Víctimas, 17 de noviembre: Juan García León, César Uceda Vera y José Martínez Moreno

Libertad Digital.


Pasadas las seis de la mañana del 17 de noviembre de 1980, la banda terrorista ETA asesinaba en Éibar (Guipúzcoa) al guardia civil JUAN GARCÍA LEÓN, que conducía el primer vehículo de un convoy formado por dos Land Rover y un Seat 131 de la Guardia Civil. El convoy volvía de prestar servicio de vigilancia en la fábrica de armas Star Bonifacio Echeverría de la localidad guipuzcoana. A unos ciento cincuenta metros de la misma, en un punto de la carretera en dirección a Ermua, cinco terroristas les tendieron una emboscada y atacaron el convoy con metralletas, fusiles de asalto y escopetas, además de con dos granadas de mano que no llegaron a explotar. Los asesinos de la banda estaban escondidos en dos sitios distintos: en unas escaleras situadas encima de la estación de servicio de Éibar y debajo de las denominadas Torres de Amaña, por lo que el convoy de la Guardia Civil se vio envuelto en un fuego cruzado.
Los etarras efectuaron más de cien disparos y el primer vehículo, el que conducía Juan García León, recibió el impacto de cuarenta y seis, ocho de los cuales hirieron mortalmente al guardia civil. En el mismo vehículo iba en el asiento del copiloto José Terradillos Piña, y sentado en la parte de atrás Juan Pinilla Méndez. Ambos resultaron ilesos. Gravemente herido, Juan García León fue trasladado en una furgoneta a la casa de socorro de Éibar, donde falleció poco después de llegar.
Los agentes Gregorio González Roldán y Juan Baños López también fueron heridos de gravedad.Gregorio González Roldán, que viajaba en el Seat 131 a unos veinticinco metros del primer vehículo atacado, tardó en curar de sus heridas casi tres meses. Su vehículo fue alcanzado por seis impactos de bala y sin control colisionó contra una valla situada al lado derecho de la calzada. Juan Baños López, que viajaba en el segundo Land Rover, a unos cincuenta metros del Seat 131, no fue dado de alta hasta cinco meses después. En este segundo Land Rover iban los agentes Jesús González Díaz, en el asiento del copiloto, y Juan Varela Utrera, en el asiento posterior.
Los guardias civiles del convoy, incluido Gregorio González Roldán, respondieron con sus armas a los terroristas, pero no llegaron a alcanzar a ninguno de ellos. Los etarras emprendieron la huida en un Citroën GS robado a las tres de la madrugada en Vergara, y a cuyo propietario, Jesús Arenaza Aguiriano que salía de un bar de la localidad, habían abandonado en un monte próximo en Arechavaleta atado a un árbol. El dueño del vehículo consiguió liberarse de las ataduras y dio parte a la Guardia Civil de ese pueblo en torno a las 7:00 horas. El vehículo se encontraría, posteriormente, con las llaves de contacto puestas y las puertas abiertas en la carretera que une Éibar y Elgóibar.
El funeral por Juan García se celebró a las 16:30 horas en la parroquia de San Andrés Apóstol. Asistieron el gobernador general del País Vasco, Marcelino Oreja; el subdirector de la Guardia Civil, general González Lachantra; los gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, los concejales del Ayuntamiento de Éibar (a excepción de los de Herri Batasuna) y familiares del fallecido, así como numerosos compañeros de uniforme. Durante la homilía, el capellán castrense, que celebró el acto religioso, pidió a ETA que depusiese las armas o declarase la guerra abierta, para que se la pudiese hacer frente en igualdad de condiciones.
En 1983 fueron condenados a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Juan García León, y a dos penas de 13 años de prisión menor por los asesinatos frustrados de Gregorio González y Juan Baños los etarras Fermín Ancizar Tellechea, Ángel María Recalde Goicoechea y Francisco Martín Robles. En la misma sentencia fueron condenados como cómplices Jesús María Retolaza Loidi a 7 años de prisión mayor –fue quien sometió a vigilancia los convoyes de la Guardia Civil, transmitiendo a ETA la información sobre movimientos, horarios e itinerarios–, y José Antonio Arluciaga Iribar a 13 años de prisión menor –que cobijó en su domicilio a los autores materiales del atentado, los trasladó a Vergara, donde robaron el vehículo utilizado en el atentado, y los recogió después del ametrallamiento del convoy, facilitándoles la huida–. Veintitrés años después del atentado, en marzo de 2003, la Audiencia Nacional condenó a 27 años de reclusión mayor y a dos penas de 18 años de reclusión menor a Pedro José Picabea Ugalde.
Juan García León, de 21 años, era natural de Málaga. Ingresó en la Guardia Civil a los 18 años y fue destinado al núcleo de reserva de la 152 Comandancia de Las Palmas, prestando servicio en el aeropuerto. Poco después solicitó voluntariamente el traslado al País Vasco, entre otros motivos para estar más cerca de la familia, ya que su padre, brigada de la Guardia Civil, estaba destinado en el Parque de Automovilismo de Madrid. García León llevaba quince meses destinado en Éibar y, poco antes de ser asesinado por ETA, había solicitado, y obtenido, el traslado a Santa Cruz de Tenerife. Estaba soltero pero se había prometido con una joven de Elgóibar.
El 17 de noviembre de 1982 fallece en Madrid el teniente del Cuerpo de Músicas Militares CÉSAR UCEDA VERA, incapaz de superar las heridas sufridas un mes antes, el 21 de octubre, cuando fue acribillado a balazos en Bilbao por dos terroristas de la banda ETA. Tras ser tiroteado, la víctima fue llevada urgentemente al Hospital de Basurto, pero unos días después lo trasladaron a un hospital de Madrid donde acabaría falleciendo. Su estado fue calificado de "muy grave" desde el primer momento. César presentaba "cuatro orificios de entrada de bala situados uno en la espalda, en la región dorso-lumbar causante de la parálisis apreciada en la pierna izquierda, otros cuatro en el brazo derecho, así como dos balas alojadas en los dos hemitórax".
El 21 de octubre de 1982, a las 7:10 horas, el teniente Uceda salió de su domicilio para dirigirse al trabajo en el acuartelamiento de Munguía. Se subió a su automóvil y lo puso en marcha, justo en el momento en que dos miembros de la banda, que actuaron a cara descubierta, lo tirotearon. El coche, un Volkswagen, avanzó unos metros sin control y se estrelló contra una tintorería situada a unos diez metros del domicilio del militar.
El Ayuntamiento de Lejona, con la ausencia de los concejales de Herri Batasuna, condenó por unanimidad el atentado contra César Uceda en un comunicado hecho público el 21 de octubre.
En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Juan Carlos Echeandia Zorroza a 26 años de reclusión mayor por un delito de asesinato con alevosía. Echeandia fue el encargado de seguir y controlar los horarios y hábitos de César Uceda. En cuanto a los autores materiales, sólo fue condenado en 1991 el etarra Manuel Murua Alberdi, alias El Casero, a 26 años de reclusión. Entre otros atentados, El Casero participó, presuntamente, en el secuestro y tortura de tres jóvenes gallegos residentes en Irún, que cruzaron la frontera y desaparecieron para siempre en algún lugar del sur de Francia.
César Uceda Vera, de 47 años, estaba separado, tenía nueve hijos y desde seis años antes vivía con una segunda mujer. Era natural de Andújar (Jaén), pero siendo niño se trasladó con su familia a San Sebastián, primero, y a Bilbao, después. Estaba adscrito al regimiento de Infantería Garellano número 42, de Bilbao, donde ingresó por oposición como brigada músico en 1970. En el momento del atentado era profesor de Armonía en el Conservatorio de Música de Lejona, del que fue cofundador, y perteneció a la Orquesta Sinfónica de Bilbao en la especialidad de instrumentista de viento. César Uceda hizo la carrera de Musicología y había comenzado a estudiar la de Físicas. Una de sus hijas, María Uceda, contó de él que
Era un hombre polifacético: daba clases de matemáticas, era músico, militar y, además, empresario. Entró en el Ejército por oposición a los treinta y cuatro o treinta y cinco años; creo que era el último año que podía acceder (...) Supongo que se metió porque viendo los muchísimos hijos que tenía pensaría que era bueno para asegurar el futuro (...) Le gustaba mucho la docencia, amaba a sus alumnos (Arteta, I., Galletero, A., Olvidados, Adhara, 2006).
En 2006 el Ayuntamiento de Lejona creó un Premio con su nombre para Jóvenes Intérpretes.
A las 17:00 horas del 17 de noviembre de 1989 Jacques Esnal y Henri Parot asesinaban en Madrid al teniente coronel del Ejército de Tierra JOSÉ MARTÍNEZ MORENO y herían al soldado conductor Alfonso de los Reyes Cobertera Zurita. Fue el último asesinato de los cerca de treinta que cometió el sanguinario Parot durante doce años de actividad criminal antes de sudetención en Sevilla en abril de 1990.
El teniente Martínez Moreno se dirigía a su domicilio en el vehículo oficial tras terminar su jornada laboral en el Cuartel General del Ejército. Esnal y Parot pusieron el vehículo en el que viajaban a la altura del coche oficial cuando este se detuvo en un semáforo en rojo en la glorieta de Carlos V, frente a la sede del Ministerio de Agricultura. Uno de ellos se bajó del vehículo y el otro disparó sin bajarse, acribillando a balazos al militar, que falleció en el acto. Los terroristas abandonaron el lugar a toda prisa en dirección a la avenida de la Ciudad de Barcelona. En el lugar de los hechos se recogieron un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum, así como once casquillos y cinco cartuchos sin percutir que, según se publicó, correspondían a un arma automática de fabricación checa o soviética (ABC 19/11/1989).
Alfonso de los Reyes Cobertera, de 20 años, resultó herido en la región cervical, recibiendo el alta médica seis días después. A Alfonso le quedaba apenas una semana para licenciarse.
La capilla ardiente del teniente coronel José Martínez fue instalada en el Cuartel General del Ejército de Tierra, donde fue velado por familiares y compañeros. Sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio sur de Madrid. Su padre, comandante de Artillería retirado de 93 años, asistió a las honras fúnebres, además de numerosas autoridades.
Tres días después del asesinato de Martínez Moreno, varios diputados electos del brazo político de ETA, Herri Batasuna, se encontraban en Madrid para recoger sus credenciales como diputados y senadores, obtenidas en las elecciones del 29 de octubre. Los batasunos se encontraban alojados en el Hotel Alcalá y la noche del 20 de noviembre, dos individuos entraron y dispararon contra Iñaki Esnaola –que había actuado como abogado defensor de los asesinos del teniente coronel Carlos Vesteiro, el comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas y el soldado conductor Francisco Casillas en 1986–, Jon Idígoras Gerrikabeitia y Josu Muguruza Guarrochena. En el ataque resultó muerto Josu Muguruza y herido grave Iñaki Esnaola. Jon Idígoras resultó ileso. Josu Muguruza, tercero por la lista de Vizcaya y redactor jefe del diario proetarra Egin, había sustituido a Tasio Erkicia. En 1993 la Audiencia Nacional condenó al policía nacional Ángel Duce Hernández a casi cien años de cárcel por un asesinato consumado y otro frustrado. Estuvo también procesado Ricardo Sáenz de Ynestrillas, hijo del comandante asesinado, que fue absuelto por falta de pruebas. Ángel Duce falleció en 1997 en un accidente de tráfico mientras disfrutaba de un permiso penitenciario.
De las investigaciones policiales y judiciales sobre el atentado que acabó con la vida del teniente coronel Martínez Moreno se determinó que Jacques Esnal y Henri Parot se encontraban en otoño de 1989 en Madrid donde, por orden del dirigente de la banda Francisco Múgica Garmendia, buscaban un objetivo militar contra el que atentar. El dirigente etarra les había proporcionado, además, armas que guardaron en un zulo construido anteriormente. En 1991 la Audiencia Nacional condenó a Parot a 51 años como autor del atentado. Su detención en Sevilla puso fin a una sanguinaria carrera que se inició el 2 de noviembre de 1978 con el asesinato del empresario José Luis Legasa Ubiría. Jacques Esnal, por su parte, cumple cadena perpetua en Francia desde 1997. Fue autor de veintiún atentados terroristas cometidos entre 1978 y 1989, que provocaron la muerte a treinta y ocho personas y heridas a más de doscientas. En 2002 fue condenado a 55 años de prisión mayor Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, por un asesinato consumado y otro frustrado.
José Martínez Moreno, de 51 años, estaba soltero. Estaba destinado en el Cuartel General del Ejército de Tierra, en la Inspección de Artillería.


Lecturas 17.11.2012

Los MBA y la educación superior en España, por Carlos Rodríguez Braun.

Cualquier universidad española, si tuviera las instituciones de Harvard, podría ser excelente, y seguiría siendo española. Pero sería una universidad privada, gobernada por un patronato de donantes, donde nadie más tomaría las decisiones; los profesores no serían seleccionados por ellos mismos sino por un comité de contratación; los alumnos pagarían el coste de su educación, y habría becas en función de la dedicación y el rendimiento; los contribuyentes no pagarían nada, y ningún burócrata, ningún político, ningún sindicalista, y ninguna entidad oficial nacional o extranjera tendría nada que decir sobre cómo se organiza la Universidad, ni sobre las matrículas, ni sobre la selectividad, ni sobre los programas, ni sobre las carreras, ni sobre nada; habría menos y mejores estudiantes, y habría menos y mejores profesores. Y podríamos hacer el ejercicio inverso: imaginar que sucedería con la Universidad de Chicago si mañana… Dios Santo, prefiero no pensarlo.

Todas las islas de la isla, por Raúl Rivero.

En otra, la activista de derechos humanos Ailer González hacía esta descripción de la razia policial: “Eran muchos y estaban por encima de la ley todo el tiempo, parecía fascismo, pura mafia. Luego me pasé la noche en un calabozo frío y mugriento, sin saber a dónde llevaron a los demás. Nunca nos dijeron por qué nos detenían, bajo qué acusaciones”.

Desahucios y parches jurídicos, por José García Montalvo.

La solución a largo plazo no es poner parches jurídicos sino formular una legislación integral para hacer frente al sobreendeudamiento familiar. El motivo por el cual se aceptan las daciones de los promotores es que su responsabilidad está limitada por la legislación mercantil. Las familias necesitan un procedimiento similar, pero menos gravoso, de suspensión de pagos y limitación de responsabilidad que genere una segunda oportunidad. A corto plazo hay que buscar fórmulas que produzcan los incentivos adecuados para que las entidades financieras renegocien con más intensidad las condiciones de las hipotecas incluyendo no solo cambios en el tipo de interés o el plazo, sino también quitas o la posibilidad de aceptar un alquiler social. Los beneficiarios deben ser obviamente los “deudores de buena fe”. Pero ante la imposibilidad de definir con claridad la buena fe no queda otra alternativa que imponer condiciones, como hacen los programas estadounidenses HOPE o HAMP o el actual Código de Buenas Prácticas en España. Evidentemente es muy difícil encontrar un conjunto de condiciones que garanticen la buena fe del deudor, pero en todo caso no sería razonable que estos programas generen incentivos que beneficien a aquellos que compraron con motivos especulativos.

"Nos dejan sin futuro", por Carlos Rodríguez Braun.

Lamentan que “el sacrificio no es compartido por toda la sociedad” pero jamás exigen la supresión de los impuestos que pagan los ciudadanos corrientes. De hecho, se oponen al objetivo de lograr “cueste lo que cueste, el equilibrio de las cuentas públicas”, pero nunca consideran qué puede suceder con un déficit creciente ni qué ventajas tendría para las trabajadoras y los trabajadores la reducción de la coacción política y legislativa sobre el llamado mercado laboral. Protestan porque no hay crédito, pero no porque sí lo haya, y muy copioso, para el sector público. Sostienen que las prestaciones sociales y los derechos laborales “hace cien años no existían y fueron conquistados a base de huelgas muy duras”. Es falso: el crecimiento del Estado no fue ninguna “conquista social” sino al revés: el Estado conquistó la sociedad extendiéndose en todas partes con excusas benévolas y redistributivas, haya habido huelgas o no.

La codicia de la banca propició la concesión de hipotecas a insolventes, Íñigo de Barrón.

En opinión de algún veterano gestor de una antigua caja, que son las entidades que acumulan tienen la peor parte de este problema, estas entidades confundieron su “vocación social con entrar de lleno en el segmento hipotecario de los inmigrantes, así como las clases sociales más populares. Tomaron este camino, ya de por sí arriesgado, sin contar con los sistemas de control de riesgos adecuados. La mezcla ha sido una bomba”.

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Una oferta de aquellos tiempos fue la “hipoteca bienvenida”. Era un producto financiero especialmente pensado para los inmigrantes y lo ofrecía, en 2005, la intermediaria financiera CreditServices. Con solo tres meses de trabajo en España, el inmigrante podía acceder a un crédito que cubría el 120% del valor de una vivienda. Todos los gastos y comisiones de gestión quedaban cubiertos y pasaba a ser propietario de un piso en España sin poner un euro. El crédito lo concedían entidades de Estados Unidos. La hipoteca bienvenida conseguía unos 50.000 clientes al año.

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Todas las entidades realizaron campañas masivas, aunque no con la misma intensidad. Por eso no han caído todas las entidades, sino algo más de la mitad del sector y ningún banco ha recibido ayudas públicas. Las cajas aprovecharon la burbuja inmobiliaria para crecer apoyándose en las promociones inmobiliarias. Entre 1993 y 2008 pasaron de 14.000 a 25.000 oficinas mientras que los bancos redujeron las sucursales de 18.000 a 15.000.

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Pero allí estaban los “vicios que todos nos sabemos”, como dijo Sáenz. Un elevado porcentaje del valor (en general, se considera arriesgado un préstamo que cubra más del 80% del valor del bien hipotecado), una tasa de esfuerzo alta (que el comprador tenga que dedicar más del 35% de su renta a pagar los plazos) y las tasaciones “forzadas” que subían los precios. Los desahucios son la mutación más salvaje de estos errores en cadena y las entidades prometen medidas severas para evitar más escándalos. No será fácil.

Forma canónica de Kronecker

Juan Miguel Gracia Melero y Lourdes Ortiz de Elguea Urtondo. 2010. Universidad del País Vasco.