Déficit Público en España (2): Prestidigitación Contable

Xavier Sala i Martín.

Finalmente el ministro de finanzas publicó los datos del déficit fiscal en España para el año 2011, el último año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como era de esperar “el déficit era mucho más alto de lo esperado”. Concretamente, el déficit global de todas las administraciones ha sido de 91.000 millones de euros (el 8,51% del PIB). Es decir, las administraciones públicas han gastado 91.000 millones más de lo que han ingresado. Si tenemos en cuenta que la recaudación impositiva del estado es de unos 160.000 millones, un déficit de 91.000 millones representa un déficit de cerca del ¡60% de los ingresos! Para hacer un paralelo sin tantos ceros, es como si una familia que cobra 16.000 euros al año (es decir, una familia mileurista) gastara un total 25.100 euros al año, cosa que le obligaría a poner unos 9.100 euros en la tarjeta VISA. Una situación claramente insostenible ante la que nuestra primera reacción tiene que ser: ¡Señores! ¡Están ustedes despilfarrando una cantidad ingente de nuestro dinero!

La interpretación de estos datos contables debe ser hecha con suma precaución. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que la contabilidad no es una ciencia exacta y muchos gastos (sobre todo los que acaecen cerca del momento de cambio de gobierno) pueden ser contabilizados en un año u otro, cosa que da lugar a un mayor o menor déficit para Zapatero según le convenga al partido que hace los números (en este caso el Partido Popular). En este sentido, no es de extrañar que el déficit sea “mucho más grande de lo esperado”. Al fin y al cabo, ese déficit superlativo no hace sino demostrar que “el otro partido” hizo las cosas muy mal para que, en comparación, nosotros quedemos bien. Además, un déficit tan grande es un déficit difícil de recortar, cosa que nos permitirá ir a Bruselas a mendigar clemencia para que no nos obliguen a recortar tanto el próximo año.

Pero el aspecto más interesante de las cuentas presentadas por Montoro hacen referencia a la división entre el déficit de la administración central y el del resto de las administraciones del estado. Según ha comunicado el ministro Montoro (ver Tabla 1 abajo), de los 91.000 millones de déficit total 54.700 son de la administración central (5.1% del PIB), 31.550 coresponden de las comunidades autónomas (2.94% del PIB), 4.100 son de los entes locales como ayuntamientos y diputaciones (0.38% del PIB) y 0.974 millones son de la seguridad social (0.09% del PIB). Es decir, más de la mitad del déficit (54.700 de los 91.000 millones) corresponden a déficit de la administración central del Estado, presidida por don Mariano Rajoy. No es verdad, por lo tanto, que el máximo responsable sean las comunidades autónomas o los entes locales.

Curiosamente, la noticia aparecida en todos los medios fue que el problema del déficit en España no era de la administración central sino de las autonomías. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión si la casi el 60% del déficit corresponde al gobierno central? Pues muy fácil: no se habla del déficit que tiene cada uno sino de la “desviación respecto al objetivo”. La administración central tenía como objetivo un déficit del 4.80% del PIB y como finalmente su déficit ha sido del 5.1%, se ha desviado un 0,30%. En cambio, las Comunidades Autónomas tenían un objetivo de 1.3% y han tenido 2.94% (desvío de 1,64%). Los entes locales, por su parte, tenían objetivo de 0.30 y han tenido 0.38% (desvío de 0,08%) y la seguridad social tenía objetivo de superávit de +0.40 y ha tenido déficit de 0.09% (desvío de 0,49%). Es decir, todos se han pasado “poco respecto al objetivo” pero las comunidades autónomas se han pasado mucho. ¡Alehup! Si en lugar de hablar de déficit se habla desviaciones, se llega a la conclusión contraria: ¡el culpable de la situación de déficit no es quien más déficit tiene (la administración central) sino quien más se ha desviado del objetivo (las comunidades autónomas)!

La pregunta es: ¿Y quien decide el objetivo que permite a la administración central tener un déficit casi cuatro veces superior al de la suma de todas las comunidades autónomas (4.8% versus 1.3%)? Respuesta: ¡el gobierno central! Uno debería suponer que como la administración es cuatro veces más grande que las autonomías, es justo que su déficit debería también ser cuatro veces superior. Al fin y al cabo, lo justo es que uno haga recortes de gasto proporcionales a los gastos que tiene y si el gobierno central gasta cuatro veces más que las autonomías, es normal que se permita a sí mismo tener un déficit cuatro veces superior.

A mí, este argumento me parece razonable... pero tiene un pequeño problema: la administración central del estado no gasta cuatro veces más que las autonomías. De hecho, ni siquiera gasta más que las autonomías. De hecho, según datos del IGAE, el gobierno central gasta el 21% del total del gasto del estado (principalmente defensa, ministerios, infraestructuras y ayuda exterior), las autonomías mantienen el 35% (básicamente sanidad y educación), los entes locales el 13% y la seguridad social el 30%.

Si el objetivo de déficit se hubiera fijado con ese criterio justo (ver Tabla 2, abajo), es decir, si se hubiera permitido a la administración central tener déficit proporcional a su importancia global en el conjunto del estado, el objetivo para el gobierno central hubiera sido del 1.25% del PIB (el 21% de 6). Dado que, según Montoro, el resultado para el gobierno central fue de un déficit de 5.1%, la desviación de la administración central del estado hubiera sido de 3.85! Por su parte, las comunidades autónomas hubieran tenido un objetivo de 2.14 y, por lo tanto, su desviación hubiera sido del 0.8.

Es decir, si hubiéramos empleado un criterio que en principio parece justo de déficit para cada administración, hubiéramos llegado a la conclusión de que no sólo la mayor parte del déficit proviene de la administración central sino que la mayor parte del desvió también es culpa de la administración central.

Se podrían utilizar otros criterios para decidir quien debe recortar. Por ejemplo, se podría pensar qué administración puede hacer recortes con mayor facilidad y con menor perjuicio para el ciudadano. Si utilizáramos este criterio, también llegaríamos a la conclusión de que la administración central debe recortar más que las comunidades. Al fin y al cabo, la mayor parte de los presupuestos de éstas últimas se gastan en educación y sanidad y ni las necesidades escolares ni las médicas caen durante la crisis. Por contra, las principales partidas de la administración central son defensa e infraestructuras, y ambas podrían ser recortadas durante la crisis a cambio de aumentarlas de nuevo cuando vuelvan las vacas gordas.

Con todo esto no pretendo llegar al criterio perfecto para delimitar los objetivo de déficit de cada administración ni pretendo argumentar que el déficit no es demasiado grande (ya he explicado que lo es y que debe ser reducido). Lo que sí quiero demostrar es que uno puede llegar a la conclusión de que España tiene un problema de déficit por culpa de la administración central o por culpa de las autonomías dependiendo única y exclusivamente del objetivo fijado para cada uno. Y quien ha fijado el objetivo actual es pura y simplemente el gobierno central.

La última pregunta es obligada: ¿Y cómo se fijó el objetivo en España? Pues la verdad, no lo sé. Pero mucho me temo que la respuesta está en la primera columna de la tabla que presentó Montoro: ¡el déficit inicial! Vemos que en 2010, el déficit de la administración central era del 5.72% mientras que el de las comunidades era de 2.94% por lo que se decidió rebajar un poco tanto el uno como el otro. Es decir, se tomó la historia como punto de partida para establecer los recortes. Si eso se hubiera decidido así (y repito que desconozco el criterio que se utilizó en su momento) no sería ni justo, ni científico, ni reflejaría la capacidad de reducir el gasto de cada uno sino que sería el fruto de la locura del gobierno de Zapatero que, al empezar la crisis, se volvió loco y empezó a regalar dinero a todo el mundo (¿recuerdan los planes renove, planes e, cheques bebé y demás políticas de "estímulo" que figuraba que tenían que sacara a España de la crisis?), generando un déficit desorbitado. Si se toma ese momento de la historia como punto inicial a partir del cual hay que hacer recortes, tenemos que la administración central tiene un déficit inicial superior  y, por lo tanto, su insensata política acaba teniendo premio porque le permite tener déficits superiores a las comunidades autónomas durante muchos años.

La lección para las autonomías es: cuando venga la próxima crisis, empiecen a gastar como locos. Lejos de perjudicarles, esa insensata política les beneficiará gracias a la prestidigitación contable que van a llevar a cabo los sucesivos gobiernos de la administración central.

TABLA 1: Datos presentados por el ministro Montoro.

Tabla 2: datos de déficit si utilizamos el "objetivo" de que cada admnistración debe tener un déficit proporcional a su importancia dentro de los gastos globales del estado y, además, la suma global de los déficits debe ser el 6% impuesto por Bruselas.

Hospital pediátrico de la provincia de Holguín en pésimas condiciones

Dania Virgen García.

Fidel García Roldan, ex-preso político, quien reside en la calle 13 número 12, entre 11 y Mariana Grajales, Holguín, informa acerca de las pésimas condiciones higiénicas en que se encuentra el hospital pediátrico de esa provincia.

  

Asegura la fuente que varios familiares de pacientes menores de edad que se hayan ingresados en ese hospital se quejan de las condiciones en que se encuentran.

“En el hospital no hay agua, los baños están inmundos y no tienen puertas, no hay ropa de cama, el alimento para los niños es insuficiente y mal elaborado porque se la roban, y no hay comida  para los familiares acompañantes”, refiere la fuente.

Añade que en el hospital no hay siquiera termómetros ni aparatos para medir la presión arterial.  Muchos de estos padres  se han quejado en la dirección del PCC, pero no les  han prestado atención.

dania@cubadentro.com

Hasta el Final

Anddy Sierra Alvarez.

Crece preocupación en los ciudadanos de la Habana por vivir en edificaciones deterioradas, pues han ocurrido varios derrumbes en lo que avanza el año 2012. Una señora de 55 años de edad  de un barrio habanero comenta,  el frío ya se esta acabando y la temporada de lluvias se avecina, etapa peligrosa para las edificaciones en mal estado y el contraste de agua y sol es una bomba de tiempo.
La noticia de desplomes para estas zonas olvidadas son avisos desgarradores, pues pasaremos  nosotros por lo mismo, dice Alberto un joven de 21 años. Ya los vecinos han perdido la esperanza de que el gobierno les asigne una brigada para la salvación de los edificios de la manzana. El delegado dice que lo ha planteado en varias reuniones y no le han dado respuestas todavía,  esto hace más de 3 años. Los productos de construcción están a la venta pero para conseguir algo  aunque sea para ir reparando cada uno individualmente lo suyo, es un dilema las colas y la demanda de la población es demasiado, por lo que los “rastros” no dan abasto.
Cuando llegue el mes de julio, cuantas edificaciones se han caído en la Habana ya oiremos, ojalá y la suerte no esté echada para las personas que cada día tienen el miedo de perder sus hogares destinadas a un mísero albergue colectivo.

Urdangarín y su juicio mediático

Arcadi Espada.

   Querido J:

Desde hace meses, y sin que haya tenido aún la oportunidad de decirle al juez una sola palabra, el yerno del Rey está diariamente sometido en los medios a graves acusaciones. Algunas de ellas constituyen delitos nítidos, pero lo demoledor es la luz inmoral que proyecta el conjunto. Sombrío, el pueblo se pregunta qué sera de nosotros si personas situadas en la cumbre social se comportan con semejante desdén a las leyes y a las normas.

Nada de lo que se publica ha obtenido aún la garantía de verdad que aporta una sentencia; pero los verbos del sujeto titular son inequívocos: Urdangarín recibió, evadió, cobró, ingresó, coló, desvió. Los periódicos pueden utilizar esos verbos sin que medie una sentencia; y así lo hacen con la mayoría de asuntos de lo real, que no están sometidos al escrutinio de un juez. El problema es que los hechos que afectan al yerno del Rey están todavía en curso y por elucidarse. Los periódicos solo están publicando el relato fiscal (policial) de los hechos. Un relato que se distribuye a trozos, dosificadamente, en razón de las necesidades comerciales, como truculentas piezas separadas: múltiples cabezas desgajadas de su tronco, que aún se mueven pero cuya inteligibilidad es dudosa. Y en el que deslumbra una ausencia: los packs de los periódicos titulan, con su arrogancia habitual, Todo sobre el caso Urdangarín,y es lástima grande que en el todo falte la voz del propio Urdangarín.

En cualquier otro asunto no sometido al protocolo judicial, el político, por ejemplo, ningún periódico se atrevería a escribir en esos términos sobre nadie sin incluir lo que tuviera que decir el nadie. ¡Buenos son ellos para no acogerse a las llamadas versiones de los hechos! Pero, sorprendentemente, cuando se trata de determinados procesos judiciales los periódicos abandonan toda prudencia. Hasta el punto de que, tras los primeros compases, desaparecen incluso las construcciones gramaticales precautorias. Si en los primeros días aún se lee que la policía acusa, el fiscal responsabiliza, o el instructor cree en las semanas siguientes los hechos se presenten sin padre ni madre, y sin piedad: Urdangarín cobró.

De modo que lo primero que cabe considerar sobre el llamado juicio mediáticoes que suele producirse sin la participación de las defensas, como es tradición en Moscú. Las razones de este silencio son múltiples. Y la primera, casi conceptual: se trata de defensas. Esta posición es siempre el hándicap de partida, mucho más lacerante cuando las acusaciones, aún sometidas al secreto de sumario pero ya filtradas, están en los periódicos sin que los abogados las hayan aún examinado. También es evidente que la defensa suele ser para los medios la realidad que estropea una buena noticia. Y, desde luego, en el privilegio dado al relato acusatorio hay una viscosa cuestión de tráfico de intereses: los periodistas especializados viven, noticiosamente hablando, de la policía y el fiscal: los abogados pasan, pero el fiscal y la policía permanecen.

Los abogados, desde luego, suelen quejarse de la indefensión del juicio mediático; pero lo cierto es que harían bien en abandonar esa retórica plañidera y ponerse manos a la obra desde la consideración inexorable de que en los periódicos, al menos en los españoles, se dirime la suerte civil de los acusados. La realidad, sin embargo, es que la gran mayoría de los abogdos no está preparada para ese trabajo: a diferencia de policías, fiscales y jueces desconocen cómo gestionar el trabajo con los medios. Es sorprendente que hasta una fábrica de peluches tenga su jefe de prensa y que grandes despachos de no se hayan planteado jamás incorporar a su plantilla a especialistas de la jungla mediática. La ausencia del relato exculpatorio tiene la consecuencia que cabe esperar: el que calla otorga. La opinión pública concluye que ni el yerno del Rey ni su abogado dicen nada porque nada tienen que decir, salvo admitir los hechos y su condena.

El juicio mediático tiene, por último, su sentencia y su ejecución de condena, que consiste en la llamada pena del telediario. El acusado pasa, a veces sucio, despeinado y con esposas, por la horca caudina del prime time, es decir, por el tribunal del pueblo de nuestra época. El pueblo, previamente engrasado por centenares de titulares, dicta entonces su sentencia inapelable. Tan inapelable que ni siquiera una absolución de los jueces la conmoverá. Cabe señalar, no obstante, que la ejecución de la pena del telediario está, básicamente, en manos de la instancia judicial. Porque puede impedir su ejecución o facilitarla, como parece que va a hacer ahora el juez con el yerno del Rey. Es un caso de altísima hipocresía el que los jueces partidarios de aplicar el garrote del telediario lo hagan en nombre de la igualdad ante la ley. Yo admitiría que lo hicieran en nombre de un suplemento de justicia que se acerca plácidamente a la venganza: que el poderoso se lleve algo más. Pero en nombre de la igualdad… Lo que la pena del telediario prueba, precisamente, es que todos no somos iguales ante la ley: unos pueden ir a declarar ante el juez paseando y gozando de la mañana mientras otros deben hacerlo entre los insultos de los característicos del pueblo, esa horda mafiosa que se agolpa ante los juzgados cada vez que la convocan y que espera jadeante ser recompensada por los medios con su pedacito de alcachofa sanguinolenta.

Sobre el yerno del Rey, sin embargo, y cuando aún faltan siete días para su primera declaración, el juicio mediático ya ha cumplido todos su protocolos. Incluido el de la ejecución de condena. Ya es indiferente de qué modo vaya a declarar, si andando o bajo vidrios tintados. El pasado martes la cadena Telecinco emitió unas tremendas imágenes de su culo corriendo por las calles de Washington, cuando trataba de librarse del acoso de una dulce reportera. Las imágenes no explicaban nada del caso Urdangarín, pero trazaban un autobiografía completa de los que filman, montan y emiten. Ese culo nos humilla a todos. Los ciudadanos sueñan con príncipes valientes, que planten cara a la vida con elegancia, contundencia y honor, y es cierto que la reacción del yerno del Rey fue decepcionante. Pero en el fondo no hay en ella otra cosa que la democratización de la monarquía, con la que se llena la boca tanta gente honorable. Mientras mostraban el regio dorso, una voz en off, el fétido corifeo, iba diciendo: «¡¿De qué huye Urdangarín, de qué huye?!» La voz iba buscando la guillotina de la metáfora: ¡míralo, pueblo, el pelele, cómo huye de la justvcia! Sin embargo el yerno solo hacía lo que cualquier demócrata asustado: huir de los navajeros.

Sigue con salud,

A.

(El Mundo, 18 de febrero de 2012)

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