Hace meses que todas las grandes empresas españolas como Telefónica, Gas Natural, Abertis, ACS, etc, tienen los mercados financieros internacionales cerrados. Es decir, los inversores internacionales no quieren prestarles dinero a ningún precio. La razón no tiene que ver con el sector en el que operan o con el estado de su salud económica (al fin y al cabo, todas se han quedado sin crédito independientemente de su sector y del estado de sus finanzas). La razón es pura y simplemente que son españolas: los inversores piensan que el posible colapso de la economía española hace que las entidades españolas corran el riesgo de colapsar también y por eso prefieren no prestarles dinero. Y eso es cierto aunque algunas de esas empresas (como Telefónica o Gas Natural) obtienen la mayor parte de sus ingresos de fuera de España. La agencia Moody’s lo dijo claramente hace un par de meses “el rating de Telefónica solo puede estar un escalón por encima del rating del gobierno de España”. Consecuencia: la incompetencia del gobierno de España amenaza con contaminar al resto de la economía.
Digo esto porque el Govern de la Generalitat ha anunciado oficialmente el acceso al Fondo de Liquidez que va a construir el gobierno de España y pedirá la concesión de un crédito de 5.023 millones de euros (a pesar de que esta decisión ha causado mucho impacto mediático, no es la primera vez que la Generalitat acude a fondos del estado para financiarse ya que previamente ha acudido a los fondos ICO para deuda y ICO para proveedores). Igual que les pasa a las grandes empresas españolas, Catalunya ha perdido el acceso al crédito bancario por lo que, al parecer, no tiene más opción que pedir prestado a los fondos de rescate estatales creados para estas ocasiones.
Algunos analistas (anticatalanes) se apresuran a señalar a las embajadas catalanas (sobre todo la de New York), al presupuesto de la conselleria de Cultura catalana y al supuesto dispendio de TV3 son responsables del colapso financiero de Catalunya. Esos argumentos no merecen ser discutidos porque la dimensión de esas partidas es ridículamente pequeña si la comparamos con la magnitud del problema fiscal. Pero la pregunta es pertinente: ¿Cómo ha llegado Catalunya hasta aquí?
Una parte de la explicación se ve simplemente analizando la deuda total de la Generalitat desde 1997. Empiezo en 1997 porque muchos analistas ponen esa fecha como la del inicio de la burbuja inmobiliaria. El primer gráfico (arriba) muestra la deuda total de la Generalitat en millones de Euros. El gráfico de debajo muestra el déficit de la Generalitat expresado en relación al PIB. La fuente de ambos datos es el Banco de España (links a la deuda TOTAL y a la deuda en RELACIÓN AL PIB).
Entre 1997 y 2003, cuando la Generalitat estaba presidida por Jordi Pujol, la deuda total en euros se mantuvo constante (apenas subió de 9.200 millones a 10.900 millones de euros) pero como el PIB subió muy rápidamente debido al boom inmobiliario, la deuda como fracción del PIB bajó más de dos puntos porcentuales i pasó del 9,7% al 7,4% del PIB.
Entre 2003 y 2008 (durante los gobiernos tripartitos de Pascual Maragall y José Montilla, pero antes de que empezara la crisis), la deuda absoluta aumentó en casi un 50% y pasó de 10.900 a 15.776 millones de euros. Eso, a pesar de que la economía estaba experimentando un importante boom económico. Y esa es la primera lección que debemos aprender de todo esto. Durante las épocas de bonanza los gobiernos deberían ahorrar para no pasarlo mal en épocas de crisis. Eso es cierto siempre, pero todavía lo es mucho más cuando la economía crece por culpa de una burbuja inmobiliaria. La razón es que todas las burbujas llegan a su fin por lo que los gobiernos deben saber que sus ingresos fiscales son anormalmente altos y, por lo tanto, deberían ahorrarlos y no comproterse a mantener gastos permanente altos.
En lugar de ahorrar, la Generalitat no solo dilapidó todos esos ingresos extraordinarios y temporales sino que gastó mucho más de lo que ingresaba hasta el punto de que su deuda pública aumentó en casi un 50%. Todos sabemos la lista de malgasto: construcción de aeropuertos y otras infraestructuras absurdas, despilfarro masivo en un Forum de las Culturas lamentable, aumento del gasto sanitario como si la bonanza tuviera que durar toda la vida, cartillas para todo el mundo, contratación de amigos, parientes y afiliados (“la menjadora”), encargos de estudios de consultoría, campañas de publicidad con fines electorales, estaciones de metro decoradas por los mejores y más caros arquitectos y diseñadores del mundo y hasta algún conseller sostenible y solidario diseñando su propio edificio de oficinas al estilo Feng Shui, cargando unos 42 millones de euros al contribuyente. Todo esto, en lugar de invertir en la competitividad del país y preparar a estudiantes, trabajadores y empresarios a encontrar alternativas si algún día llegaba a la crisis. Resumiendo: una vergonzosa demostración del escaso respeto que el Govern de la Generalitat tenía por el dinero del contribuyente.
Y todo esto siguió hasta que, naturalmente, explotó la burbuja y llegó la recesión. Era la segunda mitad de 2008. La crisis comportó una caída en picado de la recaudación fiscal. Como el Govern se había comprometido a uno gasto público elevado y como al principio no se tomó en serio la crisis y siguió gastando como si no pasara nada, la diferencia entre el gasto y los ingresos y, por lo tanto, la deuda pública, se disparó y pasó de 15.776 a 20.825 millones en un año. Cuando Montilla y el tripartido se marcharon en 2010, la deuda (34.229 millones de euros) DOBLABA la que se encontró al llegar a la Generalitat y TRIPLICABA la que el primer tripartito de Maragall encontró en 2003. En porcentaje del PIB, la deuda catalana había pasado del 7.4% al 17.3%.
Artur Mas llegó al Govern en 2010. A pesar de que su política nada más llegar fue la de la austeridad germana, la deuda bajo su mandato ha seguido subiendo y ha alcanzado los 42.000 millones (el 21% del PIB) según los últimos datos del Banco de España. ¿Cómo puede ser? Pues porqué, como ya he explicado muchas veces, la austeridad, por más necesaria que sea a medio y largo plazo, tiende a agravar las crisis económicas a corto plazo. La austeridad ha empeorado la recesión y, por lo tanto, la recaudación de la Generalitat ha seguido cayendo. Si a eso le sumamos que los pagos de intereses son cada año mayores debido a la prima de riesgo y a que la deuda es cada vez más grande, tenemos que la deuda de la Generalitat sigue subiendo sin parar aunque sí es verdad que en el último ejercicio parece haberse parado el crecimiento exponencial de esa deuda. Veremos como acaba.
La primera conclusión de todo esto es que el primer gran responsable de la deuda de la Generalitat es la propia Generalitat. El dispendio descontrolado y la falta de ahorro durante los años de la burbuja han causado un aumento problemático de la deuda y los catalanes debemos entender que el nivel de gasto público (sanitario, educativo, cultural, universitario, infraestructuras, etc) al que se llegó an 2007 no eran sostenibles y deberán ser reducidos. No hay más.
Dicho esto, el aumento de la deuda experimentado por Catalunya, sea o no sea culpa de la mala gestión de la Generalitat, no puede explicar por sí sola el hecho de que Catalunya no tenga acceso a los mercados de capital y se vea obligada a pedir un rescate al estado. Al fin y al cabo, una deuda del 21% del PIB es muy pequeña si la comparamos con las deudas de todos los países de Europa y casi todos los países del mundo. Sí, ya sé que Catalunya no es un país independiente y que si lo fuera, tendría más competencias y por lo tanto más gastos públicos. Pero también tendría más ingresos, los que ahora van a la administración central del estado para pagar esas competencias que ahora son responsabilidad del gobierno central. Es decir, si Catalunya fuera un estado independiente y su gobierno tuviera una deuda de solo el 21% del PIB y si, además, su déficit estuviera entre el 1,5 y el 3% del PIB, sería considerada una de las economías más sanas del mundo y los mercados financieros se pelarían por prestarle dinero. ¿Por qué los mercados, pues, no quieren dejar prestado a Catalunya? Por una razón muy simple: porque no es un estado independiente sino que forma parte de España. Eso tiene al menos TRES consecuencias importantes para el déficit.
Primera, por razones que se escapan a toda racionalidad, el gobierno de España se ha dedicado a ir por el mundo diciendo que el responsable principal del déficit del estado son las autonomías a pesar de que el 60% el déficit total corresponde a la administración central del estado. Y claro, a base de repetir en todos los foros internacionales que los despilfarradores de España son las autonomías, los mercados acaban por cerrar el grifo a... (¿sorpresa?) ¡las autonomías! Lo peculiar de todo esto es que las autoridades españolas han argumentado que el problema son las autonomías con el viejo truco del almendruco de no hablar de la parte del déficit total que corresponde a cada uno sino de hablar de “desviaciones”. Es decir, se impone un objetivo laxo para la administración central y uno de restrictivo para las autonomías y solo se habla de la diferencia entre el déficit real y el objetivo. Al ser el objetivo mucho más laxo para el gobierno central, cuando unos y otros se pasan, las autonomías se han pasado mucho más “en relación al objetivo establecido”. ¿Quien decide el objetivo? ¡El gobierno de España! No hace falta decir que si Catalunya no formara parte de España, este tipo de deslealtades institucionales no podrían existir.
La segunda consecuencia de formar parte de España es que los mercados saben que los impuestos que pagan los ciudadanos y las empresas catalanas no son administrados por la Generalitat sino que se van a España y es el gobierno de España la que decide cuánto dinero regresa a Catalunya. Se estima que, en promedio, solo regresa el 60% de los impuestos pagados por los ciudadanos y las empresas catalanas. Si Catalunya fuera un estado independiente, sus ingresos se hubieran visto reducidos por culpa de la crisis igual que se ven reducidos los ingresos de todos los estados del mundo cuando sufren una recesión. El problema de Catalunya es que, además, sufre la caída de recaudación proveniente de un nefasto sistema de financiación autonómica que permite que hasta el 40% de los impuestos recaudados en Catalunya desaparezca. Y los mercados no ven que ese problema se vaya a solucionar pronto porque los sucesivos gobiernos centrales se han negado a considerar esa posibilidad. No sabemos exactamente cómo funcionaría Catalunya si hubiera tenido el concierto económico, pero es interesante analizar la evolución de la deuda Catalana con la de una comunidad que sí tiene el concierto económico y que, además ha ido asumiendo más o menos las mismas competencias (educación, sanidad, policía, etc) y más o menos al mismo tiempo: Euskadi.
En 1997, la diferencia de la deuda como fracción del PIB entre Catalunya y Euskadi era de 2 puntos porcentuales (10% del PIB en Catalunya vs 8% en Euskadi). Al empezar la crisis en 2007, esa diferencia se había ampliado a 7 puntos porcentuales (8% en Catalunya vs 1% de Euskadi). A partir de aquí, ambas deudas se disparan (lo que demuestra que el sistema de financiación del concierto económico NO hubiera evitado que los ingresos de Catalunya cayeran ya que caen los de todas ls economías en recesión) pero claramente la deuda catalana aumenta mucho más que la vasca hasta el punto que en 2011 la diferencia alcanza los 12,6 puntos porcentuales. Los recortes catalanes del último año han desacelerado el aumento de la deuda Catalana pero no la Vasca por lo que la diferencia en 2012 se ha recortado notablemente hasta los 10,8 puntos. Si Catalunya hubiera tenido un mecanismo de financiación similar al vasco, la deuda hubiera aumentado debido a la explosión de la burbuja, eso es verdad, pero NO a los niveles que ha aumentado en realidad.
Pero aunque Catalunya tuviera el sistema de financiación vasco y su deuda no fuera tan alta como la que es, es posible que tampoco tuviera acceso a los mercados de financiación y tuviera que pedir prestado a los fondos de liquidez del estado. La razón es que... ¡es parte de España! Lo que nos devuelve a las grandes empresas solventes de España como Telefónica, Gas Natural o ACS que hoy en día tienen verdaderos problemas a la hora de levantar dinero para financiar sus operaciones por el simple hecho de que los mercados internacionales las asocian con España, independientemente del sector en el que operan, de lo bien gestionadas que estén o de si una parte importante de sus ingresos provienen del extranjero. Formar parte de España en estos momentos es una lacra que se paga cara y eso lo notan todas las empresas de España. Y es que el mundo entero observa el entorno institucional y político de España: desde el Rey cazando elefantes en medio de la crisis o su yerno imputado por corrupción, hasta el presidente del tribunal supremo dimitido por usar dinero público pasando por el juez más mediático expulsado de la carrera judicial por espiar, el Banco de España desenmascarado por hacer stress tests que aprueban Bankia meses antes de que quiebre, la CNMV que permite a ese banco salir a bolsa, el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferran, imputado por fraude empresarial, el principal banquero, Emilio Botín, enganchado evadiendo 2000 millones sin que le pase nada, o los constantes espectáculos del gobierno haciendo exactamente lo contrario de lo que prometió o posponiendo los presupuestos más importantes de la historia para ganar unas elecciones en Andalucía. Y claro, ante semejante descrédito de todas las instituciones de España, los inversores piensan que es un país poco fiable al que le va a costar salir del agujero político, económico e institucional. En este sentido a Catalunya le pasa lo mismo que a las grandes empresas del estado: mientras forme parte de España va a tener los mercados financieros cerrados y va a tener que obtener financiación de los fondos de liquidez.
Resumiendo, a pesar de que la mala gestión de la Generalitat ha hecho que su deuda pública se haya disparado en los últimos años, la verdad es que la incompetencia y deslealtad del gobierno del estado, el sistema de financiación de las autonomías y descrédito internacional de las grandes instituciones de España hacen que el rescate de Catalunya haya sido inevitable.
Aunque he leído multitud de opiniones diciendo que el rescate demuestra el fracaso del soberanismo catalán, yo diría que, de hecho, el rescate le da razón a los independentistas: tal como está estructurada España, Catalunya es inviable. Y España... también.