El 29 de septiembre de 1974 falleció en la Ciudad Sanitaria provincial Francisco Franco GERARDO GARCÍA PÉREZ a consecuencia de las gravísimas heridas sufridas por la explosión de una bomba que la banda terrorista ETA había colocado en los aseos de la cafetería Rolando de la calle del Correo de Madrid el 13 de septiembre. Pasaba así a convertirse en la víctima número doce del atentado. Casi dos años y medio después, el 11 de enero de 1977, fallecería el inspector Félix Ayuso Pinel, el único policía víctima de la masacre.
Gerardo García había sufrido diversas lesiones internas y en la cara, además de la amputación de una pierna. Tras colocarle un riñón artificial respondió en un primer momento al tratamiento, pero poco a poco su situación se fue agravando, falleciendo a las 10:45 horas del 29 de septiembre. Fue enterrado en el madrileño cementerio de Carabanchel el lunes 30 de septiembre.
Gerardo García Pérez estaba casado y tenía tres hijos. Trabajaba como camarero en la cafetería Rolando y fue uno de los tres empleados del establecimiento que perdió la vida en el atentado, junto a Francisco Gómez Vaquero, cocinero del establecimiento, y Manuel Llanos Gancedo, también camarero como Gerardo.
La noche del 29 de septiembre de 1980 la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba de dos tiros a JOSÉ IGNACIO USTARÁN RAMÍREZ, militante y miembro de la ejecutiva de Unión de Centro Democrático (UCD), y casado conRosario Muela, concejala del mismo partido en el Ayuntamiento de Vitoria. Su cadáver apareció hacia las 22:30 horas en el asiento de su vehículo apenas hora y media después de que hubiese sido sacado por la fuerza de su domicilio.
Ese día el matrimonio estaba realizando los preparativos del cumpleaños de su hija Mariola, de 7 años, para la celebración que le harían al día siguiente. Por ello no les resultó extraño que a las nueve de la noche alguien llamara a la puerta del domicilio familiar en la avenida de Gasteiz para traer un paquete. Al abrirla, cuatro terroristas, armados con pistolas, irrumpieron en la casa y obligaron a José Ignacio a tumbarse en el suelo. A Rosario y a sus cuatro hijos los condujeron a otra habitación y les advirtieron de que no avisaran a la Policía hasta las doce de la noche. La esposa preguntó qué le iban a hacer a su marido, a lo que uno de los asesinos contestó que tenían que hablar y que luego decidirían. Unos diez minutos después, Rosario salió de la habitación y comprobó que los terroristas se habían ido, llevándose a su marido, y que habían cortado el teléfono.
Hora y media más tarde unos vecinos que querían entrar en el garaje de su domicilio, situado bajo la sede de UCD, se encontraron en el acceso el vehículo de José Ignacio obstruyendo el paso al aparcamiento. Cuando fueron a moverlo descubrieron el cuerpo sin vida de la víctima, en el asiento trasero y con dos disparos de bala: uno en la cabeza y otro en la espalda. No obstante, la Policía no encontró casquillos de bala dentro del vehículo, por lo que lo más probable es que José Ignacio fuese asesinado en un lugar distinto del coche en el que apareció su cadáver, muy probablemente en alguna zona desierta del extrarradio de Vitoria.
"Nos habían enviado un anónimo pero no lo comentamos con nadie, no nos pareció que tuviera mucho fundamento. Mi marido era perito tasador y había montado un despacho en el que yo le ayudaba. Un lunes llamaron a la puerta y entraron cuatro. A José se lo llevaron y le pegaron un tiro", contó su viuda Rosario Muela (Expansionyempleo.com, 21/07/2006).
La capilla ardiente se instaló por la mañana en el Hospital Santiago Apóstol, hasta la celebración del funeral al día siguiente en la parroquia de San Mateo, tras el cual fue enterrado en el cementerio de Santa Isabel de la capital alavesa.
ETA político-militar asumió el asesinato de José Ignacio Ustáran a través de llamadas a medios de comunicación de Bilbao. En el comunicado la banda asesina señalaba que el motivo por el que había secuestrado y asesinado a José Ignacio era que militaba en UCD y, además, amenazaba con seguir asesinando a militantes y dirigentes de ese partido, a los que culpaba de la situación en el País Vasco.
José Ignacio Ustarán Ramírez, de 51 años, era perito industrial y había dedicado su vida profesional a temas relacionados con la industria del automóvil. Estaba casado con Rosario Muela y tenían cuatro hijos. Procedente de una familia nacionalista –su padre y un hermano eran militantes destacados del PNV y, al parecer, otro hermano simpatizaba con la izquierda proetarra, según informaba El País el 1 de octubre de 1980, se había afiliado a UCD e incluso le presentaron a las elecciones al Parlamento, pero en los últimos de la lista. Rosario Muela, que se quedó viuda con 36 años, y llevaba diecisiete casada con José Ignacio, se trasladó con sus cuatro hijos a su ciudad natal, Sevilla, para intentar rehacer su vida tras el asesinato de su marido. "Me dejaron en una situación económica muy mala. Regresé a Sevilla y empecé otra vez de cero", explicaba en una entrevista mientras pedía permiso para encender un pitillo: "Me envicié cuando me quedé viuda, me ayudaba a no llorar". El asesinato de su marido le "marcó para siempre. He rehecho mi vida y me considero una persona muy tolerante, pero los odios y sensaciones que aquella situación me creó aún continúan" (Expansionyempleo.com, 21/07/2006).
El asesinato de José Ignacio Ustarán quedó impune como ocurrió con muchos crímenes cometidos por la rama político-militar de la banda terrorista ETA. Si injusta fue la amnistía de 1977 que, además, no sirvió para que ETA dejase de matar, también fueron injustos los diferentes acuerdos que los distintos gobiernos de la democracia hicieron con la banda a cambio de la "paz". "El más notorio, por haber saldado la responsabilidad penal de 258 individuos vinculados a grupos terroristas, fue el derivado del acuerdo entre ETA político-militar y el entonces Ministro del Interior Juan José Rosón, un mes antes de que la UCD fuera desalojada del poder por el PSOE" (Mikel Buesa, Víctimas del Terrorismo y política del perdón, ponencia presentada en el III Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo, Valencia 13 y 14 de febrero de 2006). Como ya recogimos a propósito del asesinato de Basilio Altuna el 6 de septiembre de 1980, los hijos de ambos, Ángel Altuna Urcelay y José Ignacio Ustarán Muela, escribieron un artículo en el diario ABCsobre el proceso de reinserción de estos terroristas, que ha provocado que se paralizasen las investigaciones de procesos ya abiertos: "No se reabrieron los casos archivados ni se investigaron los asesinatos de ETA político-militar por aclarar (...) las víctimas del terrorismo de ETA político-militar vivieron una situación sobrevenida que se resume en una palabra: impunidad. (...) Los poderes del Estado avalaron esta salida y, a día de hoy, nadie de los beneficiados por aquellas medidas ha reconocido públicamente el daño realizado anteriormente" (ABC, 09/02/2006). Más recientemente, José Ignacio Ustarán Muela volvía a señalar que no entendía "cómo en un Estado de Derecho como en el que tenemos en este país" no se hubiese hecho aún justicia en el caso del asesinato de su padre (Deia, 21/11/2010). En septiembre de ese año 2010 la familia de José Ignacio publicó una esquela en la que se podía leer: "Tus asesinos nunca fueron juzgados. La impunidad aviva nuestro dolor".
Minutos antes de las siete de la tarde del día 29 de septiembre de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Irún (Guipúzcoa) al policía nacional JUAN PEDRO GONZÁLEZ MANZANO mediante una bomba colocada debajo del asiento del conductor de su coche particular. La bomba había hecho explosión cuando el funcionario policial entraba con su coche en el cuartel del Cuerpo Nacional de Policía de Irún, junto al antiguo hospital asilo en la parte vieja de la ciudad, y se disponía a aparcar el vehículo en el patio del acuartelamiento. Juan Pedro falleció en el acto.
El artefacto explosivo había sido colocado en los bajos del coche del agente dos días antes en Basauri. Así lo reconocía la banda asesina en el comunicado de reivindicación del atentado publicado por el diario Egin el 17 de octubre. Sin embargo, el dispositivo de iniciación falló, por lo que Juan Pedro llevó durante cuarenta y ocho horas la bomba sin percatarse de ello. Los turnos que realizaba el agente le habían permitido que el día anterior a su muerte se encontrase en Basauri, lugar en el que, según todos los indicios, fue colocado el artefacto. El vehículo fue conducido por el policía por las calles de Bilbao y, el día de su asesinato, por la autopista Bilbao-Behobia, donde recorrió muchos kilómetros, y por diversas zonas de Irún. Finalmente, la bomba se activó de forma espontánea cuando entraba en el cuartel de la ciudad fronteriza. Horas después de la explosión ETA avisó de que en Basauri se encontraba un coche con un artefacto que no había hecho explosión y que estaba circulando. Concretamente, y según informó El País el 18 de octubre, en la central de la Asociación de Ayuda en Carretera (DYA) de Vizcaya, se recibió una llamada en nombre de ETAm a las 0:32 horas del 30 de septiembre, en la que se comunicaba que "en Basauri, en la zona de Pozokoetxe, había un R-14 de color rojo con matrícula de Murcia y cuya letra final era O con un artefacto que no había explotado". Los datos coincidían con los del vehículo de Juan Pedro González.
El 30 de septiembre el Ayuntamiento de Irún condenó el asesinato del agente de Policía yarremetió duramente contra Herri Batasuna, a la que calificó de "partido fascista que jalea y sostiene las acciones de ETA". Los concejales de HB presentaron una moción alternativa que fue rechazada por el resto de los partidos políticos. Atendiendo a la convocatoria del consistorio, varios miles de personas se manifestaron a las siete de la tarde en repulsa por el asesinato de Juan Pedro González.
La investigación policial, reflejada en varias sentencias de la Audiencia Nacional dictadas en 1993 y 1995, determinó que el etarra José Luis Martín Carmona, alias Koldo, fue quien hizo el seguimiento de los hábitos del agente de Policía, y que Fernando del Olmo Vega confeccionó el artefacto explosivo que acabó con su vida. Ambos, junto a Inmaculada Pacho Martín, fueron condenados a penas de 28 años de reclusión mayor como autores criminalmente responsables de un delito de atentado con resultado de muerte. Fernando del Olmo Vega, que cumple 88 años de prisión acusado de tres atentados con otras tantas víctimas mortales, se encuentra en la cárcel de Almería y tiene prevista su salida de la cárcel para febrero de 2012, salvo que se le aplicase la doctrina Parot, que retrasaría su excarcelación hasta 2020. Por su parte, la etarra Inmaculada Pacho Martín, condenada a penas que sumaban cerca de 500 años por cinco asesinatos, tenía que haber abandonado la prisión en marzo de 2008, pero la aplicación de la doctrina Parot ha retrasado su salida hasta 2021.
Juan Pedro González Manzano, de 34 años, había nacido en Molina de Segura (Murcia) y residía en Basauri, donde estaba adscrito al Servicio de Radiopatrullas. Sin embargo, había sido destinado temporalmente al Grupo Local de Fronteras de Irún por necesidades del servicio. Un hermano de Juan Pedro, también policía nacional, contó que sólo le quedaban tres días de servicio en el País Vasco antes de que lo trasladasen a Molina de Segura. La familia de la víctima, incluida la viuda, se negó a que se celebraran actos oficiales en el País Vasco, por lo que el funeral religioso se celebró el 1 de octubre en la parroquia de Santa Cruz de la pedanía de El Puntal en Murcia, donde residían los padres. El funeral, al que asistieron centenares de personas, fue oficiado por el obispo de la diócesis de Cartagena-Murcia, Javier Azagra. Al mismo asistieron el presidente de la comunidad autónoma, Carlos Collado; el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado; el delegado del Gobierno en Murcia, Juan Manuel Eguiagaray, y el gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega. Juan Pedro González estaba casado con Isabel Regaliza y tenía una hija de corta edad. En unas jornadas organizadas por Gesto por la Paz en noviembre de 2009 se pudo oír, entre otros, el testimonio de Isabel Regaliza. En 1968 ella y su familia habían viajado desde Palencia hasta Basauri, donde conoció al que sería su marido. "Me casé a los 24 años y mi vida cambió por completo sólo porque él era policía". Muchos de sus amigos dejaron de serlo y ella llegó incluso a tender el uniforme recién lavado de su marido entre sábanas para que la gente no lo viera. Sólo estuvieron casados cuatro años. En 1989 vio por televisión que se había producido un atentado en Irún. "Ha sido mi marido", pensó. Isabel dijo que no volvería nunca al País Vasco y denunció que no tuvo ninguna ayuda, "hasta me pagué yo el psicólogo". Un año antes de la celebración de las jornadas de solidaridad con las víctimas, en 2008, recibió una carta del Parlamento vasco en la que le pedían permiso para incluir la foto del funeral de su marido en la exposición de víctimas y "yo dije que sí. Recuerdo que pensé: gracias a Dios se reconoce el sufrimiento que estamos pasando" (Elcorreo.com 06/11/2009).
Hacia las 20:30 horas del 29 de septiembre de 1992 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la estación de tren de Rentería al joven JOSÉ LUIS LUENGOS MARTÍNEZ, empleado de una subcontrata de Telefónica. José Luis se encontraba dentro de su vehículo aparcado en doble fila cuando dos asesinos de la banda se acercaron por detrás y uno de ellos le disparó un único tiro en la nuca.
Pese a que la herida era mortal de necesidad, la víctima logró salir del vehículo y caminar unos cinco metros hasta caer desplomado en el suelo. Antes de caer con la cabeza completamente destrozada llegó a preguntarse "¿por qué me han hecho esto a mí?" según relató un familiar. José Luis falleció poco después en el Hospital General de Guipúzcoa a donde había sido trasladado urgentemente. El asesino y su acompañante huyeron a la carrera hasta un coche donde les esperaba un tercer terrorista. De ahí emprendieron la huida en dirección a Lezo.
Ciertos rumores apuntaron a la supuesta vinculación de la víctima con la banda del Cocoliso, un grupo de traficantes que operaba en el triángulo Irún-Rentería-Oyarzun. Sin embargo, la Ertzaintza reconoció que el nombre de José Luis Luengos no figuraba en sus ficheros de sospechosos y que era posible que lo hubiesen confundido con un inspector del Cuerpo Nacional de Policía de Rentería que tenía un coche de similares marca, modelo, color y matrícula de León que el que tenía José Luis.
También sus compañeros de trabajo, amigos, vecinos y familiares del joven, descartaron cualquier tipo de relación de José Luis con el mundo de las drogas. "Hacía una vida sencilla. Trabajo, paseos con su novia y casa", afirmaron. Por ello pensaron que había tenido que tratarse de un error de la banda.
"Veremos con qué tontería nos salen ahora para justificar esta muerte", manifestó Maite Castellano, la novia del fallecido, añadiendo: "Estoy segura de que esos señores, después de pegarle un tiro a mi novio, cenaron y durmieron tan tranquilos. Lo que no entiendo es que todavía haya personas que les den la razón" (El País, 01/10/1992).
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Arsenio Lope Huerta, señaló que "ETA no comete errores, no se equivoca nunca; ETA sólo comete asesinatos que no se justifican y que son una prueba de la barbarie de esta gente y de sus epígonos, esos personajes crueles, implacables, de su entorno, de Herri Batasuna, que incluso pretenden, con la suciedad que les caracteriza, echar basura sobre la vida de un trabajador" (El País, 02/10/1992)
Muchos meses después, el 16 de diciembre de 1992, el diario Egin difundió un comunicado de ETA en el que la banda asesina asumía el atentado contra José Luis y lo intentaba justificar acusando a la víctima de ser "un colaborador de los servicios especiales de la Guardia Civil". Este conejo sacado de la chistera por los asesinos hizo reaccionar inmediatamente a Maite, la novia de José Luis, que en declaraciones a la agencia Efe afirmó que "era mentira", añadiendo: "Eso de dónde lo han sacado. Voy a remover cielo y tierra para que retiren esa mentira. Encima de que me lo matan, me lo difaman. Que me demuestren a mí por qué dicen eso (...) Quieren justificar de alguna manera lo que han hecho. Quieren quedar bien justificando un acto que no tiene ningún calificativo". En ese momento el diario proetarra estaba dirigido por Xabier Salutregi Menchaca, último director del periódico, que sería detenido en 2007 acusado de ser dirigente de ETA.
Aunque este atentado ha quedado, como tantos otros, impune, fuentes de la lucha antiterrorista sospecharon desde muy pronto que el autor del asesinato de José Luis Luengos fue Pedro Picabea Ugalde, alias Kepa (ABC, 11/10/1992). Detenido en julio de 1994 en Francia, fue condenado a 10 años de prisión en este país y extraditado a España en 2001. Sobre él pesa la acusación de veinte asesinatos, uno de los historiales más sangrientos dentro de la banda terrorista ETA, pero su supuesta condición de arrepentido le ha reportado beneficios penitenciarios desde 2009, condiciones que han sido prorrogadas por el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, en febrero de 2011.
José Luis Luengos Martínez, de 31 años, era natural de León, aunque llevaba cuatro años residiendo en Guipúzcoa. José Luis trabajaba junto a su hermano Javier y un grupo de jóvenes leoneses en la empresa Elitel, subcontratada por Telefónica. La misa funeral por José Luis, previa a su entierro en el cementerio municipal de San Froilán, se celebró en la Iglesia de la Sagrada Familia de León, con la asistencia de las máximas autoridades civiles de la provincia. Al término del mismo, el alcalde de León, Juan Moranó (PP), reclamó la pena de muerte para los terroristas.
