El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.
A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:
Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.
La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita.
Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.
Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín.
En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.
El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.
En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.
José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.
En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.
José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.
