Policía política cubana promete más represión hoy. Roberto de Jesús Guerra Pérez

Por Roberto de Jesús Guerra Pérez/ Hablemos Press.

La Habana, 24 de noviembre.Agentes de la policía política cubana llevan días citando a opositores y activistas por los derechos humanos para estaciones policiales con el fin de intimidarlos y anunciarles sobre la represión de hoy.

El hecho es que los 24 de cada mes, fue declarado como Día de la Resistencia en Cuba y grupos opositores han acordado realizar diferentes actividades a lo largo de todo el país.

El vocero del Movimiento Opositores por una Nueva República, Neldo Iván Echevarría, dijo el miércoles a Hablemos Press, “José Díaz, Joel Arteaga y otros del movimiento ya fueron citados por agentes de la policía política, quienes le aseguraron que el 24 habrá más represión si realizan actividades”.

Agentes le expresaron lo mismo al disidente Rodolfo Ramírez Cardoso, líder del Movimiento Línea Pacifica Democrática.

Héctor Julio Cedeño, un periodista independiente que fue arrestado en tres ocasiones, entre los días 17 y 20, señaló que agentes lo amenazaron con seguir deteniéndolo a él “y a todo el que intente realizar una actividad”.

La represión del régimen castrista para impedir actividades de la oposición ha dejado en este año 3022 detenciones.

“El régimen está muy asustado. Tienen miedo de que pueda haber un estallido, y por eso no hace más que reprimir”, dijo Cardoso.

El 24 de octubre, en diferentes provincias del país varias organizaciones convocadas por el Frente Nacional de Resistencia y Desobediencia Civil Orlando Zapata Tamayo, realizaron acciones que produjeron varios detenidos.

Firma por la Libertad y los Derechos Humanos en Cuba.

Entrevista a Luis Garicano, catedrático de Estrategia y Economía en la London School of Economics. Carlos Herrera

Luis Garicano

Carlos Herrera

Escuchar entrevista en Onda Cero.


Fuente: Nada es Gratis.

Transición política en Marruecos. Javier Tajadura Tejada

Frente a la violencia extrema que ha envuelto la caída del régimen libio y que actualmente emplea el dictador sirio para garantizar su supervivencia, o frente a la incertidumbre sobre el puerto hacia el que se dirige el Estado egipcio, en Marruecos existe una hoja de ruta hacia la parlamentarización de su monarquía.

La reforma constitucional de julio ha supuesto un gran avance en la senda de la democratización. Con ella se ha producido una significativa transferencia de poderes del monarca al Parlamento. El rey ha perdido el derecho a nombrar jefe de Gobierno y está obligado a designar para el cargo a la persona que goce de más amplio respaldo en la cámara. Será la mayoría parlamentaria surgida de las elecciones de mañana la que decida quién será el jefe del Gobierno. Y será esa mayoría la que apruebe las leyes, estando el monarca obligado a promulgarlas. De esta forma, el Parlamento del Reino de Marruecos se configura como una asamblea representativa dotada de los poderes que le son propios desde la perspectiva del constitucionalismo democrático.

Constituiría un formidable ejercicio de falsificación de la realidad el pretender negar estos avances. Ahora bien, a pesar de ellos, es cierto que el modelo resultante no se corresponde plenamente con lo que entendemos por monarquía parlamentaria, esto es, un sistema en el que “el rey reina pero no gobierna”. Y ello porque tras la reforma el rey conserva todavía poderes importantes: es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el presidente del Consejo Nacional de Seguridad. La defensa del Estado, tanto frente a ataques provenientes del exterior como del interior, sigue siendo una prerrogativa regia exclusiva. En situaciones de “excepción”, el jefe del Estado puede incluso asumir la plenitud de poderes de manera transitoria de forma similar a lo previsto por la Constitución francesa. Por otro lado, en un Estado en el que el islam es la religión oficial, aunque se reconozca la libertad de cultos, el rey se configura como el Comendador de los Creyentes, el jefe espiritual de la comunidad religiosa. Finalmente, la propia institución monárquica está blindada.

La posición constitucional de Mohamed VI presenta, pues, diferencias notables respecto a los monarcas parlamentarios de Europa, pero la monarquía parlamentaria se configura como el horizonte último del proceso democratizador de Marruecos. Las reformas del último año son un paso notable en la dirección correcta. Resulta injusto condenarlas por no haber llegado a su meta final.

España debe apoyar activamente a Marruecos en su transición política a la democracia. Transición que permitirá además resolver el contencioso del Sáhara de la única forma realista posible, reconociendo a la población afectada una amplia autonomía política en el seno de un Estado marroquí democrático y descentralizado.

El origen del conflicto, como es sabido, se remonta a la Declaración del 14 de noviembre de 1975 por la que España -mientras Franco agonizaba-, puso fin unilateralmente al ejercicio de sus facultades como potencia administradora del territorio. Cuatro décadas después, las circunstancias políticas, sociales y económicas son muy distintas. En la España de hoy, el asunto del Sáhara debe ser abordado como una cuestión de Estado articulada en torno a dos principios, realismo y justicia, que no son incompatibles. Desde el punto de vista jurídico, los saharauis tienen reconocido por el ordenamiento internacional el derecho de autodeterminación, pero ese derecho puede ser satisfecho de diferentes modos. El objetivo del mismo no puede ser otro que mejorar el nivel de vida de las poblaciones afectadas. De lo que se trata es de garantizar unas condiciones de vida dignas y el respeto a los derechos fundamentales de los habitantes del Sáhara. Y desde esta óptica, es preciso reconocer que un ejercicio del derecho de autodeterminación que condujera a la formación de un nuevo Estado independiente no permitiría en modo alguno cumplir esos propósitos. Un Estado con un territorio de 250.000 kilómetros cuadrados y una población que no llegaría a los 300.000 habitantes estaría condenado a ser un Estado fallido que solo con la asistencia internacional podría garantizar su funcionamiento. El temor de que Al Qaeda encontrara en él una base de operaciones no es infundado y se ve confirmado por el lamentable secuestro de dos cooperantes españolas.

Por ello, es preciso subrayar que el derecho de autodeterminación también puede ejercerse mediante la aceptación de la integración en otro Estado con un régimen de autonomía política. Esta es la propuesta que Marruecos presentó en 2007 al secretario general de las Naciones Unidas y que fue calificada por el Consejo de Seguridad como una iniciativa “seria y creíble”. Desde la perspectiva del federalismo comparado, y cotejando el contenido de la propuesta con normas equivalentes de otros Estados (por ejemplo, estatutos de las comunidades autónomas españolas), el proyecto de Estatuto del Sáhara cumple los requisitos necesarios para articular funcionalmente la autonomía política de la región.

La fórmula es plausible y merece en líneas generales una valoración muy positiva. Marruecos está dispuesto a negociar el contenido de la propuesta con la otra parte, a mejorarla, y a integrar el acuerdo alcanzado en su Constitución, esto es, a dotar a la autonomía del Sáhara de las máximas garantías jurídico-políticas.

Existen diferencias estructurales y funcionales en el cerebro de los psicópatas. César Tomé

En muchos sistemas penitenciarios el fin del encarcelamiento es la reinserción del preso en la sociedad. ¿Es esto siempre posible, al menos teóricamente? ¿Puede reinsertarse un psicópata?

La comparación de imágenes de cerebros de reclusos diagnosticados como psicópatas y otros, con los mismos delitos, pero sin ese diagnóstico muestran importantes diferencias. La localización de estas diferencias podría explicar el impulsivo comportamiento antisocial de los psicópatas. El estudio, encabezado por Julian Motzkin, de la Universidad de Wisconsin en Madison (EE.UU.), se ha publicado en el Journal of Neuroscience.

La investigación se basa en un trabajo previo de otros dos coautores, Newman y Koenig, que muestra que la toma de decisiones de los psicópatas es muy parecida a la de personas con daños en el córtex prefrontral ventromedial (CPFVM), lo que indicaría que los problemas con esta parte del cerebro están asociados con la psicopatía. Esta demostración indirecta se vuelve directa en el estudio que nos ocupa, y pone de manifiesto que existe una anormalidad cerebral específica asociada a la psicopatía criminal.

Activación del CPFVM

En concreto los datos obtenidos apuntarían a que los psicópatas presentan una reducción en las conexiones entre el CPFVM, la parte del cerebro responsable de la empatía y la culpa, y la amígdala, que media en el miedo y la ansiedad. Para llegar a esta conclusión se recogieron dos tipos de imágenes. Las obtenidas con tensor de difusión (tractografía DTI) muestran una reducción en la integridad estructural en las fibras de materia blanca (axones) que conectan ambas áreas, mientras que las obtenidas por resonancia magnética funcional (fMRI), que detectan la actividad del cerebro, señalan una menor actividad coordinada entre el CPFVM y la amígdala. Es decir, CPFVM y amígdala no se están comunicando como debieran.

El estudio se realizó en una cárcel de seguridad media del estado de Wisconsin empleando escáneres portátiles. Se realizaron mediciones de 40 presos que habían cometido delitos similares, de los que 20 habían sido diagnosticados como psicópatas.

La combinación de anormalidades estructurales y funcionales parece demostrar bastante bien que la disfunción observada en el circuito social-emocional es una característica estable de los reclusos psicópatas. Independientemente de que el estudio haya de reproducirse y obtener más datos, ¿debe un sistema penitenciario tratar a todos los presos por igual e intentar reinsertar a una persona cuyo cerebro no está preparado para ello?

Referencia:
Motzkin J, Newman JP, Kiehl K, Koenigs M. (in press) Reduced prefrontal connectivity in psychopathy. Journal of Neuroscience.

La cartilla de racionamiento. Angélica Mora

Angélica Mora

Nueva York.

Apuntes de una Periodista


Venezuela a la cubana.

Apróntese los venezolanos. Hugo Chávez Frias estará enfermo, pero eso no lo detiene en su terco propósito de convertir a la nación de Bolívar en una segunda Cuba.

¿Que me falta?, se debe preguntar en los momentos en que su cuerpo recibe las presumibles dosis de químicos para luchar contra su misterioso cáncer.

¡Ah, por supuesto, crear la libreta de racionamiento!
Y para allá va, luego de haber congelado los precios de 18 alimentos básicos en Venezuela.
La medida no es para proteger al consumidor, sino para poder imponer la famosa libreta con que su mentor Fidel Castro y ahora su Designado Raúl, someten a la población en la Isla de la Felicidad.

El agua natural, jugos de fruta, cloro, jabón, lavaplatos líquidos, limpiadores, champú, desodorantes, papel higiénico y pañales desechables, fabricados por multinacionales y otras, entrarán en el redil impuesto por Chávez, dañando gravemente entre otras, a la empresa que el odia tanto, Alimentos Polar.

Dice Chávez que congeló los precios de estos 18 productos para "frenar" la galopante inflación. Desequilibrio económico que el mismo ha provocado en estos 13 años al frente de Miraflores, en que ha regalado el dinero en el extranjero y ha privado a sus compatriotas de lo mínimo para poder vivir decentemente.

La aberrante congelación entró en vigor con la nueva Ley de Costos y Precios "Justos" le da a Chávez la muñeca "justa" para manipular y conducir al país a la libreta de racionamiento y de paso ahuyentar a la empresas internacionales para que no sigan trabajando en Venezuela.

En Venezuela, la inflación cerró en el 2010 en un 27,2%. Hasta octubre acumula un 22,7%, la más alta en la región y en el mundo.

Por supuesto, el Mandatario venezolano culpa a empresas "imperialistas" y no a él, del caos sin salida que vive la nación.
Sin embargo, sigue realizando negocios que perjudican al país. Este miércoles firmará una nueva línea de financiamiento con China por 4.000 millones de dólares para proyectos petroleros.
(Pekín ha concedido anteriormente a Caracas empréstitos por más de 30.000 millones de dólares).
No se ha indicado a dónde han ido parar los anteriores millones y a dónde estará destinado este nuevo chorro de dinero, proveniente del oro negro.

Sin embargo, lo de la Libreta de Abastecimientos es cosa de esperar un poco, que "ya viene llegando".

Muertos y heridos en prisión de las tunas. Dania Virgen García

(www.miscelaneasdecuba.net).- Desde la prisión de Las Tunas informó el preso político Luis Enrique Labrador Díaz, presidente del movimiento La Fuerza de la Verdad, que en los últimos meses ha habido varios presos muertos y heridos por negligencia de los funcionarios de orden interior.

El 17 de noviembre, en horas de la tarde, en el destacamento A, un recluso apuñaló a otro, que perdió la vida. El occiso, de 21 años, se apellidaba Pérez Cisneros y era de la provincia de Las Tunas. El agresor se llama Yosmendi Hugo, de 22 años, de Ciego de Ávila.

El día 12 de noviembre se produjo una riña tumultuaria entre los reos, donde hubo varios heridos. Uno de ellos, llamado Pavel Hernández, quien recibió cuatro puñaladas, se encuentra muy grave. Al reo Daniel Escalona le quemaron el rostro y una mano. Otros dos reos se encuentran lesionados.

Refiere el reo Luis Enrique, que en este año han habido cinco reclusos muertos en la prisión. El preso Roilan Ramírez del Toro, de la provincia de Las Tunas fue asesinado por el funcionario de orden interior Julio Escobar. Mes y medio después, también fue asesinado el reo Esteban Pérez Tamayo de la misma provincia, del pueblo Buena Vista. El 24 de junio el reo Yosvany Escobar Romero se ahorcó en una celda de castigo, en estado de embriaguez y empastillado, después de que fuera golpeado severamente por los guardias.

El 17 de octubre Reinaldo Tamayo también se ahorco en una celda de castigo en estado de embriaguez. Y el 17 de este mes perdió la vida otro reo en circunstancias no esclarecidas.

Labrador Díaz refiere que en el año 2003 hubo 16 presos muertos. Por entonces, se encontraba de director de dicha prisión el Mayor Machado, quien ahora es el vice director de las prisiones de la provincia.

Sigue acoso en prisión contra hijo de periodista exiliada. Dania Virgen García

Fuente: Cuba democracia y vida

Desde la Prisión de Guanajay, Artemisa, donde se encuentra recluido, el presidente del Movimiento 10 de diciembre, Raúl Rodríguez Soto informó que sigue el acoso contra su persona.

Según Rodríguez Soto, hace varios días se personaron en su celda el Tte. Reinier, de la Seguridad del Estado y el Director de la Prisión, y lo retrataron sin dar explicaciones.

Raúl Rodríguez Soto es hijo de la poetisa y periodista exiliada Adela Soto, quien trabaja actualmente en Miami en la Brigada 2506.

El recluso presenta múltiples de enfermedades que se han dado a conocer ante la opinión pública internacional, por lo que su familia ha reclamado ante el gobierno cubano la licencia extrapenal, pero le ha sido denegada.


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Firma por la Libertad y los Derechos Humanos en Cuba.

Richard Heskox (1949)

Poseidon’s Daughter


Lethe


Fuente: American Gallery.

Por encima de la ley. Alberto Méndez Castelló

PUERTO PADRE, Cuba, noviembre (www.cubanet.org) – Introducir en la parte trasera de una furgoneta completamente cerrada, y luego encapucharlo para impedirle ver hacia dónde era conducido, fue el método de detención empleado aquí por miembros de Seguridad del Estado provenientes de Las Tunas, para intimidar a un periodista independiente, e impedirle viajar a Banes con el propósito de reportar sobre el primer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo.

Y más dramáticos resultan los atropellos que sufren las Damas de Blanco para impedirles realizar sus citas cívicas dominicales. En cualquier lugar del país donde los opositores políticos, activistas de derechos humanos, o la prensa independiente intenten cumplir con su deber, antes, durante o después, allí estará la policía política para prohibirles viajar, o ya en el lugar de la convocatoria realizar una redada contra ellos y abandonarlos en remotos parajes. Prohibir a un ciudadano frecuentar determinado lugar no está entre las facultades de un policía, ni siquiera las del Ministro del Interior.

Igual sucede con la prohibición de residir en un lugar, o la obligación de permanecer en una localidad específica. Tales prohibiciones están conceptuadas como sanciones accesorias, y sólo los tribunales tienen la facultad de imponerlas, mediante debido proceso.

Sólo un tribunal puede sancionar a un individuo por la comisión de un delito. Y sólo el tribunal puede prohibirle frecuentar un lugar u obligarlo a permanecer en él.

La actuación de la policía se limitará a hacer cumplir la sentencia. Pero sin un fallo judicial, ninguno puede prohibir a un ciudadano frecuentar el lugar que desee, siempre que no incurra en delito; en cuyo caso se deberá proceder por la comisión del mismo, y no por la permanencia en el sitio.

Algo similar ocurre con la sanción accesoria de destierro, conceptuada en el artículo 42 del Código Penal, consistente en la obligación de permanecer en una localidad específica, o la prohibición de residir en otro lugar; prerrogativas éstas de un jurado, y no de un jefe de policía, independientemente de su jerarquía.

Por consiguiente, cuando un policía, sin obrar sentencia judicial prohíbe frecuentar lugares del territorio nacional a cualquier ciudadano; por ejemplo, que una mujer de Santiago de Cuba vaya a una iglesia en La Habana; o pretende que un bloguero permanezca en su casa de Holguín, ese policía está cometiendo un delito previsto en el artículo 279.1 del Código Penal, donde se expresa: “El que, sin tener facultad para ello, y fuera de los casos y las condiciones previstas en la ley, priva a otro de su libertad personal, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años.

Contra los policías, incluso contra el ministro del Interior si se le ocurriera ocupar el lugar de los tribunales, disponiendo la aplicación de sanciones de destierro, o la prohibición de visitar el lugar que uno escoja, es posible formular denuncias por la comisión de delitos contra los derechos individuales.

Muchos lectores bien informados, o escépticos, dirán que este andamiaje legal funciona solamente donde las capuchas de los secuestradores no están entre los instrumentos de trabajo de la policía, y donde los jueces no integran un partido único. Y no les falta razón. Queda demostrado una vez más que en las dictaduras el gobierno se ejerce fuera de las leyes del propio país.