Héroes, 9 de mayo: Manuel López González, Juan Marcos González, Antonio Moreno Núñez, Francisco Álvarez Gómez y Alfonso Parada Ulloa

Libertad Digital.

A las seis de la mañana del 9 de mayo de 1978 el guardia civil MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ, acompañado de otros tres compañeros, entre ellos su hermano Francisco, resultó herido de gravedad en un atentado perpetrado por miembros de la banda terrorista ETA en Pamplona. Regresaban de realizar un servicio en la estación de Renfe en la capital navarra y se dirigían en un vehículo oficial hacia la Comandancia del Instituto Armado.
Cuando se encontraban cerca de los Jardines de la Taconera explotó una bomba depositada junto a una farola que fue activada a distancia. La explosión arrancó de cuajo la farola y levantó varios metros de bordillo de la acera. La carga -unos cinco kilos de Goma 2- destrozó materialmente el Land Rover de la Guardia Civil, afectando principalmente la parte delantera y lateral.
Resultaron heridos, además de Manuel, el cabo 1º de la Guardia Civil Juan Díez Resano, de 29 años, natural de Carcastillo (Navarra) y casado; Agustín Hernández Martín, de 31 años y natural de Villasbuenas (Salamanca); y el hermano de Manuel, Francisco López González, cacereño de 27 años, casado y con un hijo. Fueron atendidos por otros cinco guardias civiles fuera de servicio que, en el momento del atentado, se encontraban por la zona en otro automóvil. Ellos mismos trasladaron a Manuel al Hospital Provincial. La metralla le había alcanzado la artería aorta y se encontraba en estado muy grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos, falleció pocas horas después.
Su capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Guardia Civil de Pamplona. ETA reivindicó el atentado manifestando "su firme decisión de poner todos los medios militares a su alcance, para evitar que el pueblo trabajador vasco se vea imposibilitado a acceder a la verdadera democracia política". A día de hoy no se sabe quién asesinó a Manuel.
El 10 de mayo se ofició un funeral en la Iglesia de los Paules de Pamplona, al que asistieron el subdirector general de la Guardia Civil, el capitán general, gobernadores civil y militar y otras autoridades. Al finalizar, unas mil personas se manifestaron bajo la pancarta "No más muertos de ETA". Los manifestantes portaban banderas españolas y corearon gritos de "Unidad nacional" y "ETA cobarde". En la plaza del Castillo apedrearon la sede del PNV y en el Ayuntamiento exigieron que la bandera se pusiera a media asta.
Posteriormente hubo incidentes gravísimos en el Casco Viejo protagonizados por grupos de la izquierda radical que posteriormente darían lugar al nacimiento del grupo terrorista Iraultza (Revolución). Este grupo terrorista acercaría posturas políticas con ETA y Herri Batasuna en los ochenta. Los radicales se agruparon en el barrio de La Chantrea, donde cruzaron coches y autobuses y apedrearon a la Policía. Otro grupo de personas, esta vez de extrema derecha, con las caras cubiertas y porras, se enfrentaron a los anteriores. En total se produjeron unas cincuenta detenciones. Durante los enfrentamientos fue reconocido por radicales de izquierda Juan Eseverri Chavarri, subteniente de la Guardia Civil, que iba de paisano. Fue literalmente cosido a puñaladas y pateado en la calle Chapitela. Recibió más de diez puñaladas en tórax, cuello y mano y falleció el 17 de mayo. También resultó herido en los incidentes el agente de policía José Martín, que fue atacado por un grupo provisto de barras y objetos contundentes con los que le produjeron diversas heridas y la fractura de una pierna.
Manuel López González tenía 23 años y era natural de Cáceres. Llevaba sólo un año en la Guardia Civil y se iba a casar el mes siguiente con su novia, natural de Pamplona.
La noche de ese mismo 9 de mayo de 1978 la banda terrorista ETA ametralló un Land Rover de la Guardia Civil que prestaba servicio de protección al acuartelamiento de Intxaurrondo en San Sebastián. El vehículo, con cuatro agentes en su interior, realizaba una patrulla por los alrededores de las dependencias de la Guardia Civil. Al pasar por las cercanías del cementerio de Polloe, el Land Rover fue ametrallado por dos terroristas que dispararon desde una tapia de unos tres metros de altura que se encuentra junto a la carretera. Como consecuencia del tiroteo resultaron gravemente heridos el conductor del vehículo, JUAN MARCOS GONZÁLEZ, que fallecería poco después de ingresar en un centro sanitario, y Miguel Ángel Íñigo Blanco, que lo haría seis días después, el 15 de mayo.
En el lugar del atentado se encontró gran cantidad de casquillos de bala tipo parabellum. Los etarras huyeron a través del cementerio hacia la parte trasera, de fácil acceso a la autopista, desde donde emprendieron la huida en un vehículo que les esperaba.
Los otros dos agentes también resultaron heridos. Juan Jiménez Bermúdez, de Corite (Sevilla), tenía 23 años; y José Amado Juan, natural de Huelva, tenía 22 años. A pesar de las heridas, consiguieron saltar del vehículo y repeler la agresión.
En 1982 fueron condenados por este atentado los miembros del grupo Xenki de ETA Antonio García del Molino e Ignacio Apilañez Olalde a 50 años de cárcel cada uno. En la sentencia se establece que ambos estuvieron vigilando durante veinte días el recorrido de un Land Rover de la Guardia Civil. El 9 de mayo se ocultaron junto a la tapia del cementerio de Polloe en torno a las 23:00 horas de la noche. Cuando vieron que pasaba el vehículo con los cuatro agentes, los etarras abrieron fuego disparando varias ráfagas.
Juan Marcos González era de Llanes (Asturias). Tenía 20 años y estaba soltero. Su padre también fue miembro de la Guardia Civil, igual que uno de sus hermanos. Llevaba un año destinado en San Sebastián y estaba a la espera de conseguir el traslado a Galicia. La madre de Juan, María González Rodríguez, se enteró del asesinato de su hijo en su casa de Sarriá (Lugo). En febrero de 2007 recordaba en declaraciones a El Correo que hizo el viaje a San Sebastián por su cuenta "en un taxi que nadie me pagó. Nadie nos arropó, cuando llegamos nos encontramos la caja, nada más". Tiempo después falleció el hermano de Juan, "seguramente a consecuencia de aquello, porque siempre lo tuvo presente en la cabeza", señaló la madre.
A las nueve de la noche del 9 de mayo de 1980 ETA asesinaba en Santurce (Vizcaya) al policía nacional ANTONIO MORENO NÚÑEZ. Antonio se dirigía a su domicilio en Bilbao tras terminar su jornada laborar en la comisaría de Santurce. Circulaba por la calle Cervantes y, al llegar a la altura de la plaza de Vázquez de Mella y detener el vehículo, tres encapuchados que viajaban en otro coche lo acribillaron a balazos.
Antonio fue alcanzado por cinco impactos, uno de ellos en la cabeza. Su coche presentaba varios impactos de bala. Los disparos fueron escuchados por los miembros de una patrulla policial que se encontraba cerca. Cuando llegaron, no pudieron hacer nada por su vida. Los tres terroristas se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído a punta de pistola en el barrio de Repelega de la localidad vizcaína de Portugalete.
El cadáver del policía nacional fue trasladado al depósito del Hospital Civil de Bilbao, y la capilla ardiente se instaló en el cuartel de la Policía Nacional de Basauri. El funeral se celebró al día siguiente con la presencia del delegado especial del Gobierno en el País vasco, general Sáenz de Santamaría, y los gobernadores civil y militar de Vizcaya.
Concluido el acto religioso, el féretro fue llevado a hombros por varios compañeros de la víctima hasta el furgón fúnebre, que partió con destino al aeropuerto de Sondica para su posterior traslado, por vía aérea, hasta Málaga. De ahí, fue conducido por carretera a Gaucín, donde recibió sepultura.
ETA reivindicó la autoría a través de una llamada telefónica al diario Egin.
Antonio Moreno Núñez tenía 24 años. Estaba soltero y era natural de Cortes de la Frontera (Málaga). Estaba destinado en Bilbao, donde vivía con su madre, desde dos años antes de su asesinato. Prestaba servicio en la comisaría de Santurce.


El 9 de mayo de 1991, nueve horas antes de que diera comienzo la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo, ETA asesinaba en Ortuella (Vizcaya) al guardia civil FRANCISCO ÁLVAREZ GÓMEZ mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo.
Solía ir con su cuadrilla de amigos a un bar próximo a la estación de Renfe. Aquel jueves, al salir del bar y subirse a su coche, se activó el mecanismo de la bomba lapa. Eran las 15:00 horas. La violenta explosión arrancó de cuajo el techo del vehículo y lanzó el cuerpo del agente hacia las vías del ferrocarril, a varios metros de distancia de su coche. Vecinos del pueblo y un concejal socialista se enfrentaron a voluntarios de la Cruz Roja ante su negativa inicial a mover al herido, alegando que necesitaban el dictamen de un médico. Francisco fue conducido en una ambulancia al Hospital de Cruces, en Baracaldo, donde ingresó cadáver a las 15:20 horas, según informó una portavoz del centro médico.
La junta de portavoces del Ayuntamiento acordó retrasar 24 horas el comienzo la campaña electoral, prevista para las 12 de la noche de ese día. Los representantes municipales, en ausencia del portavoz de Herri Batasuna, decidieron también suspender durante el fin de semana las fiestas patronales. La ejecutiva de Vizcaya del PNV señaló que ETA había comenzado su campaña electoral "de la única forma que acostumbra, sembrando el dolor y la sangre".
En 1994 la Audiencia Nacional absolvió por falta de pruebas al miembro de la banda terrorista ETA Jesús María Mendinueta Flores. El etarra reconoció ser miembro del grupo Vizcaya de ETA, pero negó su participación en el asesinato del agente Álvarez Gómez. En las fichas policiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado figura que el etarra que presuntamente colocó la bomba-lapa fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi. Para ello contó con la información aportada por el etarra Juan María San Pedro Blanco, alias Jon,  detenido el 6 de junio de 1991 cuando se disponía a colocar otra bomba lapa en el vehículo de un policía. Cuatro años después, vencido el período máximo de prisión provisional, fue puesto en libertad y se dio inmediatamente a la fuga. Fue detenido de nuevo, esta vez en Francia, en marzo de 1999. En 2004 fue extraditado a España.
Francisco Álvarez Gómez tenía 38 años. Era de La Albuera (Badajoz), donde una calle lleva su nombre. Vivía en el País Vasco desde veinte años antes de ser asesinado. Estaba casado con una vecina de Ortuella, localidad de tradición minera, y allí nacieron sus dos hijos, de 9 y 15 años cuando mataron a su padre. Estaba adscrito al Servicio de Vigilancia Fiscal de la Guardia Civil y prestaba servicio en el Puerto de Bilbao. Su padre también había sido agente de la Benemérita.
Dos días después del asesinato en Pamplona del concejal de UPN Tomás Caballero, el 8 de mayo de 1998, un etarra disparaba en la cabeza al subteniente retirado de la guardia civil, ALFONSO PARADA ULLOA. Trasladado por una UVI móvil al Hospital Txagorritxu murió la madrugada del día siguiente, 9 de mayo. El disparo entró por su sien izquierda y salió por la derecha y, aunque en un primer momento los equipos de urgencias del hospital vitoriano barajaron la posibilidad de una intervención quirúrgica, finalmente la descartaron dada la gravedad de la herida.
Alfonso Parada fue tiroteado a escasos metros de su domicilio por un individuo joven que le disparó a la cabeza a corta distancia. Eran aproximadamente las dos de la tarde. El atentado se produjo en la calle de las Juntas Generales, donde vivía la familia Parada Ulloa, y a menos de cien metros de la comisaría de la Ertzaintza.
El dueño de una tienda situada a escasos metros del lugar del atentado avisó por el portero automático a la familia del herido. Su hijo bajó de inmediato y se mantuvo agachado junto al cuerpo de su padre hasta la llegada de la UVI móvil que le trasladó al hospital. El nieto de la víctima, que se encontraba jugando cerca del lugar del atentado, también presenció la imagen de su abuelo herido y tirado en la calle. El niño iba a hacer la primera comunión el fin de semana siguiente.
La capilla ardiente por el subteniente asesinado se instaló al mediodía del 9 de mayo en la Subdelegación del Gobierno. En ella permaneció unos minutos el presidente del Gobierno, José María Aznar, que había acudido a Vitoria para arropar a Carlos Iturgaiz en su presentación como candidato del PP a lehendakari. Acompañaban a Aznar los ministros de Trabajo, Javier Arenas; Interior, Jaime Mayor, y Agricultura, Loyola de Palacio, además de varios altos cargos.
El pleno que celebró el Ayuntamiento de Vitoria por la mañana para convocar la manifestación y decretar el duelo oficial tuvo momentos tensos. El portavoz del PP, Alfredo Marco Tabar, amigo íntimo de la víctima, fue el más duro con los ediles de HB. "Mientras no oiga de vuestros labios una expresión no ya de condena, pero al menos de lamento, no oirás de los míos otras que el desprecio y no volveré a escuchar las tuyas", le espetó al edil de Batasuna José Enrique Bert. Cuando el portavoz radical fue a intervenir, los populares y los del PSE y UA se volvieron de espaldas. Todos los grupos mostraron su indignación e insistieron, sin resultado, en que HB pronunciase una condena. Cuando el alcalde, José Ángel Cuerda (PNV), ordenó traducir al castellano las palabras en euskera de Enrique Bert, los populares dejaron la sala.
Ese mismo 9 de mayo centenares de ciudadanos de toda España salieron una vez más a la calle para mostrar su repudio y su condena por los últimos atentados de ETA. Unas 35.000 personas, según fuentes de la Policía Municipal, recorrieron el centro de Vitoria tras celebrarse el funeral por el alma de Alfonso Parada. El llamamiento efectuado por la mañana por el Ayuntamiento de la ciudad encontró la respuesta masiva de los ciudadanos. El lehendakari, José Antonio Ardanza, recibió críticas por no participar ni en la manifestación ni en el funeral, alegando que tenía que estar presente en la marcha contra el trabajo infantil, que ese mismo día llegaba a Vitoria. No obstante en representación del Gobierno vasco acudió el vicelehendakari, Juan José Ibarretxe, quien estuvo acompañado por varios ministros, entre ellos el de Interior, Jaime Mayor Oreja. Una pancarta con la leyenda en euskera y castellano "Nahikoa da. Bakea nahi dugu" (Basta ya. Queremos la paz) encabezaba la manifestación. En varias fases, los ciudadanos rompieron el silencio para gritar "ETA mata y el diálogo remata" y "No son vascos, son asesinos". En Madrid, Sevilla, Zaragoza, Gijón, Valencia, Burgos y otras ciudades se celebraron concentraciones silenciosas encabezadas por presidentes autonómicos, alcaldes y dirigentes de todos los partidos políticos democráticos.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) criticó ese mismo día al presidente del Gobierno, José María Aznar, por "lanzar ofertas de generosidad a los terroristas". Luis Delgado, secretario general de la asociación, criticó además al PNV por mantener contactos con Herri Batasuna y denunció que, a juicio de la AVT, hay "víctimas de primera y de segunda. Para unas la clase política sale, se manifiesta y arropa a la familia o a la víctima, y en otros casos apenas reciben el apoyo obligatorio por parte de los dirigentes de este país", afirmó.
En 2002 la Audiencia Nacional condenó a José María Novoa, Igor Martínez de Osaba Arregui y Alicia Sáez de la Cuesta a 29 años de prisión como autores materiales del asesinato de Alfonso Parada. El autor del disparo mortal fue Igor Martínez de Osaba, mientras Alicia Sáez de la Cuesta le cubrió en la acción. José María Novoa les esperaba en un coche para emprender la huida.
Alicia Sáez de la Cuesta fue también condenada por el intento de asesinato del entonces presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga Iribarne. Ella y la etarra Nerea Garaizar San Martín tenían previsto realizar el atentado mediante la utilización de un coche-bomba. Su detención a finales de marzo de 2001 impidió que el mismo se llevase a cabo.
Alfonso Parada Ulloa de 62 años, era subteniente en la reserva de la Guardia Civil y amigo del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Vitoria, Alfredo Marco Tabar. Su nombre había aparecido en varias listas intervenidas a grupos etarras desarticulados, circunstancia de la que Alfonso estaba informado. Sus vecinos desconocían si adoptaba alguna medida de autoprotección, aunque sí señalaron que mantenía "costumbres muy fijas", entre ellas la de salir a primera hora de la tarde y desplazarse hasta una localidad en las afueras de Vitoria para dedicarse a su afición: el cuidado de los pájaros. Era natural de La Melide (La Coruña) aunque vivía en Vitoria desde 1976. Estuvo destinado como comandante del puesto del Abetxuco, y desde 1986, en el cuartel de Sansomendi, en la Unidad de Intervención de Armas y Explosivos. Tres años antes de ser asesinado había pasado a la reserva. Estaba casado y tenía un único hijo, Nacho, de 32 años, que trabajaba como vigilante jurado, y un nieto de corta edad.

Violento intento de desalojo de una familia

Ernesto Santana Zaldívar.

Policías frente al edificio. Foto Ernesto Santana
Policías frente al edificio. Foto Ernesto Santana
LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -En El Vedado, como la mayor parte de las edificaciones tienen relativamente menos años que las de Habana Vieja o Centro Habana, no ha sido tan frecuente la noticia de que un inmueble haya colapsado o de que sus moradores hayan tenido que ser evacuados con urgencia. En los últimos meses, no obstante, son varios los edificios que han llegado a un peligroso final en esta barriada. O que están llegando a él, al menos en una parte del inmueble.
Esto último es lo que está ocurriendo desde hace varios años en el apartamento número 2 del número 1060, en Línea entre 12 y 14. Los techos, a pesar de las vigas de hierro que los contienen y los postes de madera que los apuntalan, están combados y agrietados. Las paredes están asimismo en muy malas condiciones. Pero en el año 2010 a la familia que residía en el apartamento contiguo (encabezada por Francisco Martínez Blanes, teniente coronel en la Dirección de Seguridad del Estado en Villa Marista) le asignaron una casa y, luego de infructuosos intentos de buscar una vía legal y en vista del riesgo que corrían sus vidas, los residentes del apartamento 2 decidieron ocupar el apartamento vacío.
De inmediato fueron acusados de usurpación ilegal violenta y amenazados varias veces de desalojo, pero finalmente el tribunal municipal determinó que no había ocurrido delito alguno porque la ocupación se realizó, sin duda alguna, para salvar vidas. Eso no fue suficiente, sin embargo. Y por fin, el jueves 19 de abril ocurrió lo impensable: un asalto de violencia desmedida contra la vivienda ocupada por Pablo Méndez Piña y cinco mujeres, entre ellas una anciana parapléjica de noventa y cinco años.
Un vecino cuenta que, poco después de las ocho de la mañana, cuando salió a trabajar, vio al oficial Francisco Martínez hablando por un walkie-talkie, como dando instrucciones. “Había varias motos Suzuki en las inmediaciones, un Lada con tres mujeres”, cuenta. “De pronto empezó a agruparse gente y se formó un despliegue de segurosos y policías como si fueran a buscar a un terrorista armado hasta los dientes. Empezaron a forzar la puerta de abajo, pero hasta con una pata de cabra les costaba trabajo y entonces apareció uno con una mandarria de veinticinco o treinta libras, que nunca llegó a golpear porque a esa altura ya había mucha gente tirando fotos con cámaras y celulares. Por fin rompieron la primera puerta y entraron a romper la reja. Pero entonces”, dice admirado el vecino, “fue cuando Pablo puso el letrero y la calle se llenó todavía más de gente y tiraban más fotos. Al rato vi como unas mujeres se iban con sus palos y otras cosas en las manos como si les hubieran dado la orden de retirarse. Ellos le llaman a eso ‘extracción’, pero eso”, concluye, “siempre se ha llamado desalojo”.
“En la esquina de la bodega de Línea y 14”, cuenta otro testigo, “había varios carros y motocicletas, una guagua también, y mucha gente, hasta un tipo con una mandarria. Era un grupo enorme de gente fuertona, todos preparados. Yo vi a unas ochenta personas identificables por lo menos, pero eran más, porque estaban regados. Estoy seguro de que eran más de cien. Fue una cosa como de nazis”. Y concluye: “Pero tuvieron que irse con el rabo entre las piernas.” Otro vecino asegura que todo duró alrededor de media hora o cuarenta y cinco minutos. El tráfico se paró en la senda de Línea del otro lado. La gente se paraba a tirar fotos con cámaras y celulares. “Este es un edificio en muy mal estado, y yo vivo ahí también. Sin embargo, a una cuadra de aquí, en Línea y 16, hay un edificio en donde vive casi toda la familia de Armando Hart y nadie los molesta. Y se supone que esta fue una revolución para los humildes”, dice, indignado.
Foto Ernesto Santana
Foto Ernesto Santana
Cuando, después de romper la puerta de abajo y abrir la reja de la escalera, el grupo comenzó a golpear la puerta del apartamento, asegurada con una tranca, Pablo Méndez temió por la integridad física de las cinco mujeres que se encontraban allí con él. Ya el letrero, improvisado con una sábana y un poco de pintura (“Los corruptos vienen a desalojar a los humildes”) llevaba varios minutos a la vista de todos. Cuando los golpes arreciaban más, de improviso cesaron y los asaltantes se retiraron, dejando allí varias cabillas y palos que no se llevaron para que no se les viera salir con ellos. Dice otro vecino: “Yo llegué tarde y se supone que ya se habían ido casi todos, pero dejaron a un tipo sentado en el muro junto al edificio, dos en la esquina de 14, dos dentro de la panadería de 12; después pasó uno en una moto Suzuki, despacito, daba la vuelta a la manzana y volvía de nuevo. Todo el mundo estaba disgustado, todo el que pasaba comentaba lo mismo, que eso era una injusticia.”
Más tarde vino Jesús Espinosa, el primer secretario del PCC municipal de Plaza de la Revolución. “Posiblemente él sabía ya que soy opositor y periodista independiente”, explica Pablo Méndez. “Siempre es la misma historia, la misma demagogia; siempre te quieren envolver. Me dijo que quería llevarse el cartel y presentarlo para que los irresponsables vieran lo que pasó. No me negué, pero le pregunté si quería llevárselo como trofeo y entonces me dijo que no y me lo dejó. Le expliqué toda la historia, le enseñé todos los papeles, las cartas de Vivienda, el organismo más corrupto que tiene este país; le mostré la puerta rota y le dije que fueron ellos los que pusieron la violencia, los que vinieron con intenciones asesinas. ‘Usted es la primera persona que viene aquí a conversar, a interesarse por el problema’, le dije. La gente se acostumbra a buscar una palanca para que le resuelvan el problema. Yo soy un ciudadano cubano y me tienen que respetar y tienen que respetar los artículos de la Constitución”, añade.
Una hora después vino una brigada a reparar la puerta y le pusieron un llavín. “Temían que viniera la prensa extranjera”, dice Pablo. “Mira, ellos se quedaron botados. Seguro que pensaron: ‘Como este es opositor, seguro va a llamar a otros opositores para gritar consignas y tirar fotos’, y entonces ellos iban a armar la fiesta del Guatao. Pero se quedaron botados, con la carabina al hombro. La mayoría de la gente se solidarizó con nosotros, los vecinos vienen a ver el letrero. Salí ileso, hasta el momento, porque la verdad es que no sé lo que viene.”
“Por eso es que quiero ver, por la parte penal, a quién yo demando ahora por este acto de violencia donde está involucrada la policía y la Seguridad del Estado. Se supone que ese acto brutal es ilegal”, dice Pablo Méndez. “Creo que se puede hacer una demanda, si no a una persona determinada, por lo menos al Ministerio del Interior, porque hay pruebas suficientes, videos, fotos, y muchos testigos dispuestos a contar lo que ocurrió”.
“Cosas como esta no se pueden dejar pasar”, sostiene con pleno convencimiento.

El perdón político

Arcadi Espada.



  Querido J:
Hace tiempo que los nacionalistas vascos exigen que el Estado español pida perdón por el bombardeo de Guernica. Esta semana aprovecharon el 75 aniversario de la matanza para tratar de conseguir una declaración formal delparlamento vasco. Por un voto, y gracias a la alianza entre el Partido Socialista, el Partido Popular y UPyD, no lo consiguieron. Los aviones de la Legión Cóndor mataron a unas 150 personas y fueron enviados por el gobierno de Alemania, que era entonces un aliado crucial del general Franco. Creo que tú y yo siempre hemos estado de acuerdo en lo que podríamos llamar «la continuidad del Estado», y recuerdo una correspondencia donde hablábamos de ello a propósito del Valle de los Caídos y de la necesidad de los gobiernos de asumir la historia, al modo, perfectamente gráfico, como cuelgan de las paredes de los ministerios los retratos de sus ministros, sin distinguir entre los que sirvieron a dictaduras o a democracias. Yo creo que el Estado español ha de hacer suyos los crímenes de la Legión Cóndor, como por cierto, lo hace el Estado alemán. Y debería hacerlos suyos, incluso, en la hipótesis ucrónica de que el gobierno republicano hubiera ganado la guerra. Cuando un Estado fracasa en la misión de proteger a sus ciudadanos es plausible que pida perdón. La cuestión clave es a quién debe pedirlo.
Solo a las víctimas, simbólicamente, y a sus familiares vivos, les debe ese perdón. Una a una y con toda la solemnidad que se requiera; pero solo a las víctimas. Cualquier otra sinécdoque es improcedente: ni a la ciudad de Guernica, ni al pueblo ni al Gobierno vascos debe el Estado pedir perdón. En Guernica y en el resto del País Vasco habitaban personas que, aun horrorizándose de ese bombardeo y de tantos otros, los aprobaron. Y que luego colaboraron con la larga dictadura que sobrevino a las bombas. Las sinécdoques llevan al extraño punto de tener que pedir perdón a los verdugos. O lo que es peor: a los hipócritas.
No repugna a mi razón que algún gobierno español hubiera pedido perdón a las víctimas de la guerra civil. Siempre que fuera a todas las víctimas. La gestión de la memoria histórica del presidente Zapatero se ladea, precisamente, por este punto: la corazonada de que aquel presidente pretendía que el Estado distinguiera entre víctimas. Como lo hizo el franquismo. Ese innoble momento en que el Estado se convierte en una facción.
En cuanto al gobierno vasco, qué decir. Lo profundamente significativo de la proposición que debatió el parlamento es que el gobierno vasco no quedaba incluido en la exigencia de perdón. El gobierno vasco que gobernaba en Guernica el 26 de abril de 1937. El actual gobierno vasco que representa la continuidad del Estado tanto como el actual gobierno español. Nadie tiene que pedir perdón al gobierno vasco por las bombas de Guernica. Es él el que debe pedirlo.
Verás.
Como tantos otros asuntos vascos todo esto se entiende bien a la torva luz de los crímenes de ETA. Como era su obligación, y aunque tarde, el gobierno vasco pidió perdón a las víctimas de ETA. Ibarretxe, 2007. Nadie pudo pensar, entonces y ahora, que el jefe de gobierno vasco pidiera perdón por un crimen que él hubiera cometido. Los asesinos eran otros, pero el sentido del Estado acabó determinando su decisión: el gobierno vasco no había dado a sus ciudadanos una protección eficaz. Ibarretxe podía ponerse, sin grandes dificultades, del mismo lado moral que las víctimas. Y argumentar, también, que él mismo y su partido habían sido víctimas. Aunque en su declaración hablase retóricamente de deberes morales (como sugiriendo una oscura connivencia pasiva con los criminales) su nítido pecado era, por así decirlo, técnico. Y está descrito en estas palabras de su mensaje institucional: «Las instituciones hemos trabajado con todas nuestras fuerzas para defender la seguridad de la personas, pero en muchos casos no ha sido suficiente.» En efecto: no cumplieron con la obligación sagrada del Estado. Que yo sepa ningún político español exigió de Ibarretxe que pidiera perdón al entonces presidente Zapatero por los crímenes de ETA. Ibarretxe no pidió perdón ni al gobierno ni tampoco al pueblo español. Es natural. ¡Ibarretxe era un gobernante español y su gobierno formaba parte del Estado español! Por supuesto, tampoco pidió perdón al pueblo vasco. Sabía que entre los vascos había muchos que aprobaban, aunque fuera por pasiva (refleja) los crímenes de ETA. Al igual que había vascos que habían aprobado los crímenes de la Legión Cóndor. Ya hemos hablado del peligro de las sinécdoques. La clave del perdón político es la siguiente: son los Estados los que deben pedir perdón a las víctimas. Ningún asesino puede aspirar a la legitimidad de ser perdonado.
Poco tiene que ver el perdón político con el que pueda vincular a víctimas y verdugos. Ciertas personas, formadas sobre todo en alguna tradición religiosa, llegan a considerar un deber el perdón de sus enemigos. No tengo mucho que decir sobre este asunto. Leo las crónicas del encuentro entre terroristas y víctimas, y lo cierto es que me inspiran una estremecida curiosidad humana. Es verdad que no acabo de comprender la publicidad que se da a estos encuentros, porque me parece que el perdón forma parte de una delicada trama íntima entre partes. Entiendo mejor la publicidad del verdugo: tal vez quiera aspirar a alguna forma de perdón colectivo. Más difícil de entender me parece la exhibición de las víctimas. Pero yo qué sé.
En cualquier caso, estoy de acuerdo con el Gobierno en despreciar, como herramienta de decisión política, la exigencia de que los verdugos pidan perdón a sus víctimas. Exigir ese perdón es abaratarlo. Pida usted perdón y en dos minutos estará en la calle. Mucho más razonable me parece la obligación de mostrar (¡y no declarar!) el perdón por la vía de los hechos: exigir de los aspirantes a reinsertarse en la humanidad la información de que dispongan sobre su pasado tumefacto, sobre las cuentas pendientes, sobre las complicidades, sobre los crímenes no resueltos. Celebraría que el gobierno no cayera en la literaturización de la circunstancia. Más datos y menos psicoanálisis.
En cuanto al perdón político, de vuelta a él, creo que los ciudadanos españoles estarían dispuestos a concederlo a un gobierno que en nombre del Estado y su continuidad pidiera perdón por no haber sabido proteger la vida y la hacienda de miles de sus ciudadanos durante cuatro décadas infames.
Sigue con salud
A.
(El Mundo, 28 de abril de 2012)

The Able Slave

Bryan Caplan.


Suppose there are ten people on a desert island.  One, named Able Abel, is extremely able.  With a hard day's work, Able can produce enough to feed all ten people on the island.  Eight islanders are marginally able.  With a hard day's work, each can produce enough to feed one person.  The last person, Hapless Harry, is extremely unable.  Harry can't produce any food at all.

Questions: 

1. Do the bottom nine have a right to tax Abel's surplus to support Harry?

2. Suppose Abel only produces enough food to support himself, and relaxes the rest of the day.  Do the bottom nine have a right to force Abel to work more to support Harry?

3. Do the bottom nine have a right to tax Abel's surplus to raise everyone's standard of living above subsistence?

4. Suppose Abel only produces enough food to support himself, and relaxes the rest of the day.  Do the bottom nine have a right to force Abel to work more to raiseeveryone's standard of living above subsistence?

How would most people answer these questions?  It's hard to say.  It's easy to feel sorry for the bottom nine.  But #1 and #3 arguably turn Abel into a slave.  And #2 and #4 clearly turn Abel into a slave.  I suspect that plenty of non-libertarians would share these libertarian moral intuitions.  At minimum, many would be conflicted.

Yet bleeding-heart libertarian Jason Brennan doesn't seem conflicted.  At all.  He begins by quoting one of his earlier posts:

Imagine that your empirical beliefs about economics have been disconfirmed. Imagine that a bunch of economists provide compelling evidence that life in a strictly libertarian polity would go badly. Imagine that they showed conclusively that if people everywhere were to live in a Nozickian minimal state or a Rothbardian anarcho-capitalist civil society, with everyone strictly observing property right rules, that 10% of people would starve (through no fault of their own), 80% would be near subsistence (through no fault of their own), and only 10% would prosper. However, imagine that they also show that in a liberal social democracy with significant redistribution or social insurance, most people would prosper, just as many people living in such welfare states are doing pretty well right now.
In a followup, Brennan adds:
If you are a hard libertarian, you respond to this thought experiment by saying, "Well, that's too bad things turned out that way. But, still, everyone did the right thing by observing property rights, and they should continue to do so."...
If you have at least some concern for social justice, you respond by saying, "If that happened, that would be strong grounds to change the economic regime. In that kind of society, it's unreasonable to ask people to observe the basic institutions and rules. They have a legitimate complaint that the rules works as if they were rigged against them. Perhaps we'd need to tweak property rights conventions. Perhaps we'd even need some sort of redistribution, if that's what it took."
This is a good example of what puzzles me most about bleeding-heart libertarians: At times, they sound less libertarian than the typical non-libertarian.*  I'm not claiming that the "hard libertarian" intuition is certainly true.  But in a thought experiment with ten people, the hard libertarian intuition is at least somewhatplausible.  And once you start questioning the justice of the islanders' treatment of Able Abel, questions about the justice of the modern welfare state can't be far behind.
Needless to say, bleeding-heart libertarians usually sound a lot more libertarian than the typical non-libertarian.  Yet this just amplifies the puzzle.  Unjust treatment of the able may not be the greatest moral issue of our time.  (Then again...)  But unjust treatment of the able is a serious moral issue.  And it's a serious moral issue that mainstream moral and political philosophy utterly ignores.  My question for bleeding-heart libertarians everywhere: Why don't your hearts bleed for the able slave?
* The most egregious example is Andrew Cohen's musings on parental licensing.

Moral behavior in animals. Frans de Waal