Léanlo entero, merece la pena reflexionar sobre el tema.
Un precio por inmigrar por Pedro Schwartz (las negritas son mías):
La libre entrada de inmigrantes, como en EEUU hasta la llegada del siglo XX, es incompatible con el Estado de Bienestar. Los Estados Unidos derivaron muchos beneficios de la llegada de refugiados de todo el mundo, en busca de trabajo. Al pie de la estatua de la Libertad, regalada por la República francesa a la Federación americana en 1886, se lee esta hermosa leyenda:
Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free.
(“Dadme vuestras masas cansadas, miserables,
Que se agolpan ávidas de respirar con libertad”).
Your huddled masses yearning to breathe free.
(“Dadme vuestras masas cansadas, miserables,
Que se agolpan ávidas de respirar con libertad”).
Durante algunos años más, los inmigrantes del mundo entero tenían allí franca la entrada, tras un leve examen médico en Ellis Island. Luego se les dejaba a sus fuerzas y al apoyo de sus familiares o compatriotas, lo que redundaba en su propio bien y el del país (qué chocante, ¿verdad?).
Tras el estallido de la I Guerra Mundial, las leyes de inmigración se hicieron progresivamente más estrictas, sobre todo por presión del movimiento obrero, que veía unos rivales en los inmigrantes. El control de las entradas se hizo aún más severo con el New Deal de Roosevelt, que añadió un nuevo incentivo artificial para los pobres del mundo en busca de trabajo y fortuna: los nuevos servicios y privilegios sociales. He aquí una de las desventajas del Estado de Bienestar. Los ‘derechos’ de los trabajadores acaban haciendo daño a los trabajadores verdaderamente necesitados, los que huyen de la miseria o la persecución de sus lugares de origen para labrarse un porvenir con su esfuerzo.
Una UE ‘amenazada’
En estos momentos, la UE se ve ‘amenazada’ por dos olas de inmigrantes de distinta condición. Por un lado, está la posibilidad de que unos ochocientos mil trabajadores de los nuevos países-miembro estén preparándose para buscar trabajo en Alemania y también en Austria y Francia.
Son inmigrantes dispuestos bien a integrarse, bien a volver a sus países de origen en cuanto éstos hayan progresado. Así se han comportado los emigrantes españoles que partieron hacia Centroeuropa o Inglaterra en los años sesenta y setenta del pasado siglo.
Mucho más preocupante es la amenaza planteada por la ola de refugiados de las orillas islámicas del Mediterráneo, que al final puede llegar a ser un número semejante, que pueden resultar de más difícil asimilación incluso que la colonia turca en Alemania. Resultarán necesarias medidas de emergencia, como la propuesta de Italia y Francia de que se suspenda temporalmente la libre circulación dentro de la zona Schengen.
Ya es tarde para decir que deberíamos haber tratado con menos cordialidad a personajes como Gadafi o Assad, y no digamos a jeques poco amigos de la autonomía femenina. Un error que sí es corregible ha sido el de elevar barreras arancelarias frente a las exportaciones del Magreb y Oriente Medio (excepto las de gas y petróleo). La exportación de mercancías es un buen sustituto de la emigración: quien no puede pagar con mercancías paga con personas.
El problema de la inmigración, sin embargo, no se reduce a estas cuestiones inmediatas. Los países más adelantados deberíamos poder crear de sistemas duraderos y eficaces de acogida de inmigrantes. Consideremos la idea que acaba de lanzar el profesor Gary Becker, premio Nobel de Economía de 1992.
Para conseguir que vengan, tanto a los EEUU como a la UE, personas dispuestas a trabajar e integrarse en los países de acogida, propone que se les cobre un precio por inmigrar. Le parece que los métodos actuales de planificación administrativa seleccionan mal los inmigrantes que convienen al país de acogida y son poco respetuosos con los derechos humanos de los candidatos a la inmigración, por decirlo suavemente.
Para los inmigrantes con buena formación técnica o universitaria, el trabajar legalmente en Europa podría significarles una mejora de ingresos de unos 20.000 euros, o incluso más. En el caso de inmigrantes con menos formación pero llenos de energía y ambiciones el aumento anual podría alcanzar 10.000 o 12.000 euros. Por eso, el cobrar una cantidad de 40.000 euros a la entrada a cambio de un permiso de residencia no estaría fuera de lugar. Contribuirían a la financiación de los servicios sociales que a partir de entonces podrían consumir.
Al igual que los préstamos para estudiantes y con las debidas garantías, el pago podría dividirse en unos pocos plazos. Un programa así permitiría que los inmigrantes buscaran empleos fijos y les incentivaría a integrarse en la sociedad local. Además su llegada en esas condiciones contribuiría a remover el mercado laboral tan rígido de algunos países europeos.
Veo la cara de horror de alguno de mis lectores ante una propuesta ‘de mercado’ para resolver el problema de la inmigración clandestina. Ello pondría las bases de un sistema que favoreciera tanto a los inmigrantes como al país en el que se radicaran. ¿Qué es esto de cobrar por el derecho a trabajar?
Un sistema de planificación de las necesidades de mano de obra de la economía, acompañado por una clasificación por puntos de mérito o formación, es mucho más humano que el frío precio. Eso dirán sobre todo los funcionarios que administran el desastre actual. El horror al sistema de mercado es típico de las sociedades tribales.
Los precios son mucho más eficaces que los baremos de puntos atribuidos a las distintas titulaciones escolares, como se aplican en Canadá, por ejemplo. Bill Gates dejó la Universidad sin licenciarse y seguramente no habría pasado el filtro. ¿Cómo evaluar la capacidad empresarial de los inmigrantes?
Ellos mismos se atribuirían los puntos de su ambición al arriesgarse a pagar el precio de entrada.
Pedro Schwartz, Economista