Museo civil

por Arcadi Espada.

El turismo político me interesa. No me refiero, desde luego, al repulsivo turismo del ideal, en la feliz descripción de Ignacio Vidal-Folch. Ni tampoco al turismo puramente histórico. El turismo político es, por así, decirlo, caliente: alude a sucesos que no son ni moral ni técnicamente remotos y tiene tanto interés lo que cuenta como la forma de contarlo. He hecho un poco de ese turismo por Centroeuropa. En Budapest, y su impresionante Casa del Terror; en Cracovia, con el imaginativo museo instalado en la antigua fábrica Schindler, y sobre todo en Berlín, que es la meca mundial del turismo político, con el Museo del Holocausto, la Topografía del Terror hitleriano, el Museo del Muro y el Museo de la Stasi, la policía política de la Alemania comunista. En todos esos lugares hay asuntos que discutir. Y el principal: cómo una generación se apodera del pasado. Y cuáles son sus ceremonias. Las de Cracovia, Schindler al margen, me parecieron un poco brutales desde el punto de vista del comercio. No sólo es que ofrecieran tours del comunismo, que incluían conducir un Trabant odisparar con kalashnikov. Lo máximo eran los carteles que incitaban a visitar Auschwitz con el reclamo de una puesta de sol sobre las alambradas: el campo de exterminio se ofrecía bañado por el mismo almíbar retórico que el Taj Mahal o la Tour Eiffel.

Sorprendentemente, y después de ser uno de los iconos políticos del siglo XX, la guerra civil española no tiene museo. Ha habido iniciativas en Teruel, en Salamanca, y seguramente en otros lugares. No han prosperado. Hay algunos pequeños museos, locales, como el de Cartagena. Pero cuando un extranjero viene a España en busca de la guerra civil, no encontrará nada más informativo que la Wikipedia de su móvil. Y en la trama urbana de Madrid, capital del dolor, el viajero no tendrá siquiera la posibilidad de seguir el antiguo frente, en contraste con lo que encuentra en Berlín, donde con tanta inteligencia y sutileza la línea del muro ha sobrevivido a su derrumbamiento.

Las causas de esta ausencia española son diversas. Pero el resumen de todas ellas la encuentro en el frontispicio web del museo de Harrisburg, el más importante y global de la miríada de museos americanos sobre su guerra civil. Dice: «La representación es ecuánime, centrada en lo humano, sin inclinarse por la causa de la Unión o de la Confederación.» Es interesante. Sin inclinarse. Una guerra civil se acaba cuando entra en el museo.

(El Mundo, 26 de junio de 2012)

Víctimas del desalojo en Cuba ofrecen testimonios. Videos

Habitantes de Cambute, víctimas del desalojo, protestan en mayo del 2012. Foto: Nery Castillo.

Por Roberto de Jesús Guerra Pérez/ Hablemos Press.

La Habana, 3 de julio.- A la redacción del Centro de Información Hablemos Press -vía telefónica y personal- han llegado múltiples denuncias, de las propias víctimas, sobre los brutales desalojos llevados a cabo por las autoridades castrista.
Cientos de familias han sido desalojadas violentamente en diferentes regiones de Cuba y sus viviendas demolidas.
Las autoridades castristas actúan con violencia desmedida, y en la mayoría de los casos los funcionarios no presentan una orden de desalojo firmada por un juez, alegando que no es necesaria.

Nuestro Centro, siempre al servicio de la verdad y los derechos humanos, ha elaborado un Boletín Especial con el propósito de informar y sensibilizar al pueblo de Cuba y a la opinión pública internacional para que se sumen a nuestro clamor de justicia por las víctimas del abuso.

En Guantánamo, inspectores de la Dirección Municipal de la Vivienda, encabezados por el vicepresidente del grupo de enfrentamiento, el ingeniero Michel Ramos Rodríguez, desalojaron a tres familias de sus hogares, el pasado 14 de junio.

Elizabeth Batalla, de 20 años de edad, madre de una niña de dos años, víctima de los desalojos, dio declaraciones o a Rogelio Tavío Ramírez, quien colabora con Hablemos Press. 

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Las mentiras del Impuesto sobre las Transacciones Financieras

por Jesús Sánchez-Quiñones.

Uno de los previsibles acuerdos de la actual cumbre europea será el "Pacto por el Crecimiento", financiado, en parte, mediante la creación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras (ITF). El nuevo impuesto supondría, de aprobarse, una imposición equivalente al 0,1% del efectivo de todas las transacciones de bonos y acciones, y el 0,01% sobre el importe de los derivados.

                Los partidarios de este impuesto entre las autoridades europeas llevan meses lanzando mensajes sobre la conveniencia de su implantación. El pasado 4 de junio, Algirdas Semeta, Comisario europeo de Fiscalidad, publicó un artículo en el diario Expansión, explicando las bondades del nuevo impuesto. Los argumentos utilizados en su favor están llenos de "inexactitudes", sólo achacables al desconocimiento más absoluto de cómo funcionan los mercados financieros internacionales o a un marketing político con elevado componente populista. Analicemos algunas de las afirmaciones vertidas sobre el nuevo impuesto:

-          "El ITF garantizará que el sector financiero pague lo que le corresponde". Si se desea gravar al sector financiero este impuesto no es el vehículo. El gravamen no acabará recayendo en los bancos, sino en los inversores, las empresas y los ciudadanos en general. Cualquier impuesto introducido en la compra venta de acciones bonos o derivados será inmediatamente repercutido por el intermediario financiero al inversor final. El impuesto sólo servirá para encarecer la financiación de las empresas, restar liquidez al mercado financiero que lo aplique y desviar inversiones hacia otros países.

-          "Un impuesto de tan solo un 0,1% sobre bonos y acciones y un 0,01% en derivados". Se presenta el impuesto como una carga ínfima sobre las transacciones financieras, pero dicho porcentaje es sensiblemente superior a los costes totales satisfechos por los principales operadores a corto plazo, muchos de los cuales operan a través de sistemas algorítmicos automatizados. La imposición de una tasa tan elevada expulsaría a este tipo de inversores, dejando de operar en aquellos mercados que apliquen el nuevo gravamen. Se estima que en algunas de las principales bolsas del mundo los sistemas automáticos "especulativos" suponen más de la mitad del volumen intermediado. Si se quiere acabar con dicho volumen "especulativo", se ha de ser consciente de las consecuencias que tendría. Los grandes inversores internacionales eligen los activos más líquidos para materializar sus inversiones. Perder liquidez en un mercado financiero (de acciones u obligaciones) implica disminuir la posibilidad de recibir inversiones extranjeras, minorando las posibilidades de financiación de las empresas que acuden a los mercados de capitales. Un mercado en el que sólo hay inversores a largo plazo no puede ser un mercado líquido. Ningún mercado tiene una liquidez adecuada si no coexisten operadores que inviertan a corto plazo, junto a inversores que invierten a largo plazo. Si sólo existieran inversores a largo plazo, cuando uno de estos inversores quisiera deshacer su posición difícilmente encontraría contrapartida a precios razonables.

-          "Gracias al impuesto se obtendrían 57.000 millones de euros anuales". Suponer que la introducción de este impuesto no implicaría una reducción significativa del volumen negociado y la desviación de gran parte de la negociación a otros mercados libres de la carga de este impuesto es desconocer el funcionamiento de los mercados financieros. El propio Sarkozy en un debate con Hollande  sobre la Tasa Tobin, precursora del ITF, en 1999 (sí, sí, hace 13 años) exponía un razonamiento íntegramente válido a día de hoy: ".....si nosotros ponemos el impuesto otros no lo harán...., perderemos riqueza que la ganarán otros...., vas a obtener el resultado inverso al que deseas".

En un momento en que muchos países europeos, entre ellos España e Italia, están muy necesitados de conseguir que inversores no europeos compren nuestra deuda pública e inviertan en nuestras empresas, no parece muy oportuno penalizarles con un impuesto sobre su inversión.

-          "El impuesto recae sobre el sector financiero que puede permitírselo cómodamente, sin pedir nada más a los ciudadanos corrientes que quedan ampliamente al margen". Los intermediarios financieros repercutirán el coste del impuesto a los inversores. Bajo la idea populista de crear un tributo sobre el sistema financiero, visualizado como el culpable de la actual crisis económica, se crea un tributo supuestamente sobre los "mercados financieros". Es rotundamente falso que los ciudadanos corrientes queden al margen de este impuesto. Lo sufrirán, bien por que inviertan directamente sus ahorros en bonos o acciones, o bien porque mantengan inversiones en fondos de inversión o fondos de pensiones que a su vez necesariamente invertirán en acciones y bonos sujetos al impuesto.

-          "El ITF conseguirá que el sector financiero pague lo que le corresponde". Este impuesto no lo pagará el sector financiero, lo pagarán los inversores y las empresas. Los grandes inversores internacionales tienen capacidad suficiente para ubicar sus vehículos de inversión y sus inversiones en mercados que no soporten este impuesto.

                Es difícil creer que los responsables políticos que preconizan y alientan la aprobación del ITF con estos argumentos no sean conscientes de la escasa consistencia de los mismos. Eso sí, introducir un impuesto que acabarán pagando los ciudadanos y las empresas, con el eslogan de ser un impuesto sobre el "demoniaco" sector financiero, puede conseguir incluso un amplio apoyo entre la mayoría de la población. Es cuestión de una adecuada campaña de comunicación que ya ha comenzado. Una mentira repetida mil veces puede tener apariencia de verdad, pero sigue siendo una falsedad.

                En principio el impuesto debería entrar en vigor en Francia, y sólo en Francia, este agosto. De ser así, el resto de Europa podrá contrastar las nefastas consecuencias de su implantación y podrá reflexionar sobre el mismo.

Property Rights Aren’t Always the Libertarian Solution

by Sandy Ikeda.

At FEE’s seminar last week on libertarian perspectives on current events, a participant asked: “How do we privatize the air?”

The student may have had in mind the economic principle, popularized by Ronald Coase, that externalities–especially negative externalities such as air pollution– result from ill-defined or unenforced property rights. The question also seems to reflect a common libertarian idea that in a free society all scarce resources must be owned by somebody. That would include the atmosphere when clean air is scarce.

Property Rights and Economic Development

The Coase Theorem is an economic proposition which says that when property rights are well defined and enforced, and the costs of search, bargaining, and enforcement are reasonably low, voluntary trade will tend to produce results that are economically efficient. Negative externalities will be internalized, as unowned resources are transformed into marketable goods. And if, because of incomplete property rights, entrepreneurs are unable to capture enough of the benefits from their actions (that is, if positive externalities would result), they will be less inclined to make the discoveries that drive economic development. Those benefits would be internalized, too.

There are some positive externalities that most, perhaps all, of those who favor tough property enforcement would hesitate to try to privatize. For example, cultures develop in part on the basis of imitation. Jazz musicians copy from one another all the time, from motifs to entire songs, and reinterpret them in their own creations. Classical musicians have also done this. As a courtesy, the protocol is to name the artist from whom you are copying, such as in “Variations on a Theme of Paganini.”

On an even higher level of abstraction, artists, writers, and even ordinary people partake in an esthetic ethos; scholars, intellectuals, and laymen draw on the intellectual milieu of a place and time. Without the experimentation that comes from such borrowing and give-and-take, cultures would stop evolving; they would die.

The same thing goes for economic development. One entrepreneur discovers a demand for flat-screen televisions and is soon followed by imitators, which in the long run results in lower prices and better quality–and often new products and uses, such as tablet computers.

Don’t get me wrong! Private property rights prevent the kind of free riding that hinders economic development. And of course private property is essential for personal freedom: Property rights not only help to avoid or resolve interpersonal conflict–such as the tragedy of the commons–they are what provide a person with a sphere of autonomy and privacy in an economically developed world where contact with strangers is commonplace.

Elinor Ostrom on the Establishment of Conventions

There are many instances where free riding is a net negative, and the overuse of the atmosphere in the form of air pollution is probably one of them. Despite the efforts of some economists, legislators, and policymakers to institute so-called “cap-and-trade”–which would attempt to establish property rights in the air through government policy–it may be impossible to do something similar for all scarce resources, either by legal mandate or market arrangements. But this need not discourage libertarians, of either the minimal-state or market-anarchist variety.

Consider the work of Elinor Ostrom, winner of the 2009 Nobel Prize in economics, the only women so far to be so honored. Sadly, Ostrom died on June 12, a great loss for social science. While few would consider her a libertarian–I don’t believe she thought she was–libertarians can learn a lot from her work. She is perhaps best known for her 1990 book, Governing the Commons, in which she presented her methods and findings regarding how people coped (or didn’t cope) with what has come to be known as “common-pool resource” (CPR) problems:

What one can observe in the world, however, is that neither the state nor the market is uniformly successful in enabling individuals to sustain long-term, productive use of natural resource systems. Further, communities of individuals have relied on institutions resembling neither the state nor the market to govern some resource systems with reasonable degrees of success over long periods of time.

Voluntary Conventions

In those instances the nonstate, nonmarket institutions she studied were, when successful, conventions that the users of common-pool resources agreed to and used sometimes for centuries. They were made voluntarily and evolved over time, but they were not market outcomes, at least in the narrow sense, because no one “owned” the resource in question and it was not bought and sold. Ostrom added:

The central question of this study is how a group of principals who are in an independent situation can organize and govern themselves to obtain continuing joint benefits when all face temptations to free-ride, shirk, or otherwise act opportunistically.

Her research covered the harvesting of forests in thirteenth-century Switzerland and sixteenth-century Japan and irrigation institutions in various regions of fifteenth-century Spain. Although not every community Ostrom studied was successful in establishing such conventions, it is instructive how highly complex agreements, enforced by both local norms and effective monitoring, were able to overcome the free-rider problems that standard economic theory–and perhaps vulgar libertarianism–would predict are insurmountable without property rights.

Dealing with air pollution is of course a more difficult problem since it typically entails a much larger population and more diffuse sources and consequences. But it’s important to realize that a “libertarian solution” to air pollution may not necessarily be a “market solution.”

Ricardo Sanz

Web.