Las prisiones para enfermos de VIH-SIDA

por Dania Virgen García.

En Cuba existen cinco prisiones de enfermos de VIH-SIDA: en San José de las Lajas  (Mayabeque), Santa Clara, Camagüey, Holguín, y Santiago de Cuba. En ellas, los reos son severamente maltratados por los funcionarios de orden interior, y los jefes de estas prisiones. Los enfermos son despreciados y sometidos a torturas sicológicas, y física,  constantemente. Los más afectados por estos maltratos son los homosexuales. 

Estos enfermos tienen una mala alimentación, en ocasiones putrefacta. Jamás aparece la carne de res  en sus bandejas.

En estas prisiones abundan los jóvenes con edades  entre 17 y 25 años. Estos presos son tratados como animales, por lo que  la mayoría intentan contra sus vidas, por encontrarse arrinconados, y no soportar las humillaciones y los maltratos de los FOI. Los jefes de estas prisiones, conjuntamente con los jefes de logísticas, roban la alimentación de los presos.  La atención médica es pésima. Tienen que sobrevivir con los medicamentos que les llevan sus familiares.

Entre los reos se han  presentado brotes de gripe y de sarna. Para la gripe, solo les suministran cocimientos.

Cuando se quejan ante las autoridades penales, toman represalias contra los reclusos. Les manifiestan que ellos han cometido delitos, y son los que están contagiados con la enfermedad, que no tienen derecho a reclamar, y tienen que conformarse con vivir así.

En las prisiones no existe el reactivo para los retro virales y los CD-4 los oficiales de la prisión les manifiestan que en el país no los hay.

Recientemente en la prisión de San José de las lajas, un joven de 27 años de edad, Wilfredo Pérez García,  fue apuñalado por otro reo,  llamado Alexander Ramos Cabrera, un reo sancionado a más de 50 años, a quien los guardias y jefes de esta prisión le tienen miedo y le permiten hacer todo lo que se le antoja. Refiere la madre de la víctima que los guardias estaban presentes y no intervinieron en la riña. El cuchillo que utilizó el agresor fue de fabricación artesanal. La madre del reo herido nunca fue informada por el jefe de la prisión, y fue amenazada.

Después de que varios reos realizaron llamadas telefónicas para informar a la prensa independiente sobre el caso, cuatro de ellos fueron severamente golpeados y trasladados  para distintas  prisiones de  VIH-SIDA, sin sus pertenencias. Los reos Michel Benítez González y Obi Cortéz Ramos fueron trasladados para la provincia de Holguín,  Yosnier Sánchez Secade, para la prisión de Villa Clara y Raili Yopis Miralles, para la prisión de Camagüey. Antes de de ser trasladados, todos fueron a parar a la prisión del VIH-SIDA, de Villa Clara. Cuando llegaron, el recibimiento fue una golpiza severa, y uno de ellos fue enviado a celda de castigo.

Otro de los casos, que sigue en condiciones reprobables es el del recluso Ariel Acosta Farada, alias El Bolo, de 28 años de edad,  que sigue en mal estado de salud, con  una isquemia cerebral que lo dejó con el lado izquierdo paralizado.

dania@cubadentro.com

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Un pinchacito a la burbuja estatal

por Juan Ramón Rallo.

Entre 2001 y 2007 se fueron gestando en España no una sino tres burbujas: la burbuja financiera, la burbuja inmobiliaria y la burbuja estatal. La burbuja financiera –la enorme expansión crediticia que llevaron a cabo los bancos gracias a la manipulación de los tipos de interés que efectuó ese monopolio público llamado Banco Central Europeo– engendró la burbuja inmobiliaria y, a su vez, la burbuja inmobiliaria, en tanto en cuanto dio lugar a un hinchazón de la actividad que disparó los ingresos tributarios, dio lugar a la burbuja estatal.

Puede que por burbuja financiera e inmobiliaria todos entiendan perfectamente a qué nos referimos. Pero, ¿qué es la burbuja estatal? La burbuja estatal consiste en haber creado una estructura del sector público mucho más inflada y sobredimensionada de la que la economía privada puede sufragar. Y es que durante los años ilusoriamente felices de la burbuja inmobiliaria, la recaudación fiscal aumentó casi un 70%, lo que llevó a los políticos a comprometer unos niveles absurdamente elevados de gastos que nos fueron imposibles de mantener cuando esta pinchó.

Son muchos los estatistas que argumentan que nuestro sector público fue extremadamente austero durante los años del boom económico porque incluso acumuló un cierto superávit durante tres ejercicios consecutivos. Mas tal aserto es simplemente fruto de una tergiversación cortoplacista de los hechos. Imaginen que a un tipo le toca un millón de euros en la lotería y ese mismo año asume una hipoteca con una letra anual de 900.000 euros. ¿Diríamos que esa persona ha sido prudente y austera por el hecho de que, durante el primer año, exhibiese un superávit de ingresos sobre gastos de 100.000 euros? No, diríamos que esa persona se ha suicidado financieramente.

Pues lo mismo le sucedió a nuestro Estado: pese aque la gran mayoría de sus ingresos eran extraordinarios y no recurrentes, sus gastos se inflaron con la idea de no reducirlos jamás. De hecho, si algo sucedió durante la crisis es que, si bien la recaudación derivada de la burbuja inmobiliaria desapareció en gran parte, los gastos totales del Estado continuaron creciendo. Fue así como, en un par de años, pasamos de un superávit del 2% del PIB a un déficit superior al 11%. Es decir, en dos años el Estado pasó de ahorrar 20.000 millones de euros a endeudarse por más de 110.000 millones: ¡para que luego digan que necesitamos todavía más planes de “estímulo” de la demanda!

No, lo que necesitamos es pinchar la última de las burbujas que ni siquiera hemos comenzado a pinchar: la estatal. Fruto del enorme desequilibrio entre ingresos posburbuja y gastos burbujísticos, los ahorradores temen razonadamente que nuestro país pueda entrar en suspensión de pagos, lo que les está llevando a huir en desbandada hacia el extranjero (por eso, por ejemplo, Alemania o Francia han llegado a pagar tipos de interés negativos por su deuda a corto plazo).

Hasta la fecha, sin embargo, tanto Zapatero como Rajoy intentaron mantener el Estado sobredimensionado fruto de la burbuja inmobiliaria mediante un saqueo más sistemático y desacomplejado de las haciendas de todos los españoles. Sin ir más lejos, en apenas unos meses Rajoy elevó los tipos de nuestro IRPF hasta los niveles más altos de Europa, suprimió la mayoría de beneficios fiscales dentro del Impuesto de Sociedades y, ahora, ha incrementado el IVA hasta el 10% (tipo reducido) y 21% (tipo general). Se trata, pues, de exprimir mucho más al ciudadano para que los políticos puedan seguir gastando a manos llenas, tal como lo hacían durante la insostenible etapa del boom artificial.

Sin embargo, este miércoles pudo empezar a cambiar algo desde el Congreso. Por primera vez desde su llegada al Gobierno, Rajoy ha recortado gastos de verdad (no como los demagogos y falsos recortes precedentes que no hacían más que bajar los desembolsos en un lado para aumentarlos en otro). No es mucho –tirando muy por lo alto, apenas 20.000 o 25.000 millones al año, frente a un déficit total que supera los 90.000 millones– pero podría ser un primer paso. Eso sí, dada la decepcionante trayectoria acreditada por Rajoy hasta el momento, también podría quedarse en el último paso, la última concesión, que está dispuesto a dar el PP en aras de la consolidación fiscal, de un modo muy parecido a lo que sucedió con el tijeretazo de ZP. Si así fuera, a España no le quedaría probablemente otro remedio que suspender pagos.

Sucede, pues, que si Rajoy no opta por pinchar de manera controlada pero veloz la burbuja estatal –por recortar muchos más gastos con más intensidad– esta terminará explotando de manera caótica y se nos llevará a todos por delante. El tiempo corre en nuestra contra y de momento el Gobierno sólo ha sabido subir sangrantemente los impuestos y rebajar tímidamente algunos gastos. Esperemos que, después de la sesión del miércoles, haya un cambio de estrategia. Es la última oportunidad que tendremos.

Nuevas desamortizaciones

por Carlos Rodríguez Braun.

La privatización de empresas públicas es la forma contemporánea de las desamortizaciones de los siglos XVIII y XIX. Se trata en ambos casos de fenómenos mistificados. Así, los procesos desamortizadores son saludados como hitos de la modernización, de creación de una burguesía o una clase media de propietarios agrícolas medianos o pequeños, cuando en realidad fueron una pura maniobra de las autoridades, fundada en la violación de la propiedad, con el propósito de consolidar el poder político, legitimar su coacción y obtener mayores ingresos, para amortizar la deuda pública o hacer frente a otros gastos, mediante usurpaciones no demasiado evidentes para el gran público o incluso aplaudidas por él.

Con las privatizaciones pasa lo mismo. Si en los años 1980 muchos gobiernos privatizaron empresas públicas de electricidad, telefonía o aeronavegación, por ejemplo, no se debió a un mayor apego a la libertad sino a la necesidad de aumentar los ingresos, además de por la vía tributaria, para a su vez aumentar notablemente el gasto público en el Estado de Bienestar. Esa dinámica se revela insostenible cuando estalla la crisis, y entonces se vuelve a hablar de privatizaciones, como en el caso de Renfe, AENA, o Loterías. La legitimidad de estas operaciones está abierta a cuestionamientos varios, empezando por su mera posibilidad –es difícil privatizar infraestructuras, ferroviarias o de cualquier otro tipo, que jamás serán rentables. Pero en esencia se trata, como siempre, de estratagemas políticas. Eso es lo que explica que se haya dudado a la hora de privatizar la Lotería (en vez de privatizar y liberalizar todo el juego, en lo que reveladoramente nadie piensa), para no obtener un precio jugoso, en cuyo caso los políticos deberán seguir subiendo los impuestos; nos juran que no desean hacerlo, pero no puede ser casual que todos terminen haciéndolo: está claro que ello deriva de que calculan que la reducción del gasto necesaria para enjugar el déficit sin subir los impuestos les representaría un coste político superior al que soportan elevando la presión fiscal. Y es lo que explica que, entre cánticos a la privatización e incluso (pásmese usted) al liberalismo, jamás ningún político de ningún partido haya planteado abiertamente la privatización (o cierre, en su caso) de todos los medios de comunicación públicos.