El martes 19 de octubre de 1993, a las 8:30 de la mañana, tres miembros de la banda terrorista ETA asesinaban en Madrid al general de División del Ejército del Aire DIONISIO HERRERO ALBIÑANA y herían de gravedad al soldado Alberto Pasamontes Navarro, que actuaba como chófer del general. Los asesinos esperaron a que Dionisio Herrero saliera de su vivienda, en el número 101 de la calle Hermosilla, para montar en el vehículo oficial que habría de llevarle a su trabajo. Antes de que llegara a subir al coche, a escasos metros del portal de su casa, dos de los tres terroristas lo acribillaron a tiros.
Como cada día, el general Dionisio Herrero salió de su casa para dirigirse a su trabajo como director de Sanidad del Mando de Personal del Ejército del Aire. Vestido de paisano, había recorrido poco más de quince metros desde que salió del portal y estaba cruzando la calle de Alcántara cuando dos terroristas efectuaron varios disparos contra él, mientras un tercero los cubría desde cierta distancia. El general se dirigía al vehículo oficial, un Volkswagen Santana granate blindado, conducido por el soldado Alberto Pasamontes, de 23 años, y al que le faltaban dos semanas para licenciarse. A unos cinco metros del Santana, el cuerpo del general quedaba tendido en el suelo con media docena de impactos de bala, instantes antes de que uno de los tres asesinos se acercara para rematarlo con un séptimo tiro. En ese momento el soldado conductor, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, salió de su vehículo e intentó hacer frente a los terroristas con su arma reglamentaria, pero fue alcanzado por un disparo en el abdomen y se vio obligado a refugiarse en el coche blindado. Una vez dentro, uno de los terroristas se acercó y realizó hastacinco disparos contra el parabrisas, a la altura de la cabeza de Alberto Pasamontes, con la intención de asesinarlo, pero el blindaje evitó que las balas lo alcanzaran. Tanto el general como el soldado fueron trasladados al Hospital Gregorio Marañón, pero el primero ingresó ya cadáver, sin que se pudiera hacer nada por salvar su vida. Presentaba "múltiples heridas en tórax, abdomen y miembros inferiores", según el certificado de defunción. El soldado Pasamontes, según el parte médico, ingresó "consciente y orientado y hemodinámicamente estable, presentando herida por arma de fuego" con orificio de entrada en el abdomen. El pronóstico fue muy grave y tardaría más de cien días en recuperarse del disparo, que le perforó el intestino delgado, el duodeno, el colon y el hígado.
Al oír los disparos, la esposa del general Herrero, Isabel Moya López, se asomó a una ventana y gritó a un niño que estaba en la calle: "¿qué pasa? ¿qué pasa?", a lo que éste le respondió "han asesinado a un hombre". Isabel, entre sollozos, volvió al interior de la casa, hasta que unos agentes del Cuerpo Nacional de Policía llamaron a su puerta para comunicarle la noticia.
Según testigos presenciales, los terroristas eran jóvenes, de edades comprendidas entre los veinte y los treinta años y vestían pantalones vaqueros y chubasqueros o anoraks verdes y azules, respectivamente. En el momento de la agresión no iban encapuchados, pero nada más efectuar los disparos contra los militares y comenzar su huida se taparon la cabeza con sus respectivas capuchas. En la descripción que hicieron los testigos se mencionaba que tenían alturas de 1,65 y 1,70 metros y que habían utilizado pistolas en el atentado, si bien uno de ellos hizo fuego con "una especie de metralleta o subfusil". Otro de los testigos, el dueño de un quiosco cercano, que estaba desayunando en un bar de la calle Hermosilla, explicó que había visto "a dos hombres disparando con saña, a quemarropa, y luego lo remataron en el suelo". En el lugar del atentado se recogieron catorce casquillos SBP del calibre 9 milímetros parabellum, así como dos anoraks.
Después de atentar contra el general y su chófer, los tres asesinos se dirigieron por la calle de Alcántara hacia la de las Naciones, hasta llegar donde habían aparcado previamente un Opel Corsa de color gris metalizado. Tras montar en el vehículo continuaron su huida por la calle de Ayala y después por la de Príncipe de Vergara, hasta alcanzar la plaza del Marqués de Salamanca. Allí abandonaron el coche, frente a la sede del Instituto Nacional de Industria. Antes de dejar el vehículo, los terroristas habían activado un temporizador, con el fin de que una bomba, compuesta por unos cuatro kilos de amosal, hiciera explosión minutos después. A las nueve de la mañana el coche explotaba, provocando daños materiales en otros vehículos de las inmediaciones y borrando así huellas y otros posibles rastros. José Antonio Hidalgo Almagro, un transeúnte que pasaba por el lugar, sufrió un choque emocional. La zona era frecuentada habitualmente por numerosos niños, debido a que en las inmediaciones se encontraban varios colegios. El Opel Corsa había sido robado trece días antes del atentado, en la calle Doctor García Tapia del barrio de Moratalaz. Los terroristas le habían colocado una matrícula falsa, perteneciente a otro coche, de marca y modelo diferentes.
Desde el primer momento las Fuerzas de Seguridad consideraron que el hecho de que el coche hubiera sido robado varios días antes podría significar que ETA contaba con una cierta infraestructura en Madrid, con pisos y garajes. El habitual grupo de ETA que operaba en Madrid en esas fechas estaba compuesto por José Javier Arizkuren, Jesús García Corporales y Marisol Iparraguirre, pero desde fuentes policiales se indicó que posiblemente estuvieran ante un grupo formado por distintos miembros. Gracias a las descripciones de los testigos oculares, la Policía identificó a Juan Luis Aguirre Lete como uno de los tres terroristas que cometieron el atentado y se organizó un dispositivo para tratar de encontrarlo en los días siguientes al asesinato del general Herrero. En él participaron unos trescientos agentes, de los que más de cien fueron trasladados desde otras provincias de España para colaborar en la búsqueda.
El atentado contra Dionisio Herrero se produjo mientras, según fuentes de la lucha antiterrorista,intermediarios nombrados por el Ministerio del Interior mantenían contactos con cabecillas etarras, tratando de iniciar una nueva negociación. Desde medios de comunicación franceses se citaba a Jacinto Ángel Guerrero Lucas, asesor en materia antiterrorista de Rafael Vera, como uno de esos interlocutores del Ministerio, mientras que el terrorista José Luis Arrieta Zubimendi, aliasAzcoiti, sería el representante de ETA en las conversaciones. El acercamiento habría tenido lugar por encargo de la Secretaría de Estado para la Seguridad, con el objetivo de conseguir que la banda terrorista ETA decretase una tregua. (ABC, 20/10/1993)
Además, el mismo día del atentado altos mandos de la lucha antiterrorista de España y Francia se reunieron en París para tratar una serie de temas. Entre ellos estuvo el reciente fracaso de la operación llevaba a cabo contra el "aparato de mugas" de ETA, en la que logró escapar Juan Miguel Michelena Berasarte, responsable de dicho entramado. Michelena estaba sometido a un intenso seguimiento desde meses antes, por lo que las investigaciones se centraron en averiguar el origen de las filtraciones que permitieron su escapatoria. El soplo fue dado por un informante que dijo ser miembro de la Policía francesa, a través de una llamada al diario Egin. Desde medios franceses se sugirió que las filtraciones podrían ser una muestra de buena voluntad hacia ETA por parte del Gobierno español, de cara a las posibles negociaciones que en ese momento estaban iniciándose desde el Ministerio del Interior, mientras que fuentes policiales españolas señalaban a Roger Boslé, al mando de la operación por parte gala, como el responsable del fracaso debido a errores en la planificación.
La capilla ardiente con los restos mortales del general se instaló el mismo día 19 de octubre en el cuartel general del Ejército del Aire. Asistieron, entre otros, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general José Rodrigo, y el jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, el teniente general Ramón Fernández Sequeiros. Hora y media después, a las 20:00, se celebró una misa por su alma. Al día siguiente, a las 9:30 de la mañana, tenía lugar en la explanada de entrada al Cuartel General del Ejército el funeral oficial, de cuerpo presente, presidido por los ministros de Defensa e Interior, Julián García Vargas y José Luis Corcuera. El vicario general castrense, José Manuel Estepa, fue el encargado de oficiar el acto y señaló que el general Dionisio Herrero "dedicó, todas sus energías a la lucha contra la enfermedad y la muerte" y rechazó la venganza, "porque aumenta el mal y no lo cura". No obstante, agregó que la serenidad no significa resignación, "ni renuncia a que se ejerza la justicia". El momento más emotivo tuvo lugar cuando las tropas que formaban en la Plaza de la Moncloa rindieron honores al general asesinado, a quien el ministro de Defensa, Julián García Vargas, impuso la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a título póstumo. El jefe del Estado Mayor del Aire, el teniente general Ramón Fernández Sequeiros, hizo entrega a la viuda del general Herrero de la bandera nacional que cubría el féretro. Los actos fúnebres fueron abiertos al público y acudieron unas quinientas personas. El féretro con el cuerpo de Dionisio Herrero fue escoltado por ocho miembros de la Policía Aérea, mientras militares de la Agrupación de Tropas del Cuartel General se mantenían en formación en la plaza.
Entre los asistentes destacó la presencia de Mario Onaindia, ante la sorpresa del resto de los que habían acudido. El exmiembro de ETA y entonces senador socialista explicó su presencia diciendo que "estamos aquí como demócratas vascos, para demostrar que nos duele tanto la muerte de un civil como la de un militar, que repudiamos igual un atentado en Euskadi que en Madrid". También estuvieron presentes, además de los citados ministros de Defensa e Interior, el secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos; el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina; el alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, así como miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor del Ejército, entre otras personalidades.La nota bochornosa la protagonizó José María Ruiz Mateos, que rompió el respetuoso silencio de los asistentes al grito de "¡Felipe ríndete!". A las once de la mañana, en una ceremonia íntima a la que solamente asistieron familiares y allegados del finado, tuvo lugar el entierro en el cementerio de La Almudena.
En un acto público previo a la inauguración del Palacio Municipal de Congresos de Madrid, el Rey condenó el atentado y manifestó su tristeza "por las cobardes acciones terroristas". El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, calificó a los asesinos como "malnacidos" y "los malditos tíos de ETA", mientras que el ministro de Defensa, Julián García Vargas, no quiso referirse a los terroristas para no hacerles publicidad. Con la excepción habitual de Herri Batasuna, todos los partidos condenaron el atentado. El PNV convocó a los ciudadanos para que acudieran a las concentraciones de repulsa y emitió un comunicado en el que manifestaba que el asesinato del general Dionisio Herrero evidenciaba "una vez más" la sinrazón de los terroristas. La Coordinadora Gesto por la Paz convocó ciento cuarenta y cinco concentraciones silenciosas y manifestó que ETA había acabado con una vida "en su locura asesina y con su pretendida lucha de liberación". De forma similar, Eusko Alkartasuna acusaba a Herri Batasuna de complicidad con los asesinos y expresaba, a través de su secretario general, Ignacio Oliveri, "vergüenza" por el atentado contra el general Herrero. Desde Unidad Alavesa manifestaron su "pesar por las pérdidas irreparables, vergüenza por lo que nos salpica a todos este tipo de noticias y de actuaciones e indignación porel silencio cobarde de unos y la actitud inhumana de otros". El responsable de Organización de Izquierda Unida, Mariano Santiso, utilizó palabras como "repugnancia, amargura y rabia contenida"para referirse al asesinato de Dionisio Herrero. Mientras tanto, Herri Batasuna, sin condenar el atentado, tachó sus consecuencias como "lamentables", matizando que "lo más lamentable y lo auténticamente denunciable" era la actitud del PSOE y el PNV, partidos a los que culpaba de impedir la paz. El brazo político de ETA calificó el asesinato de "toque de atención" para los que mantienen "la apuesta permanente por dar un final policial" al problema de la violencia. Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno, respondió con evasivas a las preguntas que le formularon en torno a la posible negociación con ETA, diciendo que "no es que afirme que ni negociamos ni negociaremos, es que creo que hablando de eso se está haciendo el juego a quienes matan y apoyan la violencia".
En abril de 2003, la Audiencia Nacional condenó a Juan Luis Aguirre Lete, alias Isuntza, a 66 años y medio de prisión por los delitos de atentado terrorista, asesinato en grado de tentativa, robo de vehículo a motor, falsificación y tenencia de explosivos, considerándolo autor material del asesinato del general Herrero. El asesino fue detenido en noviembre de 1996 por la Policía francesa, en un peaje situado en las afueras de Bayona, en el País Vasco francés. En el año 2000 el Tribunal Correccional de París lo condenó a una pena de 10 años de cárcel por asociación con fines terroristas y en agosto de 2002 fue entregado temporalmente a España para que fuera juzgado por diversas causas, entre las que estaba el asesinato de Dionisio Herrero. En marzo de 2003 las autoridades españolas devolvieron a Aguirre Lete a Francia para que siguiera cumpliendo su condena en el país vecino y, en junio de 2004, fue definitivamente extraditado desde Francia a España. Durante el juicio por el asesinato del general, la principal prueba contra Aguirre Lete fue la presencia de huellas dactilares del terrorista en las placas de matrícula del coche empleado por los asesinos. La defensa de Aguirre Lete presentó un recurso argumentando que en base a eso no podía considerársele autor material del atentado, sino simplemente cómplice del mismo. En 2005 el Tribunal Supremo estimó parcialmente el recurso, sentenciando que "no era posible saber, por el contrario, si participó en la ejecución del atentado", por lo que el etarra vio rebajada su pena en 20 años.
Una de las pistolas utilizadas para asesinar a Dionisio Herrero fue empleada posteriormente, en 1996, para matar al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente. En esta ocasión el etarra responsable del asesinato fue Jon Bienzobas Arretxe, alias Karaka, por lo que en algunos medios apareció publicado que este había sido otro de los autores del atentado contra el general Herrero (ABC, 25/03/1998), afirmándose también que una huella lo vinculaba directamente con el crimen (ABC, 02/10/1999). Con otra de las pistolas con la que asesinaron al general, los etarras acabaron años después con la vida del también general Juan José Hernández Rovira, en junio de 1994 y con la del teniente coronel Jesús Cuesta Abril, en enero de 1997.
Dionisio Herrero Albiñana, de 63 años y a solo dos meses de retirarse, estaba casado desde hacía catorce años con Isabel Moya López y no tenía hijos. Isabel trabajaba en la Dirección Provincial de Educación y en más de una ocasión había expresado ante sus compañeros su temor a que asesinaran a su esposo. Dionisio sabía que podía ser objetivo de los terroristas y revisaba cuidadosamente el portal cada día, aunque nunca había recibido amenazas. No llevaba escolta y su única protección era el vehículo blindado en el que diariamente le recogía su chófer. Una hermana del general, Elvira Herrero, también manifestó tras el asesinato que en la familia siempre se había temido que Dionisio fuera víctima de un atentado. Dionisio Herrero Albiñana había nacido en Segovia y llevaba catorce años viviendo en su piso de la calle Hermosilla, frente al que fue asesinado. Era aficionado a la música clásica y a los viajes y sus vecinos decían de él que era "muy buena persona". Una vecina manifestó, tras su muerte que "ya sé que es lo que se dice siempre, pero es la verdad, era un santo [...] una persona maravillosa, un santo que no se metía con nadie".
Dionisio había trabajado como internista en el ambulatorio del barrio de La Elipa. También había sido director del Hospital del Aire entre 1989 y 1991 y, posteriormente, subdirector de Asistencia Sanitaria de la Dirección de Sanidad del Mando de Personal del Ejército del Aire. En el momento de su asesinato era director de este mismo organismo. En 1989 le había sido otorgada la Gran Cruz dela Real y Militar Orden de San Hermenegildo y en abril de 1992 fue ascendido del puesto de General de Brigada de Sanidad al de General de División de Sanidad. Tras su muerte le fue concedida la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, a título póstumo. En 2005, con carácter honorífico y también a título póstumo, según Real Decreto 319/2005, "con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista, a propuesta del Ministro de Defensa y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de marzo de 2005", Dionisio Herrero Albiñana era ascendido al puesto de Teniente General.
El jueves 19 de octubre de 1995, alrededor de las 22:45 horas, fallecía el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía ENRIQUE NIETO VIYELLA, tras una agonía de más de cuatro meses en estado de coma profundo. El inspector jefe Enrique Nieto estaba ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián desde el 8 de junio de 1995, fecha en que un miembro de la banda terrorista ETA le descerrajó a bocajarro un tiro en la nuca en plena calle. Enrique siguió ingresado en dicho hospital hasta el momento de su fallecimiento.
Enrique Nieto era inspector jefe de la Policía Judicial en Guipúzcoa, así como responsable de la Unidad Territorial Antiterrorista (UTA) en dicha provincia. La Unidad Territorial Antiterrorista era una unidad puesta en marcha tres meses antes del atentado contra Enrique Nieto, en el marco de la reestructuración de los servicios policiales llevada a cabo por el ministro Juan Alberto Belloch.
El día 8 de junio de 1995, poco antes de las nueve de la mañana, Enrique salió de su casa, situada en la avenida de Sancho el Sabio, en el barrio de Amara de San Sebastián. Se dirigía, como cada día, a su puesto en la Comisaría del Gobierno Civil, a menos de quinientos metros de su domicilio, cuando fue abordado por un terrorista que le disparó un único tiro en la nuca cuando apenas había recorrido unos pocos pasos desde que saliera del portal. El pistolero emprendió entonces la huida caminando en dirección al Parque Amara, hacia el río Urumea, llevando la pistola todavía en la mano durante algunos metros. Según las primeras declaraciones de los testigos oculares otro terrorista le habría estado esperando en un Citroën Visa, en el paseo de Vizcaya, a la altura de la plaza de Álava, para ayudarle durante la fuga. La bala que atravesó la cabeza del inspector jefe rebotó en un lateral del portal de su vivienda, siendo encontrada finalmente en la carretera. También se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF. Los exámenes periciales demostrarían posteriormente que el arma con la que había sido disparado el casquillo era la misma con la que ETA había asesinado previamente al presidente del Partido Popular de Guipúzcoa, Gregorio Ordóñez Fenollar y al sargento de la Policía Municipal Alfonso Morcillo Calero.
El domicilio de Enrique Nieto estaba situado a pocos metros de la Hacienda Foral, que en el momento del atentado estaba repleta de personas que tramitaban sus respectivas declaraciones de la renta. En el Bar Bizcacha, junto al portal donde residía la víctima, también se encontraban numerosas personas a la hora del atentado. Por este motivo hubo muchos testigos que permitieron reconstruir la huida del asesino y dar una descripción física del mismo. Según los primeros testimonios el terrorista sería un hombre de piel morena, de entre treinta y cinco y cuarenta años, de complexión gruesa y que vestía pantalones vaqueros y una americana roja o marrón. Fuentes policiales informaron a los medios de que la descripción coincidía con la del etarra Francisco Segurola Mayoz. En su huida, el terrorista se encaró con un transeúnte que lo observaba y, apuntándole con su pistola le amenazó diciendo "¡tú! ¿qué miras?". Fueron precisamente los clientes del Bar Bizcacha los primeros en atender a Enrique Nieto mientras yacía tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre. Presentaba un orificio de entrada y otro de salida, ambos en la parte posterior de la cabeza, así como pérdida de masa encefálica. La ambulancia medicalizada de la Cruz Roja se presentó inmediatamente en el lugar de los hechos y lo trasladó al Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu, donde llegó con parada cardiorrespiratoria y en estado de coma. Fue introducido en el quirófano a las once menos cuarto, tras haberle realizado un escáner. La intervención duró cerca de tres horas y quedó ingresado en la UCI con pronóstico muy grave. Los médicos responsables de la intervención manifestaron que aunque el herido había resistido bien la operación de limpieza de las esquirlas alojadas en el cráneo, así como la reparación de los vasos sanguíneos cerebrales, su estado no era esperanzador. Quedaría en estado de coma profundo, no saliendo de éste hasta el día de su fallecimiento, casi cuatro meses y medio después del atentado.
Los compañeros de Enrique Nieto se mostraron alarmados por el hecho de que ETA hubiese podido localizar el domicilio del inspector jefe de la Brigada de la Policía Judicial de Guipúzcoa, apuntando la posibilidad de que la publicación de fotografías de Enrique Nieto hubiese tenido algo que ver. El propio inspector jefe había solicitado, durante una rueda de prensa en diciembre del año anterior, que no se le tomaran fotografías o imágenes de televisión. Pese a esto, su imagen apareció publicada, tanto en periódicos como en televisión, al día siguiente de haber efectuado la petición.
Por la tarde, el director general de la Policía, Ángel Olivares, visitó el hospital para interesarse por la evolución del inspector jefe Nieto. Allí aprovechó para destacar las cualidades profesionales de éste y explicó que el atentado había provocado un gran dolor entre sus compañeros del Cuerpo. También el gobernador civil de Guipúzcoa, Juan María Jáuregui, tuvo palabras de elogio para Enrique Nieto, explicando que era un colaborador directo suyo y que la noche anterior habían estado reunidos para tratar asuntos profesionales. El presidente de la Audiencia Provincial, Joan Cremades, además de jueces como Fernando Andreu o fiscales como Luis Navajas se personaron en el hospital, ya que conocían al inspector jefe por su trabajo como responsable de la Policía Judicial y habían mantenido estrecho trato con él. Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez que había sido asesinado ese mismo año y Consuelo Ordóñez, hermana del político asesinado, acudieron en varias ocasiones al hospital para visitar a Enrique Nieto y seguir su evolución.
El director general de la Policía, Ángel Olivares, expresó en referencia a la acción terrorista que "éste es un atentado muy especial, porque habíamos depositado muchas esperanzas en Enrique Nieto dentro de la lucha contra ETA en Guipúzcoa". El día anterior al atentado que dejaría a Enrique Nieto en estado de coma se había cumplido un mes desde el secuestro por parte de ETA del industrial José María Aldaya. Por este motivo Inaxio Altuna, portavoz de la familia Aldaya, manifestó que el atentado aumentaba la inquietud en la familia del secuestrado. Por su parte,Herri Batasuna justificó el crimen con su propaganda habitual, culpando al Estado por no ceder ante el chantaje asesino y tendiendo siempre los puentes de la negociación, achacando "la grave responsabilidad política de quienes se están empeñando en prolongar la situación de confrontación violenta en Euskal Herria con el Estado, aplastando por la vía policial y represiva los derechos y reivindicaciones de este pueblo".
Desde el sindicato policial de la Unión Federal de Policía (UFP), se reclamó a los políticos que dejasen "su afán de protagonismo estéril para afrontar la realidad que la sociedad demanda", mientras que la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), criticó también a los distintos partidos por continuar con sus "discursos de comprensión y mano tendida", así como con sus "ambigüedades". Herri Batasuna fue la única fuerza política del Parlamento Vasco que no suscribió una declaración institucional de condena al atentado, ausentándose cuando ésta tuvo lugar. Además, fueron miembros de su entorno los que colocaron carteles en la parte vieja de San Sebastián con las fotografías de dos de los testigos del crimen, junto con una clara amenaza: "Txibatoak etorriko zizue bueltan", "Chivatos, ya os tocará" (Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010).
En 1998 la Audiencia Nacional condenó a 30 años y cuatro meses de prisión al etarra Valentín Lasarte por el asesinato del policía Enrique Nieto Viyella, contemplando los delitos de atentado terrorista y de utilización ilegítima de vehículo de motor. El tribunal consideró probado que en mayo de 1995 Valentín Lasarte y dos miembros más del grupo Donosti de ETA "realizaron informaciones sobre las costumbres y el recorrido habitual de Nieto, y llegaron a la conclusión de que la mejor manera de llevar a cabo la acción era con una motocicleta". Según el fallo, Lasarte y los otros terroristas se trasladaron al Hotel Orly de San Sebastián, donde uno de ellos se quedó esperando mientras Valentín Lasarte y el tercer terrorista volvían a la vivienda de Enrique Nieto y se juntaban en el portal, esperando a que éste saliera de su casa. Valentín Lasarte "por la espalda y a corta distancia le disparó una sola vez a la cabeza con la pistola", lo que conllevaría la muerte del policía cuatro meses después de los hechos.
Además, en diciembre de 1996 era detenida Aránzazu Barrenetxea Bereziartúa, de 33 años, cuando trabajaba como empleada en la oficina del Censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en San Sebastián, organismo en el que estaba contratada desde 1988. Se le acusaba de haber facilitado a ETA datos personales sobre un centenar de potenciales objetivos, entre los que se encontraban el inspector jefe Enrique Nieto Viyella, el sargento de la Policía Municipal de San Sebastián Alfonso Morcillo y unos cincuenta guardias civiles del cuartel de Inchaurrondo, además del general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el empresario José Manuel Olarte, Plomos, el exjugador de fútbol José Antonio Santamaría Vaqueriza y otras personas cuyos nombres aparecían implicados en el Informe Navajas (El País, 13/12/1996).
En el caso del inspector jefe Enrique Nieto, los datos suministrados por la informadora de ETA no sólo sirvieron para cometer el atentado que acabaría con su vida, sino también para planificar, anteriormente, un primer atentado contra el policía que no pudieron llevar a cabo.
Barrenetxea había recibido instrucción en el manejo de armas en un monte de Navarra, pero finalmente su colaboración con la banda ETA se centraría en recabar información sensible sobre futuros objetivos, gracias a su puesto en el INE, que le permitía tener acceso a datos sobre personas de cualquier parte de España, como por ejemplo DNI, domicilio, formación, puesto de trabajo, etc. La colaboradora de ETA estaba siendo investigada por la Policía desde que en 1993 fuera desarticulado el grupo Txomin Iturbe. Por aquel entonces se localizó un piso en Pamplona donde fueron encontradas armas y documentación, así como una carta de Francisco Javier Chimeno Inza en la que mostraba su preocupación por lo que podría suceder si las Fuerzas de Seguridad detuvieran a Aránzazu Barrenetxea, ya que ésta había hecho acopio de una gran cantidad de información que podría desembocar en una gran operación policial si ella era capturada. María Aránzazu Barrenetxea acabaría siendo condenada a siete años de prisión por el Tribunal Supremo, por su colaboración con los grupos Donosti y Txomin Iturbe de ETA.
Sin embargo, lo sucedido con Barrenetxea Bereziartúa no es un caso aislado en la historia de cómo ETA ha logrado introducir a miembros y colaboradores en distintos puestos de la Administración a lo largo de su historia. En junio de 1996 se supo que Rubén Egaña Zumeta, condenado a seis años por colaboración con ETA, había sido contratado por la Delegación del Instituto Nacional de Estadística de Guipúzcoa, para la actualización del Censo. En 1995 la Audiencia Nacional condenó a Alfonso Castro Sarriegui, exmiembro de la Policía Municipal de Rentería, a 18 años de cárcel por su colaboración en el asesinato de Raúl Suárez Fernández. En 2004 Laura Riera fue condenada a 9 años de prisión por su colaboración en atentados como el que le costó la vida al concejal del PP en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado. Riera, que trabajaba en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, tenía acceso a los datos sobre los vehículos de las víctimas, a través de la base de datos de la Dirección General de Tráfico. En 1987 la Policía detuvo en Galdácano a dos miembros de ETA acusados de facilitar información a la banda. Se trataba de Félix Santamaría Azaola y Aitor Jugo Álvarez, el primero de los cuales era funcionario de Hacienda para la Diputación Foral mientras que el segundo había trabajado en ese departamento en el pasado. En 1988 fueron detenidos Asier Elguezábal y Yolanda Aldama, acusados de colaboración con ETA. El matrimonio fue puesto en libertad, pero un documento etarra incautado dos años más tarde demostraba que habían trabajado para ETA suministrándole información. Él era hijo de un alto cargo del Gobierno vasco y ella empleada de la Dirección de Tráfico.
Enrique Nieto Viyella era natural de Infiesto (Asturias) y tenía 46 años en el momento de su muerte. Estaba casado y tenía dos hijas de 18 y 20 años. En una carta enviada por su tía María Elena Viyella a La Nueva España en 2009, se refería a él como un joven simpático y cariñoso. Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1972 y desde 1990 era jefe de la Brigada Judicial de San Sebastián y responsable de la Unidad Territorial Antiterrorista de Guipúzcoa. Anteriormente había estado destinado en Madrid y Oviedo, y llevaba viviendo y trabajando en el País Vasco desde 1985. A lo largo de su brillante trayectoria profesional había sido objeto de unas cuarenta felicitaciones públicas y le había sido concedida la Medalla al Mérito Policial con distintivo rojo.
En junio de 2000, según Real Decreto 1188/2000, le era otorgada la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo y en 2005, también a título póstumo y con carácter honorífico, según Real Decreto 308/2005 Enrique Nieto Viyella era ascendido al cargo de Comisario.
