El atentado al Casino Royale ha sido el crimen más perturbador en la historia de la ciudad y un hito de la violencia en México que, parece, no deja de escalar. Con un mosaico de impresiones e historias, Cayuela Gally hace un vivo retrato de la ardua situación que padecen los regiomontanos, algunos de ellos corresponsables de ese infierno.
Entre el aeropuerto Mariano Escobedo, en el municipio industrial de Apodaca, y mi hotel en San Pedro Garza García, pasadas las once de la noche y tras cruzar entera la ciudad de Monterrey, no veo ni un solo policía o soldado, pese a cumplirse una semana del mayor atentado contra la población civil en México: el incendio del Casino Royale, provocado por sicarios que actuaron con impunidad a plena luz del día, donde murieron 52 personas. Y esa será una de las constantes más insólitas de esta visita. Ni en la entrevista con el secretario de gobierno, Javier Treviño, ni con la amenazada alcaldesa de Guadalupe, Ivonne Álvarez, ni en el recorrido que hice por el Barrio Antiguo, ni siquiera para entrar al Tec a una ceremonia presidida por dos de los empresarios más importantes de México, nunca nadie me pidió una identificación, me revisó la mochila ni confirmó si tenía cita previa o invitación.
La explicación a esta falta de controles me la da Jorge Tello Peón, coordinador sin sueldo del gabinete de seguridad del gobierno de Nuevo León. Creador del Cisen, antiguo colaborador de Fernando Gutiérrez Barrios y quizá uno de los mayores conocedores de los entretelones de los cuerpos de seguridad en México, Tello es enfático durante un desayuno en un restaurante sobriamente llamado Wall Street: “Nuevo León enfrenta un alarmante déficit de policías.” Las sistemáticas limpias de elementos corruptos, cuando no a sueldo del crimen organizado, han dejado los cuerpos del estado, y de la mayoría de los municipios, en números testimoniales. Bernardo González-Aréchiga, director de la Escuela de Graduados en Administración Pública del Tec y experto en temas de seguridad, corrobora las cifras: “Nuevo León tiene operativos menos de ocho mil policías y debería contar, dada su población y en estándares de la ONU [al menos 2.8 policías por cada mil habitantes], con veinte mil, y en estándares de la medición Goode [que mide el número de bajas de la policía para calcular el número requerido], con cuarenta mil.” Existe un programa estatal para construir una nueva policía, pero no es fácil reclutar. Nadie quiere un trabajo en que te juegas la vida si no te corrompes. Y eso que las condiciones han mejorado radicalmente: el gobierno ofrece catorce mil pesos mensuales de sueldo y buenas prestaciones. La convocatoria ha tenido que hacerse fuera del estado y ofrecer casa para los no residentes. Ni así. Además, el proceso de incorporación es inevitablemente lento. Nada es más peligroso que reclutar gente desesperada y darle un arma sin un adecuado adoctrinamiento. Lo sabe el Ejército mexicano, que enfrenta la deserción de no pocos mandos de sus batallones especiales convertidos en los líderes del cártel de Los Zetas. “En febrero –me dice Tello por poner un ejemplo– dimos de alta a treinta policías, y necesitamos quinientos al mes.”
