A última hora de la noche del lunes 2 de octubre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Lizarza (Guipúzcoa) al guarda forestal RAMIRO QUINTERO ÁVILA. Previamente, desde el mes de julio de ese año varios miembros del grupo Uzturre de ETA habían sometido a vigilancia los movimientos de su víctima, lo que les permitió conocer que solía frecuentar el Bar Leku Alai de la localidad, situado justo debajo de su domicilio, en la llamada Casa de Zubiaurre.
Con esta información, el 2 de octubre robaron un coche a mano armada en Villafranca de Ordicia con el que los asesinos de la banda se trasladaron al puente de Larraenea sobre el río Araxes, a ocho kilómetros de Tolosa, y muy próximo al bar que solía frecuentar la víctima. Esa noche, Ramiro salió del bar acompañado por unos amigos, entre ellos José Antonio Olano Ormaechea, entonces alcalde de Lizarza, que contó que "antes de subir a su casa, al salir del bar, solía asomarse al río Araxes, sobre el puente Larraenea, que está al lado justo del bar" (ABC, 03/10/1978). En ese momento, los etarras, que estaban esperando en las inmediaciones del puente dentro de un Seat 127 blanco, arrancaron el vehículo y uno de ellos descendió rápidamente y disparó a bocajarro varios tiros que acabaron con la vida de Ramiro Quintero. Su mujer y dos de sus hijas, dos niñas, fueron de las primeras que acudieron a prestarle auxilio, dada la cercanía del domicilio familiar.
Fuerzas de la Guardia Civil de Guipúzcoa, nada más tener conocimiento del asesinato de Ramiro Quintero, montaron diferentes puntos de vigilancia en las carreteras de la provincia. En uno de los controles establecido en Astigarraga, los agentes observaron, hacia las 2:30 horas, cómo de un vehículo que se acercaba a la señalización de control salían dos individuos que se dieron a la fuga monte a través. La Guardia Civil llegó a hacer uso de sus armas de fuego pero sin conseguir alcanzar a ninguno de los fugitivos.
Al día siguiente, 3 de octubre, a las once de la mañana, se celebraron en Lizarza los funerales por el guarda asesinado. El viernes 6 de octubre llegaba a Los Rodeos su cadáver en un vuelo regular de Iberia procedente de Madrid-Barajas. La misa funeral se celebró a las 15:30 horas de ese día en la Iglesia de La Concepción, de La Laguna, y el entierro tuvo lugar en el cementerio de San Juan. Su féretro fue escoltado por guardas forestales y guardias civiles, y a los actos acudieron muchas personas. Entre las personalidades que asistieron estuvo Luis Mardones, por aquel entonces gobernador civil.
Tuvieron que pasar treinta años para que una mujer valiente, Regina Otaola, organizase en Lizarza el primer homenaje en la historia de esa pequeña localidad guipuzcoana a una víctima del terrorismo. Hasta 2007 el Ayuntamiento de Lizarza había estado en manos del Partido Nacionalista Vasco, que renunció a presentarse en las municipales de ese año por las presiones del entorno proetarra. Desafiando las intimidaciones de ese entorno, la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) permitió al Partido Popular hacerse con la alcaldía. El PP obtuvo veintisiete votos, frente a ciento cuarenta y dos votos en blanco (opción propugnada por el PNV) y ciento ochenta y seis nulos que se adjudicó ANV. Pocos meses después de convertirse en alcaldesa de Lizarza, Regina Otaola anunciaba desde su blog en Libertad Digital la celebración de un homenaje para 2008 con motivo del 30 aniversario del asesinato de Ramiro Quintero: "Nuestra voluntad de reparar moralmente a las víctimas sigue siendo inquebrantable, del mismo modo que pretendemos con nuestra acción de gobierno acabar con la ignominia impuesta en Lizarza por ETA y sus representantes de ANV-Batasuna mediante la Ley del Silencio". Y dicho y hecho: el 13 de noviembre de 2008 se hizo algo de justicia al vecino de Lizarza. En el acto, la alcaldesa de Lizarza insistió en la necesidad de "dignificar" a Ramiro Quintero, y en acusar al nacionalismo radical de intentar "hacer olvidar" el nombre de la víctima en el pueblo. Regina Otaola dio lectura a una declaración institucional en la que explicó que el acto hacía justicia con la memoria del asesinado, "este municipio ha estado en manos de los proetarras durante todo este tiempo". El acto se celebró en el Ayuntamiento de Lizarza y contó con la asistencia de Juan Antonio García Casquero, entonces presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y de una delegación del PP vasco con su presidente, Antonio Basagoiti, a la cabeza. Previo al acto en el Ayuntamiento se celebró una misa por Ramiro Quintero en la Ermita del Sagrario, que fue oficiada por el capellán del cuartel de Inchaurrondo. Al finalizar la misa, la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Rafaela Romero, destacó la necesidad de "reconstruir la memoria" de las víctimas de ETA.
En 1981 la Audiencia Nacional condenó a José Manuel Arzallus Eguiguren, alias Casero, como autor del atentado a 23 años de prisión mayor. Este terrorista se benefició en 1977 de la generosa Ley de Amnistía, lo que no evitó que volviera a asesinar. Pocos meses después, en abril de 1978, se hizo cargo del grupo Uzturre de ETA, participando ese año en el asesinato de Ramiro Quintero y del guardia civil Heliodoro Arriaga el 27 de noviembre. En junio de 1979 huyó a Francia y de ahí pasó a Bélgica, donde recibió un cursillo sobre el manejo de armas y explosivos. Detenido en ese país, fue extraditado a España en mayo de 1980. Arzallus Eguiguren fue, además, uno de los 150 etarras que se benefició de las primeras medidas de reagrupamiento de presos en cárceles del País Vasco promovidas por Jaime Mayor Oreja un mes después de tomar posesión en el Ministerio del Interior en 1996, cuando José Antonio Ortega Lara permanecía secuestrado por la banda asesina. Jaime Mayor Oreja declaró esos días en relación a esas medidas de acercamiento que "los miembros de ETA, en el supuesto de que en un momento determinado decidieran una actuación [en relación al secuestro de Ortega Lara], que ojalá no se produzca, lo tienen más complicado en el sentido de que no pueden justificar que aquí se ha producido una cerrazón y una intransigencia por parte de Interior".
Otro de los etarras del grupo Uzturre que participó en el asesinato de Ramiro Quintero fue Martín Sansebastián Aguirre, huido en Venezuela. En marzo de 2006 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela negó su extradición a España. En el escrito de denegación se recoge que el Gobierno español solicita su extradición por una serie de atentados, citándose el auto del 13 de febrero de 1981, por el que se inició el sumario nº 27/81 del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, contra el etarra Martín Sansebastián Aguirre, en el que se puede leer que: "... el día dos de octubre de 1.978, después de haber realizado vigilancias, que inicia en julio de dicho año Martin Sansebastian Aguirre, y despues los restantes miembros del comando denominado Üzturre, deciden llevar a cabo la ejecución de Ramiro Quintero Avila, Guarda Forestal de la piscifactoria de Lizarza y para ello reunidos Pedro Goñi Lizarza, Jose Manuel Arzallus Eguiguren,Martín Sansebastian Aguirre y Miguel Lopetegui Larrarte, integrantes del comando armado, se dirigen a Villafranca de Ordicia, donde Goñi y Sansebastián roban un vehículo, dejando a su propietario en el monte de Larraiz atado y sustrayéndole el D.N.I. trasladándose seguidamente a Lizarza, Arzallus, Goñi y Sansebastián y al ver el guarda le disparan y le causan la muerte". A día de hoy, Martín Sansebastián sigue sin rendir cuentas con la justicia española.
De Pedro María Goñi Lizarza se sabe poco. Al parecer estaba localizado, aunque sin detener, por la Policía francesa desde finales de los ochenta, país donde tenía fijada su residencia, según informaba el diario ABC en su edición de 13 de marzo de 1990. Posteriormente se le situó en Yemen del Sur donde, según fuentes de la lucha antiterrorista, recibió adiestramiento junto a otros miembros de la banda (ABC, 09/06/1993).
En cuanto a Miguel Lopetegui Larrarte, fue detenido en marzo 1981 en una operación de la Policía de la que consiguió huir Ignacio Aracama Mendía, alias Makario, y en la que resultó muerto, al enfrentarse a tiros con las fuerzas de seguridad, el etarra José Aristimuño Mendizábal, alias Pana, por entonces novio de Soledad Iparragirre, Anboto. Miguel Lopetegui, que fue condenado a penas que sumaban 220 años por diversos delitos, entre ellos cinco asesinatos, se suicidó en la cárcel de Herrera de la Mancha en marzo de 1988 colgándose de la cisterna del servicio de su celda con un trozo de sábana.
Ramiro Quintero Ávila había nacido el 15 de marzo de 1919, por lo que tenía 59 años cuando fue asesinado. Era natural de Tacoronte (Tenerife), estaba casado y tenía seis hijos. Uno de ellos era miembro de la Policía Armada destinado en Barcelona; otros dos residían en Tenerife: uno era policía municipal y la otra estaba casada; las otras tres hijas se habían trasladado con sus padres a Lizarza: una chica de 19 años y dos gemelas de 13. Guarda forestal del Estado desde 1947, ocupó diversos destinos en Canarias. Ramiro "conocía cada palmo de los montes canarios, ya fueran de pinar o laurisilva. Había estado trabajando en diferentes localidades de Tenerife (La Esperanza, La Victoria, La Matanza, Santa Úrsula, La Guancha, El Tanque) y La Palma (Barlovento y Las Breñas) como guarda forestal del desaparecido Icona" (Dani Millet, La Opinión de Tenerife, 12/01/2011). En febrero de 1977 fue adscrito al servicio piscícola de Icona en Guipúzcoa, donde sólo llevaba año y medio. "Lo destinaron a Lizarza, Guipúzcoa, cuando se aproximaba a la jubilación. A él no le quedó otra, pero a algunos de sus seis hijos todavía hoy les quedan preguntas pendientes. Por qué tan lejos. Por qué él (...) Ramiro lo sabía perfectamente [el peligro que suponía ETA] cuando lo destinaron al País Vasco, pero nunca pensó que iba a tener problemas siendo un funcionario que estaba para velar por la naturaleza, no por la seguridad, y que además evitaba los temas políticos. En realidad, la familia, la caza y la naturaleza eran sus grandes preocupaciones" (Dani Millet, La Opinión de Tenerife, 12/01/2011). Ramiro había pedido ya su traslado a Santa Cruz de Tenerife, según recogía El Correo en su edición del 4 de octubre. A su hijo Jesús, continúa narrando Dani Millet en La Opinión de Tenerife, se le sigue quebrando la voz cuando habla del asesinato de su padre. Se enteró, como tantas otras víctimas canarias, por la televisión. "Estaba en la casa que la familia tenía en Taco, mientras su madre y varias hermanas se encontraban en Lizarza con Ramiro: ‘Me llamaron unos amigos y me dijeron que pusiera la tele, que escuchara lo que estaban diciendo. Así fue como lo supe. Se me nubló todo’ (...) ‘Ninguno de los que murió a manos de ETA merecía semejante castigo. Ninguno. Pero menos mi padre, que nada tenía que ver con todo aquello. Si hasta le faltaban dos o tres meses para concluir los dos años de estancia allí y entonces poder pedir el regreso a Tenerife’ (...) Desde entonces, la familia no ha recibido apoyo ni comprensión, como ha relatado Jesús, a quien le duele que apenas se hayan acordado de su figura (...) Hubo muchas secuelas en la familia. Todavía las hay. El mismo Jesús Quintero fue declarado incapacitado y tuvo que retirarse de la Policía Local de La Laguna un poco como consecuencia de todo aquello" (Dani Millet, La Opinión de Tenerife, 12/01/2011).
El jueves 2 de octubre de 1980 fallecía RAMÓN COTO ABAD, anciano jubilado que no pudo superar las graves heridas sufridas cuando fue tiroteado por miembros de la banda terrorista ETA en Bilbao tres días antes, el 29 de septiembre.
Como hacía casi todas las mañanas, Ramón Coto se dirigió el 29 de septiembre a un estanco, que hacía las veces de administración de loterías, situado en la calle Navarra de Bilbao. Ramón, que ya estaba jubilado, tenía amistad con los propietarios del establecimiento y les ayudaba haciendo algunos recados para sacar algún dinero. Hacia las 13:30 horas varios miembros del grupo Orbaiceta de ETA acudieron al estanco. Coto Abad se encontraba sentado en un taburete, detrás del mostrador, hablando con la propietaria y una empleada del establecimiento, y fue alcanzado por varios disparos que efectuó uno de los etarras, mientras el otro vigilaba en la puerta del local. Una de las balas le atravesó la axila izquierda y le salió por la región lumbar.
En 1988 fue condenado por la Audiencia Nacional el arrepentido Sabino Onaindia Sojo a seis años de prisión mayor como cómplice del asesinato de Ramón Coto. Onaindia realízó funciones de vigilancia y apoyo, pero no fue el autor material del asesinato. Tras reinsertarse, no hizo frente a las indemnizaciones a la viuda de Ramón, por lo que en 1993 la Asociación de Víctimas del Terrorismo, entonces presidida por Ana María Vidal Abarca, le envió una carta, junto a otros doce miembros de la banda, para que pagase los quince millones de pesetas que la Audiencia Nacional había fijado como indemnización por el asesinato de Coto Abad (ABC 24/09/1993). En agosto de 1994 la asociación de víctimas seguía reclamando, sin mucho éxito, esas indemnizaciones.
En 1992 fue condenado Aitor Zumarraga Casas como autor material del asesinato a 28 años de prisión mayor. El etarra, que se desvinculó de la banda y en 1986 pidió la reinserción social, había sido detenido en abril de 1991 por la Ertzaintza.
Finalmente, en junio de 1997 fue condenado Vicente Antonio Sagredo Rivas a 26 años de prisión mayor, también como autor del atentado. Un mes después de ser sentenciado, fue uno de los etarras que condenó el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Por este motivo, y porque se desvinculó de la banda al día siguiente de asesinar a Ramón Coto Abad, la Audiencia Nacional solicitó al Gobierno su indulto en diciembre de 1997. En el escrito de la Sala de lo Penal se dice sobre Sagredo Rivas que "merece la pena tener un tratamiento de favor en su condena, ya que cometió el crimen con 17 años y al día siguiente de perpetrarlo se desvinculó de la banda terrorista".
ETA justificó el asesinato de Ramón Coto acusando a la víctima de ser "guerrillero de Cristo Rey". Por otra parte, y desde el primer momento, se barajó la hipótesis de que ETA se había confundido de objetivo, porque el estanco había sido propiedad de José Luis Ramos, próximo a Alianza Popular, y amenazado por la banda terrorista en numerosas ocasiones. José Luis Ramos, según informaba ABC en su edición del 30 de septiembre de 1980, era hermano del que fuera dirigente de Fuerza Nueva en Vizcaya, e hijo de un capitán fusilado por los republicanos en Bilbao en 1937. Por consejo de la Policía, José Luis Ramos había abandonado el País Vasco después de que le incendiasen el coche y lanzasen cócteles molotov contra su comercio durante una manifestación. No obstante, en la sentencia de la Audiencia Nacional por la que fue condenado Sagredo Rivas se afirma que ETA decidió asesinar a Coto Abad "bien porque la organización sospechara que eraconfidente de la Policía, bien porque entendiera que se mostraba agresivo contra las manifestaciones de los abertzales", lo que añade aún más confusión sobre los motivos por los que fue cometido el atentado, motivos que, por otra parte, no añaden nada al hecho brutal del asesinato de un anciano jubilado.
Ramón Coto Abad tenía 71 años y estaba casado. Fue trasladado al Hospital Civil de Bilbao e intervenido quirúrgicamente. Entre otras lesiones, presentaba un hemotórax, estallido del bazo y perforación del colon. A causa de la gravedad de las heridas, falleció dos días después, a las seis de la tarde del 2 de octubre. Ramón Coto Abad se encontraba tras la jubilación en una situación económica precaria, por lo que hacía recados para los propietarios del estanco "a cambio de unas pesetas", además de "ofrecer sus servicios" a las personas que requerían un taxi al llegar a la estación y de "ayudar al encargado de la distribución" del diario santanderino Alerta, según publicóABC en su edición del 30 de septiembre de 1980.
El mismo día que fallecía Ramón Coto, la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba en Rentería (Guipúzcoa) al taxista BENITO MORALES FABIÁN. Fue encontrado muerto en el maletero de su taxi después de que en la comisaría de Policía de San Sebastián se recibiese una llamada de alguien que dijo hablar en nombre de ETA avisando de que "el cadáver de un hombre llamado Benito" se encontraba en el taxi aparcado frente a una tienda de deportes de Rentería ubicada en la carretera Nacional I que atraviesa la localidad guipuzcoana. Un aviso similar se recibió en el diario Egin.
Miembros de la Policía se trasladaron al lugar citado y comprobaron la veracidad del aviso: en el maletero del vehículo estaba el cuerpo sin vida de Benito, que presentaba dos impactos de bala en la cabeza. En el interior del coche se encontraron varios casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Eso, unido a que no se encontraron restos de tierra en la ropa de la víctima, hizo pensar que Benito fue asesinado dentro del propio taxi. Hacia las nueve de la noche el juez de guardia ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al depósito del cementerio de Rentería.
Como en otros casos de asesinatos de taxistas, no se sabe con precisión cómo se produjo el mismo, aunque muy posiblemente los etarras solicitaron los servicios de Benito Morales y lo asesinaron durante el trayecto. Taxistas de la localidad de Rentería, que hicieron un paro en señal de duelo por su compañero asesinado, manifestaron que la víctima llevaba trabajando muchos años en dicha zona y que no se le conocía ideología ni actividad política alguna.
El 9 de octubre la banda terrorista ETA asumió el asesinato de Benito, además de otros asesinatos recientes de guardias civiles y policías, que justificaron, con su retórica habitual, como "una presión armada" encaminada a "demostrar al Gobierno español que solamente existe una salida de compromiso para evitar el grave conflicto generalizado en que puede desembocar la insatisfactoria solución del proceso autonómico vasco".
Benito Morales Fabián, de 40 años, estaba casado y tenía tres hijos. Era natural de Santibáñez el Alto (Cáceres) y trabajaba como taxista en Rentería desde seis años antes de ser asesinado. A su entierro en el cementerio local, que tuvo lugar el 3 de octubre por la tarde, asistieron la madre, la viuda y varios de los hermanos de Benito.
El día 2 de octubre de 1987 fallecía en el Hospital de Cruces de Baracaldo el policía nacional VICENTE MONTOYA SALAZAR, que había resultado herido muy grave siete días antes, el 25 de septiembre, al estallarle una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo por la banda terrorista ETA. La explosión le amputó las dos piernas, le provocó graves quemaduras en gran parte del cuerpo, contusión pulmonar que precisó ventilación mecánica y un traumatismo craneoencefálico severo. Estuvo en estado crítico en el hospital hasta su fallecimiento el 2 de octubre a las 12:30 horas.
El vehículo del agente estaba aparcado en las inmediaciones de su domicilio, en el barrio de La Paz de Baracaldo. Hacia las 23:00 horas del 25 de septiembre Vicente Montoya se montó en su coche, para dirigirse al trabajo. La bomba estalló cuando el agente accionó el contacto del coche. Su mujer, que se encontraba en el balcón del domicilio familiar despidiéndose de su marido, resultó herida por la metralla y la onda expansiva.
El gobernador civil de Vizcaya, Iñaki López, relacionó el atentado con la convocatoria por parte de Herri Batasuna de una manifestación el 3 de octubre para defender la negociación con ETA Militar. "Con esto se trata de animar a los participantes a que asistan con alegría y celebren una fiesta con la sangre de algún inocente como ya es costumbre", dijo con ironía el gobernador.
En diciembre de 2004 el Ayuntamiento de Baracaldo entregó a título póstumo la Medalla de Oro de la Anteiglesia a las catorce víctimas del terrorismo asesinadas en ese municipio o nacidas allí. Al acto no asistieron los concejales del Partido Nacionalista Vasco (PNV) ni los de Eusko Alkartasuna (EA), ausencia que fue lamentada por el alcalde, el socialista Tontxu Rodríguez.
Según fuentes del Ministerio del Interior, uno de los etarras que participó en el asesinato de Vicente Montoya Salazar fue Félix Ignacio Esparza Luri, detenido en Francia el 3 de abril de 2004 en una operación conjunta de la Policía francesa y la Guardia Civil. Fue entregado temporalmente a España en el año 2010 para ser juzgado por una veintena de atentados, delitos de asesinato, pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas con fines terroristas y falsificación de documentos.
Vicente Montoya Salazar, de 42 años, estaba casado con Crescencia García García, de 35, y era padre de dos hijos de corta edad. Natural de Nanclares de Oca (Álava), estaba adscrito al servicio de escoltas de la Jefatura de la Policía Nacional de Bilbao.
