Mostrando entradas con la etiqueta Impuestos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Impuestos. Mostrar todas las entradas

Sordinas al ajuste predominante por Carlos Rodríguez Braun

Expansión.


Tras unos presupuestos austeros que aumentan el gasto, conviene recordar que todos los políticos, en España y otros países, afrontan la consolidación fiscal diciendo que ajustan el gasto. No es verdad. Los que ajustan el gasto son las empresas y los ciudadanos. Los gobernantes, en cambio, suben primero y más los impuestos, y ajustan después y menos el gasto. Éste es el ajuste predominante, que se vende como un prudente equilibrio entre austeridad y crecimiento. Los economistas políticamente correctos creen que la reducción del gasto público es negativa para la economía, al profundizar la recesión. Los que levantamos la mano para protestar somos considerados extravagantes, cuando no ignorantes con respecto a la ciencia económica y ciegos con respecto a la realidad.
El economista Alberto Alesina, que es catedrático en Harvard, lleva tiempo defendiendo, ante la irritación del pensamiento único, que los ajustes fiscales son menos costosos en términos de actividad económica si descansan sobre la reducción del gasto público en lugar de sobre el aumento de los impuestos. En un reciente trabajo con otros dos colegas reafirma su tesis con datos de una quincena de países desarrollados. Los autores concluyen: "En especial, los ajustes por medio del gasto se asocian con recesiones suaves y de corta duración, y a menudo con ausencia de recesión. Por el contrario, los ajustes basados en subidas de impuestos son seguidos por recesiones prolongadas y profundas" (Alberto Alesina, Carlo Favero y Francesco Giavazzi, The output effect of fiscal consolidations, Documento de Trabajo Nº 18336 del National Bureau of Economic Research, agosto 2012, http://goo.gl/2tJuJ).
Las diferencias entre los ajustes son notables y no dependen de las políticas monetarias. Asimismo, "la heterogeneidad en los efectos de los dos tipos de ajuste fiscal se debe principalmente a la respuesta de la inversión privada, más que en el crecimiento del consumo". Ponderan la importancia de la previsibilidad y la reducción de la incertidumbre, de modo que la reducción del gasto público recaiga en los gastos corrientes y no de inversión, y no sea interpretada como temporal, tal como sucede en los ajustes actuales. Las reformas estructurales supply-side son importantes: "Las consolidaciones basadas en contención del gasto que han sido especialmente favorables al crecimiento han sido las que han venido acompañadas de reformas del lado de la oferta, liberalización de los mercados de bienes y trabajo, y moderación salarial".
Afirma Stiglitz en su último libro: "Un principio aceptado desde hace tiempo es que un aumento equilibrado de los impuestos y el gasto estimula la economía". Precisamente, Alesina y sus colegas rechazan ese principio: los datos indican, al revés de lo que proclaman los keynesianos, que los multiplicadores de los impuestos son mayores que los del gasto. Y está lejos de ser evidente que toda reducción del gasto público sea recesiva.
Los ajustes son menos costosos si se basan en reducir el gasto y no en subir los impuestos.

La NO reforma del sector eléctrico por Natalia Fabra y Gerard Llobet

Nada es gratis.


El pasado 14 de Septiembre el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley con el que pretende atajar el déficit de tarifa en el sector eléctrico. El Anteproyecto lleva el curioso nombre de “Ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética”– curioso, porque el Anteproyecto no tiene nada ni de lo uno ni de lo otro, sino más bien de todo lo contrario. La pretensión del gobierno de atajar el déficit de tarifa por la vía impositiva – y no con uno, sino nada menos que con seis impuestos- prescinde del diagnóstico del origen del problema y hace recaer la mayor parte del coste de las medidas sobre quienes menos culpa tienen: los consumidores.
El mercado eléctrico para principiantes
El mercado eléctrico tiene importantes barreras a la entrada, y no sólo para las empresas que quieran instalarse en él, sino también para quienes queremos comprender la complejidad que se esconde detrás de cada MWh. Esta complejidad – que es tecnológica, económica, jurídica e institucional- explica, por ejemplo, el porqué en este blog pocas veces hayamos tratado los asuntos eléctricos. Recurriendo a principios económicos básicos, en esta entrada pretendemos explicar cuáles serán las consecuencias de esta NO reforma.
El siguiente gráfico nos ayudará a comprender los efectos de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno. El gráfico representa, por una parte, la curva de demanda eléctrica, que es poco sensible al precio; y por otro, los costes de producir electricidad a través de dos tipos de tecnologías, una con un coste marginal bajo (la tecnología A) y otra con un coste marginal alto (la tecnología B). La tecnología A representa, por ejemplo, las plantas nucleares o hidroeléctricas, mientras que la tecnología B representa las plantas de carbón o las de ciclo combinado (que consumen gas natural).
Pare simplificar la discusión, supondremos que las empresas ofertan su producción de forma competitiva, es decir, a precios iguales a su coste marginal de producción. Esto implica que el precio de mercado, cuando se necesiten ambas tecnologías, es igual al coste marginal de la tecnología más cara, la tecnología B. La conclusión importante para el análisis que nos ocupa es que incrementos en el coste de la tecnología B se trasladarán totalmente a incrementos en los precios de mercado, mientras que incrementos en el coste de la tecnología A no tendrán efecto alguno sobre el precio (siempre y cuando siga siendo más barata, claro). Los impuestos anunciados por el Gobierno deben entenderse en términos de estos dos efectos diferenciados.
Las medidas fiscales y sus efectos
El Anteproyecto contiene varios impuestos de distinta naturaleza, que pueden resumirse así:
  • Impuesto general del 6% sobre la facturación de la energía eléctrica, aplica a todas las tecnologías.
  • Impuestos sobre el consumo de combustible fósiles para la generación eléctrica (gas, carbón y fuel-oil).
  • Impuestos sobre la producción en centrales nucleares.
  • Canon del 22% sobre la facturación de las plantas hidroeléctricas.
Empecemos analizando los efectos de estos impuestos sobre el precio de la electricidad. Recurriendo a nuestro ejemplo, el precio de mercado lo fijan las tecnologías tipo B, cuyos costes aumentan por efecto del impuesto general del 6% y por efecto de los impuestos sobre los combustibles fósiles. Estos impuestos se trasladarán en su práctica totalidad al precio, lo que en órdenes de magnitud puede suponer incrementos de 8.5 € por megavatio-hora (MWh) en el precio del mercado eléctrico (3.5€/MWh se deben al impuesto del 6%, y 5€/MWh al impuesto sobre los combustibles fósiles).  Las consecuencias del aumento de precios de la electricidad no serán despreciables: para los consumidores domésticos, la tarifa eléctrica puede subir del orden de un 5%, mientras que para los industriales, los incrementos pueden situarse en el entorno del 10%-15%.
Los mercados han comprendido esto inmediatamente, como puede apreciarse aquí. Entre junio de 2011 y junio de 2012, los precios de los futuros de electricidad fueron, en promedio, un 2.8% más baratos en España que en Alemania. Cuando en junio empezaron a correr rumores sobre las medidas de fiscalidad energética que preparaba el gobierno, el diferencial se disparó, y los precios de los futuros en España pasaron a ser un 6.3% más caros que en Alemania. Pues bien, desde la aprobación del Anteproyecto el 14 de Septiembre de 2012, el diferencial de precios entre España y Alemania ha aumentado al 13.4%.
El efecto sobre las cuentas de resultados de las empresas será muy desigual, dependiendo de sumix energético. Veamos cuál es el efecto para cada una de las tecnologías:
  • Centrales de ciclo combinado, carbón, o fueloil: Como son tecnologías tipo B, trasladarán el incremento en sus costes al precio. Por tanto, los impuestos tendrán sobre ellas un efecto prácticamente neutro: lo que por una parte pagan en forma de impuestos, lo recuperan por otra vía el aumento de precios.
  • Centrales nucleares: Como son tecnologías tipo A, se beneficiarán del incremento de precios (originado en las tecnologías de tipo B), pero pagarán el impuesto general y los impuestos específicos. En órdenes de magnitud, ambos efectos serán parecidos, por lo que el efecto de las medidas fiscales sobre las centrales nucleares será prácticamente neutro, pudiendo incluso verse beneficiadas en unos 30-40 millones de euros (M€) al año.
  • Centrales hidroeléctricas. Al igual que las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas se beneficiarán del incremento de precios, pero pagarán el impuesto general y el canon específico. El efecto neto puede suponer una disminución del margen de 8.2€/MWh (que se descompone en un incremento del precio de 5€/MWh por el impuesto a los combustibles fósiles y un incremento de los costes de 13.2€/MWh por el canon, dado que el impuesto general del 6% se compensará con el incremento del precio). Sobre la producción de una año de pluviosidad media, el coste neto sobre la producción hidráulica será de unos 200 M€/año.
  • Energías renovables y cogeneración: Algunas energías renovables reciben tarifas fijas, que no varían con los precios de mercado (p.e. la energía solar fotovoltaica) y otras ven complementadas sus primas con los precios de mercado (p.e. energía eólica, energía solar térmica, etc.). El impuesto general del 6% deberá ser asumido íntegramente sobre las primeras, al no poder repercutir el aumento de costes en el precio. Sobre las segundas, el impacto dependerá de lo que represente el precio de mercado en su retribución total. Así, mientras que el impacto de las medidas fiscales sobre la eólica puede ser incluso positivo, el impacto sobre la energía solar térmica puede ser muy negativo (porque además, a las medidas fiscales, se suma una modificación de la Ley del Sector Eléctrico del 1997 que elimina las primas, con carácter retroactivo, para el 15% de su producción, que podían generar con gas.) El efecto neto sobre renovables y cogeneración puede alcanzar los 700M€.
¿Cómo se reparten los costes de las medidas fiscales?
De forma muy desigual. Los grandes perdedores son los consumidores (tanto particulares como empresas, que verán su competitividad mermada) a quienes la NO reforma les podría costar más de 2.000 M€ al año y eso que, según Eurostat, los consumidores ya han sufrido aumentos del más del 70% en los precios de la electricidad durante los últimos seis años. El segundo puesto del ranking de grandes perdedores lo ocupan las renovables, dado que el coste de estas medidas se une a la moratoria sobre estas tecnologías que el gobierno ya aprobó en enero y la disminución, de forma retroactiva, de la retribución de algunas de ellas que se aprobó en la legislatura anterior. El coste reputacional de cara a futuras inversiones puede ser significativo.
A modo de conclusión
En su Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012, la Comisión Europea ponía de manifiesto que “una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.” O dicho en palabras de nuestro ejemplo, la auténtica razón del déficit tarifario es la sobre-retribución que perciben las tecnologías A al amparo de los costes de las tecnologías B. ¿Qué queda de las recomendaciones de la CE? Parece que solo un título curioso de un Anteproyecto que hace lo que no dice, y que no hace nada de lo que verdaderamente toca.
¿Cómo deshacer este desaguisado? Para empezar, habría que eliminar cuatro de los seis impuestos propuestos – el impuesto general del 6% y los impuestos sobre los combustibles fósiles,- incrementando los dos restantes – impuestos sobre nucleares e hidroeléctricas. Evitaríamos así la inflación de precios de la electricidad y sus efectos colaterales, mitigaríamos el ataque a las renovables, y haríamos recaer el coste sobre las verdaderas causantes del déficit tarifario. Sólo entonces podríamos empezar a hablar de sostenibilidad energética y medioambiental…

Céntimo verde, impuesto para niños y tontitos por Antón Uriarte

CO2.



Acostumbrada la población desde hace años a ser asustada como niños y tontitos con el coco del CO2 y el cambio climático, el gobierno español se inventa un nuevo impuesto a los combustibles fósiles y le pone el simpático nombre de "céntimo verde". En realidad el llamado "céntimo" consiste en gravar con mucho más que un céntimo a los combustibles fósiles.

Con respecto al carbón, el impuesto asciende a 14,97 euros por tonelada (obsérvese la rebaja de 0,03 euros ... para tragarlo mejor). Esto supone una subida de más del 15 % en el precio que las eléctricas tendrán que pagar por el carbón, ya que el precio de la tonelada de carbón no llega a los 100 euros.

Aparte de este impuesto, el gobierno espera obtener unos 450 millones de la venta de cuotas de emisión. Cuando por ahí fuera, los enemigos del CO2 debaten sobre si es mejor el método de poner una tasa gubernamental al carbono o si bien es mejor el sistema de comercio de cuotas que estableció el Protocolo de Kioto, el gobierno de Rajoy zanja la cuestión imponiendo los dos. Bravo.

Y lo de "verde", finalmente, es un guiño simpático al imbécil ecologista que todos llevamos dentro. Se supone que con este impuesto ayudaremos a que haya menos CO2 en la atmósfera y así la Tierra sea más verde. No importa que sea una contradicción flagrante de la realidad, pues no hay nada más "verde" que el CO2, principal actor, junto al agua y la luz, de la función clorofílica.


La reforma energética incluye siete nuevos impuestos y grava con un 6% toda la generación - RTVE.es


Olé por los cinco puntos de la nueva ley de emprendedores de Mariano Rajoy

El Blog Salmón.


Por si no lo sabéis Mariano Rajoy ya tiene puesta en marcha la nueva Ley de Emprendedores, esa ley que prometió como salvadora en la campaña electoral y que iba a estar aprobada antes del verano. Lo que ocurre es que con el maremagnum de la crisis, la ley ha pasado un poco desapercibida por la opinión pública y apenas hemos escrito sobre ella y de las múltiples ventajas que tiene para todos.
Para todos los que estéis dispuestos a emprender un nuevo negocio, proyecto, empresa, autoempleo o cualquier otra cosa diferente al trabajo por cuenta ajena o empleo público en sus múltiples variantes, aquí os dejo los cinco pilares fundamentales de la nueva Ley de Emprendedores de Mariano Rajoy y su Gobierno:
  • El profesional autónomo financiará a las Arcas Públicas en primer lugar. Si eres arquitecto, abogado, periodista, freelance, programador o médico entre infinidad más de profesionales independientes, le darás directamente el 21% de tus ingresos a Hacienda. Cuando pasen 18 meses, ya hacemos cuentas con el IRPF pero tú eres ahora el nuevo banco que presta el dinero al Estado.

  • Si vas a contratar trabajadores, no olvides buscarte un buen abogado laboralista, porque la simplificación administrativa en la contratación se ha resuelto con un nuevo contrato de trabajo más y con una reforma laboral que nadie sabe muy bien cuál es el alcance.


  • Si ya tienes trabajadores, no olvides que tus costes de Seguridad Social han aumentado a golpe de Decreto Ley, al igual que también tus trabajadores van a pagar más impuestos en concepto de Seguridad Social. Esto es lo que tiene emprender.


  • ¿Recordáis aquella frase de los autónomos pagarán el IVA cuando cobren la factura? Venga va, era una broma. Ahora váis a adelantar más IVA con la subida al 21% sin cobrarlo siquiera. Esto es lo que tiene actuar como un banco, volviendo al punto número 1.


  • Si por algún motivo, tienes problemas de tesorería y necesitas aplazar el pago de autónomos un mes, no te preocupes porque la Seguridad Social no te va a dejar si la deuda es inferior a 1.000 euros. Eso sí, cuando llegue el día siguiente a su vencimiento y no lo hayas pagado, el recargo por impago será del 20% olvidando el 3% anterior que existía.

  • Como podemos ver, emprender en España es cada día más fácil, sencillo, rápido y fácil con la nueva Ley de Emprendedores. Un olé y gran aplauso para el Gobierno por favorecer la creación de nuevas empresas y el establecimiento por cuenta propia para los parados.

    Zara buena, Funeraria mala: ¿Qué empresas van a repercutir el IVA en el precio final?

    por Xavier Sala i Martín.



    Zara buena, Funeraria mala: ¿Qué empresas van a repercutir el IVA en el precio final?

    El IVA está de moda. Desde que el pasado miércoles la Unión Europea subiera el IVA de España, el país entero se ha puesto a opinar sobre el impacto que esta subida va a tener sobre el bolsillo de los ciudadanos. La mayoría de analistas han hecho una simple operación: si un producto que, antes de impuestos, valía 100 euros y con un IVA del 18% costaba 118, ahora con un IVA de 21% va a costar 121. Es decir, a consumidor le va a costar 3 euros más comprar ese producto. Se repite el ejercicio para 15 productos distintos y se le mete el miedo en el cuerpo a todos los oyentes.
    Sin embargo, este tipo de análisis tiene un pequeño inconveniente: ¡está mal! Y está mal porque no todas las empresas van a “repercutir” el aumento de impuestos en el precio final que le cobran al consumidor. De hecho, Zara ya se ha apresurado a anunciar que ellos saldrían en defensa de sus clientes y no aumentarían precios por lo que el aumento del IVA acabaría repercutiendo en unos beneficios menores para la empresa. Los servicios funerarios, por otro lado, explicaron que ellos se verían “forzados” a aumentar los precios que paga el consumidor final (en este caso, los familiares del consumidor final).
    Pero ni Zara ni las funerarias dicen toda la verdad. No es cierto que Zara no suba precios (solamente) porqué está defendiendo a los consumidores. Y tampoco es cierto que las funerarias suban precios (solamente) porque se ven obligadas a ello. Ambas responden a las condiciones de mercado. Me explico. La teoría de la incidencia fiscal explica que cuando el estado impone un impuesto como el IVA a una empresa, una parte del impuesto lo paga efectivamente la empresa, pero otra parte la paga el consumidor. La razón es que, a veces, la empresa puede “trasladar” el impuesto al precio final.
    El problema para las empresas es que no siempre consiguen trasladar el impuesto al precio final. Eso dependen mucho de las condiciones de mercado. Si en el mercado en el que opera esa empresa los consumidores a los que se les sube el precio pueden cambiar de producto y comprar otra cosa u otra marca (un fenómeno que los economistas llaman "demanda muy elástica", ver explicación técnica más abajo), entonces el empresario no podrá subir precios y se tendrá que comer todo el impuesto. Es decir, en mercados con mucha competencia de productos donde es fácil para los clientes encontrar productos substitutivos, los aumentos del IVA no van a significar aumentos en el precio final y los beneficios del empresario bajarán en picado.
    Por el contrario, si el mercado en el que opera la empresa es poco competitivo en el sentido de que los clientes no tienen otra alternativa que comprar aquello que la empresa les ofrece (demanda "poco elástica"), entonces el precio viene dictado por la empresa por lo que una subida del IVA será trasladado totalmente a los consumidores. En este caso, los beneficios de la empresa quedarán igual y todo el coste del aumento impositivo recaerá en los consumidores.
    Por lo tanto, el hecho de que Zara haya salido en seguida a anunciar que los precios finales de su empresa van a quedar iguales y los beneficios de la empresa se van a comer el aumento del IVA no refleja tanto la benevolencia y solidaridad de Amancio Ortega (aunque seguro que don Amancio es bueno y solidario) como el hecho de que en el mercado de la moda los clientes tienen muchas alternativas. Por el contrario, el anuncio de las funerarias de repercutir el IVA en el precio final solamente indica que el mercado de servicios funerarios es muy poco competitivo ya que los clientes no pueden escoger no comprar esos servicios o comprar servicios alternativos.
    POR CIERTO, a la vista de este análisis, podemos ahora ya hablar de las amenazas del President de la Comunidad Balear, que dijo que si subía el IVA para productos "turísticos", la caída en el número de turistas sería catastrófica (millones de turistas, dijo). Con ese dato, el señor President confesó que el sector turismo tiene una "demanda muy elástica" ya que si suben los precios, los turistas tienen otras alternativas en otros países y van a cambiar los planes vacacionales y reveló la verdadera causa de sus quejas. Si la demanda es muy elástica, el aumento del IVA no va a repercutir en los precios sino en los beneficios empresariales. De ahí que el lobby de las empresas turísticas se haya puesrto muy nervioso con el nuevo impuesto: no porque se vaya a llevar a los turistas sino porque se va a llevar sus beneficios!

    NOTA (un poco más) TÉCNICA PARA ECONOMISTAS:
    Para los que seáis economistas y no os acoedéis de las clases de teoría de la incidencia fiscal, dejadme repetor lo que he dicho con jerga un poco más técnica.
    La incidencia impositiva es la parte de la ciencia económica que analiza quién paga realmente los impuestos. Y es que a los no economistas os sorprenderá saber que quien decide QUIEN paga los impuestos, no son los legisladores sino las leyes del mercado. Es decir, aunque las leyes digan que un determinado impuesto lo paga el consumidor, el mercado mueve los precios y hace que, al final, los impuestos los paguen parcialmente los empresarios. La proporción del impuesto total que pagan unos y otros depende de lo que los economistas llamamos “elasticidades”.
    Consideremos un mercado normal con una oferta y una demanda normales (Gráfico 1).
    Si en este mercado no hubiera impuestos, el precio sería el de la intersección entre la oferta y la demanda. En el gráfico, ese sería el precio A. Para ser concretos, dejadme que imagine que A=100. Imaginemos que viene el gobierno y pone un impuesto sobre ese bien. El tamaño del impuesto es el que viene marcado por a flecha roja de doble cabeza que aparece a la izquierda del gráfico 1 y, concretamente, supongamos que éste es de 20. ¿Cómo se analiza el impacto de dicho impuesto en el mercado? Pues como el impuesto representa una “diferencia” o “distancia” entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el vendedor, cogemos la flecha de doble cabeza y la ponemos en el punto donde la distancia entre la oferta y la demanda es exactamente igual al tamaño de la flecha. Es decir, donde la distancia vertical entre la oferta y la demanda es exactamente de 20. Esa es la barra azul que aparece en el gráfico 1. Vemos que en ese punto, el precio que paga el consumidor es el precio C=110  y el que recibe el productor es B=90 (y la distancia entre uno y otro es el impuesto, 110-90=20).
    Si no hubiera impuesto, el consumidor pagaría A=100 y si lo hay, paga un precio superior C=110. La diferencia entre C y A es, pues, lo que paga el consumidor. Como C-A=110-100=10, el consumidor paga 10 más de lo que pagaría si no hubiera impuesto por lo que su contribución al fisco es solamente de 10. Por el contrario, si no hubiera impuesto, el vendedor cobraría A=100 y, una vez introducido el impuesto, cobra B=90, la diferencia entre A y C (100-90=10) es lo que paga el productor. Por lo tanto, el vender acaba pagando otros 10.  Es decir, aunque los políticos digan que los consumidores deben pagar 20, los mercados acaban diciendo que el impuesto final lo pagan a medias: 10 el empresario y 10 el consumidor.
    ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué acaba el empresario teniendo que pagar un impuesto que en teoría debía pagar el consumidor? Pues porque las leyes del mercado ajustan los precios. Para explicarlo de manera sencilla, los precios en un mercado se fijan de acuerdo con una lucha que establecen vendedores y compradores. Los vendedores intentan poner el precio lo más alto posible y los compradores lo más bajo posible. En esta lucha, ambas partes tienen un cierto “poder de negociación”: si los vendedores ponen un precio demasiado alto, los compradores dejan de comprar. Si los compradores pagan un precio demasiado bajo, los vendedores dejan de producir.
    Siguiendo con nuestro ejemplo del Gráfico 1, imaginemos que, cuando se introduce el impuesto, los empresarios deciden repercutirlo todo en el precio final de manera que el precio que antes era de 100, ahora pasa a ser de 120.  Cuando el precio es tan alto, los ciudadanos reducen su consumo lo que hace que los empresarios pierdan parte del negocio. Al ver que la demanda del producto baja de manera espectacular, cosa que les lleva a perder clientes, las empresas bajarán el precio, digamos a 110, para conseguir que los clientes vuelvan. Es decir, el hecho de que los clientes tengan la posibilidad de irse les da a los consumidores un poder de negociación ante las empresas que obliga a éstas a “absorber” una parte del impuesto. Cuanta más posibilidad tengan los clientes de “irse” (es decir, cuanto más elástica sea la demanda), más poder de negociación tienen los consumidores.
    Pero los productores también tienen “poder de negociación”. Imaginemos que los consumidores dicen: “el precio sin impuestos era de 100 y nosotros no compraremos a ninguna empresa que cobre más de 100, por lo que el impuesto debe ser absorbido completamente por las empresas”. ¿Cómo reaccionará el mercado? Pues si el impuesto va a ser absorbido por la empresa, ésta pasará a cobrar 100-20=80. Pero a 80, a la empresa no le sale a cuenta producir tanto producto (la oferta tiene pendiente positivo) por lo que la producción total se reduce. De repente, los mismos clientes se verán obligados a competir por una cantidad menor de producto, y eso pondrá presión a la alza en los precios. Es decir, el hecho de que las empresas quieran producir menos cuando los precios son inferiores (es decir, el hecho de que la oferta tenga pendiente positivo) le da un poder de negociación a los productores.
    ¿Qué pasará, pues con el precio final cuando el gobierno pone un impuesto? Pues depende de quien tenga más “poder de negociación”.
    Veamos dos ejemplos extremos. Imaginemos un mercado donde la oferta es muy vertical (los economistas llamamos a eso, oferta “inelástica”) y la demanda no (la demanda es “elástica”). Ese mercado se representa en el Gráfico 2.
    Según acabamos de explicar, el hecho de que los consumidores puedan “reducir su demanda” más fácilmente de lo que se puede reducir la oferta, les da un “poder de negociación” porque pueden amenazar de “irse y no comprar”. Es de esperar que en ese mercado donde los consumidores tienen más poder, el impuesto sea absorbido por la empresa. Veamos con el gráfico si es así. Si hacemos el mismo análisis que hicimos antes, vemos que, una vez introducido el impuesto, el precio que pagan los consumidores pasa de 100 a 101 mientras que  el que cobran los productores pasa de 100 a 81.Los productores pagan 19 de los 20 euros en qué consiste el impuesto. Es decir “cuando la oferta es inelástica relativo a la demanda, quien acaba pagando el impuesto es el productor”. Fijaos que si la oferta fuera TOTALMENTE INELASTICA (es decir vertical) o la demanda fuera totalmente elástica (es decir horizontal), todo el impuesto lo pagaría el productor.
    Consideremos ahora el otro extremo: el de un mercado con demanda relativamente inelástica y oferta relativamente elástica como el que aparece en el gráfico 3.
    Hemos dicho antes que el hecho de que los productores puedan reducir la oferta fácilmente les da un poder de negociación por lo que es de esperar que el impuesto en este caso sea absorbido por los consumidores. Veamos el análisis en el gráfico 3. El precio que pagan los consumidores cuando hay impuestos es de 119, mientras que el precio que cobran los productores es de 99, por lo que 19 de los 20 euros de impuestos los pagan los consumidores. Se confirma, pues, nuestra intuición. Vemos, además, que en el caso extremo de que la demanda fuera totalmente vertical o la oferta horizontal, entonces pagarían todos los 20 euros los consumidores.
    Volviendo a Zara y a los servicios funerarios: el mercado de la moda se parece al del Gráfico 2 por lo que el aumento del IVA no va a verse reflejado en un aumento de los precios finales. Y como Amancio Ortega lo sabe, intenta sacar rédito en su reputación anunciándolo como si fuera idea suya y no consecuencia de la competencia en su sector. Por contra, los servicios funerarios se parecen más al gráfico 3 ya que la demanda de sus servicios es totalmente inelástica: cuando uno se muere, tiene que contratar servicios funerarios se quiera o no y, además, uno no puede decidir no morirse o morirse más adelante. Eso da un enorme poder a las empresas que, poder que es aprovechado para trasladar todo el IVA al precio final.

    Cristóbal Montoro

    Por Xavier Sala i Martín.

    Cristóbal Montoro era el ideólogo económico del ala liberal del PP. Como tal, fue el encargado de diseñar y escribir la parte económica y fiscal del programa electoral del Partido Popular. Si leen ustedes el programa, verán que la idea que fundamenta todo el programa era “la curva de Laffer” (ver aquí la explicación de lo que es la curva de Laffer). Es decir, el PP predicaba que si subían los tipos impositivos, se dañaba tanto la actividad económica que la recaudación final (que es el producto de un tipo mayor multiplicado por una actividad menor) acababa bajando. Por eso el PP dijo durante la campaña electoral que para reducir el déficit lo que había que hacer era no subir sino bajar los impuestos.
    Claro que luego el PP ganó las elecciones y protagonizó el primer gran salto mortal intelectualde la legislatura: ¡subió inmediatamente el IRPF! ¿Donde estaba don Cristóbal y su teoría de Laffer? Pues escudándose detrás de un argumento absurdo, sobado y siniestro: “El déficit era mucho mayor de lo que esperábamos? ¿Cómo? ¡Señor ministro! ¡No sea usted bobo! Si para aumentar la recaudación lo que se necesita es bajar el IRPF, la lógica de parvulario indica que cuando usted descubre un déficit “mucho más grande de lo esperado” lo que tiene que hacer es “bajar los impuestos mucho más de lo esperado”!!! Si usted sube el IRPF, ¡la crisis se va a agravar y la recaudación va a bajar! Por cierto, han pasado ya unos meses. La crisis se ha agravado... y la recaudación ha caído.
    De hacho, la recaudación ha caído tanto que vienen los socios europeos y oboigan al PP ha incumplir otra de sus promesas: la subida del IVA. Aquí, Montoro tenía una oportunidad de oro para demostrar que sabe algo y hubiera podido salir y explicar que AL MISMO TIEMPO QUE SE SUBE EL IVA, se reducen los impuestos del trabajo. Y la combinación de ambos impuestos podía dar lugar a una “devaluación fiscal” que abarataba los productos españoles respecto de los alemanes y eso contribuye a aumentar la competitividad española. Eso hubiera sido una manera inteligente de justificar el cambio fiscal. ¡Pero no! En lugar de eso, va el ministro y dice que “subimos el IVA porque hay mucha gente que no lo paga!”.
    Y aquí ya es donde yo me pierdo. Me pierdo no solo por la falta de coherencia económica de ese argumento sino por su falta total de ética. Es decir, va el ministro y nos dice que en España hay dos tipos de ciudadanos: Los que pagan en A (los honestos que pagan IVA) y los que pagan en B (los que evaden). Y como nosotros, los miembros del gobierno, somos unos incompetentes supinos incapaces de realizar nuestra labor de evitar que la gente B evada impuestos, lo que haremos será... ¡castigar a la gente A y subirles los impuestos a ellos! ¿Se puede ser más injusto? Señor Montoro: si usted es incapaz de cumplir con su obligación de eliminar la evasión del IVA por parte de los ciudadanos tipo B, ¡confiese que es usted incapaz de realizar su oficio y váyase a su casa!¡Pero no les cargue los costes de su inutilidad a los ciudadanos que cumplen con su obligación de pagar el IVA! ¿De verdad piensa que subir los impuestos a los ciudadanos A va a hacer que paguen los B? ¿Pero en qué planeta vive usted?
    Tenemos pues a un ministro de hacienda que miente de forma sistemática, que es incapaz de cumplir su obligación de hacer que los ciudadanos B paguen lo que deben y, encima, no tiene ningún rubor al justificar un aumento del IVA haciendo pagar justos por pecadores. Mentiroso, incompetente e injusto. Cada uno de esos atributos, por separado, deberían ser suficientes para obligar a que un ministro de hacienda dimita de su cargo. Don Cristóbal Montoro ha conseguido reunirlos en una sola persona.

    Las mentiras del Impuesto sobre las Transacciones Financieras

    por Jesús Sánchez-Quiñones.



    Uno de los previsibles acuerdos de la actual cumbre europea será el "Pacto por el Crecimiento", financiado, en parte, mediante la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). El nuevo impuesto supondría, de aprobarse, una imposición equivalente al 0,1% del efectivo de todas las transacciones de bonos y acciones, y el 0,01% sobre el importe de los derivados.
                    Los partidarios de este impuesto entre las autoridades europeas llevan meses lanzando mensajes sobre la conveniencia de su implantación. El pasado 4 de junio, Algirdas Semeta, Comisario europeo de Fiscalidad, publicó un artículo en el diario Expansión, explicando las bondades del nuevo impuesto. Los argumentos utilizados en su favor están llenos de "inexactitudes", sólo achacables al desconocimiento más absoluto de cómo funcionan los mercados financieros internacionales o a un marketing político con elevado componente populista. Analicemos algunas de las afirmaciones vertidas sobre el nuevo impuesto:
    -          "El ITF garantizará que el sector financiero pague lo que le corresponde". Si se desea gravar al sector financiero este impuesto no es el vehículo. El gravamen no acabará recayendo en los bancos, sino en los inversores, las empresas y los ciudadanos en general. Cualquier impuesto introducido en la compra venta de acciones bonos o derivados será inmediatamente repercutido por el intermediario financiero al inversor final. El impuesto sólo servirá para encarecer la financiación de las empresas, restar liquidez al mercado financiero que lo aplique y desviar inversiones hacia otros países.

    -          "Un impuesto de tan solo un 0,1% sobre bonos y acciones y un 0,01% en derivados". Se presenta el impuesto como una carga ínfima sobre las transacciones financieras, pero dicho porcentaje es sensiblemente superior a los costes totales satisfechos por los principales operadores a corto plazo, muchos de los cuales operan a través de sistemas algorítmicos automatizados. La imposición de una tasa tan elevada expulsaría a este tipo de inversores, dejando de operar en aquellos mercados que apliquen el nuevo gravamen. Se estima que en algunas de las principales bolsas del mundo los sistemas automáticos "especulativos" suponen más de la mitad del volumen intermediado. Si se quiere acabar con dicho volumen "especulativo", se ha de ser consciente de las consecuencias que tendría. Los grandes inversores internacionales eligen los activos más líquidos para materializar sus inversiones. Perder liquidez en un mercado financiero (de acciones u obligaciones) implica disminuir la posibilidad de recibir inversiones extranjeras, minorando las posibilidades de financiación de las empresas que acuden a los mercados de capitales. Un mercado en el que sólo hay inversores a largo plazo no puede ser un mercado líquido. Ningún mercado tiene una liquidez adecuada si no coexisten operadores que inviertan a corto plazo, junto a inversores que invierten a largo plazo. Si sólo existieran inversores a largo plazo, cuando uno de estos inversores quisiera deshacer su posición difícilmente encontraría contrapartida a precios razonables.

    -          "Gracias al impuesto se obtendrían 57.000 millones de euros anuales". Suponer que la introducción de este impuesto no implicaría una reducción significativa del volumen negociado y la desviación de gran parte de la negociación a otros mercados libres de la carga de este impuesto es desconocer el funcionamiento de los mercados financieros. El propio Sarkozy en un debate con Hollande  sobre la Tasa Tobin, precursora del ITF, en 1999 (sí, sí, hace 13 años) exponía un razonamiento íntegramente válido a día de hoy: ".....si nosotros ponemos el impuesto otros no lo harán...., perderemos riqueza que la ganarán otros...., vas a obtener el resultado inverso al que deseas".
    En un momento en que muchos países europeos, entre ellos España e Italia, están muy necesitados de conseguir que inversores no europeos compren nuestra deuda pública e inviertan en nuestras empresas, no parece muy oportuno penalizarles con un impuesto sobre su inversión.

    -          "El impuesto recae sobre el sector financiero que puede permitírselo cómodamente, sin pedir nada más a los ciudadanos corrientes que quedan ampliamente al margen". Los intermediarios financieros repercutirán el coste del impuesto a los inversores. Bajo la idea populista de crear un tributo sobre el sistema financiero, visualizado como el culpable de la actual crisis económica, se crea un tributo supuestamente sobre los "mercados financieros". Es rotundamente falso que los ciudadanos corrientes queden al margen de este impuesto. Lo sufrirán, bien por que inviertan directamente sus ahorros en bonos o acciones, o bien porque mantengan inversiones en fondos de inversión o fondos de pensiones que a su vez necesariamente invertirán en acciones y bonos sujetos al impuesto.

    -          "El ITF conseguirá que el sector financiero pague lo que le corresponde". Este impuesto no lo pagará el sector financiero, lo pagarán los inversores y las empresas. Los grandes inversores internacionales tienen capacidad suficiente para ubicar sus vehículos de inversión y sus inversiones en mercados que no soporten este impuesto.
                    Es difícil creer que los responsables políticos que preconizan y alientan la aprobación del ITF con estos argumentos no sean conscientes de la escasa consistencia de los mismos. Eso sí, introducir un impuesto que acabarán pagando los ciudadanos y las empresas, con el eslogan de ser un impuesto sobre el "demoniaco" sector financiero, puede conseguir incluso un amplio apoyo entre la mayoría de la población. Es cuestión de una adecuada campaña de comunicación que ya ha comenzado. Una mentira repetida mil veces puede tener apariencia de verdad, pero sigue siendo una falsedad.
                    En principio el impuesto debería entrar en vigor en Francia, y sólo en Francia, este agosto. De ser así, el resto de Europa podrá contrastar las nefastas consecuencias de su implantación y podrá reflexionar sobre el mismo.

    Puntualizaciones sobre el IBI y la Iglesia Católica

    Diego Sánchez de la Cruz.



    Interesante artículo de Isidro Catela publicado por el diario El Mundo el día 25 de mayo de 2012. A continuación reproduzco varios párrafos del mismo, pero pueden acceder al texto completo haciendo click aquí. 
    El primer bulo que hay que desmentir es que «todo hijo de vecino» paga el IBI. No lo pagan, por ejemplo, los partidos políticos, los sindicatos, los locales de la Cruz Roja, las fundaciones, los consulados, las federaciones deportivas, las embajadas, los terrenos de la RENFE, los inmuebles destinados a usos religiosos de las comunidades hebreas, musulmanas o evangélicas, y otras muchas instituciones en virtud de la Ley 49/2002, denominada Ley de Mecenazgo. Con todas ellas, la Iglesia católica comparte el régimen fiscal especial que se concede a entidades sin fines lucrativos, como puede verse en el Título II de la citada Ley.
    La legítima pregunta que cabe hacerse es ¿entonces por qué tanta gente piensa que se trata de un privilegio de la Iglesia? ¿Por qué no se cuestiona que deben pagar el IBI, por poner tres ejemplos: UGT, la Federación Española de Fútbol o las mezquitas construidas en España? La manipulación de la opinión pública, que cala como lluvia fina, lleva a creer a mucha gente que la Iglesia católica es la única que no paga el IBI y que además no paga ninguna clase de impuestos. Los estrambóticos casos que han ido surgiendo en los últimos días como noticias con cuentagotas desde diferentes ayuntamientos, han querido hacer pasar por novedad algo que en realidad no lo era. La Iglesia ya pagaba el IBI de locales no destinados a un uso religioso (como puede ser por ejemplo un garaje, una floristería o la tienda de dulces de un convento) y, de igual manera, ya pagaba las tasas municipales, sobre las que no existe ningún tipo de exención fiscal.
    Es fácil de entender: por ley, y no como privilegio, sino como exención fiscal compartida con muchas otras instituciones, no se paga el IBI por la Catedral de Burgos, como no lo pagan tampoco por el Museo del Prado, pero se pagan tasas que nada tienen que ver con el mencionado impuesto, como, por ejemplo, las de basura o las correspondientes al vado de una cochera.
    En la misma línea que busca el descrédito general de la Iglesia, se intenta hacer creer que el IBI eclesial supone un porcentaje altísimo sobre el IBI que goza de exención. Sirva como ejemplo para desmentirlo el hecho de que en Madrid, donde están exentos del pago del IBI edificios como el de la SGAE o el del Hotel Palace, podrían recaudarse 109 millones de euros si no existiera exención alguna. Sólo el 5% correspondería a la Iglesia católica. Algunos ayuntamientos están contribuyendo a esta ceremonia de la confusión. Saben bien que no está en su mano cobrar el IBI, salvo en los casos excepcionales que hemos citado. Saben que si envían el recibo de un edificio exento por ley, lo más probable es que se lo devuelvan. Y saben también que pueden seguir enviando a las parroquias a todas las personas desesperadas que ellos no atienden por falta de presupuesto, porque en este caso, no se devolverá a nadie y se acogerá a todos, sin pedir el DNI ni la partida de bautismo.

    Suecia, impuestos invisibles y Estado del Bienestar

    Diego Sánchez de la Cruz.



    Como hemos explicado en textos anteriores, Suecia fue un país pobre hasta los años 70 del siglo XIX. En aquellos años, la Revolución Industrial y el Capitalismo permitieron que el país dejase atrás la pobreza que, hasta entonces, empujaba a miles de suecos a la emigración. Con el paso de los años, Suecia fue desarrollando una economía abierta, dinámica y competitiva.
    Hasta finales de los años 40, los impulsos intervencionistas del Partido Socialdemócrata sueco habían sido contenidos. En 1950, el gobierno recaudaba el 21% del PIB y los impuestos aún no habían experimentado grandes subidas. Sin embargo, a lo largo de las décadas siguientes, el incremento de la presión fiscal fue casi continuado, hasta situar el gasto público por encima del 70% del PIB.
    Muchos comentaristas han argumentado que los sucesivos triunfos electorales de la izquierda sueca legitimaban estas políticas fiscales. Sin embargo, si analizamos con cuidado las estrategias tributarias seguidas por el Partido Socialdemócrata, encontramos que gran parte de estas medidas se articuló con la creación de impuestos indirectos, aprovechando el alto grado de “invisibilidad” de estas tasas ante los contribuyentes.
    La siguiente gráfica demuestra que, desde 1965, el aumento de la recaudación fue financiado vía impuestos menos evidentes para el contribuyente: cotizaciones, IVA…
    La línea azul muestra que, en términos absolutos, la presión fiscal ha experimentado una subida muy notable. Sin embargo, la línea amarilla confirma que los impuestos directos se han mantenido estables, mientras que los indirectos, reflejados en la línea gris, han aumentado de forma sistemática.
    Si los políticos suecos no hubiesen disparado la fiscalidad indirecta, la presión fiscal se habría mantenido por debajo del 35%. Sin embargo, este mecanismo ha demostrado su éxito a la hora de ocultar a la población la factura total de sus obligaciones con Hacienda. Como demuestran las encuestas, los suecos estiman que pagan menos del 35% de sus ingresos al fisco, cuando en realidad están comprometiendo casi el 65%.
    Como recuerda el analista Nima Sanandaji, nacido en Irán pero afincado en Suecia desde su infancia, la estrategia de usar impuestos indirectos para aumentar los presupuestos públicos ha sido ampliamente discutida por economistas como Amilcare Puviani o James Buchanan. El primero predijo en 1903 lo que el segundo explicaría décadas después: recurrir a tasas “invisibles” permite aumentar los ingresos del Estado con un coste electoral menor para los políticos.
    La siguiente gráfica demuestra que esta estrategia también ha funcionado en Finlandia, donde los impuestos indirectos han servido para expandir el gasto público de forma continuada.
    De nuevo, podemos ver que el aumento de la recaudación reflejado en la línea azul se ha financiado recurriendo a los impuestos “invisibles”, representados por una línea gris que ha experimentado una subida neta muy considerable frente a la línea amarilla de los impuestos directos, que se mantiene mucho más estable con el paso de los años.
    Un sistema así acaba por generar una cultura de irresponsabilidad. Hace treinta años, ocho de cada diez suecos se oponía a quienes usan el “Estado del Bienestar” para vivir a costa de los demás. Hace diez años, ese porcentaje había bajado del 82% al 55%.
    Un sistema así estaba condenado al fracaso. Así, en los años 90, el paro saltó del 2% al 14%. El déficit público llegó a superar el 11%, mientras que el gasto público sobrepasó el 70% del PIB. Entre 1970 y 1990, Suecia pasó de ser el cuarto país más rico en el ránking per cápita a ocupar la decimoséptima posición.
    Ante una situación límite, Suecia renunció al intervencionismo cerril y volvió a buscar soluciones de mercado para sus problemas. Las siguientes gráficas muestran la evolución de la libertad económica en EEUU, Suecia y Finlandia, de acuerdo con las calificaciones de los dos índices más influyentes en esta materia (publicados, respectivamente, por la Fundación Heritage y el Wall Street Journal y por el Instituto Fraser y el Instituto CATO). Ambos estudios muestran que ambos países escandinavos acumulan años de reformas liberales.
    Entre los cambios que ha adoptado Suecia para abrir su modelo socioeconómicoencontramos liberalizaciones sectoriales, privatización de monopolios, bajadas de impuestos, aprobación de un sistema de cheques para la educación y la sanidad, capitalización parcial del sistema de pensiones…  Hablamos, pues, de una batería de medidas que ha ayudado a que Suecia le gane el pulso a la Gran Recesión y se convierta en un ejemplo de apertura económica.
    La creatividad tributaria que ayudó a financiar el “populismo del bienestar” ha sido sustituida por la creatividad liberal de las reformas que han dado un nuevo impulso al viejo Reino de Suecia.