Fernando Parrilla.
Uno de los principales problemas que tenemos actualmente como sociedad es que nos gobierna gente cuyo principal talento es su capacidad para contentar a la mayoría. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que sus políticas favorezcan a dicha mayoría, sino que por medio de la demagogia, las falacias y la propaganda son capaces de hacer pensar a millones de personas con intereses contrapuestos que son los beneficiarios de la acción gubernamental.
Esto provoca que las ideas que predominan en la sociedad no sean las que se han demostrado útiles a sus ciudadanos, sino las que permiten a los políticos llegar al poder.
Un ejemplo de idea absurda es el mantra sobre la imperiosa necesidad de generar empleo. Se confunde el deseo de una buena parte de la población de percibir una retribución de forma estable y periódica, asegurándoles una vida confortable, con el fin último de la economía nacional. La propaganda ha calado tan hondo que incluso muchos empresarios se vanaglorian de que uno de sus objetivos principales es crear puestos de trabajo.
Por supuesto esta peculiar forma de pensar solo se aplica a la política; si cualquier persona ve a su vecino cavando un hoyo en mitad de su jardín, volviéndolo a tapar a continuación, simplemente por tener trabajo, inmediatamente pensará que está trastornado. Por desgracia el porcentaje de personas que llegaría a esa conclusión bajaría considerablemente al enterarse de que el ayuntamiento le paga por realizar dicha función generando así un puesto de trabajo.
Para conseguir que el porcentaje de entusiastas de este tipo de políticas sea aún mayor, se suele recurrir a adornar los empleos con cierto valor social. Alguien se puede oponer a pagar un sueldo por cavar hoyos para llenarnos, pero es mucho más difícil hacerlo cuando se tienen aceras nuevas o se crean sectores que supuestamente traen innovación.
El problema es que en tiempos de crisis, como el actual, no hay dinero público para pagar trabajos en los que no se cree riqueza de forma objetiva; o se emplea el tiempo en algo por el que otra persona esté dispuesta a renunciar a parte de su riqueza a cambio o no habrá forma de encontrar un empleo.
A causa de esto, los políticos optan por otra vía para no renunciar a intervenir en el proceso: incentivar la contratación, ya sea eliminando barreras puestas por ellos mismos en forma de regulaciones, reduciendo impuestos al trabajo como cotizaciones sociales o concediendo desgravaciones fiscales a las empresas que creen puestos de trabajo.
A simple vista, unas medidas que reducen impuestos y eliminan regulaciones no parecen malas. Pero si se analiza con detenimiento la realidad es otra.
La reducción de regulación para disminuir la sobreprotección de los trabajadores por parte del Estado no tiene efectos beneficiosos a no ser que una mayoría social entienda que esa sobreprotección es injusta y perjudicial. Injusta para los empresarios y trabajadores que quieran pactar sus condiciones fuera del control estatal (y sus satélites sindicales), y perjudicial para la economía en cuanto no permite la flexibilidad necesaria para tener una economía dinámica y competitiva.
Al no producirse este entendimiento, las reformas laborales no son más que un intento del gobierno de turno por evitar que la vaca se muera de hambre dejándola salir a pastar cinco minutos al día. Es mejor que nada, pero la vaca se acabará muriendo.
Lo mismo pasa con la reducción de impuestos al trabajo, o cotizaciones a la seguridad social por parte del empresario. El sistema de seguridad social es un timo piramidal. No lo digo yo, lo dice todo el mundo. Por lo tanto, liberar a los empresarios de pagar parte de ese timo sin reconocer que el sistema es inviable y permitir que los actuales cotizantes busquen una alternativa sensata (capitalización), es condenarnos a pagar vía IVA, o cualquier otro impuesto, las actuales pensiones y las futuras. Una vez más se intenta mantener el sistema operativo hasta que escampe, y no darle una solución real.
Por último, conceder desgravaciones fiscales a una empresa por el hecho de crear un empleo es absurdo e injusto. Absurdo porque crear un puesto de trabajo simplemente por crearlo sólo beneficia a la persona contratada. Injusto porque la economía no mejora por el hecho de que una empresa cree un puesto de trabajo, la economía mejora si un empresario es capaz de construir un modelo de negocio por el cual genere más riqueza de la que consume. O dicho de otra manera: una empresa que es capaz de ganar 10 millones de euros con 10 trabajadores es mucho más beneficiosa para la economía que otra que gane lo mismo con 10.000 trabajadores. ¿Por qué hay que premiar a la segunda y no a la primera con una desgravación fiscal?
La triste respuesta es la antítesis al título de este comentario: el Estado no quiere generar riqueza, quiere generar empleo. Y lo quiere porque su poder se basa en que millones de personas crean que su subsistencia depende de la benevolencia y capacidad de gobernar del Estado, en vez de creer en su propia capacidad de generar riqueza para vivir sin depender de nadie. De ser libres.
Manuel Orcera de la Cruz era natural de Úbeda (Jaén), donde había nacido el 27 de mayo de 1953, por lo que tenía 24 años cuando fue asesinado. Ahí se celebró su funeral, que congregó a cerca de quince mil personas. Una calle de su localidad natal lleva su nombre.
