Libertad Digital.
A las seis menos diez de la tarde del 30 de diciembre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Yurre (Vizcaya) al taxista LISARDO SAMPIL BELMONTE mientras esperaba la llegada de algún cliente dentro de su taxi junto a la puerta del Bar Eguzki en el barrio de Elejalde de la localidad vizcaína. Los terroristas llegaron al lugar de los hechos en un automóvil. Uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, se apeó del vehículo y se acercó por detrás hasta el taxi de Lisardo, conocido en la localidad como El Gallego, que estaba sentado en el asiento del conductor con la ventanilla bajada. La víctima no se percató de la llegada del pistolero que, sin mediar palabra y a través de la ventanilla, le disparó cuatro tiros a bocajarro. Aunque testigos presenciales llamaron a un médico del puesto de la Cruz Roja, que llegó inmediatamente, no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Lisardo Sampil había sido alcanzado por dos disparos en la cabeza y tres en el corazón y el costado, muriendo prácticamente en el acto.
Los tres terroristas, miembros del grupo Kioto de ETA, emprendieron rápidamente la huida en el vehículo en el que se habían desplazado hasta Yurre, que habían robado poco antes cuando su propietario los confundió con autoestopistas y paró el coche para recogerlos. Como se supo posteriormente, los terroristas sometieron a vigilancia a su víctima para conocer sus costumbres y decidir la forma más segura de cometer el asesinato.
Aunque personas que lo conocían habían descrito a Lisardo Sampil como un hombre de ideología de extrema derecha muy amigo de miembros de la Guardia Civil, su hijo Javier Sampil, que llegó al lugar del crimen momentos después del asesinato, afirmó que su padre no estaba implicado en ningún tipo de actividad política y que jamás había recibido amenazas. ETA militar reivindicó el asesinato en un comunicado enviado a los medios de comunicación el 2 de enero, en el que también asumían el asesinato de José Luis Vicente Cantón cometido un día después en Llodio (Álava). La banda acusaba a Lisardo de ser "colaborador y confidente de las fuerzas de ocupación de Euskadi" y "puente entre el pueblo y la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía". ETA añadía que gracias a esa colaboración se habían producido muchas detenciones de miembros de la banda en los últimos tiempos.
En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Larrinaga Echevarría y Ernesto María Alberdi Olano a sendas penas de 24 años de cárcel por el asesinato de Lisardo Sampil. Los terroristas fueron detenidos en noviembre de 1980 junto a Juan Antonio Urrutia Aurteneche, Roberto Zabala Zamayoa y Fernando Iraculis Albizu. Según informaba el diario El País en su edición de 29 de noviembre de 1980, los cinco se reconocieron autores del asesinato del taxista Lisardo Sampil y de otros cuatro más. Sin embargo, durante el juicio el fiscal dio por probado que Larrinaga y un etarra huido fueron los que robaron un vehículo a punta de pistola en el cruce de la N-240 con la carretera que va a Castillo-Elejabeitia, dejando a su dueño atado a un árbol. A continuación recogieron a Alberdi Olano y fueron a Yurre para asesinar a Lisardo Sampil.
Entre abril y mayo de 1996 el diario ABC publicó varios artículos en los que se daba la localización de varios etarras que vivían en Venezuela. Entre ellos estaba Miguel Ángel Aldana Barrena, aliasAskatu, que presuntamente era el tercer autor material del asesinato de Lisardo Sampil. A partir de esas informaciones de prensa la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó varias querellas contra esos etarras. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, admitió a trámite la querella de la AVT y en abril de 1996 dictó una orden internacional de detención contra Aldana Barrena, previa a su solicitud de extradición (El País, 20/04/1996). El gobierno venezolano se ha negado a detenerlo y extraditarlo, archivando el caso en marzo de 2006.
Por otra parte, en enero de 2006 la AVT denunció que Larrinaga, que se había declarado insolvente y no había hecho frente a las indemnizaciones fijadas en la sentencia que lo condenó en el año 1982, era propietario de una casa en Amorebieta, lo que motivó una investigación de la Audiencia Nacional.
Lisardo Sampil Belmonte, de 49 años, estaba casado y tenía una hija de 22 años y un hijo de 17. Era natural de Lanoa (Orense), pero residía en Yurre desde veintidós años antes de ser asesinado. Llevaba diez años dedicado al negocio del taxi, trabajo que compatibilizaba con la prestación de servicios de transporte de mercancías con un camión que tenía en propiedad con otros socios.
Minutos antes de las ocho de la mañana del 30 diciembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Lasarte (Guipúzcoa), al ex guardia civil y jefe de vigilancia de la factoría Michelín de esa localidad ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZcuando se dirigía a pie a su trabajo en la que iba a ser su última jornada laboral tras haberse acogido, con otros noventa y tres empleados, a la propuesta de jubilación anticipada. Sus compañeros de la sección de vigilantes le preparaban un ágape de despedida para pocas horas después.
La víctima, como hacía habitualmente, iba caminando a su puesto de trabajo desde su domicilio, que estaba a apenas doscientos metros de la factoría. Cuando se encontraba a la altura del estacionamiento de dicha factoría fue interceptado por dos o tres terroristas, que, tras descender de un taxi robado una hora antes en la localidad guipuzcoana de Hernani, lo tirotearon a muy corta distancia. Alejandro Sáenz cayó de bruces en la acera con la cabeza destrozada por varios impactos. Aunque no hubo testigos, los terroristas debieron de rematarlo en el suelo, porque "al ser levantado el cadáver del lugar del atentado, fue hallado debajo de la cabeza, entre la sangre, un proyectil de bala totalmente aplastado" (El Diario Vasco, 31/12/1985). La Guardia Civil recogió posteriormente un total de cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en las pequeñas áreas de césped que separan el estacionamiento de la acera. El cadáver permaneció en el lugar del atentado hasta la llegada del juez, pasadas las 9:30 horas de la mañana.
Hacia las 8:30 horas fue liberado en las proximidades de un desguace de coches situado junto al frontón Galarreta, cerca de Hernani, Manuel Garayar Otegui, propietario del taxi utilizado por los pistoleros de la banda en el atentado. Los terroristas lo habían maniatado a un árbol con cuerdas de nailon y lo amenazaron de muerte para que no diera aviso a la Policía hasta una hora después. "Eran las siete de la mañana y yo estaba en la parada; se metieron en el taxi y me dijeron que estuviera tranquilo, que eran de ETA y que necesitaban el coche durante una hora. Me ordenaron que me dirigiera al frontón de Galarreta y cerca de allí me dejaron atado a un árbol" contó el taxista tras su liberación. Señaló que los terroristas no le mostraron sus armas en ningún momento, pero que le amenazaron con tomar represalias contra él en el caso de que no obedeciera puntualmente sus instrucciones. "Hablaban conmigo en euskera, insistían en que no me pasaría nada si yo les obedecía en todo. En realidad yo casi no les vi las caras porque, cuando llegaron a la parada, estaba oscuro y la calle está mal iluminada y, además, ellos se cubrían las caras con los periódicos".
Alejandro Sáenz Sánchez, de 58 años, era natural de Garranzo (La Rioja). Estaba casado y tenía un hijo. Había sido guardia civil durante trece años, con destino en las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa (Behovia, Irún y Lasarte). Había abandonado el Instituto Armado con el grado de sargento veintidós años antes de ser asesinado. El 1 de febrero de 1963 ingresó en la empresa Michelín. Tras su asesinato un miembro del comité de empresa señaló que "Alejandro Sáenz fue guardia civil hace veintidós años y a él no le importaba hablar con los policías o con los guardias; eso es a lo único que podrán agarrarse los que han hecho esto". En febrero de 2010 el Ayuntamiento de Lasarte rindió un homenaje a las víctimas de ETA originarias o residentes en esa localidad, entre ellos Alejandro Sáenz Sánchez. Durante el mismo Jesusa Ibarrola, la madre de la primera víctima de ETA, la niña Begoña Urroz, fue la encargada de descubrir una placa conmemorativa de las víctimas del terrorismo a la entrada de la Casa Consistorial.
Alejandro Sáenz fue la última víctima mortal de las treinta y siete asesinadas por ETA en el año 1985.
A las nueve de la mañana del sábado 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA hizo estallar una furgoneta-bomba en la terminal 4 (T-4) del aeropuerto de Barajas en Madrid. Según el auto de procesamiento de noviembre de 2008 la carga explosiva estaba compuesta por ciclonita, también conocida como exógeno o RDX, que constituye la base de explosivos de uso militar como C-4 o Semtex. La potente explosión destrozó prácticamente el módulo D del aparcamiento y mató a dos inmigrantes ecuatorianos, DIEGO ARMANDO ESTACIO SIVISAPA y CARLOS ALONSO PALATE SAILEMA, que se encontraban durmiendo dentro de sus respectivos vehículos esperando la llegada de familiares al aeropuerto. Además provocó heridas de diversa consideración a más de cuarenta personas, entre ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajaban en el desalojo de la terminal.
Hacía tres años y siete meses –desde el 30 de mayo de 2003, cuando la banda terrorista ETA asesinó en Sangüesa (Navarra) a los policías nacionales Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández– que la banda terrorista no había provocado víctimas mortales, pero sí había cometido atentados con la intención de causar muertes durante esos años. Apenas veinte horas antes del brutal atentado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había lanzado un optimista mensaje sobre la marcha del llamado proceso de paz –"dentro de un año estaremos mejor que hoy para el fin de ETA", había señalado el presidente en rueda de prensa– proceso que se puso en marcha, oficialmente, a raíz del comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 en el que la banda asesina anunciaba el inicio de un "alto el fuego permanente".
La misma tarde en la que Rodríguez Zapatero pronunciaba esas palabras, el etarra Mattin Sarasola estacionó en el módulo D del aparcamiento de la T-4 de Barajas una furgoneta-bomba. Eran las 18:51 horas del 29 de diciembre. A las 7:55 horas del 30 de diciembre, un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de la banda terrorista, alertó a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) de la ubicación exacta del vehículo cargado de explosivos y de que la hora fijada para la explosión serían las 9:30 horas según se informó en los primeros momentos. Sin embargo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que Igor Portu, el etarra que efectuó la llamada, avisó de que la explosión sería a las 9:00 horas. "No intenten desactivarla, sería un error", dijo el comunicante, que añadió que la bomba era "muy potente". Minutos después, el mismo comunicante llamó al teléfono de los bomberos de Madrid y al número de emergencias 112 de Guipúzcoa, repitiendo la misma información.
Los servicios policiales y de emergencia se pusieron inmediatamente en marcha. Mientras llegaban a la T-4, el comunicante hizo una nueva llamada desde una cabina de San Sebastián, posiblemente al creer que no se le había tomado en serio. La llamada fue al SOS Deiak de la capital donostiarra, dependiente del Departamento de Interior vasco. El terrorista repitió los mismos datos de lugar, tipo de vehículo y matrícula y que no se intentase desactivar. Finalmente, la furgoneta-bomba fue localizada a las 8:45 horas, por lo que las Fuerzas de Seguridad iniciaron el desalojo de la terminal. Cuando estaban efectuando dicho desalojo, a las 8:59 horas estalló el potente artefacto explosivo. En el aeropuerto madrileño de Barajas se encontraban en ese momento unas veinte mil personas y, aunque se había desalojado casi completamente el aparcamiento y casi todas las personas que estaban en ese momento en el aeropuerto habían sido llevadas a las pistas de servicio y rodadura, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate no se percataron de la orden de desalojo, quedando sepultados dentro de sus respectivos vehículos bajo la montaña de escombros en la que quedaron convertidos los cinco pisos del módulo D del aparcamiento de la T-4.
El estallido hirió a dos policías que participaban en el desalojo y a un taxista que pasaba por la zona, todos de carácter leve. Varias personas más resultaron heridas por cortes y otras con afección de tímpanos. La zona del edificio más próxima a la terminal se vino abajo en su totalidad. "Se ha colapsado más del 60% del edificio, que está prácticamente derruido", declaró el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Dentro, entre los forjados caídos de las cinco plantas, se veían decenas de vehículos aplastados, algunos con las luces de emergencia y las alarmas sonando.
Poco después de la brutal explosión, una mujer, Verónica Arequipa, se acercaba a la Policía para denunciar que su pareja, Diego Armando Estacio, había desaparecido. Diego la había acompañado al aeropuerto a recoger a unos familiares, pero, dado lo temprano de la hora, había preferido quedarse dentro del aparcamiento echando una cabezada. Horas después, otro ecuatoriano denunció que su amigo Carlos Alonso Palate, que le había acompañado al aeropuerto, también se había quedado en el aparcamiento mientras él iba a recoger a su mujer y que, tras la explosión, no contestaba al teléfono móvil. Los restos mortales de Carlos Alonso Palate no fueron recuperados hasta la madrugada del 4 de enero de 2007, mientras que los de Diego Armando Estacio consiguieron extraerse del estacionamiento de la T-4 dos días después, el 6 de enero.
El atentado de la T-4 se produjo quince días después del primer encuentro formal entre representantes del Gobierno y de la banda terrorista ETA en el que, pese a que no se produjeron avances, sí se llegó a la conclusión de que el proceso de paz seguía vivo. Era la primera vez en la historia de las treguas de la banda en la que ETA atentaba sin lanzar antes un comunicado de ruptura de la misma, por lo que la explosión de la furgoneta-bomba supuso una sorpresa para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el atentado se produjo tras varias señales de que la banda se estaba rearmando e iniciando una escalada de violencia a través de numerosos actos de terrorismo callejero. El 24 de octubre se había producido el robo de 350 pistolas en una armería de Vauvert (cerca de Nimes), y el 23 de diciembre se produjo el hallazgo de un zulo en construcción en Amorebieta, con 50 kilos de material para fabricar explosivos y varios detonadores. A todas estas circunstancias se refirió el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el primero en comparecer en rueda de prensa. El titular de Interior reconoció que su departamento "no tenía ningún indicio del atentado" y que tras el atentado, el proceso de paz quedaba "suspendido". Pérez Rubalcaba explicó que la actuación de ETA no había "seguido la pauta normal", en referencia a que en las anteriores treguas, las de 1989 y 1998, ETA había advertido de su ruptura con un comunicado. No obstante, y haciendo una rápida autocrítica, el ministro reconoció que era un error conceder que la actuación de ETA pudiese responder a pautas racionales.
El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, suspendió sus vacaciones en Doñana (Cádiz), dio por "suspendido" el proceso de paz y manifestó desde el palacio de La Moncloa que "hoy estamos peor que ayer", rectificando su desafortunada afirmación de la víspera, y añadió: "la determinación del Gobierno es que en el futuro estemos mejor y terminemos con esta lacra". Recalcó que "nadie podrá lograr nunca nada con la violencia" y que "el atentado muestra la incapacidad de sus autores de vivir en paz y en libertad", para terminar afirmando que los autores del atentado serán "identificados, apresados y puestos a disposición judicial, como ha sucedido siempre". Diez días después, Zapatero se refirió al atentado como "un accidente terrorista" en una conversación con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Aunque el lapsus fue corregido inmediatamente, era la segunda vez que se refería a los atentados terroristas como "accidentes". La primera fue el 29 de diciembre, la víspera del atentado, cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista, habló de "accidentes mortales" en lugar de "atentados mortales". Tiempo después se supo que en febrero de 2007 la banda terrorista ETA envió una carta a Zapatero en la que, además de comunicarle que mantenían la oferta del alto el fuego, valoraba el asesinato de Estacio y Palate como un "accidente". La oferta de alto el fuego se rompió oficialmente por parte de ETA el 5 de junio de 2007, seis meses después del atentado de la T-4. En su comunicado al diario Berria la banda terrorista declaraba el fin del "alto el fuego permanente" y advertía de que quedaban "abiertos todos los frentes".
El 31 de diciembre miles de personas se concentraron convocadas por los ayuntamientos en las tres capitales vascas para expresar su repulsa por el atentado. En Bilbao, el acto estuvo encabezado por dos representantes del consulado de Ecuador con su bandera nacional. Entre los asistentes figuraban el alcalde, Iñaki Azkuna, y una nutrida delegación del PSE-EE liderada por Patxi López. En declaraciones a la prensa, Azkuna advirtió a ETA de que "a la tercera va la vencida" tras "engañar" en otras tantas ocasiones a la sociedad con declaraciones de tregua. Una hora después, en la plaza Moyua, se celebró la concentración organizada por el Foro Ermua, con la presencia de responsables del Partido Popular. En la plaza de España de Vitoria se congregaron varios centenares de personas. Entre ellas, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y el diputado general de Álava, Ramón Rabanera. También acudieron los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco. El alcalde, Alfonso Alonso, declaró que "no es el momento de hacerse reproches", sino "de reconstruir la unidad y trabajar juntos".
Entre enero y febrero de 2008 fue desarticulado el grupo Elurra de ETA responsable del atentado de la terminal 4 de Barajas. El 6 de enero fueron detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa Igor Portu Juanena y Mattin Sarasola Yarzabal. Poco después, el 15 de febrero, fueron detenidos en San Juan de Luz (Francia) Mikel San Sebastián Gaztelumendi, alias Pottoko, y Joseba Iturbide Otxoteko, alias Makara. Los dos primeros denunciaron torturas de la Guardia Civil durante su detención. En 2008 la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles implicados en los hechos que, sin embargo, fueron absueltos en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Previamente, en febrero de 2009 la juez francesa Le Vert remitió a España una carta incautada al exjefe de ETA, Garikoitz Azpiazu , alias Txeroki, en la que reconocía que la denuncia de torturas por parte de Igor Portu era falsa.
En noviembre 2008 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó la puesta en libertad de Joseba Iturbide por no constar "que el mismo interviniera en la planificación y ejecución del atentado" de la T-4.
En mayo de 2010 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores materiales del atentado que costó la vida a Estacio Sivisapa y Palate Sailema. La Fiscalía solicitó un total de 900 años de cárcel para cada uno de ellos, acusados de dos delitos de asesinato, cuarenta y uno en grado de tentativa y uno de estragos. Durante el mismo declaró el dueño de la furgoneta utilizada por los terroristas para colocar los explosivos, que permaneció secuestrado desde el 27 de diciembre y hasta dos horas después del atentado. Según el testigo, durante esos tres días estuvo esposado y encapuchado dentro del maletero de otro vehículo, que hizo caso a todo lo que le dijeron, porque "estaba aterrado", que sólo uno de los terroristas le hablaba, y que entre ellos se comunicaban con silbidos.
Según el juez instructor, Santiago Pedraz, en el atentado participaron también Garikoitz Azpiazu,Txeroki, que fue quien ordenó y preparó el mismo, y Joseba Aranibar. Ninguno de los dos compareció ante la Audiencia Nacional por estar encarcelados en Francia. En su escrito de acusación la Fiscalía sostiene que a finales de septiembre de 2006 Txeroki se reunió en el monte Auza (Navarra) con Aranibar, San Sebastián, Sarasola y Portu para encargarles la ejecución del atentado. El 21 y 22 de octubre de ese año los tres últimos realizaron dos veces el trayecto entre Navarra y el aeropuerto de Barajas, para preparar el posterior desplazamiento de la furgoneta-bomba. La noche del 27 de diciembre los terroristas abordaron en un aparcamiento de Luz-Ardiden, en los Pirineos franceses, a un ciudadano español dueño de una furgoneta, al que, a punta de pistola e identificándose como miembros de ETA, sustrajeron el vehículo. Aranibar fue quien montó el explosivo en la furgoneta y la entregó la mañana del día 29 a Sarasola y San Sebastián. A unos 50 kilómetros del aeropuerto, los dos etarras recogieron a Portu. Antes de entrar a Barajas, Sarasola se colocó una peluca, una gorra y una máscara protectora de pintor para dificultar su identificación. Sobre las 19:00 horas, el etarra entró en el aparcamiento D de la terminal y estacionó la furgoneta en la plaza 307 de la segunda planta, con la bomba programada para explotar a las 9:00 horas del día siguiente. Tras dejar la mortífera carga en el aparcamiento, los tres etarras volvieron juntos a Lesaca (Navarra).
Por sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, Portu, Sarasola y San Sebastián fueron condenados a penas de más de 1.000 años de cárcel cada uno de ellos, que resultan de sumar 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato terrorista consumado, 20 años por delitos de estragos y 19 años, 11 meses y 29 días por cada uno de los 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.
Diego Armando Estacio Sivisapa nació en 1987 en Machala (Ecuador) en el seno de una familia humilde, por lo que tenía 18 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Su madre, Jacqueline Sivisapa, era una gran admiradora del futbolista argentino Diego Armando Maradona, por lo que decidió darle el mismo nombre a su hijo. En el año 2000 Diego Armando emigró a Milán, donde ya vivían desde 1994 su madre, su hermana y otros familiares. En la Escuela Ponti obtuvo el diploma de enseñanza media y aprobó dos cursos de mecánica. Viajaba con frecuencia a Madrid, donde vivía su padre, Winston Estacio. Aquí conoció a su novia, Verónica Arequipa, por lo que acabó fijando su residencia en la capital de España, trabajando en la construcción junto a su padre. En las vísperas de su asesinato, Diego Armando y Verónica habían dado la entrada para comprarse un piso. Gran aficionado al fútbol, era seguidor del Barça y del Milan, además de jugar en el equipo Gran América de la liga Integración Latina de Madrid. El día del atentado Estacio había ido a Barajas para acompañar a Verónica, que tenía que recoger a unos parientes que venían de Ecuador. Mientras la novia se dirigió a la terminal, Diego Armando optó por quedarse en el coche descansando. Su cuerpo no fue recuperado de entre los escombros hasta el 6 de enero. Los restos mortales de la víctima fueron repatriados a Ecuador en un avión del Ejército español y enterrados en el cementerio de Machala el 9 de enero. En abril de 2007 el Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó en propiedad dos viviendas de setenta metros cuadrados a la familia de Diego Armando Estacio. Su madre y otros familiares habían abandonado previamente Milán y vinieron a residir a Madrid, donde ya vivía el padre.
Carlos Alonso Palate Sailema tenía 35 años y estaba soltero. Originario de San Luis de Picaihua (Ecuador) tras la muerte de su padre emigró a España en 2002 como forma de sacar de la miseria a su familia. Trabajó como albañil y en varios empleos eventuales. Cuando fue asesinado por ETA estaba empleado en una fábrica de plásticos en Valencia. Parte de su salario lo enviaba a Ecuador a su familia y esas remesas eran la principal fuente de ingresos de sus tres hermanos y su madre, María Basilia Sailema, que vivían en condiciones paupérrimas. El día del atentado Palate se había trasladado desde Valencia a Barajas para acompañar a su amigo Wilson Hernán, que tenía que recoger a su esposa procedente de Ecuador. Mientras Wilson fue a buscar a su mujer, Carlos Alonso se quedó en el interior del vehículo en el aparcamiento del aeropuerto, quedando sepultado por los escombros tras la explosión de la furgoneta-bomba. Su cuerpo fue recuperado en la madrugada del 4 de enero de 2007. Repatriado a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Española, fue enterrado el día 6 en su localidad natal. Los tres hermanos y la madre de Carlos Alonso lograron la nacionalidad española por vía extraordinaria en marzo de 2007. El asesinato de Palate, que había actuado como un padre con sus hermanos, es algo que no han podido superar. Económicamente, la familia recibió ayuda de diferentes instituciones estatales y religiosas y de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitió instalarse en el Levante español.
Tras la reconstrucción de la terminal 4 del aeropuerto se erigieron en dos plazas del aparcamiento (la 614 y la 403) dos monolitos en recuerdo de las dos víctimas asesinadas en el atentado. En ambos hay dos placas en las que pone, respectivamente, "En memoria de Carlos Alonso Palate" y "En memoria de Diego Armando Estacio", sin ninguna alusión a que fueron asesinados por ETA.
