Medidas contra la corrupción y la mala gestión pública. Diego Sánchez
Recogiendo iniciativas de cosecha propia y propuestas del periodista César Sinde y el diario El Mundo, propongo las siguientes medidas contra la corrupción y la mala gestión:
- Los delitos de malversación de fondos públicos y cohecho no prescribirán.
- Los implicados en casos de corrupción, responderán del daño causado con su patrimonio personal.
- Condenados por corrupción quedan inhabilitados de por vida para cargo público.
- Quienes paguen comisiones ilegales a cambio de contratos con la Administración no podrán volver a licitar con ninguna entidad pública.
- Se modificará el Reglamento del Congreso para facilitar la constitución de comisiones de investigación.
- Se considerará delito la ingeniería presupuestaria para ocultar déficit y deuda. Será obligatorio aprobar presupuestos equilibrados, con una regla fiscal que estipule ese ahorro.
- Los jueces de carrera elegirán a todos los integrantes del CGPJ.
- El Fiscal General del Estado será nombrado por votación de los fiscales y será independiente del Gobierno.
- La cesantía en cargo público no vendrá acompañada de sueldos o prebendas vitalicias.
- Los jueces o fiscales que pasen a puestos políticos, no podrán volver a la judicatura o la fiscalía.
- El Tribunal Constitucional será despolitizado, conformándose como una Sala Superior del Tribunal Supremo. Además, se recuperará el recurso previo de inconstitucionalidad.
- Revisión del aforamiento en cargos públicos, con la supresión de los privilegios de inviolabilidad e inmunidad.
- Endurecimiento de la Ley de Incompatibilidades.
- Reforma en profundidad del Tribunal de Cuentas, con ánimo de mejorar su funcionamiento y de profesionalizar sus equipos.
El desastre del PP en las tertulias. Juanma del Álamo
Pero, a la vista de los resultados, este equipo no se ha preparado, ni se han construido argumentos, ni se ha creado un buen discurso y sospecho que sé yo bastante más del partido de Pablo Iglesias que cualquier miembro del PP. No porque sea más sabio, inteligente y brillante que ellos (más que Arenales tal vez sí) sino porque le he dedicado más tiempo que ellos, que han ojeado un par de periódicos por la mañana y eso es todo. Realmente habría bastado con preparar un grupo de tertulianos que, por decirlo de alguna manera, empataran en las tertulias en casa del rival. Solamente con eso el ascenso de Podemos se hubiera producido a otro ritmo.
A vueltas de nuevo con la curva ABC de la corrupción y la transparencia radical. Sebatián Puig
Lo he explicado otras veces: el análisis ABC, derivado del Principio de Pareto, es un método de clasificación utilizado en muchas áreas de gestión. Permite identificar y categorizar aquellos elementos que tienen un impacto relevante en un valor global (costes, inventarios, ventas, resultados, etc.), permitiendo establecer niveles y estrategias de control específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, al analizar un inventario se detecta, por ejemplo, que el 20% de los artículos representan el 80% del valor total del stock. El 80% de los artículos restantes, por el contrario, suponen sólo el 20% de ese valor. Tiene todo el sentido, por tanto, centrar los esfuerzos de control en esa minoría de elementos que aglutinan gran parte del valor.
Calidad, claridad y concisión. Sebastián Puig
Sin embargo, no somos del todo conscientes del impacto que sobre el negocio puede tener un informe mal redactado, unas especificaciones imprecisas, unas recomendaciones confusas o un plan de empresa difícil de comprender. Y no digamos ya con imperdonables faltas de ortografía, tan a la orden del día. He leído textos de personas presuntamente bien preparadas que llevaban al puro sonrojo.
Diez tesis sobre la corrupción. Andrés Betancor
En segundo lugar, la confusión entre corrupción, irregularidad e, incluso, ilegalidad, alienta aún más la desazón colectiva. No toda irregularidad es ilegal, y no toda ilegalidad es corrupta. Hay irregularidades que no tienen ninguna consecuencia jurídica. Sólo la tienen las ilegalidades, pero éstas no abocan necesariamente a su toma en consideración como corrupción. En otros términos, el Derecho administrativo no puede desaparecer como mecanismo de control de la actividad administrativa. Que este mejore no impide, al contrario, que se refuercen los mecanismos de castigo penal con los que afrontar la corrupción como ilegalidad cualificada y agravada.
