un motel aún peor?


El problema no es que los niños medicamento superen la barrera kantiana de que todo ser humano es un fin en sí mismo y no un medio; el problema es que lo hacen de manera más evidente que otros muchos.
Los que nos sentimos realmente preocupados por los límites éticos del avance científico no podemos conformarnos con un juego de cara o cruz, de "sí, siempre" o "no, nunca". El nacimiento de Mercedes merece argumentos a favor y en contra mucho más sólidos de los que suelen airearse, apresuradamente, en los medios de comunicación. No puede ocurrir en este caso lo mismo que ocurre cada vez que conocemos un avance en el proceloso río de la manipulación genética. Los mismos de siempre muestran su progresía entusiasta, los mismos de siempre gritan sus conservadoras consignas contra el avance de la ciencia.
Porque los que aplauden la destrucción de embriones humanos en nombre de la ciencia suelen manifestarse en pelotas contra la matanza de toros... y los que se oponen sin matices a la medicina preimplantacional se postran ante hornacinas dedicadas a hombres y mujeres que sí dieron la vida por sus hermanos.

twitter.com/joralcalde

Dalrymple en consulta

Carlos Rodríguez Braun.

He vuelto a disfrutar leyendo al médico y escritor británico que escribe bajo el seudónimo de Theodore Dalrymple, al que he glosado aquí en EXPANSIÓN y cuyos libros, por desgracia, no han sido traducidos: sólo puede ser leído en español en los artículos que publica en Actualidad Económica.

El volumen Second opinión. A doctor’s dispatches from the British inner city (Monday Books) es una recopilación de piezas breves sobre su experiencia en la consulta de un hospital público aparecidas en The Spectator, que llevan al lector a restregarse los ojos y preguntar: ¿esto sucede realmente en Reino Unido? Concluye Dalrymple: “Hemos perdido nuestra cultura, somos un país de salvajes”. Los retratos que se van sucediendo de bárbaros, maleducados, crueles, borrachos, drogadictos, incapaces de reflexión y de afecto invitan a responder afirmativamente. Y hay más.

Dalrymple presenta una crítica feroz al pensamiento único, desde la supuesta “liberación” de la mujer, que socava el matrimonio y acaba dejándola sola a cargo de sus hijos, sometiéndola a los caprichos y la violencia sucesivos de unos hombres parcos en atención y cariño, hasta todo el Estado del Bienestar, al que ve como el degradador y desmoralizador de la sociedad, particularmente de los más pobres y humildes, sus principales víctimas.

Es el fracaso del intervencionismo lo que el lector contempla todo el rato: “Cuando la burocracia intenta resolver un problema, sus medidas solamente tienen consecuencias no deseadas”. Así, el Estado termina persiguiendo con dedicación y saña a los conductores y los fumadores, pero no sólo permite sino que hasta fomenta la delincuencia, propiciando la proliferación de irresponsables subsidiados. (Entre paréntesis, apunta el autor que en algunas dictaduras ha visto ámbitos de libertad perdidos en las democracias; alguien podría recordar que bajo el franquismo había toros en Cataluña y se podía fumar en los bares.)

Caen bajo la crítica tópicos caros al pensamiento único como el multiculturalismo, la no discriminación, las injusticias sociales, el grafiti como muestra de cultura, y una educación pulverizada que, en vez de una autoridad firme aunque amable, favorece una mezcla de “indiferencia disfrazada de indulgencia y de sadismo disfrazado de disciplina”.

El libro puede hacer sonreír con amargas ironías, como cuando pondera la obesidad como útil para evitar que las puñaladas de los delincuentes se hundan lo suficiente como para interesar órganos vitales… Puede ser punzante, como cuando resume las tres reglas de la política y la burocracia: “Haz lo que no debes; no hagas lo que debes; y concéntrate en lo trivial a expensas de lo importante”. Y atesora observaciones profundas como esta: “Hoy, cuando el hombre tiene más control sobre la naturaleza que nunca antes, parece no tener más control sobre sí mismo que en los albores de la Historia: sigue comportándose tan mal como siempre, pero con un abanico de opciones más amplio”.

La estampida

Andrés Trapiello.

HACE unas semanas, mirando en You Tube cierta entrevista con la admiradísima Hannah Arendt, realizada en 1974, le oímos expresar sobre el feminismo y el papel de las mujeres en las sociedades modernas opiniones que difícilmente habría sostenido hoy. A lo largo de su vida, nos dice, prefirió ocupar un lugar secundario, dejando que fuesen los hombres quienes tomaran las decisiones y ejercieran el poder político, económico, social: le había resultado más cómodo. Oírselo decir a una mujer inteligente no es  lo menos relevante. La lista de hombres abiertamente misóginos es, por lo demás, tan larga, desde Platón hasta hoy, y las cosas increíbles y cómicas que ellos hayan podido decir de las mujeres tan numerosas, que más que pesar producen asombro: ¿cómo, nos preguntamos, varones tan preclaros llegaron a pensar y a creer firmemente tales tonterías?

En otro orden de cosas cualquiera que haya leído a Cervantes sabe que las opiniones de este a propósito de “la morisma” son abiertamente hostiles y despectivas, las de Baroja sobre los judíos racistas  y las de nuestro querido JRJ sobre “los maricas” de una intransigencia sin par en él.  Cuando leemos a ciertos autores antiguos, sensibles a todo lo concerniente al dolor humano, nos anonada comprobar que trataban a sus esclavos con menos consideración que a sus caballos, por no hablar de la idea que tenían de los niños y su educación algunos de los padres de la Ilustración.

Lo que hace complejo el mundo es que a pesar de que tales o cuales opiniones nos parezcan inadmisibles en la actualidad, los libros en los que vienen expresadas pueden resultarnos a menudo hondos y valiosos por otros conceptos, y comprendemos que tales opiniones no fueron en realidad sino eco de las que compartían con muchos de sus contemporáneos. Lo que pensaba Arendt de las mujeres lo pensaban la mayor parte de las mujeres de su siglo, y de los hombres, claro; la idea que tenía Cervantes de los moros, la tenían todos los cristianos; la opinión de don Pío de los judíos la compartía con miles de antisemitas de medio mundo, y lo que pensaba de los homosexuales JRJ era lo que pensaba la inmensa mayoría. Ninguna de esas opiniones injustificables fue discordante en su contexto y circunstancias, sino parte del coro de su tiempo. 

Cada época ha hecho el ridículo con algo. En este momento, usted y yo tenemos de tal o cual asunto una opinión que será considerada dentro de un siglo, con toda probabilidad, grotesca, patética, despiadada, pese a que a nosotros nos pareció  razonable. ¿Y cómo evitarlo, si no sabemos cuál es? ¿No hay un modo de obrar que nos ponga a salvo de nuestra propia estupidez? Seguramente no. En un tiempo como el nuestro, en el que todo está cambiando a una velocidad de vértigo, menos aún. Permanecer junto a los débiles nos aseguraría una causa noble, ¿pero quién quiere quedarse orillado, en un mundo en el que todo va tan rápido,  entre acelerones y estampidas provocadas? Claro que nuestras prisas podrían ser no sólo nuestro talón de Aquiles, por donde se eche a perder la humanidad, sino precisamente las que nos hagan parecer en el futuro completamente idiotas, si acaso no unos locos temerarios. 

   [Publicado en el Magazine de La Vanguardia el 15 de enero de 2012]