El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en una foto de archivo tomada el pasado mes de octubre en Malabo / AFP |
Cuando un Gobierno dice obtener más del 97% de los votos en un referéndum, o tiene un apoyo extraordinario de la población o en la votación ha habido algo raro. Y esa es precisamente la situación en Guinea Ecuatorial, la excolonia española gobernada por Teodoro Obiang Ngema desde hace 32 años, donde se va a aprobar una reforma de la Constitución que, según el Gobierno, obtuvo el pasado domingo un 97% (la primera cifra facilitada por el propio Ejecutivo era incluso del 99%), con una participación del 91%.
Sin embargo, la oposición y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado que el referéndum estuvo lleno de irregularidades. “Soldados armados estaban en los colegios electorales, oficiales del Gobierno dieron dinero a personas para influirlas a votar a favor de las reformas, oficiales electorales animaron a los votantes para que votaran por sus parientes y otras personas...”, narra por email Joseph Kraus, director de Programas y Desarrollo de Equatorial Guinea Justice, que junto a Human Rights Watch ha publicado un informe sobre el referéndum. “Además, el Gobierno nunca repartió el texto completo de las reformas, así que los votantes no supieron lo que estaban votando”.
El Gobierno defiende que la modificación, a cuyo texto completo tampoco tuvo acceso el Parlamento, servirá para limitar a dos los términos presidenciales y aseguró que la modificación permitiría un mayor control sobre el Ejecutivo y mejoraría la situación judicial y de derechos humanos en el país. “Que digan que esta reforma es buena para la democracia me parece una broma, y de muy mal gusto”, comenta a EL PAÍS desde Malabo, la capital, Plácido Micó, líder del partido opositor Convergencia para la Democracia Social. Micó ha calificado de "gran mentira" la consulta y ha manifestado que la asistencia a las urnas no superó el 25% de los electores.
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