A la deriva... sin más por Manuel Fernández Ordóñez

Libertad Digital.

Este gobierno ha perdido definitivamente el rumbo, tal vez en muchos campos, pero de manera absoluta en el sector energético. La futura reforma que han elaborado a escobazos entre los ministros Soria y Montoro constituirá la puntilla definitiva del sector, destrozando de un plumazo los pocos resquicios de libre mercado que quedaban en el ámbito energético. En un clásico "quítate tú pa ponerme yo" han decidido intervenir el mercado y decretar unos impuestos leoninos a las tecnologías más eficientes (nuclear e hidráulica) hasta el punto de cuestionarse su viabilidad en el mercado. Con un único afán recaudatorio, han querido sacar tanta leche que han matado a la vaca. 

Durante los últimos años, en un escenario de déficit tarifario desbocado gracias a los subsecuentes intervencionismos estatales, se obligó a las empresas eléctricas a financiar tal desaguisado por Real Decreto. El Estado obligó a algunas empresas del sector a prestarle miles de millones de euros con la única promesa de que algún día, tal vez, se los devolverían. Este modus operandi, únicamente visto en el sector eléctrico y rayando lo kafkiano, lejos de suponer un reflexión serena acerca de lo insostenible de nuestro sistema sirve como excusa al gobierno para decretar un nuevo intervencionismo mucho más digno de otras latitudes. Ya saben la máxima del socialismo: los errores del intervencionismo se arreglan con más intervención. Y esto es independiente del socialismo que gobierne, ya sea el del PSOE o el del PP.

 

Parece mentira que no sepan ya lo que va a suceder. Es tan evidente que la situación produce vergüenza y sonrojo. Lo sabemos todos: si se deja a las eléctricas repercutir el precio de los impuestos habrá una subida inmediata del kWh en el mercado. Electricidad más cara implica pérdida de competitividad y más paro. Si las eléctricas no pudieran repercutir el impuesto en el precio, implicará una pérdida de competitividad de éstas. Las ganancias en el sector nacional irán a cero o directamente entrarán en pérdidas (las plusvalías de nuestras empresas eléctricas vienen fundamentalmente de las inversiones en el extranjero). Esto implicará el despido masivo de miles de empleados y el cierre de centrales de producción. Por ejemplo, está por ver la viabilidad de la central nuclear de Garoña tras la hecatombe fiscal.

 

Y a todo esto, pululan por el panorama de la opinión ciertos personajes cuyos desmanes en forma de moratoria nuclear aún estamos pagando en el recibo de la luz casi 30 años después. Me refiero a Felipe González, que en recientes declaraciones afirmó que "el proceso de liberalización del sector eléctrico produjo un déficit de 25.000 millones". Para empezar, señor González, lo de "liberalización" del sector eléctrico provoca carcajadas solo de oírlo. Para seguir, el déficit de tarifa se genera porque los costes regulados que establece el gobierno no son suficientes para cubrir los gastos. Se lo repito de nuevo, "que establece el gobierno". Es decir, el déficit se ha provocado artificialmente desde La Moncloa y no por un funcionamiento ineficiente del mercado. Si no fuera así, señor González, ¿cómo explica usted que tengamos un precio del kWh en el mercado de los más bajos de Europa y, sin embargo, paguemos la electricidad a precios de los más caros de Europa? ¿Dónde está el truco, señor González?

 

Cuando se enterarán de una vez que lo que sobra no es el mercado eléctrico, los que sobráis sois los políticos populistas que habéis hundido y seguís hundiendo este país. Pueden seguir subiendo impuestos y destrozando la poca industria que queda hasta que no haya nadie de quien recaudar. Pueden atacar a los débiles, quitar las pagas a los funcionarios o rebajar las pensiones. Mientras tanto no cierran ni un aeropuerto, construyen AVEs fantasma, tienen decenas de televisiones autonómicas, sillones en las cajas de ahorro, gobiernos autonómicos que no sirven para nada, embajadas en el extranjero, una universidad en cada pueblo, cada político varios cargos, diputaciones absurdas y piden prestados miles de millones al mes que saben que no van a poder devolver... y a la vez echan la culpa a los mercados, dicen que nos atacan.

 

Los mercados no atacan, los mercados se defienden de tanta estupidez. Y a nuestros dirigentes lo único que se les ocurre es intervenir y aniquilar uno de los pocos resquicios de eficiencia, el mercado mayorista eléctrico. En unos meses veremos las consecuencias, electricidad más cara, pérdida de competitividad, empresas en ERE, empresas que se van de España, pérdida de empleo, menos consumo, más recesión, la prima de riesgo más alta, la financiación a tipos de interés inasumibles y más crisis. En definitiva, estamos a la deriva... sin más.

Víctima, 11 de septiembre: Eugene Kenneth Brown

Libertad Digital.

El 11 de septiembre de 1985 fallecía en Madrid, tras dos días de agonía, el ciudadano estadounidense EUGENE KENNETH BROWN, gravemente herido por la explosión de un coche-bomba que la banda terrorista ETA hizo estallar el 9 de septiembre en la plaza de la República Argentina al paso de un autobús de la Guardia Civil que iba a realizar el relevo del servicio de vigilancia de la Embajada soviética.

Eugene Kenneth Brown había llegado a Madrid tres días antes para asistir a una reunión de directivos de la filial española de la multinacional Johnson & Johnson para la que trabajaba, y debía haber abandonado España ese mismo día. A las 7:20 de la mañana del 9 de septiembre salió a hacerfooting por las inmediaciones de la plaza de la República Argentina, como había hecho todas las mañanas desde que llegó a Madrid. En la calle Carbonero y Sol, que transcurre desde el paseo de la Castellana hasta la plaza de la República Argentina, el asesino Iñaki de Juana Chaos había aparcadoun coche-bomba, que hizo estallar por control remoto al paso del autobús de guardias civiles.

Tras la explosión, los guardias civiles, muchos de ellos heridos y aún conmocionados, fueron tiroteados por los terroristas. En esas condiciones, tuvieron que repeler la agresión, ayudados por los agentes que montaban guardia ante la Embajada de la Unión Soviética a los que iban a dar el relevo, según contó el diario El País.

El conductor del autobús, Antonio Medina Gordillo, evitó que se consumase la masacre de guardias civiles que pretendía ETA, al acelerar y pasar en ámbar el semáforo de la plaza. "Cuando llegaba al semáforo vi un coche aparcado en medio del paso de peatones, y me extrañó, por lo que, aunque el semáforo se puso en ámbar, aceleré", contó desde el hospital al diario ABC.

Además de a Eugene Brown, la explosión hirió de diversa consideración a otro civil, Alfonso Trillo Bernabéu, y a dieciséis de los veinticuatro guardias civiles que ocupaban el autobús: Miguel Ángel Chapado Manzanas, Luis Corchado Gibello, Juan Antonio Corredor Pérez, Jacinto Delgado Córdoba, Enrique González Martín, Pedro Jiménez González, Ángel Larios Rivero, Antonio Malfeito Inchausti, Antonio Medina Gordillo, Jesús Pérez Rodríguez, José Pérez Rodríguez, Raimundo Plata Pampanas, Marcos Rey Patón, José Carlos Sánchez Martín, Alfonso Sánchez Rodríguez y Manuel Varela Reyes. Durante el último juicio contra los autores del atentado, celebrado en 2007, los guardias civiles explicaron al tribunal que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía padecían secuelas físicas y psicológicas a causa del atentado.

Los heridos fueron trasladados inmediatamente a diversos centros hospitalarios. Eugene fue ingresado en el Hospital de la Cruz Roja en estado muy grave y en coma profundo. Operado la misma noche del atentado, en el parte médico emitido al día siguiente se informaba que la víctima continuaba "en coma profundo secundario originado por la isquemia cerebral que sufrió". Continuaba el parte señalando que la víctima "tenía un edema cerebral a consecuencia de la isquemia, por lo que se procedió a implantarle un catéter, para la activación de la presión intracraneal". La víctima no pudo salir del coma, falleciendo dos días después, el 11 de septiembre.

El testimonio del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa ha permitido reconstruir la preparación y ejecución del atentado por el grupo Madrid de ETA, integrado en esos momentos por el propio Soares Gamboa y los asesinos múltiples Juan Ignacio de Juana Chaos y Belén González Peñalva, además de Inés del Río Prada y Esteban Esteban Nieto, que eran los que proporcionaban infraestructura informativa e inmobiliaria a los miembros del grupo.

El grupo Madrid de ETA, siguiendo órdenes de la cúpula de la banda, decidió atentar contra la Guardia Civil aprovechando la información que Del Río Prada y Esteban Nieto les había facilitado sobre un microbús del Instituto Armado que pasaba todas las mañanas por la plaza de la República Argentina.

El objetivo del atentado era provocar una masacre de guardias civiles mediante un coche-bomba cargado de explosivos que harían estallar al paso del autobús. En esta ocasión no lo consiguieron, cosa que sí hicieron diez meses después, el 14 de julio de 1986, en la plaza de la República Dominicana, donde el grupo Madrid asesinó a doce jovencísimos guardias civiles.

Para preparar el atentado de la plaza de la República Argentina los etarras prepararon un coche robado en San Sebastián, un Peugeot 505, al que cambiaron las placas de matrícula por otras falsas, vehículo que Soares Gamboa estacionó en un aparcamiento público en la plaza de Callao. El 8 de septiembre de 1985, Soares Gamboa recogió el coche cargado con explosivos y se dirigió a un colegio mayor de la Ciudad Universitaria, donde había quedado con González Peñalva y De Juana Chaos. Ambos llegaron en un taxi a cuyo conductor habían encerrado en el maletero. De Juana se puso al volante del coche-bomba, mientras que Soares Gamboa y González Peñalva le siguieron en el taxi, aunque González Peñalva se apeó del taxi en la calle Princesa por miedo a ser reconocida. El coche-bomba fue estacionado en la calle Carbonero y Sol, junto a la plaza por la que iba a pasar el autobús de la Guardia Civil. Fue De Juana quien activó por control remoto el artefacto, compuesto por entre 8 y 12 kilos de explosivo y 2 más de tornillería como metralla, al paso del autobús.

En el año 2000 la Audiencia Nacional condenó a De Juana Chaos a 489 años de cárcel, a Del Río Prada a 478 años y a Soares Gamboa a 299 años por los delitos de atentado, un asesinato consumado, diecisiete asesinatos frustrados y estragos, entre otros. En 2007 fue condenada González Peñalva, alias Carmen, a 467 años por los mismos delitos, tras ser extraditada desde Francia en noviembre de 2005.

Eugene Kenneth Brown, de 45 años, estaba casado y tenía dos hijos. Natural de Pensilvania, residía en Nueva Jersey. Trabajaba en la multinacional estadounidense Johnson & Johnson como controlador de inventarios. Ha sido, hasta la fecha, la única víctima estadounidense de la banda terrorista ETA. Como escribió el periodista americano Robert Latona en mayo de 2007, Eugene"was jogging in the wrong place at the wrong time".

Tres desastres seguros y una solución improbable por Juan Ramón Rallo

Página Personal JRR.

El inmovilismo de los Gobiernos españoles durante los últimos cuatro años ha enquistado y agrandado los dos problemas básicos de nuestra economía: el desajuste real (nuestro descompuesto aparato productivo) y el desajuste financiero (nuestro excesivo endeudamiento público y privado). Así lo han entendido en los últimos meses la gran mayoría de inversores, quienes han optado por huir en manada de los activos españoles, encareciendo nuestros costes de financiación. En julio nuestro país ha vivido momentos auténticamente límites que parecían apuntar a su inminente suspensión de pagos. En estos momentos, la situación dista mucho de haberse estabilizado y, de hecho, es muy improbable que el país pueda continuar en su estado actual durante muchas semanas más. Dicho de otro modo, a muy probablemente nuestro futuro pasará por alguno de estos cuatro escenarios.

Rescate exterior

Si atendemos a las declaraciones de los distintos políticos del Continente, se trata de la opción más probable a corto plazo y que, de hecho, ya ha sido aprobada para la banca española. La duda parece estar en si se tratará de un rescate acompañado de intervención (compra de deuda por los fondos de rescate) o no (adquisición de deuda por el BCE). Los Gobiernos de España e Italia llevan meses implorando un rescate que les deje las manos libres y, obviamente, nuestros potenciales prestamistas –nuestros acreedores del norte de Europa– son reacios no sólo a comprometer más fondos a unas esclerotizadas economías periféricas sino, sobre todo, a hacerlo sin contrapartidas que faciliten su devolución.

Precisamente, esta es la piedra de toque del rescate exterior: su única utilidad consiste en proporcionar tiempo a las economías rescatadas para que completen su desapalancamiento y la transformación de su aparato productivo. El problema es que ni siquiera una estricta intervención asegura que, una vez garantizado el paragua del crédito barato, los países rescatados acometan todos los ajustes y reformas necesarios. Al contrario, como nos ha mostrado el caso griego, una vez los gobernantes obtienen la financiación barata que necesitan, lo normal es que se relejen y se nieguen a promover medidas impopulares, especialmente en ausencia de un indicador exógeno que, como la prima de riesgo, acredite la extrema gravedad de la situación económica.

En tal caso, el rescate sólo serviría para prolongar nuestra agonía y para multiplicar todavía más el quebranto para nuestros acreedores, incluyendo la posible descapitalización de sus respectivos sistemas bancarios y del mismísimo BCE.

Quita de deuda

Otro desenlace para nuestra crisis sería que España optara por aplicar ya mismo una quita a su deuda, tanto pública como privada. Los deudores españoles, ya sean administraciones públicas, empresas o bancos repudiarían parcialmente sus pasivos o se declararían en concurso de acreedores para restructurar un monto de obligaciones financieras que reconocerían como inasumible.

Los problemas de esta estrategia se encuentran tanto para los acreedores como para los deudores. Los primeros experimentarían pérdidas extraordinarias –aunque menores que si optaran por un rescate que terminara fracasando– y los segundos verían restringido su acceso a los mercados de capitales durante varios lustros, sobre todo si los acreedores perciben que la quita ha sido una decisión arbitraria, caprichosa e innecesaria de los políticos nacionales.

En el sector privado, la quita –o variantes de la misma, como la capitalización de deuda– es indudablemente una opción preferible a la mucho peor alternativa de los rescates estatales de compañías insolventes: si un modelo de negocio no es viable, hay que proceder a restructurarlo o liquidarlo. En cambio, los repudios soberanos de deuda suelen ser muy mal digeridos por los mercados, en tanto en cuanto son conscientes de que, siempre, la quita sobre la deuda pública era evitable con los pertinentes ajustes presupuestarios que los políticos se negaron a aprobar.

Además, la quita tiene el defecto de que sólo solucionaría, y parcialmente, una de nuestras lacras –la acumulación de deuda– al tiempo que empeoraría la otra. Por un lado, la interrupción de los flujos externos de financiación a buen seguro agravaría las necesidades de reajuste de muchas compañías que, pese a ser solventes, se verían privadas del capital que necesitan para seguir operando en su forma actual. Por otro, si el Gobierno de España redujera su deuda viva en un 30% o 40% sin atajar su enorme déficit primario de casi el 7% del PIB –suponiendo que pueda seguir financiándolo en los mercados internos–, en cuatro o cinco años el efecto saludable de la quita sobre las finanzas públicas se habría diluido por entero.

¿Cuál sería el punto de repudiar nuestra deuda por no querer reducir nuestro déficit para terminar viéndonos empujados a recortarlo?

Salida del euro y devaluación

Si bien la quita de deuda pública dentro del euro no tendría demasiado sentido, su repudio instrumentado a través de una salida del euro y de una devaluación de la moneda sí podría convertirse en una alternativa atractiva para nuestra irresponsable y manirrota clase política.

Un regreso a una peseta devaluada entre un 30% y 40% equivaldría a una quita por ese mismo monto para nuestros acreedores externos. Sin embargo, a diferencia del caso anterior, nuestros gobernantes podrían continuar financiando sus enormes déficits monetizando las nuevas emisiones de deuda en el Banco de España, todo lo cual castigaría a los ciudadanos con una creciente inflación y devaluación de su nueva divisa.

Además, frente al rescate externo con intervención y a la quita de deuda dentro del euro, la devaluación proporciona no sólo una solución (chapucera) a nuestros problemas financieros sino que también un remedio (aún más chapucero) para nuestros problemas reales: en la medida en que la depreciación abarataría en el exterior no sólo los bienes y servicios españoles sino también sus factores productivos, la demanda y la inversión extranjera se reavivarían, fomentando la especialización de España en modelos de negocio de muy bajo valor añadido pero muy intensivos en el factor trabajo.

Dicho con más claridad: la carta de la devaluación nos permitiría salir de la crisis a cambio de expoliar a los acreedores externos, robar a los ciudadanos con un persistente impuesto inflacionista, acrecentar el poder de los políticos nacionales devolviéndoles las llaves de la imprenta y empobrecer al país a largo plazo al empujarle a especializarse en actividades poco productivas. Un desastre absoluto, sí, pero al menos el empleo y el PIB irían mejorando poco a poco, a diferencia de lo que nos sucedería con los dos anteriores escenarios si la clase política se cierra en banda a aprobar nuevos y más intensos recortes y reformas. De ahí que, dada la maquiavélica lógica de los políticos, la opción más trágicamente realista para nuestro futuro sea regresar a la peseta.

Austeridad y reformas

La solución óptima para salir de nuestra crisis pasa por atajar nuestros problemas reales y financieros facilitando la creación de riqueza: a saber, por aprobar reducciones intensas del gasto público –en especial de aquel más claramente improductivo– para, a su vez, disponer de margen para reducir impuestos, y por liberalizar totalmente la economía para facilitar la ejecución de cualquier modelo de negocio viable. En suma, necesitamos seguir una política económica similar a la que han acometido los países bálticos desde 2008 y que les ha permitido volver a crecer a tasas anuales que incluso superan el 6%.

El problema de España es que toda nuestra clase política ya ha perdido su credibilidad tanto ante sus propios ciudadanos cuanto ante los inversores extranjeros. El PP disfrutó de unos primeros meses para sacar adelante una auténtica agenda reformista que relanzara al país, pero los dilapidó con salvajes subidas de impuestos, cosméticas reducciones del gasto, tímidas liberalizaciones de los mercados, mentiras reiteradas, descoordinación permanente y cuitas intestinas.

A estas alturas de la película, resultará extremadamente complicado que cualquier nuevo anuncio de reformas y de austeridad no vaya acompañado de desestabilizantes protestas internas y de indiferencia exterior. Mas, por difícil que resulte recuperar el crédito perdido, el Ejecutivo del PP tiene la obligación moral de inmolarse intentándolo y de conseguir alejar el fantasma de la devaluación. Dudo seriamente de que lo haga, pero en su mano está que ciudadanos e inversores tan escépticos como yo volvamos a confiar en que España podrá pagar sus deudas y en que será capaz de permanecer dentro de la moneda única.

Lance Richlin

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