Se declara nulo el Anejo 19 EHE 08

Fuente: Foro sólo arquitectura.

Boletín Oficial del Estado:

Estimamos el recurso contencioso administrativo n.º 53/2008 interpuesto por el Procurador don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR) y la Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC), contra los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por Real Decreto 1247/08, de 18 de julio, que declaramos nulos.

Sentencia del Tribunal Supremo.


Explicación de Félix Rivas:

Con la sentencia, el Supremo deja sin efecto los requisitos para el reconocimiento oficial de los distintivos de calidad establecidos por EHE-08, al admitir que la Instrucción restringe el acceso de aceros para armar procedentes de Estados miembros de la Unión Europea, Turquía o Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Menos presunción

por Arcadi Espada.

La degeneración ha llegado a tal extremo que esta mañana me siento incómodo donde Herrera, por defender la presunción de inocencia de Bretón; y sobre todo por no meterme en la poza negra del cerebro de un psicópata. Lo extraordinario es la comodidad con que mis colegas deambulan por ahí; de modo que el que parece que esté fantaseando sea yo. Es llamativo cómo ha disminuido en pocos años la distancia entre los oyentes de un programa y los que lo hacen. Ya es prácticamente indistinguible. Y, desde luego, no porque haya subido la capacidad de raciocinio y mesura del pueblo radiofónico.

Pero ojalá se ciñera el asunto a un problema específico de la radio. Que pudiera decirse se le calentó la boca, ¡y no se refirieran a mí! Quia. Hoy trae el periódico, y destacado en su portada, un artículo dictamen de un José Cabrera, forense, que congrega una sarta penosa de fantasías y elucubraciones (y la habitual creencia de que la distinción entre el bien y el mal basta para descartar la enfermedad cerebral) cuya inserción en un caso de dolor terrible le añade un estrago de inmoralidad. Obviamente lo primero que hace nuestro forense es ignorar con desprecio la presunción de inocencia. A partir de ahí el desbordamiento es incontenible. La presunción de inocencia revela, por agrio contraste, para qué sirve, su utilidad específica en la higiene del Estado de Derecho. Cuando la presunción de inocencia se destruye todas las presunciones resultan ya legítimas, llevaderas, naturales. Declarado culpable por el tribuno popular el asesino y toda su peripecia se convierten en un bien comunal.

Detención de Garry Kasparov: la dictadura de Vladimir Putin

Fuente: Xavier Sala i Martín.

Después de ser detenido y vapuleado por la policía rusa cuando estaba esperando el veredicto y sentencia al grupo musical Pussy Riot por su canción anti-Putin Garry Kasparov ha publicado un comunicado oficial.

Mientras Garry Kasparov espera su juicio sin esperanza de que se haga justicia (al fin y al cabo, no se puede esperar justicia de un estado que condena a dos años de cárcel a tres cantantes por cantar una canción que disgusta al presidente el país) deste blog quiero solidarizarme con Garry y con todos los que luchan por la libertad publicando su comunicado.

Quiero además condenar la reacción del presidente de los Estados Unidos, Barak Obama, que se ha limitado a decir que la condena de dos años a las cantantes de Pussy Riot era una condena "desproporcionada". ¿DESPROPORCIONADA? Señor Obama, el problema no son los dos años. El problema es que haya habido condena, una condena que viola flagrantemente una libertad de expresión que usted debería ser el primero en defender.

Moscú, Rusia 18 de agosto 2012

DECLARACIÓN Garry Kasparov: PRESIDENTE DEL FRENTE ÚNICO CIVIL

El propósito de esta declaración es aclarar los hechos de mi detención ilegal por parte de la policía de Moscú el 17 de agosto de 2012, fuera del palacio de justicia donde estaba teniendo lugar el juicio de la banda musical Pussy Riots. No necesito hacer argumentos complicados ya que existe una gran cantidad de vídeo profesional a disposición del público que muestra la policía me detuvo violentamente mientras yo estaba hablando con los periodistas y luego agredió físicamente. Tengo previsto presentar una demanda contra los oficiales que me atacaron por esta detención ilegal.

Esta evidencia videográfica también refuta categóricamente la acusación hecha por la policía de que yo asalté a un oficial mordiéndolo en la mano. El oficial en cuestión, y sus manos, son claramente visibles antes, durante y después del asalto policial contra mí. Nunca hay señal de un mordisco, ninguna lesión visible, o cualquier otra reacción por parte del policía que muestre que ha sufrido daño alguno. El artículo 318 (1) del Código Penal ruso señala pena de multa de hasta 200.000 rublos ($ 6200) y hasta cinco años de prisión por causar un daño menor a un oficial uniformado en servicio.

El lunes 20 de agosto voy a ser interrogado por la policía sobre este el asunto de mi supuesto asalto al oficial de policía. A continuación, decidirán si deben o no proceder con un caso criminal en mi contra. El 23 de agosto voy a ser juzgado bajo la acusación de participar de una manifestación política no autorizada el día 17. Ambas acusaciones son absurdas y, en cualquier nación libre con un poder judicial independiente serían desechadas con solo ver las grabaciones de video de los acontecimientos.

Por desgracia, tener todas las pruebas del mundo de mi lado no me va a ayudar en un tribunal de Moscú. La condena de los integrantes de Pussy Riot a dos años de cárcel por una broma anti-Putin es sólo la última demostración de que el Estado de Derecho en la Rusia de Putin comienza y termina en el Kremlin, y no con nuestra Constitución. No importa quién eres. Cualquier manifestación de desobediencia a la policía estatal de Putin tiene como respuesta la violencia y la persecución.

La evidencia del vídeo del 17 de agosto hace más que demostrar mi inocencia. Demuestran que las fuerzas de seguridad no son más que ejecutores políticos. No sirven al Estado como define la Constitución. Al cometer estos actos de brutalidad, quieren que los rusos tengan miedo. Pero no tenemos miedo; estamos enojados. Y vamos a seguir estando enojados hasta que Vladimir Putin y su sistema cruel y corrupto sean barridos.

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EVIDENCIA VIDEOGRÁFICA Y FOTOGRÁFICA DE 17 de agosto 2012

A continuación se muestra un enlace a una recopilación de imágenes de vídeo que demuestra la policía detiene violentamente a Garry Kasparov, levantándolo y arrastrándolo hasta el autobús de la policía y metiéndolo dentro por la fuerza. La policía se niega a responder a la pregunta repetida Sr. Kasparov: "¿De qué se me acusa?"

http://youtu.be/cBU5hl9T9Ho

Más tarde, el Sr. Kasparov es agarrado y golpeado por varios agentes de policía fuera del autobús. La policía informó que no de sus oficiales, destacado en el vídeo y en las imágenes fijas de vídeo a continuación, había sido herido por los mordiscos en la mano del Sr. Kasparov. Los vídeos y las fotos muestran al oficial golpeando a Kasparov en la cabeza con la mano izquierda. Nunca aparece ni un mordisco o herida al oficial. El oficial se mantiene en el lugar y utiliza las dos manos sin ninguna señal de incomodidad.

VIDEOS

Срок/The Term: http://www.youtube.com/watch?v=cf55YyMC6qk

Grani.ru: http://www.youtube.com/watch?v=K-pomYNiNps

BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19300149

FOTOS

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(Versión original en inglés)

FOR IMMEDIATE RELEASE

MOSCOW, RUSSIA AUGUST 18, 2012

STATEMENT BY GARRY KASPAROV: CHAIRMAN, THE UNITED CIVIL FRONT

This purpose of this statement is to make clear the facts of my unlawful arrest by the Moscow police on August 17, 2012, outside the courthouse where the trial of the band Pussy Riot was taking place. I need make no complicated arguments, as there is a large amount of professional video publicly available that shows the police violently seizing me while I was chatting with journalists and later physically assaulting me. I plan to file suit for this illegal arrest and against the officers who attacked me.

This video evidence also categorically disproves the accusation made by the police that I assaulted an officer by biting him on the hand. The officer in question, and his hands, are clearly visible before, during, and after the police assault on me. There is never any sign of a bite, any visible injury, or any reaction from the officer as if he had been harmed. Article 318(1) of the Russian criminal code describes penalties from fines of 200,000 rubles ($6200) up to five years in prison for causing a minor injury to a uniformed state officer on duty.

On Monday, August 20, I will be interrogated by the police on the matter of my supposed assault on a police officer. They will then decide whether or not to proceed with a criminal case against me. On August 23, I will be in court on the charge of participating an unsanctioned political rally on the 17th. Both allegations are preposterous and in any free nation with an independent judiciary they would be thrown out after a single viewing of the video record of events.

Unfortunately, having all the evidence in the world on my side will not help me in a Moscow courtroom. The sentencing of the members of Pussy Riot to two years in prison for an anti‐ Putin prank is only the latest demonstration that the rule of law in Putin’s Russia begins and ends in the Kremlin, and not with our Constitution. It does not matter who you are. Any demonstration of disobedience to the Putin police state is met with violence and persecution.

The video evidence of August 17 does more than prove my innocence. It indicts the security forces as nothing more than political enforcers. They do not serve the state, which is defined by the Constitution. By committing these acts of brutality they want Russians to be afraid. But we are not afraid; we are angry. And we will stay angry until Vladimir Putin and his cruel, corrupt system are swept away.

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VIDEO AND PHOTOGRAPHIC RECORD OF AUGUST 17, 2012

Below is a link to a compilation of annotated video footage showing the police violently seizing Garry Kasparov, lifting and carrying him to the police bus, and forcing him on board. The police refuse to answer Mr. Kasparov’s repeated question, “What am I being charged with?”

http://youtu.be/cBU5hl9T9Ho

Later, Mr. Kasparov is grabbed and beaten by several police officers outside the bus. One of these officers, highlighted in the video and in the video stills below, was reported injured by the police, who claimed Mr. Kasparov had bitten him on the hand. The videos and the photos show this officer striking Mr. Kasparov in the head with his left hand. There is never appearance of a bite or injury to the officer. The officer stays at the scene and uses both his hands with no sign of discomfort.

VIDEO SOURCES

Срок/The Term: http://www.youtube.com/watch?v=cf55YyMC6qk

Grani.ru: http://www.youtube.com/watch?v=K-pomYNiNps

BBC: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-19300149

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Contact: mgreengard@theotherrussia.org | +1 917.495.9460 | theotherrussia.org facebook.com/pages/Garry‐Kasparov/243791258306 | @Kasparov63

 Download attachments:

• Garry_Kasparov_statement_on_his_arrest_and_beating_by_police___Aug_18_2012.pdf

Why prison doesn't work and what to do about it

Prison time is a very severe punishment. JS Mill likened it to being consigned to a living tomb.* Any society that employs it should do so with care and restraint. Yet we do not. Partly because we think that prison is a humane punishment, it is drastically over-used in many countries, to the point of cruelty. Aside from failing in humanity, prison does not even perform well at the specific functions of a criminal justice system, namely, deterrence, retribution, security, and rehabilitation. We need to reconsider our over-reliance on prison, and reconsider whether other types of punishment, including capital and corporal punishment, may sometimes be more effective and more humane.

The fundamental problem with prison time, as Mill notes, is that its severity is hard to imagine. After all, many of us frequently find that what with one thing and another we have spent the whole day indoors, and we don't find that we have really suffered for it. It is hard to imagine quite how it must be to be confined to a small space and narrow routine for periods of years, or even until death. There is no great drama to focus on. No particularly terrible things happen. Just more of the nothing. Attempting to multiply our feelings about spending one day indoors does not really get us there.

A punishment that is hard to imagine will not work very well. First, people contemplating breaking the law will not be especially deterred by dread of the punishment. In particular, though the concept of prison as an institution may be somewhat dismaying, it is hard to contemplate the difference in severity of spending different lengths of time in one. Duration is a rather abstract dimension, and the difference between 5 years and 10 years, especially the cumulative difference, is hard to imagine. Thus, contrary to the influential 'law and economics' perspective, people are not able respond 'rationally' to the schedule of prison time sentences for different crimes by making cost-benefit calculations for their actions that incorporate the 'price' of punishment. Nor do increases in sentences have the deterrent effect one might expect (sending armed robbers to prison for 40 years instead of 10 doesn't reduce the incidence of armed robbery).

A punishment that is hard to imagine will also not satisfy the moral outrage of those who have been wronged. If a child is run down by a drunk driver, not only the parents but the society as a whole demands a severe punishment. Though a criminal justice system cannot be run on populist grounds in particular cases (that would just be mob rule), in order for justice to be seen to be done it does need to respond to those demands to some extent. Thus, even though the professionals staffing the justice system may understand the severity of prison time as a punishment, their judgement may be superseded by the pressures of popular opinion. This is most evident where populist politics are integrated into the justice system, such as in America where judges and prosecutors are often directly elected.

Where prison is the only severe punishment available, and length of time the only measure of severity, one will naturally find that very long sentences will be handed out in such cases. On an impartial view of the matter, the severity of the punishment often seems quite disproportionate. And yet the people will often remain dissatisfied. After all, aren't some prisons like hotels, with TVs and private bathrooms no less! To many people even 10 years confinement to such a place hardly seems a just punishment for driving over an innocent child.

This dissatisfaction lies behind the dismaying popularity of inhumane prison conditions, seen most clearly in the pervasiveness of sly jokes and official winking about prison violence and rape. One can understand this phenomenon as a reaction to the imaginative shortcomings of simple prison time as a punishment. If prisons are understood as places of physical and sexual violence, then a prison sentence takes on a much more dramatic character that is easier to imagine for both potential criminals (deterrence) and victims of crime (retribution). But this is a very dissatisfactory fix. In effect the punishment of prison time comes in two parts. The judicial sentence that society's justice institutions decides is right and proper. And an additional physical punishment outsourced to the most vicious and violent thugs in the relevant prison community to determine and administer. Such punishment has the unfortunate characteristics of being only haphazardly related to the original crime, and in falling most heavily upon those who are weakest and most vulnerable.

Two criminal justice functions unrelated to punishment are also relevant: rehabilitation and security. The rehabilitation argument is a humanitarian one. Dysfunctional people commit crimes, including terrible crimes. Yet everyone deserves a second chance. Prison time appears to offer a way to impose rehabilitation on criminals, since they are a captive audience. This was an important argument by liberals in proposing prison as the best form of punishment in the 19th century. (Hence the rather optimistic terminology of 'correctional facilities' and 'penitentiaries'.)

Yet rehabilitation as an aim fits poorly with the punishment emphasis, as is clear from the generally high reoffending rates of ex-convicts in many countries (particularly the ones that use prison the most). It is possible for those who genuinely want to make a change in their lives and are willing to work to change their character and tackle problems like drug addiction to use their time in prison productively (if they are provided with adequate support and counselling, during and after their sentence). But the very circumstances of prison - long term isolation from the rest of society, from positive relationships such as family and friends, and from positive responsibilities like regular work - seem to work against rehabilitation. Convicts' lives are likely to be more dominated by the prison community they are living in than the values of the normal society to which they are supposed to return. Thus, it is not surprising that many people who spend significant time in prison seem to become further acculturated in criminal values and attitudes and actually emerge less willing and able to function normally in society. Others are traumatised by the experience of surviving in such a community.

At least prison should be justifiable in terms of security? While it is true that, so long as they are locked up, criminals can't prey on society, the question of security always requires some attention to costs and benefits. After all, if security were our only concern we would have police on every corner; people with genetic markers for schizophrenia or psychopathy would be committed to institutions from childhood; and people found guilty of attempted murder would go to prison for as long as murderers. An excessive focus on security undermines the freedoms we want to protect, as well as principles we want to uphold, like fairness.

Even if someone has committed a serious crime and deserves to be punished severely, that does not necessarily mean that they present a danger we need to be protected from. Corporate fraudsters for example can be made safe relatively easily by removing their rights to manage companies. Likewise even those who commit very serious violent crimes may not be particularly dangerous; for example women who kill abusive husbands do not go around killing other people. Quite often, people are sentenced to prison for the worst thing they have ever done, and not for being dangerous. Thus, little to no security benefits are achieved from their stay in prison. Of course there are people whose character can be said to be criminal, and who do present a risk to society for as long as they are free, but these are a small minority of those who are now sent to prison. The way we use prison now assumes that all convicts are criminal characters, which is not only false, but a very inefficient way of trying to achieve security.

What to do?

First, we should recognise that our failures of imagination lead us to overuse prison as a punishment. Because prison is a severe punishment, excessive use of it is unjust. Millions of people are serving unjustifiably long sentences in living tombs as a result of our inability to take prison seriously. Our criminal justice systems should be much more restrained in their use of prison as punishment, and much more insulated from popular demands for excessive sentences. Society at large also has a responsibility to think harder about how very severe a punishment prison is, and to support such reforms. A more generous and rigorous approach to rehabilitation, perhaps incorporating forms of restorative justice, seems particularly important for a society that wants to call itself civilised.

In addition, we should consider supplementing prison time with other types of punishments, which might be more effective and humane. Here I will consider two such punishments which 'civilised' countries have long abandoned: flogging and execution. Many people would automatically say that such punishments are inhumane. But the very reason for this reaction - that such punishments are extremely unpleasant to contemplate - is exactly their advantage over prison time.  

Flogging is barbaric and ugly. Yet that in itself does not mean it is cruel or inhumane or otherwise unfit as a punishment. Punishments, by definition, are supposed to be very unpleasant. Peter Moskos, who recently wrote a book In Defense of Flogging (op-ed), notes that if convicted criminals were given a choice between being flogged and serving a lengthy prison term, they would probably choose the flogging (and wouldn't we all?). While one would not want to make a general principle of allowing convicts to decide their own punishments, this thought experiment is interesting because it goes against the general consensus that prison is more humane.

When one considers the advantages of flogging more generally one can see that it measures up well against prison time, especially longer prison sentences (more than a year). Its drama makes it much easier to imagine, indeed to over-imagine, and so it should work better than prison as a deterrent. For the same reason, it also seems better able to satisfy legitimate demands for retribution by those who have been wronged. Seeing someone strapped to a frame and having their skin ripped from their body seems to me to convincingly satisfy the requirement that justice be seen to be done, in a way that prison cannot. Yet, unlike prison, achieving this effect doesn't require that large chunks of a person's life be thrown away, together with their relationships and mental well-being. Thus, exactly because of its barbarism, flogging seems a more efficient punishment because the total suffering it inflicts is less. In my view, that makes it more humane.


Execution seems to me an appropriate punishment for very severe crimes, such as certain kinds of sadistic murder (like Anders Breivik). I do not suppose judicial executions are a particularly persuasive deterrent to most of the people who commit such crimes (indeed it is very hard to understand how such people look at the world). Nonetheless they seem an appropriate retributive punishment. Such crimes are almost the definition of evil and undoubtedly merit a very severe punishment. Furthermore, in such cases society has a legitimate fear of the perpetrators ever being allowed to operate freely amongst them, and a legitimate distrust of claims about successful rehabilitation.

Yet I do not think that even such crimes deserve any punishment more severe than execution. I do not believe that the perpetrators deserve to be locked away forever in a living tomb, perhaps even in solitary confinement for their own protection. While people in prison do live considerably shorter lives than the rest of us, that still allows for several decades of monotonous hopelessness before a miserable, unmourned death. I follow Mill here in considering that death is not the worst of all things that can happen to a person, and that merely allowing someone's continued existence is not mercy. A truly humane approach to punishment must consider the severity of the punishment from the convict's perspective, the undramatic but unrelenting mental suffering that a life sentence means.

Let me conclude by reconsidering what we mean by a 'humane' punishment. It seems to me that prison time is a humane punishment in one particular aspect. It is humane to those who impose it. Because it is difficult to imagine how awful it must be to be deprived for years on end of all the things that make life desirable or valuable, prison time is all too easy for a society to choose to impose on its troublemakers. Furthermore, because it appears to consist of removing pleasures rather than inflicting suffering, societies do not feel any great moral compunction about employing it liberally. It is therefore the perfect punishment for a society too cowardly to face up to its own moral responsibilities. True punishment is supposed to hurt, and the punisher is supposed to be aware of their responsibility for inflicting that pain. That is why true punishment is always carried out with some regret, even when it is just. When punishing people becomes easy it isn't taken seriously, and so will no longer reflect the considered judgement of society about what justice requires.

Consider the debate about  judicial executions in America. Because execution isgenerally acknowledged as a severe punishment, its proper application is considered a momentous responsibility. Not only are the few hundred death penalty cases much more carefully prosecuted by the state (on average), but a number of NGOs concern themselves entirely with investigating and scrutinising whether justice has been done. Indeed, the conscience of a civilised society deserves no less. Yet it is striking that the more than 100,000 people sentenced to decades of suffering in prison do not receive such careful attention to the justice of their cases. Sending large numbers of people to prison for a very long time doesn't seem to stir America's conscience in the same way as a 'real punishment' like execution. It should. 


Notes
*JS Mill "Speech In Favour of Capital Punishment", Parliament, 1868

Los agujeros de Bankia

por Manuel Conthe.

La querella de UPyD contra los consejeros de Bankia que firmaron el folleto de su salida a Bolsa se ha interpuesto por muchos delitos (estafa, apropiación indebida, falsificación de cuentas, delitos societarios y manipulación para alterar el precio de las cosas); pero el principal reproche que les dirige es haber ocultado adrede, para colocar las acciones en Bolsa a un precio engañoso, el deterioro de valor de los préstamos y demás activos de la entidad financiera.

“¿Acaso el Folleto advertía del riesgo de que las cuentas fueran falsas y hubieran de ser reformuladas, de que la Sociedad se encontrara en causa de disolución y de que fuera necesario inyectar 19.000 millones adicionales de fondos del FROB para sanearla?”, señala la querella. “Bajo ningún concepto lo descubierto con posterioridad respecto a la verdadera situación patrimonial de la entidad queda amparado o justificado en las advertencias del Folleto”.

“Plena y deliberadamente, los consejeros llevaron a cabo una acción falsaria sobre documentos contables de Bankia y BFA, formulando y aprobando unas cuentas que a ciencia cierta sabían que no eran fiel reflejo de la realidad”.

La interposición de la querella por UPyD ha sido legítima, pues más de 300.000 pequeños accionistas –muchos de ellos, clientes de las cajas integradas– suscribieron acciones de Bankia a 3,75 euros y en apenas un año han perdido casi toda su inversión, sin que nadie les haya dado explicaciones detalladas y claras.

Sesgo de retrospectiva<7strong>
A lo largo del procedimiento judicial saldrán previsiblemente a debate tres cuestiones: 1. El grado de prudencia exigible en la valoración de sus préstamos y activos a una entidad de crédito cotizada en Bolsa y sujeta a regulación prudencial; 2. El grado de previsibilidad, cuando Bankia salió a Bolsa, del deterioro del valor de esos activos que los nuevos gestores aceptaron al reformular las cuentas de 2011; y 3. El efecto exculpatorio de la descripción de riesgos futuros que contenía el folleto de salida a Bolsa.

Carezco de información precisa sobre la cuentas de Bankia y sería osado que intentara responder a esas tres cuestiones; pero me parece oportuno recordar algunas doctrinas relacionadas con las dos últimas, surgidas en Estados Unidos con ocasión de demandas judiciales por securities fraud emparentadas con la querella de UPyD.

Una de tales doctrinas es el riesgo de que el juez sucumba al llamado “sesgo de retrospectiva” (hindsight bias), un sesgo cognitivo que algunos juristas españoles –entre ellos, un penalista, Jaime Alonso Gallo, y un procesalista, Arturo Muñoz Aranguren– han analizado en diversos trabajos. Como expuso el primero en uno pionero, “por mucho que la valoración ex ante del hecho constituya uno de los axiomas de la moderna dogmática penal, es difícil desembarazarse de las consecuencias nefastas del [sesgo de retrospectiva].

El Juez valora los hechos después de ocurridos y buena parte del material probatorio que tiene ante sí procede de la investigación de los hechos tras producirse éstos. Al Juez le resulta muy complicado ponerse en la situación del acusado en el momento de producirse los hechos, ya que carece de la información necesaria para realizar tal ejercicio intelectual… Si ello no fuera suficiente, el sesgo retrospectivo afecta igualmente a los profesionales que valoran, ex post facto, la actuación de otro profesional”. De ahí la tendencia “a considerar, partiendo del conocimiento de las consecuencias [de un hecho pasado], que tales consecuencias eran previsibles desde el principio”.

Una doctrina dirigida a contrarrestar esa espontánea tendencia a considerar previsible lo que efectivamente aconteció la enunció en Estados Unidos en 1978 el juez Friendly, cuando en el caso Denny vs. Barber desestimó una demanda contra un banco que no había desvelado información alguna de que tuviera problemas con diversos préstamos que al año siguiente resultaron impagados.

El juez argumentó que la demanda se apoyaba en un mero “fraude por efecto retrospectivo” (fraud by hindsight o FBH) e ignoraba los acontecimientos económicos acaecidos entre las dos fechas. La doctrina del FBH la amplió y popularizó en 1990 el juez Easterbrook en otro caso –DiLeo v. Ernst & Young – que se asemeja aún más al de Bankia, pues los accionistas de un banco acusaban a sus directivos y auditores de no haber revelado a tiempo que una parte substancial de su cartera de préstamos era irrecuperable. El juez rechazó también la demanda porque consideró que los demandantes no habían aportado “evidencia contemporánea” que acreditara que los acusados sabían desde el principio que tales impagos eran previsibles y que ocultaran ese hecho maliciosamente, ni la demanda precisaba tampoco el “qué, dónde, cuándo y cómo” de las afirmaciones que consideraban fraudulentas.

Doctrina del “bespeaks caution”
En lo que atañe al efecto exculpatorio de las advertencias, los jueces americanos han elaborado la doctrina del bespeaks caution (literalmente, “invita a la cautela”), a tenor de la cual no se considera fraudulento que un emisor de valores haga optimistas afirmaciones sobre el futuro (forward-looking statements) aunque luego no se cumplan, siempre que las acompañe de advertencias precisas de tal riesgo.

La eficacia exculpatoria de las advertencias ha suscitado, sin embargo, controversia. Así, Jeffrey Rachlinski, experto en psicología jurídica (behavioral law), señala el peligro de que, acaecido el siniestro, un “sesgo retrospectivo a la inversa” (reverse hindsight) nos lleve a exagerar la notoriedad efectiva de la advertencia, que bien pudo pasar desapercibida si era poco visible o era una gota en medio de un océano de afirmaciones optimistas.

Además, según los jueces americanos la doctrina no protege a quien alerta de riesgos que ya se han materializado o son inminentes: “La doctrina no protege a quien advierte a su compañero de excursión que camine despacio porque podría haber una zanja más adelante, cuando ya sabe, casi con plena certeza, que se encuentran a unos pasos del cañón del Colorado”.

Tras la admisión de la querella por la Audiencia, el procedimiento penal será largo y tortuoso. Estará jalonado por interesantes debates doctrinales, y mantendrá en vilo a los accionistas perjudicados; pero, cualquiera que sea su desenlace final, constituirá un largo calvario para los imputados, que habrán caído en una inesperada y profunda sima judicial.

“Soy minero”

por Carlos Rodríguez Braun.

Estas son las primeras líneas del clásico “Soy minero”, que cantó el gran Antonio Molina: “Yo no maldigo mi suerte porque minero nací/y aunque me ronde la muerte no tengo miedo a morir/no me da envidia el dinero porque de orgullo me llena/ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena”.

Se dirá lo que se quiera, que los tiempos cambian, que las condiciones laborales de entonces eran incomparables con las actuales, etc. Pero ese señor que retrató Molina era sin duda alguna un minero.

En cambio, si yo lanzo un cohete a un helicóptero de la Guardia Civil, mi profesión resulta irrelevante. Cuando me detengan y me lleven ante el juez, yo no podré alegar que soy economista y que atravieso por tales o cuales dificultades. El juez me dirá: “Mire usted, eso a la Justicia le da igual, porque un economista con problemas que le dispara a la Guardia Civil no es fundamentalmente un economista, sino un delincuente”.

Esta obviedad es oscurecida cuando la violencia es perpetrada por grupos políticos o sindicales, o avalados por partidos o sindicatos. En Asturias y León hemos visto actos de violencia tan espectaculares como impunes. Si a usted se le ocurriese cortar una autopista incendiando neumáticos, por no hablar de si se le ocurriese atacar a la policía o la Guardia Civil, a los dos minutos estaría detenido y acabaría en la cárcel. Pero unos malhechores no sólo se permiten violar la ley, sino que cuentan con la simpatía, o al menos con cierto grado de justificación, de algunos políticos, sindicalistas y periodistas.

Éstos no aplauden directamente la violencia, eso no, pero de modo indirecto la justifican sugiriendo que la culpa es en el fondo del Gobierno, porque no “dialoga”, o incluso de la “represión” de las fuerzas del orden. Un minero lanza-cohetes declaró: “Tiramos a dar, claro, igual que ellos a nosotros”. Vamos, que es como una guerra entre ejércitos regulares…

También abundan las falacias económicas, como que “el carbón no puede existir sin subvención”, como si eso probara que hay que subvencionarlo, o la consabida “miles de familias viven directa o indirectamente del carbón”, como si las miles de familias que pagan las subvenciones no fueran dignas de atención, o que el Gobierno tiene que garantizar el futuro de las cuencas mineras, como si el Gobierno supiera cómo hacerlo y pudiera hacerlo sin comprometer los bienes de los ciudadanos en toda España. Y no se habla demasiado de lo que cuesta la subvención y de las condiciones económicas del sector y sus trabajadores.

Lo que importa, en resumen, no es la mina sino la política. Un sedicente minero no lo pudo expresar más claro: ellos quieren destronar al Rey e instaurar el comunismo. “Mi abuelo luchó en el 34, mi padre en el 62, y ahora me toca a mí”, proclamó, orgulloso, luciendo un pin de…Lenin.

La honrilla

Arcadi Espada.

El caso del expresidente Camps está llamado a formar parte de las antologías de la injusticia, el disparate y la vergüenza mediática. Pero a veces da risa.

Este titular del periódico:

Y lo fácil (y lo ético) que habría sido titular con algunas de las respuestas del testigo. Por ejemplo:

«Don Francisco Camps, presidente de la Generalitat, no tiene contacto conmigo.»

O con la totalidad de las preguntas y las respuestas sobre Camps:

«Juez.- Señor, ¿le parece alocado que alguien haya ido a hablar con don Francisco Camps para proponerle esto, tratándose del señor Urdangarin? ¿Le parece ilógico, anormal?

L.B.- No, a mí no me parece ilógico, pero...

Juez.- Fue a hablar con don Jaume Matas en las Islas Baleares. ¿Qué le hace pensar que aquí va a tratar a nivel inferior?

L.B.- Pero, Señoría, yo vengo aquí para explicar lo que sé, no de lo que supongo que puede pasar.

Juez.- ¿Usted no recibió ninguna indicación, ningún consejo de don Francisco Camps, de alguna persona de su entorno?

L.B.- No»

¿Qué quieren de Camps ahora que su vida política está ya destruida?

Eh... La honrilla. Si Camps tiene intacta su honra a ellos les vale con la versión mini. Demostrar, con el calzador que sea necesario, que el periodismo tenía razón.  

Sobre Margarita Robles, una jueza.

Otra autoridad del Estado que da mucho miedo.


Por Arcadi Espada.

El periódico publica hoy una escandalosa entrevista con Margarita Robles, la vocal del Consejo General del Poder Judicial, que tantas pruebas de equidad y de competencia ha dado en su carrera judicial. El asunto es Dívar y su suerte. Y estas son algunas de las afirmaciones de la juez, una de las más activas a la hora de exigir que Dívar acabe.

«Es que en este país tenemos una cultura de que la dimisión va unida a la culpabilidad, pero no es así.»

«Yo no dudo de que Dívar haya actuado con arreglo a la norma, pero en política las apariencias son tan importantes como la realidad.»

Esto voy a repetirlo:

«En política las apariencias son tan importantes como la realidad.»

«Aceptando que Dívar actuó con arreglo a la norma, se ha creado una crisis en la institución y un daño al poder judicial, y el único que pude terminar con esto es él.»

Por último la vocal Robles entra en un grave estado de dubitación cuando se le pregunta si esta es la crisis más grave que ha vivido el Consejo. Se acuerda del vocal Pascual Estivill, y rumia, y dice que aquello fue una crisis muy grave, «pero que esta es de calado».

Es decir: la vocal Robles cree que algún calado de comparación hay entre un juez (¡el juez del pueblo!) que metía a la gente en la cárcel si no pagaba y otro que ha aplicado una norma sobre dietas, establecida el 14-M para la cuarta autoridad del Estado, que habrá supuesto para el erario público unos gastos de 20 mil euros repartidos en cuatro años. 

El contador de cuerpos

Tina Rosenberg.


Traducción de Iñigo Valverde.

La coreografía de una típica investigación sobre cuestiones de los derechos humanos es la siguiente: los investigadores entrevistan a las víctimas y a los testigos y redactan su informe. Los medios de comunicación locales lo cubren – si pueden. A continuación, los acusados lo refutan; no quedan más que unos relatos, es la palabra de unos contra la de otros, las fuentes son parciales, las pruebas manipuladas. Y se estanca la cuestión.

El 13 de marzo de 2002, en un tribunal de La Haya, ocurrió algo diferente. En el juicio de Slobodan Milosevic, Patrick Ball, un estadístico americano, presentó unos números para apoyar la alegación de que Milosevic había seguido una política deliberada de limpieza étnica. «Hemos encontrado pruebas coherentes con la hipótesis de que las fuerzas yugoslavas obligaron a la gente a abandonar sus casas, expulsaron por la fuerza a los albano-kosovares de sus hogares, y causaron muertes de personas «, dijo Ball.

Ball hizo esta declaración en el interrogatorio al que lo sometió el abogado de Milosevic, que era, de hecho, el propio Milosevic. Durante dos días, el ex presidente de Yugoslavia utilizó su tiempo atacando a Ball con que las pruebas habían sido manipuladas. Las organizaciones que habían recopilado los datos eran anti-serbias y trataban de «galvanizar la opinión pública y amplificar la hostilidad contra los serbios y el deseo de castigarlos», insistió Milosevic. La guerra es el caos, dijo – ¿cómo se puede ser tan simplista como para pensar que los resultados tienen una sola causa? ¿Por qué no analiza usted los flujos de refugiados serbios? ¿Cómo puede usted, alguien que se describe a sí mismo como partidario del Derecho internacional, considerarse objetivo?

Estos eran los argumentos habituales. Rara vez convencen, pero su mera existencia establece un contrapeso a las acusaciones formuladas por grupos de derechos humanos: una persona que se plantea argumentar que es su palabra contra la nuestra tiene ahí algo a lo que agarrarse. Pero Ball ofreció unas pruebas mucho más consistentes que las entrevistas con los albaneses que habían huido de sus aldeas. Había obtenido los registros de las fronteras de Kosovo donde se reseñaban las personas que se habían ido y cuándo lo habían hecho. Tenía datos de las exhumaciones y una gran cantidad de información acerca de los desplazados. En dos palabras, tenía números.

Tradicionalmente, el trabajo en relación con los derechos humanos venía siendo más parecido al periodismo de investigación, pero Ball es el más influyente de un pequeño grupo de personas a escala global que ven el mundo no en términos de palabras, sino de cifras. Su especialidad es la aplicación de un análisis cuantitativo a montañas de anécdotas, la búsqueda de correlaciones que organicen un relato de forma que no pueda refutarse fácilmente.

¿Podrían haberse efectuado los movimientos de refugiados al azar? No, dijo Ball. Había analizado también las muertes de los kosovares y encontró que ambos fenómenos se habían producido en los mismos momentos y en los mismos lugares – desplazamientos y muertes, mano a mano. «Recuerdo muy bien el momento de asombro que sentí cuando vi el gráfico de muertes por primera vez», dijo Ball a Milosevic. «Yo mismo pensé que había cometido algún error, al ver que la correlación era tan estrecha».

Algo había provocado los dos fenómenos, y Ball examinó tres posibilidades. En primer lugar, las oleadas de muertes y desplazamientos no ocurrieron durante o poco después de los bombardeos de la OTAN. Tampoco eran coherentes con las pautas de ataque de los grupos guerrilleros albaneses. Eran coherentes, sin embargo, con la tercera hipótesis: que las fuerzas serbias llevaban a cabo una campaña sistemática de asesinatos y expulsiones.

En su testimonio, Ball estaba haciendo algo con lo que otros trabajadores de derechos humanos sólo pueden fantasear: se enfrentó al acusado, lo puso frente a la evidencia, y lo vio rendir cuentas. A aquellas alturas, Milosevic, en sus cuatro guerras, había matado a unas 125.000 personas, más que nadie en Europa desde Stalin. Pero ahora el carnicero de los Balcanes se sentaba en una sala que parecía más bien un aula de un instituto de segunda enseñanza, con dos agentes de policía holandeses detrás de él y su celda esperándole al final de la sesión de cada día, con bravatas retóricas como única arma disponible contra los testimonios de Ball.

Milosevic murió antes de que finalizara el juicio. Ball volvió a Washington y luego pasó a Lima para trabajar para la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú – una de las docenas de comisiones de la verdad, tribunales y organismos de investigación donde sus métodos han cambiado nuestra comprensión de la guerra.

BALL tiene 46 años, corpulento, no muy alto y con barba, con gafas y el pelo de color castaño rojizo, que solía recogerse en una cola de caballo. Su actitud es más bien la de un friki entrañable. Pero es también un apóstol, un verdadero creyente en la necesidad de tener una visión real de la historia, de decir la verdad sobre el sufrimiento y la muerte. Como todos los apóstoles, puede impacientarse con las personas que no comparten sus prioridades; su dificultad para aguantar a los tontos (un grupo extenso, al parecer) no siempre es una ayuda para su causa.

Ball no tenía intención de convertirse en un estadístico de los derechos humanos. En la década de los 80, antes de hacer el doctorado en la Universidad de Michigan, se involucró en las protestas contra la intervención de la administración Reagan en América Central. Hizo algo más que protestar – se dirigió a Matagalpa, Nicaragua, a la cosecha de café, en la época sandinista. Odiaba el trabajo y en su lugar construyó una base de datos en la cooperativa cafetera para llevar el control del inventario.

En 1991 aplicó por primera vez las estadísticas a los derechos humanos en El Salvador. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador se creó en un momento favorable – la nueva práctica de recopilar información exhaustiva sobre los abusos contra los derechos humanos coincidió con ciertos avances en materia de computación que permitieron a personas que disponían de ordenadores personales corrientes organizar y utilizar los datos. Los estadísticos habían hecho ya mucho trabajo sobre los derechos humanos – personas como William Seltzer, ex jefe de estadística de las Naciones Unidas, y Herb Spirer, profesor y mentor de casi todo el mundo en ese campo hoy en día, había ayudado a las organizaciones elegir el método de análisis correcto, había desarrollado maneras de clasificar a los países en varios índices, y había descubierto la manera de medir el cumplimiento de los tratados internacionales. Pero el problema de contar y clasificar testimonios masivos era algo nuevo.

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