Hacia las seis y cinco de la tarde del día 9 de octubre de 1978 cuatro miembros de la banda terrorista ETA ametrallaban en Elgóibar (Guipúzcoa) al cabo primero de la Guardia Civil ANSELMO DURÁN VIDAL. Sobre las 18:00 horas, Anselmo Durán salió vestido de paisano del cuartel de la Guardia Civil para dirigirse al centro del pueblo. Atravesó un puente sobre el ferrocarril de vía estrecha Bilbao-San Sebastián y descendió por las escaleras hasta la calle. En ese momento fue ametrallado desde un automóvil Ford Fiesta de color gris metalizado que estaba estacionado en las cercanías. En el interior del vehículo había cuatro terroristas que, seguidamente, se dieron a la fuga.
El cabo primero permaneció en el suelo sobre un gran charco de sangre hasta que fue recogido por un Land Rover que procedía del cuartel de la Guardia Civil. Una de las primeras personas que se acercó al herido fue su hijo Luis, de 13 años. Al ver a su padre acribillado a balazos y ensangrentado, se echó a llorar desconsoladamente y subió corriendo al acuartelamiento, situado a unos cien metros del lugar del crimen.
Anselmo Durán fue atendido inicialmente en el ambulatorio de Elgóibar, pero a la vista de la gravedad de sus heridas –había recibido ocho impactos de bala– se le trasladó de inmediato a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, donde ingresó cadáver. En el parte médico difundido inmediatamente después de su fallecimiento se podía leer: "Don Anselmo Durán Vidal, que llega cadáver a este centro por lesiones producidas por arma de fuego, presenta un impacto de bala a nivel del maxilar superior derecho, que atraviesa al maxilar superior izquierdo, con destrucción de la bóveda de la boca. Impacto en parte superior de hemitórax derecho (en primer espacio con salida posterior a nivel de omoplato). Fractura de húmero derecho por impacto de bala. Impacto de bala a nivel de biceps izquierdo con orificio de entrada y salida afectando a masa muscular. Impacto de bala a nivel de muñeca izquierda, tabaquera anatómica, con salida en dorso de mano, con fractura del cuarto metacarpiano. Impacto de bala en región de cresta illácea, con salida en región inguinal izquierda. Impacto de bala en muslo derecho, con fractura de fémur y salida a nivel de cara interna de parte inferior de muslo. Erosión en brazo izquierdo por bala". Había sido literalmente cosido a balazos.
El atentado fue reivindicado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) a través de una llamada telefónica al diario Egin el mismo día del atentado. En la llamada advertían, también, de que habían dejado atado en un barrio de Éibar al propietario del vehículo con el que habían cometido el asesinato, y que el automóvil lo habían abandonado en Marquina, en el que horas después asesinarían al también guardia civil Ángel Pacheco Pata.
El 15 de noviembre de 1978 se produjo en Mondragón un enfrentamiento entre la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos, después de que estos ametrallaran la casa-cuartel de Arechavaleta. En el enfrentamiento resultaron muertos los etarras José María Iturrioz Garmendia y Roberto Aramburu Uribarren, y herido Enrique Zurutuza Odriozola. Iturrioz Garmendia tenía en su poder una pistola Browning que había utilizado para asesinar a Anselmo Durán y a Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto de 1978. En el enfrentamiento también resultó muerta una vecina de Mondragón, Emilia Larrea Sáez de Adacia.
Anselmo Durán Vidal estaba casado y tenía seis hijos, de edades comprendidas entre los 19 y los 3 años. Había nacido en 1938 en la localidad de Torrejoncillo, en la provincia de Cáceres, por lo que tenía 40 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Desde 1973 prestaba sus servicios en el cuartel de la Guardia Civil de Elgóibar, donde se encargaba de la intervención de armas.
Hacia las 20:45 horas del mismo día 9 de octubre de 1978, tres horas después del atentado que costó la vida a Anselmo Durán, la banda terrorista ETA asesinaba en Marquina (Vizcaya) al guardia civil ÁNGEL PACHECO PATA. Tras el asesinato de Anselmo Durán, la Guardia Civil había establecido diversos controles de carretera para intentar detener a los autores del atentado. Uno de ellos estaba en el Alto de San Miguel, en Marquina, en una carretera secundaria que conducía a Elgóibar. Hacía las 20:45 un coche se acercó al control con las luces apagadas y, al toparse con los agentes, bordearon la carretera y desde un lugar próximo abrieron fuego contra los agentes, dándose a la fuga a continuación. Los disparos alcanzaron al guardia civil Ángel Pacheco, que resultó muerto prácticamente en el acto al recibir el impacto de dos balas que le atravesaron el vientre. Trasladado inmediatamente a la Casa de Socorro de Marquina no se pudo hacer nada por salvar su vida. La capilla ardiente se instaló, posteriormente, en el Cuartel de La Salve en Bilbao.
Los terroristas eran miembros del grupo Araba de ETA que se habían desplazado a Vizcaya y se encontraron accidentalmente con el dispositivo de la Guardia Civil. Tras el asesinato de Ángel Pacheco, uno de los agentes salió en persecución de los terroristas, localizando posteriormente el vehículo abandonado, por lo que los etarras habrían continuado su huida a pie. Se organizaron varias batidas por los alrededores, pero no se pudo localizar a los terroristas.
En el asesinato de Ángel Pacheco estuvo presuntamente implicado Ángel Iturbe Abasolo, aliasIkula, hermano del fallecido Txomin Iturbe Abasolo, máximo dirigente de ETA. Fue detenido en Francia en enero de 1979 y confinado en el suroeste del país, pero volvió a España dos meses después con intención de reincorporarse al grupo Araba de ETA. En esta nueva etapa, no participó en atentados y regresó a Francia, donde volvió a ser detenido en abril de 1986. El 20 de junio de 1987 fue detenido en la localidad francesa de Biarritz, pero le dejaron en libertad a las dos horas. El 28 de octubre fue detenido nuevamente en la localidad vasco-francesa y deportado a Argelia, donde, tras permanecer dos años, fue expulsado a la República Dominicana el 18 de abril de 1989. Está reclamado en España por varios actos delictivos relacionados con el asesinato en Vitoria de los policías Joaquín Ramos Gómez y Miguel Ángel Raya Aguilar el 5 de marzo de 1978, y por el asesinato en Marquina (Vizcaya) el 9 de octubre de ese mismo año de los guardias civiles Ángel Pachecho Pata y, según algunas fuentes, Anselmo Durán Vidal. Iturbe fue detenido finalmente en junio de 2006, en una operación conjunta de las policías española y francesa contra la red de extorsión de ETA encargada de recaudar el llamado impuesto revolucionario. Entre los doce terroristas, además de Iturbe Abasolo, figuraba Julen Madariaga, uno de los fundadores de la banda asesina. En octubre de 2008 Iturbe Abasolo aparece como imputado en el sumario instruido por el juez Baltasar Garzón contra la red de extorsión de la banda del Bar Faisán.
Ángel Pacheco Pata era natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca), aunque su infancia transcurrió en Fregeneda, también en Salamanca, de donde eran naturales sus padres y donde fue enterrado. Ángel tenía 20 años y estaba soltero. Llevaba dos meses destinado en Bilbao.
Tras el asesinato en apenas unas horas de los dos guardias civiles, la práctica totalidad de los partidos políticos del País Vasco convocaron, a instancias del Partido Nacionalista Vasco (PNV), una manifestación contra el terrorismo para el 28 de octubre. Fue uno de los primeros actos multitudinarios contra la banda terrorista ETA que se celebraron en el País Vasco.
A las 18:50 horas del 9 de octubre de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Irún a JOSÉ JIMÉNEZ MAYORAL, capitán retirado de la Guardia Civil y jefe de la oficina de expedición de la Carta Verde, seguro internacional obligatorio para los vehículos que cruzaran la frontera, en el puesto de Behobia.
José Jiménez, una vez que acabó su trabajo, se dirigió andando hasta la parada del autobús para regresar a su domicilio en Irún. Dos terroristas se acercaron a él y le dispararon por la espalda a quemarropa. A continuación emprendieron la huida en un vehículo a cuyo volante se encontraba un tercer terrorista, no sin antes haber encañonado a dos transeúntes que acudían al lugar, obligándoles a poner las manos en alto. El coche utilizado para cometer el atentado había sido robado horas antes en San Sebastián a un taxista, tenía matricula falsa y fue localizado poco después por la Policía a un kilómetro y medio, en el polígono Arbés de la misma ciudad.
Los disparos, efectuados con armas cortas, alcanzaron a la víctima a la altura de un ojo y en la tráquea. Jiménez Mayoral murió casi en el acto, pese a los esfuerzos de un equipo de la Cruz Roja de un puesto cercano al lugar de los hechos. La Policía encontró dos casquillos del calibre 9 milímetros parabellum marca SN. Su esposa, Celia Bech, acudió al lugar poco después del atentado, ignorando que José Jiménez había sido asesinado. La confirmación de la noticia provocó en la mujer una fuerte crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada en una ambulancia de la Cruz Roja, pese a su intención de ver el rostro del cadáver de su marido que permanecía tumbado en la acera, cubierto con una sábana ensangrentada. Celia Bech trabajaba en la Oficina de Turismo de Behobia, según informó ABC en su edición del 10 de octubre de 1982.
Horas antes del atentado, en su primer mitin electoral, el presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea había descalificado como miembros del pueblo vasco a todos los que practicaban la violencia. De forma muy desafortunada, Garaikoetxea comparó estos atentados con los fusilamientos de militantes nacionalistas en la posguerra, y añadió: "Sentimos también el dolor de estas mujeres jóvenes que lloran amargamente mientras se aferran a los cuerpos sin vida de sus maridos policías. Hay que reconstruir este país también en sus principios, hay que regenerar la moral en base a tres principios fundamentales: la tolerancia, la no agresividad, y el respeto a la vida".
El funeral por José Jiménez Mayoral se celebró el 10 de octubre en San Sebastián, con asistencia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; el general jefe de la V Zona de la Guardia Civil, Rodríguez Mendel, y los gobernadores civil y militar de la provincia, además de representantes del PNV, PSE-PSOE, UCD y AP, y mandos militares de los tres Ejércitos y cargos policiales.
En 1985 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Zabarte Arregui, miembro del grupo Donosti de ETA, a la pena de 29 años de prisión mayor por el asesinato de José Jiménez Mayoral.
José Jiménez Mayoral, de 67 años, era natural de Montblanc (Tarragona). Estaba casado con Celia Bech y era padre de tres hijos, dos solteros y una casada. Había sido jefe de la Guardia Civil de Irún antes de pasar a la situación de retiro. Fue enterrado en Sevilla, donde residía su hija mayor. Rosa Jiménez, hija de la víctima, participó recientemente en el acto de Rebelión Cívica convocado por Voces Contra el Terrorismo el 5 de febrero de 2011. Fue una de tantas víctimas que subió al estrado para decir de forma contundente que "no puede haber transacciones con los terroristas. Siempre serán con cargo a nuestros muertos. ¡En mi nombre, NO!".
A las dos y veinte de la tarde del 9 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en el portal de su domicilio en Granada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía LUIS PORTERO GARCÍA. Portero García acababa de entrar en el portal y se disponía a coger el ascensor cuando un pistolero de la banda asesina, que aguardaba su llegada junto a otro miembro de ETA que le cubría el atentado, le disparó dos tiros por la espalda, uno de los cuales provocó la fragmentación de la primera y segunda vértebra, seccionó la médula espinal y parte del bulbo, y afectó a la arteria vertebral, una lesión "de extrema gravedad e incompatible con la vida". Tras permanecer cinco horas en coma profundo y fracasar los sucesivos intentos de reanimación, Luis Portero falleció a última hora de la tarde en el Hospital de Traumatología de Granada. La familia donó sus órganos en cuanto se produjo el fallecimiento.
Los terroristas habían logrado introducirse minutos antes en el portal, llamando al portero automático y haciéndose pasar por miembros de la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Tras asesinar a Portero, emprendieron la huida a pie y después abandonaron un vehículo cargado de explosivos cerca del lugar del asesinato. La explosión, de la que avisaron mediante llamada telefónica al diario Ideal, no causó daños personales.
El asesinato de Luis Portero se convertía en el primer atentado contra un miembro de la Carrera Judicial desde la ruptura de la tregua de ETA en 1999. Además, ETA no había asesinado a ningún miembro relacionado con ese estamento desde hacía tres años y medio, lo que reforzaba la tesis de que el atentado había sido una respuesta directa a las medidas de reforma legal aprobadas por el Gobierno una semana antes, reforma respaldada, en líneas generales, por jueces y fiscales.
Luis Portero García disponía de un servicio de contravigilancia que estuvo acompañándolo la misma mañana del atentado. Es muy probable que los terroristas tuvieran una información precisa de los movimientos de Portero y de las horas en las que estaba sin el servicio de contravigilancia. Por lo tanto, debían de saber que Portero prescindía de su coche oficial para ir a comer y que sólo contaba con la escolta cuando acudía por la mañana temprano a su lugar de trabajo. No obstante, y según informó José Torres, delegado del Gobierno en Andalucía, el fiscal jefe había solicitado mayor protección policial al jefe superior de Policía de Granada unos días antes de ser asesinado (Ideal, 12/10/2000). Sin embargo, el atentado se produjo antes de que se tomara la medida.
El día del atentado el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, aseguró que "el mismo comando" de ETA que había colocado los artefactos en los coches de tres militares en los últimos días era el que había cometido los asesinatos de Luis Portero, en Granada, y de José María Martín Carpena, en Málaga, por lo que el ministro reconocía que estos asesinatos demostraban que la banda tenía "cierta infraestructura" en Andalucía.
El funeral por Luis Portero se celebró al día siguiente en la catedral de Granada, oficiado por el arzobispo Antonio Cañizares. A continuación, sus restos mortales se trasladaron a la pedanía de Chilches (Vélez-Málaga), donde el fiscal solía pasar las vacaciones con su familia y donde fue enterrado.
En 2002 la Audiencia Nacional condenó a Harriet Iragi Gurrutxaga y a Jon Igor Solana Matarrán a sendas penas de 54 años de prisión por los delitos de asesinato terrorista, robo, falsificación de documento oficial y estragos.
Iragi Gurrutxaga amenazó en noviembre de 2000 al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, al que advirtió que sería la siguiente víctima de ETA, a lo que el juez respondió: "Si yo no fuera juez y usted no estuviera esposado y con el brazo en cabestrillo, le daría dos hostias". El mismo asesino remitió a la juez Teresa Palacios una carta que terminaba en tono amenazante diciendo "tú vas a pagar el daño que has causado al pueblo vasco. El pueblo vasco no perdona".
Por otra parte, Igor Solana se ha beneficiado de un trato de favor por Instituciones Penitenciarias, como permitirle tener un hijo en prisión con su pareja, la también etarra Eider Pérez, dejarles acudir juntos al Registro Civil, algo anormal por el gasto que supone al erario público al tener que hacerlo bajo la vigilancia de una funcionaria en prácticas y escoltados por la Guardia Civil, y porque este tipo de situaciones no se permite a otros reclusos. Todo ello motivó que la familia Portero remitiese una carta a los medios de comunicación en noviembre de 2008 quejándose por ese trato de favor, en la que señalaban que:
Resultaba molesto y doloroso el conocer que desde hace bastante tiempo el terrorista Igor Solana se acostaba cuando le apetecía en gana con la asesina Eider Pérez a pesar de estar en grado de aislamiento. Es muy molesto y muy doloroso el saber también que todos los años, en las fiestas de Bilbao ‘Aste Nagusia’, en las kompartsas Kaskagorri y otras se celebran homenajes continuos a los asesinos de Luis Portero. Y de hecho, la familia tiene un procedimiento judicial abierto contra esta kompartsa. Pero lo que más duele a nuestra familia es que Instituciones Penitenciarias haya hecho con un preso lo que nunca suele hacer, es decir, que si se tiene un hijo de una relación en la cárcel, lo habitual es que algún oficial del Registro Civil se dirija a la cárcel para hacer los trámites oportunos de la partida de nacimiento y su inscripción en el registro. Vergonzoso resulta conocer cómo una furgoneta de instituciones penitenciarias, con una funcionaria en prácticas en su interior, trasladara a Eider Pérez y su hijo hasta el registro civil. Pero mayor vergüenza resulta que la Guardia Civil haya escoltado esta furgoneta hasta el Registro Civil, incluyendo en su interior al ‘padre de la criatura’. Qué poca vergüenza hay que tener para realizar este despliegue de medios, derroche de dinero en plena crisis y lo peor, someter a una ciudad como la de Granada, que tan bien siempre se ha portado con nuestra familia, a una vergüenza de volver a traer a su ciudad a este sanguinario asesino de ETA donde tanto dolor ha provocado. Manifestamos nuestro mayor desprecio al que haya tomado esta decisión y solicitamos que se depuren responsabilidades en este claro escarnio hacia las víctimas de ETA.
En 2008 fue condenado como autor por inducción del asesinato Juan Antonio Olarra Guridi a 30 años de cárcel. Olarra Guridi, entonces jefe del grupo Andalucía de ETA, ordenó a Solana e Iragi que asesinasen a Luis Portero, además de facilitar a los autores materiales fotografías de la víctima y datos sobre sus horarios, domicilio y vehículo que utilizaba. La familia Portero, muy implicada en la lucha civil y judicial contra ETA a través de la Asociación Dignidad y Justicia, se personó como acusación particular en los dos juicios contra los asesinos del fiscal. En diciembre de 2007 uno de los hijos, Daniel Portero, declaró como testigo en el juicio contra Olarra Guridi, y desveló un detalle que demuestra la crueldad sin límites de la banda terrorista ETA. Según relató ante el tribunal, mientras su padre luchaba en vano por su vida, una de las hijas del fiscal, María del Rosario, sumida en un "estado de shock", recibió una macabra llamada en el domicilio familiar de un individuo que dijo hablar en nombre de la banda y preguntaba si el padre de la joven había muerto finalmente. Por esa época, Daniel Portero escribió en ABC un artículo (22/12/2007) en el que señalaba lo importante que era abrir un nuevo camino jurisprudencial que impidiera "que salgan impunes los terroristas que no han sido autores materiales de un atentado pero que formaron parte de su planificación". En el artículo contaba que cuando "Olarra Guridi organizó el atentado de mi padre desde Francia lo hizo en compañía de Ainhoa Mújica y Javier García Gaztelu Txapotecomo miembros dirigentes de la banda terrorista ETA, individuos que todavía no han sido juzgados por el atentado de Luis Portero".
Luis Portero García era natural de Madrid, donde nació en 1941, por lo que tenía 59 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Estaba casado con María del Rosario de la Torre, hermana del que fuera alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. El matrimonio tenía cuatro hijos. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, su vida laboral estuvo unida a la carrera fiscal desde 1967. Ejerció como fiscal en las audiencias de Barcelona, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria, hasta que en 1989 fue nombrado fiscal jefe del TSJA. Además de su carrera como fiscal, Portero sobresalió como profesor e investigador de Derecho Penal en las universidades de Málaga, Las Palmas y Granada. En esta última se inauguró en 2002 el Aula de Estudios en Memoria de Luis Portero, centrada en la profundización del estudio del Procedimiento Penal. Para preservar su memoria, la familia creó la Fundación Luis Portero que fomenta la donación de órganos y la investigación en materia de cuidados paliativos. El 8 de octubre de 2010, con motivo del décimo aniversario del asesinato de Luis Portero, organizado en la Real Chancillería por la Fiscalía Superior de Andalucía, su viuda señaló la necesidad de derrotar a la banda terrorista "con las armas de la Ley y del Estado de Derecho". De la Torre rechazó también cualquier posibilidad de abrir una negociación con los terroristas, puesto que "no podemos creer en lo que ellos prometen" porque "son mafiosos criminales". María del Rosario de la Torre dijo no sentirse "víctima" de ETA, sino familiar de víctima, y recordó la "independencia profesional" de su marido y su promoción de valores como la "justicia, la tolerancia, el esfuerzo, el idealismo y la generosidad". "No tuvo nunca enemigos que derribar ni necesidad de alabar", señaló.
