Human Rights Watch: Ghana, Gaza and Abusive marriage

Ghana: Personas con discapacidad mental sufren graves abusos.
Numerosas personas con discapacidad mental sufren graves abusos en instituciones psiquiátricas y centros de sanación espiritual de Ghana, indicó Human Rights Watch en un informe difundido hoy. El gobierno de Ghana no ha adoptado suficientes medidas para combatir estos abusos o asegurar que estas personas puedan ejercer su derecho a vivir en comunidad, reconocido por el derecho internacional.

El informe de 84 páginas, “‘Like a Death Sentence’: Abuses against Persons with Mental Disabilities in Ghana” [Casi una sentencia de muerte: Abusos contra personas con discapacidad mental en Ghana],muestra que miles de personas con discapacidad mental son obligadas a vivir en este tipo de instituciones, muchas veces contra su voluntad y con escasas oportunidades de oponerse a esta reclusión. En los hospitales psiquiátricos, las personas con discapacidad mental viven hacinadas en instalaciones que no reúnen condiciones básicas de higiene. Y en algunos de los centros de sanación espiritual, más conocidos como centros de oración, a menudo son encadenadas a árboles, bajo un sol abrasador, y obligadas a ayunar durante semanas como parte del “proceso de curación”, a la vez que se les niega el acceso a medicamentos.


Gaza: Arbitrary Arrests, Torture, Unfair Trials.

(Gaza City) – Palestinians face serious abuses in the Hamas criminal justice system, including arbitrary arrest, incommunicado detention, torture, and unfair trials. Since it took control of Gaza in 2007, Hamas has executed at least three men convicted on the basis of “confessions” apparently obtained under torture.
The 43-page report, “Abusive System: Criminal Justice in Gaza,” documents extensive violations by Hamas security services, including warrantless arrests, failure to inform families promptly of detainees’ whereabouts, and subjecting detainees to torture. It also documents violations of detainees’ rights by prosecutors and courts. Military courts frequently try civilians, in violation of international law. Prosecutors often deny detainees access to a lawyer, and courts have failed to uphold detainees’ due process rights in cases of warrantless arrest and abusive interrogations, Human Rights Watch found.

Trapped in an Abusive Marriage.

When Namrata, a Bangladeshi Hindu, asked for a glass of water, her husband instead gave her a glass of acid. Today, with her mouth and throat destroyed, she eats through a feeding tube. Having already spent her life savings, her husband disappeared after the attack.
Yet Namrata cannot legally divorce her husband due to Bangladesh’s archaic Hindu family laws.
Bangladesh’s family laws, which govern marriage, separation, and divorce, were created decades ago – in some cases, more than a century. There are separate laws for Muslims, Hindus, and Christians, but all discriminate against women – often leaving them with virtually no income or assets and nowhere to live when marriages end.  

Visual 136

The Atlantic.

















Víctimas, 7 de octubre: Ramón Bañuelos Echevarría y Carlos García Fernández

Libertad Digital.

El martes 7 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en la localidad guipuzcoana de Éibar al estanquero CARLOS GARCÍA FERNÁNDEZ. La víctima había recibido muchas amenazas de la banda asesina, y algunas de ellas se habían materializado, pues hasta en dos ocasiones le quemaron su coche y en julio de 1977 le prendieron fuego al estanco causándole cuantiosas pérdidas.
El nombre de Carlos García figuraba en esas listas que el entorno de la banda elaboraba y hacía circular en los años setenta y ochenta sobre supuestos colaboradores de la Policía. La banda, que además de asesinar es especialista en elaborar comunicados de reivindicación plagados de mentiras, hizo lo propio en este caso, señalando que Carlos García, a pesar de las amenazas e intimidaciones de las que fue objeto, no había sabido "aprovechar la oportunidad que se le brindaba de abandonar Euskadi sur, y nos hemos visto en la obligación de ejecutarlo". En el mismo comunicado de reivindicación, la banda de extorsionadores y asesinos amenazaba a los elementos "fascistas y colaboracionistas del Estado opresor" para que abandonaran el territorio vasco.
Pues bien: independientemente de que Carlos García fuese o no fuese un colaborador de la Policía, algo que en cualquier sociedad sana sería considerado normal, además de un deber ciudadano -informar a las fuerzas del orden si se tiene conocimiento de un delito- es absolutamente falso que la víctima no hubiese hecho caso a las amenazas de ETA y su entorno. Carlos, su mujer y sus hijos ya habían decidido irse a la localidad de Arnedo (La Rioja), habíanvendido sus propiedades y traspasado el estanco que regentaba desde hacía diecisiete años. El traslado era cuestión de días, y ese 7 de octubre de 1980, Carlos y su esposa, Cristina Flores Martínez, acudieron al estanco para explicar el funcionamiento del negocio a la mujer que se había quedado con el establecimiento. Quedaban quince minutos para las ocho cuando dos terroristas a cara descubierta entraron en el estanco y, sin mediar palabra, uno de ellos le disparó varias veces, causándole la muerte en el acto ante la mirada atónita de su mujer y la nueva responsable del negocio. Los disparos, hechos a muy corta distancia, le alcanzaron en el pecho y en la cabeza, afectándole órganos vitales. La Policía recogió posteriormente dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.
El mismo día del asesinato, por la tarde, se celebró un funeral por su alma en la parroquia de El Salvador de Éibar. El día 8 sus restos mortales fueron trasladados a Columbres, donde fue enterrado.
En 1981 la Audiencia Nacional condenó a Jesús María Retolaza Loidi y Apolinar Bilbao Inzunza por suministrar a ETA la información sobre Carlos García que provocó su asesinato. Condenados por complicidad en el crimen, Retolaza fue sentenciado a 13 años de reclusión menor, y Bilbao Inzunza a 12. Durante el juicio, los dos procesados negaron pertenecer a ETA. Retolaza negó haber informado sobre el estanquero y Bilbao reconoció solamente haber comprobado en 1978 unos datos sobre sus costumbres. En la prueba testifical, Francisco Martín Robles y Fermín Ancizar Tellechea, acusados de ser miembros liberados de ETA, declararon haber oído a Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita (fallecido en un enfrentamiento con la Guardia Civil en septiembre de 1989), y a Pedro Picabea Ugalde, alias Kepa, que estaban vigilando al estanquero de Éibar para transmitir la información a Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, que estaba en Francia.
Carlos García Fernández, de 55 años, estaba casado con Cristina Flores Martínez y tenía cinco hijos, todos ellos mayores de edad. Natural de Astillero (Cantabria), había pertenecido al Movimiento Nacional y era conocido en Éibar, donde residía desde treinta años antes, por ser de ideología de derechas. Antes de regentar el estanco y puesto de venta de prensa, había trabajado en la empresa Orbea, donde ocupó el puesto de enlace sindical.
Las primeras condolencias que recibió la hija [Aurora] cuando pisó la calle fueron las de una vecina de toda la vida que parecía una vecina de toda la muerte. ‘Mira, lo siento por tu madre y por ti...’, ‘Gracias’...’pero por tu padre no’. Se llevó entonces las manos a la boca (...) El día en que lo mataron yo tenía 27 años, hacía poco que me había separado y vivía a caballo entre Éibar y Madrid, adonde me había ido a vivir por miedo, un miedo enorme a ETA (...) Cuando asesinaron a mi padre, mi madre enfermó del corazón, empezó a tener que medicarse y al cabo acabó muriendo. Yo comencé a vivir con miedo, que es mi compañero de viaje, un miedo extraño (...) Un miedo que te incapacita para siempre. (...) No lo he superado. Si no lo hubieran matado, mi vida sería diferente. Éste ha sido mi precio por aquello: que me jodan la vida (...) No tengo odio, mi madre no me enseñó a odiar. Me decía: ‘Tú odiar, no, hija, tú odiar no’. Sólo siento repugnancia (El Mundo, 05/12/2010).
A las seis menos cuarto de la tarde del día 7 de octubre de 1988, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al vendedor ambulante RAMÓN BAÑUELOS ECHEVARRÍA mediante un potente artefacto explosivo adherido a los bajos de su vehículo. La explosión, que fue brutal y seccionó el cuerpo de Ramón en varios trozos, afectó también a una furgoneta de su propiedad a la que acababan de subirse su mujer y sus hijos.
La deflagración se produjo cuando Ramón accionó la llave de contacto del vehículo, que se encontraba estacionado frente al domicilio de la víctima, en el barrio de Churdinaga de Bilbao.
Según testigos presenciales, vecinos de la víctima, ésta se dedicaba a la venta de ajos, pero era muy conocida en Churdinaga por su relación con el tráfico de drogas. Desde el Gobierno Civil informaron que Ramón Bañuelos había salido recientemente de la cárcel de Basauri, donde había estado unos meses en prisión preventiva por sus problemas con el tráfico de estupefacientes. No obstante, el entonces gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, declaró tras el funeral en la Iglesia de los santos Justo y Pastor de Bilbao que la víctima estaba asistida "por el derecho a la presunción de inocencia", por lo que merecía "la misma consideración que cualquier otro ciudadano mientras los tribunales no establezcan lo contrario". Y añadió, en referencia a ETA y sus "nobles" campañas: "Ellos son los jefes, los fiscales y se toman la justicia por su mano".
La banda terrorista ETA tardó bastante tiempo en reivindicar el asesinato de Ramón Bañuelos, pues hasta el 14 de diciembre no leyó un comunicado a varios medios de comunicación en el que asumía la autoría y señalaba que Bañuelos fue "ejecutado por colaborar con la Policía y pos sus vinculaciones con el tráfico de drogas". La campaña contra los Bañuelos no acabó con el asesinato de Ramón. Al año siguiente, el 15 de noviembre de 1989, es asesinado también en Bilbao un primo de Ramón, Ignacio Bañuelos Lasso. Y en enero de 1991, dos mujeres de la misma familia, María García Bañuelos y su hija, Laura Manzanares García, fueron heridas de gravedad mediante una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban. Al día siguiente, otra bomba en la misma calle acabó con la vida de Isidro Jiménez Dual -que fallecería dos días después, el 11 de enero- perteneciente a otro clan al que ETA acusaba de dedicarse al narcotráfico. En el edificio del barrio donde residían varios miembros de la familia Bañuelos, una pintada anónima resumía el pensamiento de ETA sobre el tema: "Amonal o metralleta, traficante a la cuneta" (El País, 19/01/1991). Al día siguiente del asesinato de Isidro, ETA intentó matar a José Ignacio Lago San Juan, de 20 años, con la misma excusa del tráfico de drogas. Sin embargo, ni la Policía ni los vecinos relacionaron a José Ignacio (que perdió un brazo y una pierna a consecuencia del atentado) con estas actividades delictivas.
En 1994 la Audiencia Nacional condenó al terrorista Fernando del Olmo Vega como autor de un delito de asesinato a 30 años de reclusión mayor. En 1997 fue condenado a la misma pena y por el mismo motivo José Luis Martín Carmona. Finalmente, en junio de 2006 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a 40 años de prisión por el asesinato de Ramón Bañuelos. Según el relato de hechos probados de la sentencia, Gadafi, junto con otros integrantes del grupo Vizcaya de ETA, realizó seguimientos a Ramón Bañuelos y entregó un artefacto explosivo a Fernando del Olmo Vega y José Luis Martín Carmona para que lo colocasen en los bajos de su vehículo.
Ramón Bañuelos Echevarría tenía 33 años. Estaba casado y tenía cuatro hijos.

Yoani Sánchez perdió un diente y resistió a ser desnudada durante arresto por Juan Carlos Chávez

El Nuevo Herald.





La reconocida bloguera Yoani Sánchez perdió un diente durante un violento forcejeo con tres mujeres policías que intentaron hacerle un “chequeo corporal” durante su arresto en un centro de investigaciones de Bayamo, dijo a El Nuevo Herald, Reinado Escobar, esposo de Sánchez.
“La tiraron al piso, le dieron un golpe en la cabeza y perdió un diente del lado derecho”, dijo Escobar.
Ambos fueron detenidos temporalmente en horas de la tarde del jueves cuando pretendían llegar a la ciudad oriental de Bayamo para presenciar el juicio contra el español Angel Carromero, de 27 años. Carromero está acusado por causar la muerte del disidente Oswaldo Payá y Harold Cepero en el choque de un auto el 22 de julio.
“Lo más grave es la violación a nuestro derecho de asistir a un juicio que fue anunciado como oral y público”, precisó Escobar.
El arresto del matrimonio se prolongó durante al menos 30 horas. En la tarde del viernes fueron trasladados por las mismas autoridades de la policía política hacia La Habana. Varias unidades y patrullas de la Seguridad del Estado custodiaron el trayecto.
Escobar explicó que Sánchez recibió un trato violento y desagradable. Agregó que están evaluando la posibilidad de presentar una quejar formal ante las autoridades cubanas.
“No lo hemos descartado. No se nos permitió entrar siquiera a la ciudad de Bayamo”, sostuvo Escobar.
Sánchez, corresponsal del diario español El País, dijo al diario El País que tres mujeres policías le ordenaron un chequeo corporal e intentaron desnudarla.
“Me resistí y pagué las consecuencias”, escribió Sánchez haciendo referencia a un momento de “máxima tensión”, pero sin precisar más.
Escobar agregó que las autoridades los mantuvieron retenidos en un centro de investigaciones que calificó como “una especie de Villa Marista”, el tenebroso centro de interrogatorios de la Seguridad del Estado cubano en La Habana.
“Allí nos separaron y comenzó el interrogatorio”, relató Escobar. “A mí me dijeron que iban a acusarme por difamar a las instituciones, a los héroes y mártires de la revolución”.
Escobar identificó a uno de las autoridades policiales que los intervino como el “capitán Céspedes”. Añadió que Céspedes les dijo que el gobierno cubano no iba a permitir que ningún opositor o disidente llegase al tribunal provincial de Bayamo.


Sordinas al ajuste predominante por Carlos Rodríguez Braun

Expansión.


Tras unos presupuestos austeros que aumentan el gasto, conviene recordar que todos los políticos, en España y otros países, afrontan la consolidación fiscal diciendo que ajustan el gasto. No es verdad. Los que ajustan el gasto son las empresas y los ciudadanos. Los gobernantes, en cambio, suben primero y más los impuestos, y ajustan después y menos el gasto. Éste es el ajuste predominante, que se vende como un prudente equilibrio entre austeridad y crecimiento. Los economistas políticamente correctos creen que la reducción del gasto público es negativa para la economía, al profundizar la recesión. Los que levantamos la mano para protestar somos considerados extravagantes, cuando no ignorantes con respecto a la ciencia económica y ciegos con respecto a la realidad.
El economista Alberto Alesina, que es catedrático en Harvard, lleva tiempo defendiendo, ante la irritación del pensamiento único, que los ajustes fiscales son menos costosos en términos de actividad económica si descansan sobre la reducción del gasto público en lugar de sobre el aumento de los impuestos. En un reciente trabajo con otros dos colegas reafirma su tesis con datos de una quincena de países desarrollados. Los autores concluyen: "En especial, los ajustes por medio del gasto se asocian con recesiones suaves y de corta duración, y a menudo con ausencia de recesión. Por el contrario, los ajustes basados en subidas de impuestos son seguidos por recesiones prolongadas y profundas" (Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, The output effect of fiscal consolidations, Documento de Trabajo Nº 18336 del National Bureau of Economic Research, agosto 2012, http://goo.gl/2tJuJ).
Las diferencias entre los ajustes son notables y no dependen de las políticas monetarias. Asimismo, "la heterogeneidad en los efectos de los dos tipos de ajuste fiscal se debe principalmente a la respuesta de la inversión privada, más que en el crecimiento del consumo". Ponderan la importancia de la previsibilidad y la reducción de la incertidumbre, de modo que la reducción del gasto público recaiga en los gastos corrientes y no de inversión, y no sea interpretada como temporal, tal como sucede en los ajustes actuales. Las reformas estructurales supply-side son importantes: "Las consolidaciones basadas en contención del gasto que han sido especialmente favorables al crecimiento han sido las que han venido acompañadas de reformas del lado de la oferta, liberalización de los mercados de bienes y trabajo, y moderación salarial".
Afirma Stiglitz en su último libro: "Un principio aceptado desde hace tiempo es que un aumento equilibrado de los impuestos y el gasto estimula la economía". Precisamente, Alesina y sus colegas rechazan ese principio: los datos indican, al revés de lo que proclaman los keynesianos, que los multiplicadores de los impuestos son mayores que los del gasto. Y está lejos de ser evidente que toda reducción del gasto público sea recesiva.
Los ajustes son menos costosos si se basan en reducir el gasto y no en subir los impuestos.

Víctimas, 6 de octubre: José Ángel Álvarez Suárez y Carlos Arberas Arroyo

Libertad Digital.


A las dos y diez de la tarde del 6 de octubre de 1989, el asesino de la banda terrorista ETA Francisco Javier Balerdi Ibarguren, empleado del grupo municipal de Herri Batasuna en el Ayuntamiento, asesinaba en San Sebastián, de un disparo en la nuca, al policía nacional JOSÉ ÁNGEL ÁLVAREZ SUÁREZ mientras paseaba por el Casco Viejo de la ciudad, cerca del céntrico mercado donostiarra de la Brecha.
José Ángel disfrutaba de un día de permiso, por lo que paseaba tranquilamente, vestido de paisano y desarmado, cuando el pistolero de ETA se le acercó por la espalda y le pegó un único tiro en la cabeza. El etarra huyó en un coche aparcado cerca del lugar del atentado, donde le esperaban otros miembros de la banda, mientras el policía caía de bruces sobre la acera. La bala, mortal de necesidad, le atravesó la cabeza, siguiendo una trayectoria desde el maxilar derecho hasta la boca. El cuerpo de José Ángel Álvarez permaneció cubierto con una sábana hasta que el juez ordenó su levantamiento. A un metro escaso del cadáver había un cartel de Gestoras pro Amnistía, en el que se reclamaba solidaridad con los presos de ETA, que fue rasgado por los compañeros de la víctima.
Al funeral celebrado el 7 de octubre por la mañana asistieron los ministros de Interior, José Luis Corcuera, y de Justicia, Enrique Múgica. Al término de la ceremonia religiosa, Corcuera aseguró que "dentro de poco, algunos de los que cometen estas barbaridades o de su entorno nos pedirán protección, al Cuerpo Nacional de Policía o a la Ertzaintza, porque los ciudadanos de los pueblos de Euskadi les correrán a gorrazos".
El Ayuntamiento de San Sebastián convocó para el día siguiente de su asesinato una manifestación de condena, apoyada por todos los grupos políticos salvo Herri Batasuna, lo que si normalmente no resultaba extraño en la coalición proetarra, esta vez lo era mucho menos, puesto que el pistolero de ETA Balerdi Ibarguren, detenido en junio de 1992, tenía tanta relación con Herri Batasuna que estuvo trabajando durante meses en el grupo municipal de la formación proetarra en el Ayuntamiento de la ciudad. El caso de Balerdi Ibarguren, que muestra a las claras la simbiosis entre ETA y su brazo político, se llame este como se llame, fue un auténtico escándalo, además de ser un caso extraño dentro de la estructura de la banda asesina, puesto que actuaba como un liberado, cometiendo atentados y ayudando a cometer otros, al tiempo que mantenía su vida y su actividad normal como militante y empleado de HB en el Ayuntamiento de San Sebastián.
Era la primera vez que el consistorio donostiarra organizaba oficialmente una manifestación de condena por el asesinato de un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que destacaron varios medios de comunicación. El 7 de octubre por la tarde unas dos mil quinientas personas recorrieron las calles de la ciudad bajo el lema "Paz ahora y para siempre".
El asesinato de José Ángel Álvarez se produjo cuatro días antes del inicio oficial de la campaña para las elecciones generales del 29 de octubre de 1989. Por este motivo, el 7 de octubre los obispos vascos hicieron pública una pastoral que, bajo el título "Una decisión responsable", pedían a sus feligreses que no votaran a Herri Batasuna. El resto de la campaña electoral transcurrió sin más víctimas mortales.
Por sentencias dictadas por la Audiencia Nacional, fueron condenados a sendas penas de 30 años de reclusión mayor Francisco Javier Balerdi Ibarguren (en 1994) y Jesús María López González (en 1999) como responsables en concepto de autores de un delito de atentado con resultado de muerte, y con las circunstancias agravantes de premeditación y alevosía. El tribunal consideró hechos probados que, siguiendo las directrices de la cúpula de la banda ETA, López González encargó a Balerdi Ibarguren que asesinase a José Ángel Álvarez, para lo que le entregó una pistola y le señaló a la víctima cuando paseaba por San Sebastián. Balerdi Ibarguren acumula condenas que suman 120 años de prisión por atentados cometidos hasta 1992. López González fue expulsado por México en 1998, donde vivía refugiado en situación irregular. En el asesinato de José Ángel participó también el etarra Ignacio Ormaechea Antepara, que no pudo ser juzgado al morir en un enfrentamiento con la Guardia Civil en agosto de 1991.
José Ángel Álvarez Suárez, de 31 años, estaba casado y era padre de una niña de 5 años. Pertenecía desde hacía tiempo al servicio de escoltas de personas amenazadas por ETA, aunque últimamente no tenía asignado un servicio específico. Tiempo atrás había escoltado al diputado guipuzcoano del PSE-PSOE Ángel García Ronda. Era natural de Socil (León), una pequeña localidad de no más de cuarenta vecinos, que asistieron conmocionados al entierro de José Ángel. Uno de los familiares comentó los motivos por los que la víctima ingresó en la Policía: "¿Qué iba a hacer? La solución es quedarse a vivir aquí como agricultor o eso, meterte en la Policía. Es la solución de los pobres, eso o el paro" (Diario de León, 07/10/1989).
Un año después, el 6 de octubre de 1990, la banda terrorista ETA asesinaba en un bar de Plencia (Vizcaya) al empresario CARLOS ARBERAS ARROYO, que regentaba el restaurante Batela en esa localidad. El atentado terrorista se cometía horas después de que miles de personas convocadas por Herri Batasuna (HB) pidiesen en Bilbao la negociación entre ETA y el Gobierno como el camino para conseguir la paz en el País Vasco.
Carlos Arberas fue asesinado a las 22:45 horas mientras tomaba una consumición en la barra del Bar Zabala, próximo a la estación de ferrocarril de Plencia. Dos terroristas a cara descubierta irrumpieron en el interior del establecimiento y, sin mediar palabra, se dirigieron hacia Carlos y efectuaron varios disparos, de los que cuatro alcanzaron a la víctima –dos en la cabeza, uno en el costado izquierdo y otro en el brazo izquierdo–. Su cuerpo sin vida quedó tendido en el suelo en medio de un gran charco de sangre.
Una vez cometido el asesinato, los etarras abandonaron el recinto y se introdujeron en un vehículo aparcado en las inmediaciones, que había sido robado minutos antes en la misma localidad de Plencia, donde les esperaba un tercer miembro de ETA. Una de las personas que se encontraba en el bar salió en persecución de los asesinos justo cuando los etarras emprendían la huida en el vehículo. Los ocupantes hicieron un disparo intimidatorio dándose a la fuga en dirección a la localidad de Barrica. El vehículo utilizado, un taxi, fue encontrado por la Policía en el alto de Goyerri.
En el lugar de los hechos la Ertzaintza, que se personó en el bar a los pocos minutos de cometerse el asesinato, encontró seis casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. La Policía Autonómica no notificó los hechos a la Guardia Civil hasta las dos y media de la madrugada, cuando ya habían pasado cuatro horas, lo que impidió que se pudieran establecer los controles habituales para intentar detener a los asesinos de Carlos Arberas (ABC, 08/10/1990).
El autor material del asesinato de Carlos Arberas, según el Ministerio del Interior, fue Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, un etarra con dieciocho muertos a sus espaldas, además de setenta heridos.
Carlos Arberas Arroyo, de 43 años de edad, que regentaba el restaurante Batela en Plencia, era vecino de Erandio (Vizcaya). Estaba casado y era padre de tres hijos. Años antes había trabajado como vigilante de seguridad en las obras de la central nuclear de Lemóniz. A la víctima no se le conocía vinculación política ni relaciones con el mundo de la droga, dos argumentos tradicionalmente utilizados por la banda para justificar sus asesinatos. Hacía pocos meses, el 10 de junio, ETA había asesinado en un bar de Guecho a Rafael San Sebastián y, posteriormente, la banda lamentó el "error" cometido. Durante los meses siguientes siguió la campaña intimidatoria de la banda contra locales y bares de diferentes localidades. En el caso de Carlos Arberas, no se saben los motivos que llevaron a la banda terrorista ETA a asesinarlo y tampoco hubo, con el paso del tiempo, un reconocimiento de que hubiesen cometido un "error".



España paga a Polonia 40 millones de euros por CO2 por Antón Uriarte

CO2.




La noticia, que transmiten Reuters y Efe, solamente se publica en un periódico de Extremadura (Hoy).

Existe en España una connivencia para no decir nada desagradable sobre el Protocolo de Kioto. Al fin y al cabo fue firmado por el gobierno de Aznar y ensalzado por el gobierno de Zapatero. Aplaudido durante toda la década por el periodismo en general y jaleado por los grupos ecologistas, que han sido claves en España para fomentar el "decrecimiento" de la economía ... ese camino que a Romney, con toda razón, no le gustaría seguir.

En cambio, a pesar de que Polonia es el país europeo que mejor ha sorteado la crisis y que proporcionalmente más carbón usa en la producción de electricidad (el 90 %), el Protocolo de Kioto le ha resultado un gran negocio. En una hábil negociación (lo que le faltó al trío ecologista Aznar, Rajoy y Matas, en el gobierno español cuando se ratificó) obtuvo el permiso de emitir más CO2 de lo que necesitaba y de poder vender lo que le sobraba. Uno de sus principales clientes ha sido España, cuyos gobiernos se han gastado ya la "broma", —expresión irónica del ministro Arias Cañete en el Congreso—, de unos 800 millones de euros en comprar a otros gobiernos derechos de emisión de CO2.

Un escándalo silenciado por todos.


España compra a Polonia derechos de emisión de CO2 por 40 millones de euros. hoy.es
Arias Cañete defiende que la reforma energética lucha contra el cambio climático


España, capital Madrid por César Molinas


Detalle de Madrid en 1561. vista del real Alcázar de lso Austrias, residencia de Felipe II en Madrid / ALBUM ORONOZ



Desde muy antiguo, los humanos eligieron para establecerse lugares próximos al mar o a ríos navegables. La razón principal era el transporte: en ausencia de autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, el agua ofrecía el medio de transporte más rápido, barato y seguro. Como no podía ser de otra manera, junto a las mercancías navegaban también las compañeras inseparables del comercio: las ideas y las innovaciones. Las principales capitales europeas —Londres, París, Berlín, Roma, Viena, Budapest, Moscú…— tienen acceso inmediato al transporte marítimo o fluvial. La excepción es Madrid, que, sita en un altiplano, está a varios centenares de kilómetros del agua navegable más cercana. La villa del Manzanares tiene otra característica geográfica relevante: con 655 metros de altura media, Madrid está más alta que Berna o que Vaduz. Es, después de Andorra la Vella, la capital más alta de Europa, dato que ilustra bien la penosa dificultad de sus accesos.
 ¿Quién tuvo la ocurrencia de situar la capital en un lugar de geografía tan adversa? La historia cuenta que fue Felipe II, atendiendo al consejo de su padre de que estableciese una capital fija. A priori, el Austria tenía tres posibilidades obvias: Sevilla, Lisboa y Barcelona. La última se descartó, probablemente, por razones políticas, porque, tras el aplastamiento de la revuelta de los comuneros, el rey tenía mucho más poder en el reino de Castilla que en el de Aragón. Lisboa podía parecer de incorporación demasiado reciente. ¿Y Sevilla? ¿Por qué, en plena empresa americana, no se estableció el monarca en Sevilla? Especulando con la psicología de un personaje que, puestos a instalarse en el centro de la Península, decidió hacerlo no en Toledo, sino en Madrid —a la sazón, tercera población de Castilla, pero que no tenía obispo—, puede aventurarse que Felipe II no quería tener cerca a nadie que pudiera hacerle algo de sombra, hipótesis esta avalada por el hecho de que, no satisfecho con la soledad del páramo madrileño, el soberano decidió encaramarse al risco de El Escorial, en donde aún reposan sus restos.