Víctimas, 31 de diciembre: José Luis Vicente Cantón y José Larrañaga Arenas

Libertad Digital.

El 31 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA asesinaba en Llodio (Álava) a JOSÉ LUIS VICENTE CANTÓN que se convertía en la víctima mortal número 68 de un año en el que se había aprobado la Constitución española, lo que llevó a diversos ministros a afirmar que, con la aprobación de la Carta Magna, el terrorismo sería cortado de raíz. Incluso, el ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado, manifestó que "la ETA está en el cepo". Un día antes miembros del grupo Kioto de ETA habían asesinado en Yurre (Vizcaya) al taxista Lisardo Sampil Belmonte.

José Luis salió a las 11:20 horas del portal de su casa en la calle Marqués de Urquijo 8, en Llodio. Según el único testigo del crimen, tres individuos jóvenes pararon junto a la víctima el vehículo en el que iban, un Seat 131, y uno de ellos le disparó a corta distancia con una metralleta. Inmediatamente se asomaron a la ventana su esposa, Gregoria Molinuevo Díez, y una de sus hijas. Junto a la persona que presenció el crimen lo trasladaron al consultorio de la Seguridad Social en el que el médico de guardia sólo pudo certificar su muerte. Había recibido dos impactos de bala en el tórax.

En el lugar de los hechos se recogieron cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, cuatro de la marca FN y uno marca Geco. El coche utilizado había sido robado a punta de pistola a las 10:30 horas a Felipe Barriuso cuando iba a comprar el periódico. Le hicieron pasar a la parte posterior y, tras dar varias vueltas por Llodio, lo dejaron atado a un árbol en la carretera de Oquendo, localidad situada a nueve kilómetros de la anterior. Su mujer, extrañada por la tardanza, fue la que dio aviso a la Guardia Civil.

El funeral se celebró al día siguiente en la Iglesia de San Pedro de Lamuza, en un templo abarrotado pero con una mínima presencia de autoridades: apenas el gobernador civil, Rafael García González, y algunos representantes del Ayuntamiento de Llodio, con el alcalde a la cabeza. Durante la breve homilía el oficiante señaló en nombre de la familia que no guardaban rencor y perdonaban al asesino. Finalizado el acto religioso, el féretro fue llevado al cementerio de Llodio en medio de un impresionante silencio y sin que se produjera ningún incidente.

Entre los círculos de apoyo a los criminales de ETA se había extendido el rumor de que José Luis Vicente era amigo de guardias civiles con los que tomaba frecuentemente chiquitos. Como tantas veces en el País Vasco, una simple anécdota, unas normales relaciones de vecindad mantenidas con los agentes, del mismo tipo que las que mantenían con otros vecinos, se convertían en una excusa para la caza de brujas de aquellos vascos que no eran partidarios de la secesión. El 2 de enero de 1979 ETA militar reivindicó el crimen en el mismo comunicado en el que se responsabilizaba del asesinato de Lisardo Sampil. En ambos casos, la excusa fue la misma: que las víctimas tenían relación con las Fuerzas de Seguridad de las que eran confidentes.

Respecto a la autoría concreta, lo único que consta en relación a este atentado es que fuentes policiales informaron el 11 de enero de 1979 de la detención en Llodio de dos de los tres miembros de un grupo de información sospechoso de ofrecer, entre otros datos, los que permitieron el asesinato de José Luis Vicente Cantón. Los detenidos eran María Belén Urrechu Rebollo e Ignacio Julián Juaristi Echevarria (La Vanguardia, 12/01/1979).

José Luis Vicente Cantón, tenía 52 años. Era natural de Bóveda, concejo que pertenece al Ayuntamiento de Valdegovia (Álava), aunque residía en Llodio desde hacía veintisiete años. Estaba casado con Gregoria Molinuevo Díez y tenía cinco hijos (tres varones y dos mujeres) con edades comprendidas entre los 27 y 20 años. José Luis Vicente había trabajado en Maderas Reunidas de donde se tuvo que retirar por una lesión en la columna vertebral que provocó su incapacidad total para su trabajo catorce años antes de ser asesinado. Desde entonces estaba empleado en una inmobiliaria dedicada al alquiler y compraventa de pisos, trabajo que no desempeñaba en un lugar fijo, por lo que se pasaba el día en la calle y en los bares de la localidad. Por este motivo la víctima era muy conocida en Llodio, y los vecinos solían recurrir a él para cualquier trámite relacionado con compra-venta y alquiler de inmuebles. Familiarmente y entre sus vecinos se referían a él como "el ministro de la vivienda". "Siempre que había algún problema de compra o alquiler de algún piso, ya sabías que podías recurrir a él" señaló un vecino tras el atentado (La Vanguardia, 03/01/1979).

A las nueve de la noche del 31 de diciembre de 1984 la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Azcoitia al exconcejal y militante de Unión de Centro Democrático (UCD) JOSÉ TOMÁS LARRAÑAGA ARENAS, al que todos conocían como Txiki o José Txiki.

Era la tercera vez que ETA intentaba asesinar a Larrañaga Arenas. El primer atentado tuvo lugar el 13 de abril de 1978, cuando fue ametrallado por miembros de la banda que iban a bordo de un automóvil Chrysler, previamente robado, tras salir de un bar en torno a las 22:30 horas para dirigirse a su domicilio. José Txiki fue alcanzado por tres disparos en la pierna derecha. Dos años después, el 11 de abril de 1980, volvió a sufrir un atentado muy parecido: la víctima salía de un bar cuando fue ametrallado por miembros de la banda terrorista también desde otro Chrysler. Esta vez resultó gravemente herido por varias balas que le alcanzaron en el pecho. Un mes después, el 12 de mayo de 1980, ETA asesinaba a su amigo Ramón Baglietto.

Presionado por su familia, abandonó su localidad natal y se trasladó a vivir a Logroño, pero solía ir de vez en cuando a Azcoitia. El 31 de diciembre de 1984 llegó a su localidad natal hacia las seis de la tarde. Tras permanecer en casa de unos familiares durante una hora, salió a tomar vinos con un grupo de amigos. A las 21:20 horas, cuando Larrañaga se encontraba cerca del Bar Alameda, miembros del grupo Goyerri de ETA, a cara descubierta, lo acribillaron a balazos. Una vez que la víctima cayó al suelo mortalmente herida con cuatro tiros en la cara, fue rematada con otro disparo en la cabeza.

Sus acompañantes, "amigos de toda la vida", nada pudieron hacer por José Larrañaga, que quedó tendido en el suelo en pleno centro de la localidad. Según declaró la encargada del Bar Alameda, las calles del pueblo no estaban muy concurridas a la hora en que se produjo el atentado, puesto que la mayoría de los vecinos ya había finalizado su ronda de chiquiteo y se había retirado a sus hogares con el fin de celebrar la Nochevieja.

Media hora antes de que se produjera el atentado, dos individuos robaron a punta de pistola un vehículo Seat 131 en la misma localidad de Azcoitia. Los agresores obligaron al dueño del automóvil a que les acompañara hasta las proximidades del Bar Alameda, en donde se incorporó un tercer terrorista que permaneció en el interior del coche, vigilando a su dueño, mientras los otros dos etarras acribillaban a balazos a Larrañaga. Inmediatamente después los terroristas liberaron al dueño del automóvil para darse a la fuga en su vehículo en dirección a Azpeitia.

Román Sudupe, alcalde de Azcoitia y presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), se trasladó inmediatamente al domicilio de la víctima para expresar su condolencia a los familiares de José Larrañaga. Tras la visita declaró que era "terrible" que hubiese ocurrido "esto con un hombre que se ha visto obligado a refugiarse fuera de su pueblo". El Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana celebró en la tarde del día siguiente 1 de enero de 1985, un pleno extraordinario para manifestar su repulsa por el asesinato de José Larrañaga. Ese mismo día, a las 19:30 horas, se celebró un multitudinario funeral por el alma de la víctima en la parroquia de Santa María la Real de Azcoitia. Entre las personalidades asistentes estaban el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, el presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, el vicepresidente del Parlamento Vasco y dirigente del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Maturana, y el portavoz de Coalición Popular en el Parlamento Vasco, Jaime Mayor Oreja.

El atentado fue reivindicado por la banda terrorista ETA el 3 de enero de 1985, mediante un comunicado enviado al diario Egin. En el año 1989 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, a 30 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga. En el mismo fallo se condenaba a Begoña Uzcudun Echenagusia a 18 años de prisión mayor por complicidad en el mismo. En el año 2001 la misma audiencia condenó a Ignacio Bilbao Beaskoetxea, alias Iñaki de Lemona, y a Miguel Ángel Gil Cervera, alias Kurika, a sendas penas de 30 años de reclusión mayor como autores del mismo asesinato.

José Larrañaga Arenas tenía 58 años y era natural de Azcoitia (Guipúzcoa). Estaba casado y teníatres hijos, un joven de 22 años y dos chicas de 19 y 17 años. Trabajaba como secretario judicial, compatibilizándolo con actividades empresariales en el negocio de la construcción. Fue jefe provincial del Movimiento en Guipúzcoa y ostentó el cargo de concejal del Ayuntamiento de su localidad natal en los últimos años de la etapa franquista. Durante la Transición se acercó a Unión de Centro Democrático (UCD), como muchos otros políticos. Desde 1980, José Larrañaga se vio obligado a abandonar el País Vasco y se trasladó con su familia a Logroño, aunque solía acudir al pueblo especialmente con motivo de fin de año, para celebrar la Nochevieja junto a su familia y amigos. En octubre de 2011, su hija Eva, que tenía 17 años cuando asesinaron a José Larrañaga, rememoró el momento del atentado:

"Estábamos esperándole para cenar y nos llamaron para decirnos que le habían matado". El recuerdo de aquello es "atroz, porque nosotros creíamos que mi padre ya había cumplido ynos habían echado del pueblo ¿qué suponía mi padre para ellos?" Desde entonces asegura que se quedaron "sin guía y sin luz, muertos todos también con él (...) Lo que realmente le pasaba a mi padre es que era militante de la derecha, español y un valiente (...) Siempre me ha parecido una idiotez eso de perdonar. Perdonar es un problema moral mío con Dios, pero no tiene nada que ver con lo que pedimos, que es justicia. Si yo perdono o dejo de perdonar será un problema mío, íntimo (...) Sé que ahí [en Azcoitia] tenían mucho cariño a mi padre, pero ahora me doy cuenta de que había una cobardía enorme por parte de todos" (larioja.com 22/11/2011). 

Víctimas, 30 de diciembre: Lisardo Sampil Belmonte, Alejandro Sáenz Sánchez, Diego Armando Estacio Sivisapa y Carlos Alonso Palate Sailema

Libertad Digital.

A las seis menos diez de la tarde del 30 de diciembre de 1978 miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Yurre (Vizcaya) al taxista LISARDO SAMPIL BELMONTE mientras esperaba la llegada de algún cliente dentro de su taxi junto a la puerta del Bar Eguzki en el barrio de Elejalde de la localidad vizcaína. Los terroristas llegaron al lugar de los hechos en un automóvil. Uno de ellos, con la cara cubierta por un pasamontañas, se apeó del vehículo y se acercó por detrás hasta el taxi de Lisardo, conocido en la localidad como El Gallego, que estaba sentado en el asiento del conductor con la ventanilla bajada. La víctima no se percató de la llegada del pistolero que, sin mediar palabra y a través de la ventanilla, le disparó cuatro tiros a bocajarro. Aunque testigos presenciales llamaron a un médico del puesto de la Cruz Roja, que llegó inmediatamente, no pudo hacerse nada por salvarle la vida. Lisardo Sampil había sido alcanzado por dos disparos en la cabeza y tres en el corazón y el costado, muriendo prácticamente en el acto.

Los tres terroristas, miembros del grupo Kioto de ETA, emprendieron rápidamente la huida en el vehículo en el que se habían desplazado hasta Yurre, que habían robado poco antes cuando su propietario los confundió con autoestopistas y paró el coche para recogerlos. Como se supo posteriormente, los terroristas sometieron a vigilancia a su víctima para conocer sus costumbres y decidir la forma más segura de cometer el asesinato.

Aunque personas que lo conocían habían descrito a Lisardo Sampil como un hombre de ideología de extrema derecha muy amigo de miembros de la Guardia Civil, su hijo Javier Sampil, que llegó al lugar del crimen momentos después del asesinato, afirmó que su padre no estaba implicado en ningún tipo de actividad política y que jamás había recibido amenazas. ETA militar reivindicó el asesinato en un comunicado enviado a los medios de comunicación el 2 de enero, en el que también asumían el asesinato de José Luis Vicente Cantón cometido un día después en Llodio (Álava). La banda acusaba a Lisardo de ser "colaborador y confidente de las fuerzas de ocupación de Euskadi" y "puente entre el pueblo y la Guardia Civil, Policía Armada y Cuerpo General de Policía". ETA añadía que gracias a esa colaboración se habían producido muchas detenciones de miembros de la banda en los últimos tiempos.

En 1982 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Larrinaga Echevarría y Ernesto María Alberdi Olano a sendas penas de 24 años de cárcel por el asesinato de Lisardo Sampil. Los terroristas fueron detenidos en noviembre de 1980 junto a Juan Antonio Urrutia Aurteneche, Roberto Zabala Zamayoa y Fernando Iraculis Albizu. Según informaba el diario El País en su edición de 29 de noviembre de 1980, los cinco se reconocieron autores del asesinato del taxista Lisardo Sampil y de otros cuatro más. Sin embargo, durante el juicio el fiscal dio por probado que Larrinaga y un etarra huido fueron los que robaron un vehículo a punta de pistola en el cruce de la N-240 con la carretera que va a Castillo-Elejabeitia, dejando a su dueño atado a un árbol. A continuación recogieron a Alberdi Olano y fueron a Yurre para asesinar a Lisardo Sampil.

Entre abril y mayo de 1996 el diario ABC publicó varios artículos en los que se daba la localización de varios etarras que vivían en Venezuela. Entre ellos estaba Miguel Ángel Aldana Barrena, aliasAskatu, que presuntamente era el tercer autor material del asesinato de Lisardo Sampil. A partir de esas informaciones de prensa la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) presentó varias querellas contra esos etarras. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, admitió a trámite la querella de la AVT y en abril de 1996 dictó una orden internacional de detención contra Aldana Barrena, previa a su solicitud de extradición (El País, 20/04/1996). El gobierno venezolano se ha negado a detenerlo y extraditarlo, archivando el caso en marzo de 2006. 

Por otra parte, en enero de 2006 la AVT denunció que Larrinaga, que se había declarado insolvente y no había hecho frente a las indemnizaciones fijadas en la sentencia que lo condenó en el año 1982, era propietario de una casa en Amorebieta, lo que motivó una investigación de la Audiencia Nacional.

Lisardo Sampil Belmonte, de 49 años, estaba casado y tenía una hija de 22 años y un hijo de 17. Era natural de Lanoa (Orense), pero residía en Yurre desde veintidós años antes de ser asesinado. Llevaba diez años dedicado al negocio del taxi, trabajo que compatibilizaba con la prestación de servicios de transporte de mercancías con un camión que tenía en propiedad con otros socios.

Minutos antes de las ocho de la mañana del 30 diciembre de 1985 la banda terrorista ETA asesinaba en Lasarte (Guipúzcoa), al ex guardia civil y jefe de vigilancia de la factoría Michelín de esa localidad ALEJANDRO SÁENZ SÁNCHEZcuando se dirigía a pie a su trabajo en la que iba a ser su última jornada laboral tras haberse acogido, con otros noventa y tres empleados, a la propuesta de jubilación anticipada. Sus compañeros de la sección de vigilantes le preparaban un ágape de despedida para pocas horas después.

La víctima, como hacía habitualmente, iba caminando a su puesto de trabajo desde su domicilio, que estaba a apenas doscientos metros de la factoría. Cuando se encontraba a la altura del estacionamiento de dicha factoría fue interceptado por dos o tres terroristas, que, tras descender de un taxi robado una hora antes en la localidad guipuzcoana de Hernani, lo tirotearon a muy corta distancia. Alejandro Sáenz cayó de bruces en la acera con la cabeza destrozada por varios impactos. Aunque no hubo testigos, los terroristas debieron de rematarlo en el suelo, porque "al ser levantado el cadáver del lugar del atentado, fue hallado debajo de la cabeza, entre la sangre, un proyectil de bala totalmente aplastado" (El Diario Vasco, 31/12/1985). La Guardia Civil recogió posteriormente un total de cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en las pequeñas áreas de césped que separan el estacionamiento de la acera. El cadáver permaneció en el lugar del atentado hasta la llegada del juez, pasadas las 9:30 horas de la mañana.

Hacia las 8:30 horas fue liberado en las proximidades de un desguace de coches situado junto al frontón Galarreta, cerca de Hernani, Manuel Garayar Otegui, propietario del taxi utilizado por los pistoleros de la banda en el atentado. Los terroristas lo habían maniatado a un árbol con cuerdas de nailon y lo amenazaron de muerte para que no diera aviso a la Policía hasta una hora después. "Eran las siete de la mañana y yo estaba en la parada; se metieron en el taxi y me dijeron que estuviera tranquilo, que eran de ETA y que necesitaban el coche durante una hora. Me ordenaron que me dirigiera al frontón de Galarreta y cerca de allí me dejaron atado a un árbol" contó el taxista tras su liberación. Señaló que los terroristas no le mostraron sus armas en ningún momento, pero que le amenazaron con tomar represalias contra él en el caso de que no obedeciera puntualmente sus instrucciones. "Hablaban conmigo en euskera, insistían en que no me pasaría nada si yo les obedecía en todo. En realidad yo casi no les vi las caras porque, cuando llegaron a la parada, estaba oscuro y la calle está mal iluminada y, además, ellos se cubrían las caras con los periódicos".

Alejandro Sáenz Sánchez, de 58 años, era natural de Garranzo (La Rioja). Estaba casado y tenía un hijo. Había sido guardia civil durante trece años, con destino en las Comandancias de Barcelona y Guipúzcoa (Behovia, Irún y Lasarte). Había abandonado el Instituto Armado con el grado de sargento veintidós años antes de ser asesinado. El 1 de febrero de 1963 ingresó en la empresa Michelín. Tras su asesinato un miembro del comité de empresa señaló que "Alejandro Sáenz fue guardia civil hace veintidós años y a él no le importaba hablar con los policías o con los guardias; eso es a lo único que podrán agarrarse los que han hecho esto". En febrero de 2010 el Ayuntamiento de Lasarte rindió un homenaje a las víctimas de ETA originarias o residentes en esa localidad, entre ellos Alejandro Sáenz Sánchez. Durante el mismo Jesusa Ibarrola, la madre de la primera víctima de ETA, la niña Begoña Urroz, fue la encargada de descubrir una placa conmemorativa de las víctimas del terrorismo a la entrada de la Casa Consistorial.

Alejandro Sáenz fue la última víctima mortal de las treinta y siete asesinadas por ETA en el año 1985.

A las nueve de la mañana del sábado 30 de diciembre de 2006 la banda terrorista ETA hizo estallar una furgoneta-bomba en la terminal 4 (T-4) del aeropuerto de Barajas en Madrid. Según el auto de procesamiento de noviembre de 2008 la carga explosiva estaba compuesta por ciclonita, también conocida como exógeno o RDX, que constituye la base de explosivos de uso militar como C-4 o Semtex. La potente explosión destrozó prácticamente el módulo D del aparcamiento y mató a dos inmigrantes ecuatorianos, DIEGO ARMANDO ESTACIO SIVISAPA y CARLOS ALONSO PALATE SAILEMA, que se encontraban durmiendo dentro de sus respectivos vehículos esperando la llegada de familiares al aeropuerto. Además provocó heridas de diversa consideración a más de cuarenta personas, entre ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad que trabajaban en el desalojo de la terminal.

Hacía tres años y siete meses –desde el 30 de mayo de 2003, cuando la banda terrorista ETA asesinó en Sangüesa (Navarra) a los policías nacionales Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández– que la banda terrorista no había provocado víctimas mortales, pero sí había cometido atentados con la intención de causar muertes durante esos años. Apenas veinte horas antes del brutal atentado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, había lanzado un optimista mensaje sobre la marcha del llamado proceso de paz –"dentro de un año estaremos mejor que hoy para el fin de ETA", había señalado el presidente en rueda de prensa– proceso que se puso en marcha, oficialmente, a raíz del comunicado de ETA del 22 de marzo de 2006 en el que la banda asesina anunciaba el inicio de un "alto el fuego permanente".

La misma tarde en la que Rodríguez Zapatero pronunciaba esas palabras, el etarra Mattin Sarasola estacionó en el módulo D del aparcamiento de la T-4 de Barajas una furgoneta-bomba. Eran las 18:51 horas del 29 de diciembre. A las 7:55 horas del 30 de diciembre, un comunicante anónimo que dijo hablar en nombre de la banda terrorista, alertó a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) de la ubicación exacta del vehículo cargado de explosivos y de que la hora fijada para la explosión serían las 9:30 horas según se informó en los primeros momentos. Sin embargo, en la sentencia de la Audiencia Nacional se señala que Igor Portu, el etarra que efectuó la llamada, avisó de que la explosión sería a las 9:00 horas. "No intenten desactivarla, sería un error", dijo el comunicante, que añadió que la bomba era "muy potente". Minutos después, el mismo comunicante llamó al teléfono de los bomberos de Madrid y al número de emergencias 112 de Guipúzcoa, repitiendo la misma información.

Los servicios policiales y de emergencia se pusieron inmediatamente en marcha. Mientras llegaban a la T-4, el comunicante hizo una nueva llamada desde una cabina de San Sebastián, posiblemente al creer que no se le había tomado en serio. La llamada fue al SOS Deiak de la capital donostiarra, dependiente del Departamento de Interior vasco. El terrorista repitió los mismos datos de lugar, tipo de vehículo y matrícula y que no se intentase desactivar. Finalmente, la furgoneta-bomba fue localizada a las 8:45 horas, por lo que las Fuerzas de Seguridad iniciaron el desalojo de la terminal. Cuando estaban efectuando dicho desalojo, a las 8:59 horas estalló el potente artefacto explosivo. En el aeropuerto madrileño de Barajas se encontraban en ese momento unas veinte mil personas y, aunque se había desalojado casi completamente el aparcamiento y casi todas las personas que estaban en ese momento en el aeropuerto habían sido llevadas a las pistas de servicio y rodadura, Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate no se percataron de la orden de desalojo, quedando sepultados dentro de sus respectivos vehículos bajo la montaña de escombros en la que quedaron convertidos los cinco pisos del módulo D del aparcamiento de la T-4.

El estallido hirió a dos policías que participaban en el desalojo y a un taxista que pasaba por la zona, todos de carácter leve. Varias personas más resultaron heridas por cortes y otras con afección de tímpanos. La zona del edificio más próxima a la terminal se vino abajo en su totalidad. "Se ha colapsado más del 60% del edificio, que está prácticamente derruido", declaró el vicepresidente primero de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Dentro, entre los forjados caídos de las cinco plantas, se veían decenas de vehículos aplastados, algunos con las luces de emergencia y las alarmas sonando.

Poco después de la brutal explosión, una mujer, Verónica Arequipa, se acercaba a la Policía para denunciar que su pareja, Diego Armando Estacio, había desaparecido. Diego la había acompañado al aeropuerto a recoger a unos familiares, pero, dado lo temprano de la hora, había preferido quedarse dentro del aparcamiento echando una cabezada. Horas después, otro ecuatoriano denunció que su amigo Carlos Alonso Palate, que le había acompañado al aeropuerto, también se había quedado en el aparcamiento mientras él iba a recoger a su mujer y que, tras la explosión, no contestaba al teléfono móvil. Los restos mortales de Carlos Alonso Palate no fueron recuperados hasta la madrugada del 4 de enero de 2007, mientras que los de Diego Armando Estacio consiguieron extraerse del estacionamiento de la T-4 dos días después, el 6 de enero.

El atentado de la T-4 se produjo quince días después del primer encuentro formal entre representantes del Gobierno y de la banda terrorista ETA en el que, pese a que no se produjeron avances, sí se llegó a la conclusión de que el proceso de paz seguía vivo. Era la primera vez en la historia de las treguas de la banda en la que ETA atentaba sin lanzar antes un comunicado de ruptura de la misma, por lo que la explosión de la furgoneta-bomba supuso una sorpresa para el Gobierno y para todas las fuerzas políticas. Sin embargo, el atentado se produjo tras varias señales de que la banda se estaba rearmando e iniciando una escalada de violencia a través de numerosos actos de terrorismo callejero. El 24 de octubre se había producido el robo de 350 pistolas en una armería de Vauvert (cerca de Nimes), y el 23 de diciembre se produjo el hallazgo de un zulo en construcción en Amorebieta, con 50 kilos de material para fabricar explosivos y varios detonadores. A todas estas circunstancias se refirió el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, el primero en comparecer en rueda de prensa. El titular de Interior reconoció que su departamento "no tenía ningún indicio del atentado" y que tras el atentado, el proceso de paz quedaba "suspendido". Pérez Rubalcaba explicó que la actuación de ETA no había "seguido la pauta normal", en referencia a que en las anteriores treguas, las de 1989 y 1998, ETA había advertido de su ruptura con un comunicado. No obstante, y haciendo una rápida autocrítica, el ministro reconoció que era un error conceder que la actuación de ETA pudiese responder a pautas racionales.

El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, suspendió sus vacaciones en Doñana (Cádiz), dio por "suspendido" el proceso de paz y manifestó desde el palacio de La Moncloa que "hoy estamos peor que ayer", rectificando su desafortunada afirmación de la víspera, y añadió: "la determinación del Gobierno es que en el futuro estemos mejor y terminemos con esta lacra". Recalcó que "nadie podrá lograr nunca nada con la violencia" y que "el atentado muestra la incapacidad de sus autores de vivir en paz y en libertad", para terminar afirmando que los autores del atentado serán "identificados, apresados y puestos a disposición judicial, como ha sucedido siempre". Diez días después, Zapatero se refirió al atentado como "un accidente terrorista" en una conversación con el presidente de La Rioja, Pedro Sanz. Aunque el lapsus fue corregido inmediatamente, era la segunda vez que se refería a los atentados terroristas como "accidentes". La primera fue el 29 de diciembre, la víspera del atentado, cuando, en respuesta a la pregunta de un periodista, habló de "accidentes mortales" en lugar de "atentados mortales". Tiempo después se supo que en febrero de 2007 la banda terrorista ETA envió una carta a Zapatero en la que, además de comunicarle que mantenían la oferta del alto el fuego, valoraba el asesinato de Estacio y Palate como un "accidente". La oferta de alto el fuego se rompió oficialmente por parte de ETA el 5 de junio de 2007, seis meses después del atentado de la T-4. En su comunicado al diario Berria la banda terrorista declaraba el fin del "alto el fuego permanente" y advertía de que quedaban "abiertos todos los frentes".

El 31 de diciembre miles de personas se concentraron convocadas por los ayuntamientos en las tres capitales vascas para expresar su repulsa por el atentado. En Bilbao, el acto estuvo encabezado por dos representantes del consulado de Ecuador con su bandera nacional. Entre los asistentes figuraban el alcalde, Iñaki Azkuna, y una nutrida delegación del PSE-EE liderada por Patxi López. En declaraciones a la prensa, Azkuna advirtió a ETA de que "a la tercera va la vencida" tras "engañar" en otras tantas ocasiones a la sociedad con declaraciones de tregua. Una hora después, en la plaza Moyua, se celebró la concentración organizada por el Foro Ermua, con la presencia de responsables del Partido Popular. En la plaza de España de Vitoria se congregaron varios centenares de personas. Entre ellas, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, y el diputado general de Álava, Ramón Rabanera. También acudieron los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco. El alcalde, Alfonso Alonso, declaró que "no es el momento de hacerse reproches", sino "de reconstruir la unidad y trabajar juntos".

Entre enero y febrero de 2008 fue desarticulado el grupo Elurra de ETA responsable del atentado de la terminal 4 de Barajas. El 6 de enero fueron detenidos por la Guardia Civil en Guipúzcoa Igor Portu Juanena y Mattin Sarasola Yarzabal. Poco después, el 15 de febrero, fueron detenidos en San Juan de Luz (Francia) Mikel San Sebastián Gaztelumendi, alias Pottoko, y Joseba Iturbide Otxoteko, alias Makara. Los dos primeros denunciaron torturas de la Guardia Civil durante su detención. En 2008 la Audiencia de Guipúzcoa condenó a cuatro guardias civiles implicados en los hechos que, sin embargo, fueron absueltos en noviembre de 2011 por el Tribunal Supremo. Previamente, en febrero de 2009 la juez francesa Le Vert remitió a España una carta incautada al exjefe de ETA, Garikoitz Azpiazu , alias Txeroki, en la que reconocía que la denuncia de torturas por parte de Igor Portu era falsa.

En noviembre 2008 el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decretó la puesta en libertad de Joseba Iturbide por no constar "que el mismo interviniera en la planificación y ejecución del atentado" de la T-4.

En mayo de 2010 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra Igor Portu, Mattin Sarasola y Mikel San Sebastián como autores materiales del atentado que costó la vida a Estacio Sivisapa y Palate Sailema. La Fiscalía solicitó un total de 900 años de cárcel para cada uno de ellos, acusados de dos delitos de asesinato, cuarenta y uno en grado de tentativa y uno de estragos. Durante el mismo declaró el dueño de la furgoneta utilizada por los terroristas para colocar los explosivos, que permaneció secuestrado desde el 27 de diciembre y hasta dos horas después del atentado. Según el testigo, durante esos tres días estuvo esposado y encapuchado dentro del maletero de otro vehículo, que hizo caso a todo lo que le dijeron, porque "estaba aterrado", que sólo uno de los terroristas le hablaba, y que entre ellos se comunicaban con silbidos.

Según el juez instructor, Santiago Pedraz, en el atentado participaron también Garikoitz Azpiazu,Txeroki, que fue quien ordenó y preparó el mismo, y Joseba Aranibar. Ninguno de los dos compareció ante la Audiencia Nacional por estar encarcelados en Francia. En su escrito de acusación la Fiscalía sostiene que a finales de septiembre de 2006 Txeroki se reunió en el monte Auza (Navarra) con Aranibar, San Sebastián, Sarasola y Portu para encargarles la ejecución del atentado. El 21 y 22 de octubre de ese año los tres últimos realizaron dos veces el trayecto entre Navarra y el aeropuerto de Barajas, para preparar el posterior desplazamiento de la furgoneta-bomba. La noche del 27 de diciembre los terroristas abordaron en un aparcamiento de Luz-Ardiden, en los Pirineos franceses, a un ciudadano español dueño de una furgoneta, al que, a punta de pistola e identificándose como miembros de ETA, sustrajeron el vehículo. Aranibar fue quien montó el explosivo en la furgoneta y la entregó la mañana del día 29 a Sarasola y San Sebastián. A unos 50 kilómetros del aeropuerto, los dos etarras recogieron a Portu. Antes de entrar a Barajas, Sarasola se colocó una peluca, una gorra y una máscara protectora de pintor para dificultar su identificación. Sobre las 19:00 horas, el etarra entró en el aparcamiento D de la terminal y estacionó la furgoneta en la plaza 307 de la segunda planta, con la bomba programada para explotar a las 9:00 horas del día siguiente. Tras dejar la mortífera carga en el aparcamiento, los tres etarras volvieron juntos a Lesaca (Navarra).

Por sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de mayo de 2010, Portu, Sarasola y San Sebastián fueron condenados a penas de más de 1.000 años de cárcel cada uno de ellos, que resultan de sumar 30 años por cada uno de los dos delitos de asesinato terrorista consumado, 20 años por delitos de estragos y 19 años, 11 meses y 29 días por cada uno de los 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Diego Armando Estacio Sivisapa nació en 1987 en Machala (Ecuador) en el seno de una familia humilde, por lo que tenía 18 años cuando fue asesinado por la banda terrorista ETA. Su madre, Jacqueline Sivisapa, era una gran admiradora del futbolista argentino Diego Armando Maradona, por lo que decidió darle el mismo nombre a su hijo. En el año 2000 Diego Armando emigró a Milán, donde ya vivían desde 1994 su madre, su hermana y otros familiares. En la Escuela Ponti obtuvo el diploma de enseñanza media y aprobó dos cursos de mecánica. Viajaba con frecuencia a Madrid, donde vivía su padre, Winston Estacio. Aquí conoció a su novia, Verónica Arequipa, por lo que acabó fijando su residencia en la capital de España, trabajando en la construcción junto a su padre. En las vísperas de su asesinato, Diego Armando y Verónica habían dado la entrada para comprarse un piso. Gran aficionado al fútbol, era seguidor del Barça y del Milan, además de jugar en el equipo Gran América de la liga Integración Latina de Madrid. El día del atentado Estacio había ido a Barajas para acompañar a Verónica, que tenía que recoger a unos parientes que venían de Ecuador. Mientras la novia se dirigió a la terminal, Diego Armando optó por quedarse en el coche descansando. Su cuerpo no fue recuperado de entre los escombros hasta el 6 de enero. Los restos mortales de la víctima fueron repatriados a Ecuador en un avión del Ejército español y enterrados en el cementerio de Machala el 9 de enero. En abril de 2007 el Gobierno de la Comunidad de Madrid entregó en propiedad dos viviendas de setenta metros cuadrados a la familia de Diego Armando Estacio. Su madre y otros familiares habían abandonado previamente Milán y vinieron a residir a Madrid, donde ya vivía el padre.

Carlos Alonso Palate Sailema tenía 35 años y estaba soltero. Originario de San Luis de Picaihua (Ecuador) tras la muerte de su padre emigró a España en 2002 como forma de sacar de la miseria a su familia. Trabajó como albañil y en varios empleos eventuales. Cuando fue asesinado por ETA estaba empleado en una fábrica de plásticos en Valencia. Parte de su salario lo enviaba a Ecuador a su familia y esas remesas eran la principal fuente de ingresos de sus tres hermanos y su madre, María Basilia Sailema, que vivían en condiciones paupérrimas. El día del atentado Palate se había trasladado desde Valencia a Barajas para acompañar a su amigo Wilson Hernán, que tenía que recoger a su esposa procedente de Ecuador. Mientras Wilson fue a buscar a su mujer, Carlos Alonso se quedó en el interior del vehículo en el aparcamiento del aeropuerto, quedando sepultado por los escombros tras la explosión de la furgoneta-bomba. Su cuerpo fue recuperado en la madrugada del 4 de enero de 2007. Repatriado a Ecuador en un avión de la Fuerza Aérea Española, fue enterrado el día 6 en su localidad natal. Los tres hermanos y la madre de Carlos Alonso lograron la nacionalidad española por vía extraordinaria en marzo de 2007. El asesinato de Palate, que había actuado como un padre con sus hermanos, es algo que no han podido superar. Económicamente, la familia recibió ayuda de diferentes instituciones estatales y religiosas y de organizaciones no gubernamentales, lo que les permitió instalarse en el Levante español.

Tras la reconstrucción de la terminal 4 del aeropuerto se erigieron en dos plazas del aparcamiento (la 614 y la 403) dos monolitos en recuerdo de las dos víctimas asesinadas en el atentado. En ambos hay dos placas en las que pone, respectivamente, "En memoria de Carlos Alonso Palate" y "En memoria de Diego Armando Estacio", sin ninguna alusión a que fueron asesinados por ETA.

Víctima, 27 de diciembre: José María Arrizabalaga Arcocha

Libertad Digital.

El miércoles 27 de diciembre de 1978, sobre las 18:00 horas de la tarde, dos miembros de ETA militar asesinaban a tiros a JOSÉ MARÍA ARRIZABALAGA ARCOCHA en la biblioteca municipal de Ondárroa. Arrizabalaga, que recibió nueve impactos de bala, era jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya y trabajaba como bibliotecario en la Casa de la Cultura de Ondárroa, donde fue asesinado.

Desde hacía aproximadamente un año, José María Arrizabalaga había estado hospitalizado en un centro de rehabilitación en Archanda (Bilbao), debido a una lesión sufrida durante un salto en paracaídas. José María se había visto así forzado a solicitar la baja laboral en la biblioteca municipal en la que trabajaba. Al acercarse la Navidad, el hospital le dio un permiso para que acudiera a Ondárroa y así pudiera pasar las fechas con su familia, por lo que el joven aprovechó para acercarse a la biblioteca e ir adelantando algo del trabajo que había ido acumulando desde su lesión. El día 27 de diciembre, en torno a las seis de la tarde, Arrizabalaga se encontraba en dicho lugar, en el primer piso de la Casa de la Cultura, en compañía únicamente de dos niños que estaban leyendo sendos libros. En ese momento dos individuos se acercaron hasta el mostrador tras el cual estaba sentado el joven y le obligaron a identificarse. Inmediatamente ambos sacaron una pistola y dispararon hasta vaciar sus cargadores. José María Arrizabalaga fue acribillado a balazos, recibiendo once disparos: cuatro en el pecho, cerca del corazón y el resto en la cara y las piernas. Poco después, los asesinos bajaron las escaleras y, una vez en la calle, se dieron a la fuga en el vehículo en el que habían llegado, en el que les esperaba al volante un tercer terrorista. Los dos niños, únicos testigos del crimen, salieron gritando de la biblioteca. Cuando los primeros adultos en llegar al lugar descubrieron el cuerpo de José María eran ya las siete y cuarto de la tarde.

En el lugar del asesinato, las Fuerzas de Seguridad recogieron trece casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum. Cuando el juez hubo ordenado el levantamiento del cuerpo, los restos mortales de Arrizabalaga fueron trasladados a su domicilio, en el número 33 de la calle Primo de Rivera. Dos días después, el 29 de diciembre, ETA militar reivindicaba el atentado enviando un comunicado a distintos medios del País Vasco. En el escrito, la banda asesina acusaba a José María Arrizabalaga de ser un elemento represivo en Ondárroa, así como de haber participado junto al líder de la Comunión Tradicionalista, Sixto de Borbón-Parma, en los sucesos de Montejurra en el año 76, que se saldaron con el asesinato de dos personas y decenas de heridos.

Al día siguiente a la muerte de José María, el 28 de diciembre a las cinco de la tarde, se celebró el funeral por el alma del fallecido en la Iglesia parroquial de Santa María, en Ondárroa. Para evitar posibles incidentes, la Policía Armada desplegó varios de sus efectivos en la localidad, mientras que miembros de la Guardia Civil se encargaron de controlar los accesos para impedir la entrada de gentes que no pertenecieran a la población y que no fueran familiares de la víctima. Una de las personas que fue retenida en los controles era precisamente Sixto de Borbón-Parma, líder de la Comunión Tradicionalista, al que, tras impedirle el acceso al pueblo, le fue permitido abandonar el lugar. La misa de cuerpo presente fue presenciada por una multitud, con la iglesia abarrotada, pese a que sólo se había permitido la entrada a los parientes de José María y a sus vecinos de Ondárroa. Algunos de los asistentes portaban boinas rojas y pegatinas con la bandera de España. El cuerpo de José María Arrizabalaga, con un rosario entre las manos, había sido vestido con el uniforme Requeté y el féretro estaba cubierto con la enseña nacional. Al finalizar el acto, varios jóvenes transportaron éste a hombros hasta el cementerio municipal.

La Jefatura Nacional de Requetés y la Comunión Tradicionalista-Carlista difundieron un comunicado tras el asesinato de José María Arrizabalaga, llevado a cabo el mismo día en que el rey Don Juan Carlos firmaba la Constitución. En el texto, dichas organizaciones calificaban el atentado como "un acto gravísimo cometido contra todos los requetés" y afirmaban que "ante la ineficacia de un Gobierno que no puede garantizar la vida de los ciudadanos, la sociedad tiene el derecho de actuar en legítima defensa", asegurando que "la Comunión Tradicionalista-Carlista y los requetés en ella encuadrados no tolerarán ni una provocación más".

El 8 de junio de 1980 una operación policial condujo a la detención de varios terroristas de ETA, entre los que se encontraban miembros de los grupos Oiz y Bizkargi, algunos de los cuales eran responsables directos del asesinato de José María Arrizabalaga. De este modo, la Audiencia Nacional condenó por el asesinato del bibliotecario a Juan Carlos Gorrindo Echeandia y a José Antonio Echevarri Ayesta a 23 años, 4 meses y un día de reclusión mayor, mientras que José María Sagarduy Moja era condenado a catorce años, ocho meses y un día de prisión menor por el mismo atentado.

José Antonio Echevarri Ayesta salió de prisión en enero de 2002, habiendo cumplido 22 de los 94 años de condenas que acumulaba. Por su parte, Juan Carlos Gorrindo Echeandia obtuvo el tercer grado penitenciario en agosto de 1996, tras haber cumplido 16 de los 58 años a los que había sido condenado por los asesinatos de Juan Cruz Hurtado Fernández y José María Arrizabalaga Arcocha, ambos cometidos en 1978. En el caso de Gorrindo, el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, José Luis Castro, le concedió el tercer grado contra los criterios de la Fiscalía y de la Junta de Tratamiento del centro en el que estaba recluido, en Palencia. Gorrindo Echeandia fue trasladado a la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), dentro de la política de acercamiento de presos del Ministerio del Interior para los reclusos en tercer grado penitenciario. Por último, en abril de 2011 quedó en libertad José María Sagarduy Moja, alias Cachatua y Gatza, tras haber cumplido 31 años en prisión, siendo el preso de ETA que más tiempo estuvo en prisión. Sagarduy fue condenado por los mismos asesinatos que el resto de miembros de grupo Bizkargi, pero no se vio beneficiado por las medidas de reducción de penas debido a que protagonizó una agresión a un funcionario de prisiones en la prisión de Sevilla en 1990 y un intento de fuga en la cárcel de Granada en 1993.

José María Arrizabalaga Arcocha, natural de Ondárroa (Vizcaya), tenía 27 años en el momento de su asesinato. Soltero y sin hijos, José María vivía con su hermana y su cuñado, trabajando como responsable de la biblioteca municipal de Ondárroa, situada en la Casa de la Cultura de dicha localidad, siendo también jefe de la Juventud de la Comunión Tradicionalista de Vizcaya. En el momento de su muerte llevaba un año de baja, tras haber sufrido una fractura en la columna vertebral durante un salto en unos ejercicios de paracaidismo, su deporte favorito. Un hermano de José María, Miguel Ángel Arrizabalaga, que había sido alcalde de Ondárroa durante seis años, declaró entonces:

Que yo sepa, no había recibido amenazas de muerte. José María era un carlista de los de siempre, un hombre muy de derechas, pero que no ha tenido nunca un problema en el pueblo. Es más, era apreciado por la mayoría [...] Desconozco la intención de los autores, pero seguro que su muerte y el atentado que sufrimos en la droguería hace siete años se debe a creer en Dios y amar a España.

El hermano de la víctima, Miguel Ángel, se refería con sus palabras a un atentado cometido con un artefacto explosivo en diciembre de 1971 contra la perfumería de su propiedad, situada en la calle Primo de Rivera de Ondárroa.

Víctima, 26 de diciembre: Pedro Pardo Romero

Libertad Digital.

El miércoles 26 de diciembre de 1984, sobre las 19:30 horas, dos miembros de la banda terrorista ETA asesinaban a tiros en Bermeo al propietario del bar Gurea Da, PEDRO PARDO ROMERO, disparándole a bocajarro en su propio bar y delante de varios miembros de su familia, entre ellos su hija Remedios.

A última hora de la tarde de aquel miércoles 26 de diciembre, dos jóvenes de unos 30 y 28 años, respectivamente, entraron en el bar Gurea Da, situado en el número 28 de la calle Intxausti, en el casco viejo de Bermeo (Vizcaya). Pedro Pardo, que utilizaba la identidad falsa de Miguel Castellanos Escamilla, era en realidad un merchero apodado El Peleas. En el interior del bar se encontraban, únicamente, Pedro Pardo, su esposa y varios de sus hijos. Una vez dentro, los jóvenes pidieron una consumición y uno de ellos, el que aparentaba mayor edad, de complexión normal, barba, pelo rubio rizado y 1,70 metros de estatura, sacó una pistola y disparó dos veces en la cara a Pedro Pardo, alcanzándole en el maxilar inferior y el pómulo derecho. Inmediatamente, los terroristas huyeron del lugar y escaparon, presumiblemente, en un coche que les esperaba en el exterior.

Pedro Pardo Romero fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja de Bermeo a la residencia sanitaria de Cruces, en Baracaldo, en gravísimo estado, pero falleció durante el trayecto. En el lugar del crimen, las Fuerzas de Seguridad recogieron dos casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum.

Poco después de cometerse el atentado, la Guardia Civil montó controles de vigilancia en Bermeo y sus alrededores. El 28 de diciembre, el diario ABC publicaba que según fuentes de la Policía Municipal de Bermeo, el propietario del bar Gurea Da, conocido como Miguel Castellanos Escamilla y que acababa de ser asesinado por ETA, se dedicaba al tráfico de estupefacientes. ETA reivindicaría el asesinato acusando a la víctima de "trapichear" con droga y ser "soplón" de la Guardia Civil, falsa acusación que la banda solía utilizar para justificar muchos de sus crímenes. La hija de la víctima, Remedios García Grande, ha contado a Libertad Digital que su padre jamás fue un soplón: "mi padre, antes muerto que ser soplón". Bajo la falsa identidad de Miguel Castellanos el día siguiente al atentado, 27 de diciembre, fue enterrado en el cementerio vizcaíno de Derio el cuerpo sin vida de Pedro Pardo Romero, después de que hubieran sido oficiadas las honras fúnebres.

El asesinato de Pedro Pardo, como el de tantos otros en los años de plomo, no generó numerosas reacciones políticas. Tan sólo el secretario general del Partido Socialista en Vizcaya, Ricardo García Damborenea condenó públicamente el atentado. Damborenea hizo público un comunicado en el que, además de condenar el crimen, reclamaba a los ciudadanos "toda la colaboración que pueda contribuir a desenmascarar a los asesinos" y lamentaba que "en Navidad, cuando todos estamos intentando buscar soluciones a nuestros problemas, ETA sigue empeñada en recordarnos su existencia y en convencernos de lo que ya sabíamos: que sabe matar".

En 1987 la Audiencia Nacional condenaba al ex policía municipal de Bermeo Fernando Uriarte Elorduy a 17 años, 4 meses y un día de prisión por su complicidad en el asesinato de "Pedro García Suárez", identidad falsa atribuida a Pedro Pardo Romero tras descubrirse en 1985 que el nombre que utilizaba, Miguel Castellanos, no se correspondía con el verdadero. Así, de error en error durante años, la Fiscalía había solicitado 27 años de cárcel para Uriarte, por haber ofrecido su domicilio a miembros de ETA y por haberles dado datos sobre la persona que regentaba el bar Gurea Da, en Bermeo. Los asesinos se habrían refugiado en casa de Uriarte tras el crimen y al día siguiente se habrían dado a la fuga. En 1987, el diario ABC recogía la petición de la Fiscalíaarrastrando los sucesivos errores en la identificación del fallecido: "La víctima fue identificada como Miguel Castellanos Escamilla, y así se procedió al entierro, pero la Guardia Civil aclaró después que se trataba de Pedro García Suárez, natural de Salamanca, de raza gitana". Ocho años después del atentado, en 1992, los medios todavía recogían noticias citando a Uriarte Elorduy como colaborador en el asesinato de "Pedro García Suárez" (ABC 3/7/1992) mientras que aún hoy, en los listados oficiales del Ministerio del Interior, la víctima figura bajo la identidad también falsa de "Miguel Castellanos Escamilla".

El ex policía municipal Fernando Uriarte Elorduy, que también sería condenado por su colaboración en otros atentados como el del teniente de Navío Antonio de Vicente Comesaña, vio cómo se le aplicaba el artículo 45 del Reglamento Penitenciario, disfrutando de régimen abierto –tercer grado– pocos años después de ser condenado. Uriarte, que fue encarcelado en 1986, cumplió solamente 4 años en prisión pese a que en 1995 ya acumulaba penas que sumaban más de 57 años (ABC, 15/8/1995).

Pedro Pardo Romero, era natural de Cristóbal de la Sierra (Salamanca), aunque ni siquiera este dato es seguro, dado el error en la identificación de la víctima que se arrastró durante años. Estaba casado con Piedad Grande Blanco y tenía seis hijos, cinco chicos y una chica. Uno murió de meses por una pulmonía, otro fue atropellado por un coche cuando tenía 9 años, y otros tres murieron por las drogas. 

El número de noviembre de 1997 de la revista de la Guardia Civil arrojó algo de luz sobre la identidad de la víctima. En dicho número, el subteniente de la Guardia Civil José Luis Cervero Carrillo escribía que la verdadera identidad del fallecido ya había sido descubierta en 1985, tras cotejar sus huellas dactilares, por el entonces capitán Antonio Martínez-Herrera Escribano. Según Cervero Carrillo "el muerto era en realidad el huidizo quinqui Pedro Pardo Romero y no el inocente Miguel Castellanos".

Pedro Pardo Romero, pariente del célebre Eleuterio Sánchez, El Lute, era un peligroso delincuente conocido como El Peleas. En enero de 1966 estuvo involucrado en una reyerta ocurrida en El Payo (Salamanca), entre familias quinquis, en la que resultó muerto su cuñado y él acabó gravemente herido, hospitalizado en Ciudad Rodrigo bajo la identidad falsa de Pedro García Suárez, que años después figuraría en la sentencia por su asesinato. Diez años después de dicha reyerta, El Peleas fue detenido en Barcelona por varios atracos. Fue precisamente en esa ciudad donde en 1975 Pedro Pardo Romero había robado el permiso de conducir y el DNI de Miguel Castellanos Escamilla, identidad ésta bajo la que sería enterrado tras su asesinato.

En junio de 2009, la hija de Pedro Pardo, Remedios García Grande, decidió contar en las páginas del semanario Interviú sus vivencias en el seno de una familia de mercheros, relatando cómo fueron aquellos años envueltos en robos, abusos sexuales, tráfico de drogas y prostitución. Un año después, en junio de 2010 veía la luz la biografía de Remedios, titulada Ni una palabra más (Ed. Beatriz Celaya Barturen, 2010), en la que profundizaba en el relato de esa complicada vida nómada en la que su familia deambuló por Salamanca, Barcelona, San Baudilio de Llobregat, Bermeo... y en la que ella vio cómo la cárcel, la hepatitis, el alcohol, la heroína y el SIDA acababan con sus tres hermanos, hasta que finalmente la banda terrorista ETA asesinó a su padre disparándole dos tiros en la cara.

Según el testimonio de Remedios, desde niña vio cómo su padre se dedicaba al contrabando de tabaco, a atracar casas y joyerías, a recorrer España robando. Vio cómo pegaba a su madre cada vez que salía de prisión. Sufrió en carne propia los abusos de El Peleas y vio cómo éste convertía en camellos a sus propios hijos. Según declaró a Interviú la hija de Pedro Pardo, una vez estuvieron establecidos en Bermeo "cuando los periódicos hablaban de robos y violaciones en el monte de Artxanda, yo intuía que era él. Luego veía que llegaba a casa con joyas robadas". Allí, El Peleas comenzó montando timbas ilegales y rápidamente se hizo con el negocio de la heroína en el pueblo. Ocho años después de haber llegado a Bermeo, Pedro Pardo Romero recibió una carta de ETA: o se marchaba o le matarían, tal y como finalmente sucedió. Su hija resumía en Interviú cómo fueron los momentos siguientes, tras el funeral y el entierro de la víctima con la falsa identidad: "al día siguiente salimos a escondidas, como ratas".

A finales de los 90, Remedios decidió devolverle a su padre su verdadera identidad, lo que realmente conseguiría tras un calvario judicial que acabaría en 2002. Remedios, que conoce mejor que nadie quién era su padre y que lo sufrió en primera persona, afirmaba en 2010, en una entrevista recogida en El Correo a propósito de la publicación de su biografía, que "si un juez le hubiera metido veinte o treinta años en la cárcel, yo no habría tenido nada en contra. Pero, por malo que fuera, ETA no tenía derecho a matarle".

Víctima, 24 de diciembre: José Antonio Peña Medina

Libertad Digital.

El miércoles 24 de diciembre de 1986, a las 20:40 horas, una bomba colocada por miembros de la banda terrorista ETA en un Pryca del centro comercial Mamut de Oyarzun (Guipúzcoa) segaba la vida del guardia civil JOSÉ ANTONIO PEÑA MEDINA. La explosión provocó heridas leves a dos empleados del establecimiento, Simón Arasti y Calixto Sánchez. El atentado estaba encuadrado en la campaña que ETA había iniciado contra los intereses de empresas francesas en España.

A últimas horas de la tarde del día 24 de diciembre de 1986, el etarra Francisco Ramón Uribe, acompañado de un segundo miembro de la banda, robó un coche en la localidad de Lasarte tras amenazar a la propietaria del vehículo con una pistola. Los terroristas llevaron a la mujer al campo de fútbol de Zubieta y, una vez allí, la dejaron en libertad tras advertirle que no denunciara los hechos. Poco después se dirigieron al hipermercado del grupo francés Pryca en Oyarzun donde colocaron un artefacto explosivo. Minutos antes de las 20:00 horas, varias llamadas anónimas avisaban a los responsables del centro comercial y a la Asociación de Ayuda en Carretera Detente y Ayuda (DYA) de Guipúzcoa de la colocación de una bomba en el hipermercado. Según el anunciante, ésta haría explosión a las 20:30 horas. Rápidamente, un equipo de especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Oyarzun se desplazó hasta el lugar. Una vez allí, los guardias ordenaron que el hipermercado, que ya había cerrado sus puertas al público, fuera desalojado y la zona acordonada. Sin embargo, a la hora indicada en las llamadas telefónicas, las 20:30, no se produjo ninguna explosión. Los guardias civiles, ayudados por un vigilante de seguridad y por un empleado de limpieza del propio centro, continuaron buscando el artefacto entre los bolsos y paquetes de los clientes, en la zona de la consigna. Diez minutos después de la supuesta hora límite, mientras José Antonio Peña inspeccionaba un bolso, tuvo lugar la explosión. Peña Medina recibió de lleno el impacto de la onda expansiva, falleciendo en el acto y quedando su cuerpo completamente destrozado, mientras que los empleados Simón Arasti y Calixto Sánchez sufrieron contusiones, así como heridas leves en la cara y el cuero cabelludo, respectivamente. Uno de los testigos presenciales relató los momentos previos a la explosión:

Uno de los guardas del establecimiento estaba dejando un bolso en el mostrador de consigna, junto a un guardia civil, que le pidió una linterna y le dijo que se alejase por si había dentro alguna bomba. No le dio tiempo a alejarse, porque inmediatamente se produjo una fuerte explosión, que provocó la caída de ladrillos y maderas y mucho polvo, e inmediatamente después vi al guarda caído en el suelo y sentí dolor en la cabeza y la pierna (…) ha sido un milagro que no nos pasase casi nada.

La bomba, compuesta por entre 2 y 3 kilos de explosivo, 2 de metralla y un temporizador, estaba oculta en una bolsa de deportes, a unos setenta centímetros del suelo. Tras la explosión, los dos heridos precisaron curas de urgencia y fueron posteriormente trasladados a centros hospitalarios, sin que se pudiera hacer nada por la vida del guardia civil Peña Medina. La zona de la consigna, situada cerca de la puerta principal del hipermercado, sufrió considerables daños materiales. Como en tantas otras ocasiones, la fortuna quiso que el atentado de ETA no acabase convirtiéndose en una auténtica masacre: el horario habitual de cierre del hipermercado eran las 22:00 horas, pero con motivo de la Nochebuena ese día la hora de cierre se había adelantado dos horas, facilitando notablemente el desalojo del local por parte de los agentes de la Benemérita. 

Dos días después del atentado, el 26 de diciembre, ETA militar se responsabilizaba del asesinato del guardia civil José Antonio Peña Medina en comunicados enviados a distintos medios de comunicación vascos. Asimismo, la banda terrorista reivindicaba otros atentados contra empresas de capital francés, como el cometido el día de Navidad contra un hotel de la cadena Novotel, en Madrid. Según los asesinos de la banda, la cooperación del Gobierno francés con el español “debilita el movimiento nacionalista vasco y trata de internacionalizar la represión contra los vascos implicando a otros gobiernos en su política antivasca”. El hipermercado de Pryca, uno de los más importantes de Guipúzcoa, había sufrido anteriormente otro atentado con explosivos y formaba parte de la lista de empresas de capital francés a las que Gestoras pro Amnistía recomendaba no acudir, en su “campaña a favor de los refugiados”, lo que en la práctica significaba señalarlas como objetivos de ETA, debido a la colaboración que Francia estaba prestando a España en materia de extradiciones. A consecuencia de los dos atentados y las numerosas amenazas anónimas recibidas, los responsables del hipermercado decidieron instalar un sofisticado sistema de seguridad que incluía numerosas videocámaras. Ocho meses después del atentado que le costó la vida al guardia civil José Antonio Peña Medina, en agosto de 1987, esas mismas cámaras de seguridad servirían para identificar a un sargento y a un cabo primero de la Guardia Civil, detenidos tras haber colocado, en el mismo centro comercial de Oyarzun, una bomba compuesta por 250 gramos de goma-2. Según confesaron ellos mismos, el objetivo de la colocación de la bomba era extorsionar a los responsables del centro, exigiéndoles entregas de dinero a cambio de no colocar más artefactos explosivos. El cabo primero pertenecía al Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Guardia Civil en Guipúzcoa.

Al día siguiente del atentado, el 25 de diciembre, se celebraron en el Salón del Trono del Gobierno Civil de Guipúzcoa, en San Sebastián, los funerales por el guardia civil asesinado. Al acto asistieron el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Vizcaya, Julen Elorriaga e Iñaki López, respectivamente, y el capitán general de los Pirineos Occidentales. Desde la noche anterior la viuda del guardia civil se negó a separarse del féretro. Durante la ceremonia, apoyada en dos guardias civiles y sin separarse en ningún momento del ataúd, no dejó de repetir una y otra vez “te quiero”, protagonizando escenas de gran dolor, conmoción y nerviosismo, llegando a gritar a los asistentes “iros, iros todos de aquí”. Tras el oficio una compañía de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) y la banda de música de la Guardia Civil de Logroño rindieron honores a José Antonio Peña. Poco después, sus restos mortales fueron trasladados al aeropuerto de Fuenterrabía para viajar en avión hasta Granada desde donde, por carretera, fueron transportados hasta la localidad jienense de Castillo de Locubín. 

En Jaén, en la Comandancia de la Benemérita en dicha localidad, fue instalada una capilla ardiente. Desde allí, a mediodía del 26 de diciembre, miembros de la Guardia Civil condujeron a hombros el féretro hasta la Iglesia parroquial de San Félix de Valois, donde se ofició el funeral previo al entierro del agente asesinado. Más de una docena de coronas de flores, enviadas por amigos del fallecido, instituciones oficiales y la Asociación de Mujeres de Guardias Muertos por el Terrorismo, precedían al féretro a su llegada. Tras éste, cubierto con la bandera nacional y el tricornio, iban la viuda y la madre de José Antonio Peña. En la homilía, el capellán de la Guardia Civil que oficiaba el acto, Juan Bautista Monzón, señaló que “por desgracia, hechos como éste forman parte de nuestra cruz de cada día”, indicando que Peña Medina había sido “una víctima más del odio desenfrenado y de la violencia sin sentido”. El capellán aseguró que “asistimos prácticamente impotentes a situaciones que resultan insostenibles” ante la presencia de los cientos de guardias civiles y policías que acudieron a la ceremonia. Entre los asistentes estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Andalucía, Tomás Azorín; el presidente de la Diputación, Cristóbal López Carvajal; el coronel jefe del Tercio de Granada, José García Mendoza; el gobernador civil, Francisco Rodríguez Caracuel y el alcalde de Jaén, José María de la Torre. En el momento en que los asistentes a la misa se daban la paz, la viuda, Josefa Melero, se abrazó al féretro de José Antonio Peña y besó el tricornio que había pertenecido a éste. Tanto durante el funeral como posteriormente, grupos de personas dieron vivas a la Guardia Civil y gritaron consignas de “muerte a ETA”, “granujas”, “bandidos”, “esto es lo que tenemos para rato”, “esto es la democracia” o “los de ETA no mueren, pero sí mueren los desgraciados”. Los dos hijos de José Antonio Peña, de corta edad, no asistieron al funeral, ya que su madre les había dicho que su padre se había marchado “con Papá Noel para entregar juguetes a niños en lugares muy lejanos”. Terminado el oficio, el cadáver de José Antonio Peña Medina fue finalmente inhumado en el cementerio de San Fernando, donde había sido previamente enterrado su padre, el también guardia civil Antonio Peña Aguayo.

El funeral por el alma de José Antonio Peña en San Sebastián había sido el primero al que asistiera Luis Roldán desde su toma de posesión como director de la Guardia Civil. Al término de aquél, Roldán manifestó que “los atentados terroristas se comentan y valoran por sí mismos, pues no son más que agresiones a la libertad del País Vasco y, consecuentemente, a la libertad de todos los españoles”, señalando que “en el resto de países, los odios y tensiones en el día de Navidad se aminoran y, sin embargo, quienes agreden permanentemente al pueblo vasco y al pueblo español ni siquiera respetan esa fecha entrañable”. Por su parte, Euskadiko Ezkerra hizo público un comunicado en el que la formación afirmaba que el asesinato de Peña Medina ponía de relieve “el total desprecio de ETA a la voluntad popular recientemente expresada en las urnas”. Pocos días después del atentado, el 29 de diciembre, altos cargos del Ministerio del Interior organizaron una visita a distintos acuartelamientos de las Fuerzas de Seguridad, para mostrar su solidaridad con los agentes en las fechas navideñas. El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y los directores generales de la Policía y la Guardia Civil, José María Rodríguez Colorado y Luis Roldán, acudieron a varios centros para mostrar su apoyo a los agentes destinados en el País Vasco y paliar, de algún modo, la desmoralización que se había puesto de manifiesto tras el fallecimiento de Peña Medina.

En abril de 1996, la Audiencia Nacional condenaba a Francisco Ramón Uribe Navarro a penas que sumaban 50 años y cuatro meses de cárcel por el atentado en el que perdió la vida el guardia civil Peña Medina. Uribe Navarro fue detenido en junio de 1994 durante una operación llevada a cabo por la Guardia Civil, en la que también fueron detenidos, entre otros, Eusebio María Lasarte Balerdi, Luis Gorriti Pagola, Javier Picabea Aizpurua y María Encarnación Martínez Fernández.

José Antonio Peña Medina, de veintiséis años y natural de Castillo de Locubín (Jaén), estaba casado con Josefa Melero García y tenía dos hijos de 4 y 2 años de edad. Siguiendo los pasos de su padre, Antonio Peña Aguayo, José Antonio había ingresado en el Instituto Armado en 1981 y llevaba viviendo en Oyarzun desde 1983. Su madre se encontraba en Madrid, compartiendo las fiestas navideñas con otros familiares, cuando recibió la noticia de la muerte de José Antonio, tras la cual se trasladó a Jaén para esperar la llegada del cuerpo y acompañar a la viuda. La muerte de José Antonio Peña causó una especial conmoción entre los guardias civiles de la provincia de Jaén, ya que la mayor parte de ellos eran conocidos del joven o lo habían sido de su padre.

En marzo de 2005, según Real Decreto 319/2005, “con el deseo de honrar la memoria de los militares y guardias civiles que fueron asesinados en atentado terrorista”, José Antonio Peña Medina fue ascendido con carácter honorífico y a título póstumo al puesto de Cabo.

José Antonio Peña fue la última de las cuarenta y dos víctimas mortales del año 1986.

Víctimas, 22 de diciembre: Engraciano González Macho y Luciano Cortizo Alonso

Libertad Digital.

En torno a las 20:00 horas del 22 de diciembre de 1988, la banda terrorista ETA asesina en Zarauz (Guipúzcoa) al empresario de hostelería ENGRACIANO GONZÁLEZ MACHO. Hacía apenas seis meses que Engraciano había abierto en Zarauz un pub, el Antxi, y ahí se encontraba cuando el etarra Juan Carlos Balerdi Iturralde entró y se pidió una consumición. Minutos después le descerrajó dos tiros en la cabeza que provocaron la muerte en el acto de Engraciano, que se encontraba en ese momento detrás de la barra del pub. Fuera del local aguardaba un segundo terrorista para cubrir la acción de Balerdi Iturralde, y un tercero esperaba a ambos en un vehículo en el que emprendieron la huida.

La misma noche del asesinato, el gobernador civil de Guipúzcoa, José Ramón Goñi Tirapu, acusó a ETA del mismo y señaló al mismo "comando que el pasado domingo colocó un coche-bomba en Éibar y mató a un policía", en referencia al agente José Antonio Barrado Recio. Asimismo, Goñi Tirapu señaló a los medios de comunicación que en el pub se habían encontrado tres casquillos de bala "de la misma munición que utiliza el comando Éibar".

Pocos meses después, en abril de 1989, la Guardia Civil desarticuló el grupo Éibar de ETA y detuvo a varios de sus miembros: Juan Carlos Balerdi Iturralde, alias Eneko, Jesús María Ciganda Sarratea y Fermín Urdiain Ciriza (hermano de Juan Ignacio, que había sido detenido por la Policía francesa cuatro días antes). El Gobierno Civil de Guipúzcoa indicó que, antes de ser reducido, Fermín Urdiain efectuó dos disparos con su pistola contra un guardia, que respondió con una ráfaga intimidatoria. Las mismas fuentes señalaron que Fermín Urdiain dejó de disparar porque se le encasquilló la pistola y que al ser reducido preguntó insistentemente al guardia que por qué no le había matado. Balerdi Iturralde, alias Eneko, Ciganda Sarratea y Urdiain Ciriza fueron condenados en 1990 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Engraciano. El mismo fallo encontró culpables del delito de asesinato por cooperación necesaria a José Cándido Zubicaray Badiola y José María Beristain Urbieta, por lo que fueron condenados a sendas penas de 27 años de reclusión mayor.

Engraciano González Macho, de 41 años, era natural de Ondárroa (Vizcaya). Estaba casado conEster Bidasoro y tenía dos hijos, un muchacho de 15 años y una niña de 10. La banda terrorista ETA acusó a Engraciano de estar vinculado con el tráfico de drogas, acusación que utilizó como justificación del crimen. Su viuda rechazó categóricamente cualquier relación de su marido con las drogas, pues también se había especulado en los medios de comunicación con que el empresario había abandonado Ondárroa instalándose en Guetaria tras haber recibido amenazas por dedicarse, precisamente, al tráfico de estupefacientes. La madre de Engraciano González fue incluso a hablar con Goñi Tirapu, entonces gobernador civil de Guipúzcoa, para pedirle que limpiara el nombre de su hijo. Así lo contó el propio Goñi Tirapu en El confidente: la negociación ETA que sí funcionó(Espasa Calpe, 2005):

Era una mujer mayor, menuda, vestida de luto y con una profunda expresión de tristeza. Se sentó frente a mí y, sin más preámbulos, me pidió que limpiara públicamente el nombre de su hijo de las calumnias vertidas por los asesinos y sus cómplices (...) Conmovido, hablé con un periodista, le conté el drama de aquella mujer y le pedí que, por favor, y en aras de su mayor repercusión, desmintiera desde las páginas de su periódico cualquier relación de Engraciano con el narcotráfico. La media hora de conversación se resumió en una línea escondida entre las miles de líneas de un periódico perdido entre el montón de periódicos que se escriben todos los días" (citado por Alonso, R., Florencio Domínguez, F., y García Rey, M. Vidas Rotas, Espasa 2010, pág. 703).

Engraciano González Macho fue la última víctima mortal del año 1988 en el que la banda terrorista ETA asesinó a diecinueve personas.

El viernes 22 de diciembre de 1995 la banda terrorista ETA asesinaba en León mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo al comandante de Artillería del Ejército LUCIANO CORTIZO ALONSO, que falleció en el acto, hiriendo de gravedad a su hija de 18 años Beatriz Cortizo Ordóñez, con lesiones en el abdomen, las piernas y los brazos. La joven fue intervenida de urgencia por espacio de siete horas. En el curso de la operación, los médicos le extirparon el bazo y le reconstruyeron zonas de la pierna y el brazo izquierdos que habían quedado seriamente dañadas.

La explosión de la bomba también causó lesiones de menor consideración a tres transeúntes que pasaban por la avenida de Ramón y Cajal, una vía muy céntrica de la capital leonesa. Diego Fouces Martínez, de 25 años, sufrió lesiones en la pierna izquierda y traumatismo facial, quedando ingresado en un centro hospitalario de León. Los otros dos heridos –Aroa Castro Díez, de 16 años, herida en la cara, y José María Fernández González, de 56, con heridas leves en una pierna–, fueron dados de alta pocas horas después.

El militar había recogido momentos antes a su hija y comenzó a circular con el vehículo por las calles de León, sin ser consciente de que llevaba adosada una bomba en los bajos del mismo. La explosión del coche del comandante Cortizo se produjo a las 13:25 horas a la altura del número 6 de la avenida de Ramón y Cajal, justo en el momento en el que el vehículo se había parado en un semáforo en rojo, en el que también había detenidos otros siete u ocho coches. El vehículo del comandante, un Ford Orion color crema metalizado, quedó totalmente destrozado. Minutos después de la explosión dos hombres y una mujer salieron huyendo en un Peugeot de color gris con matrícula de Bilbao, circulando a gran velocidad por las calles céntricas de la ciudad, según indicaron varios testigos presenciales del atentado.

Pocos minutos antes de que el artefacto hiciera explosión, unos doscientos alumnos habían abandonado la Academia Cervantes, próxima al lugar de los hechos. Así lo confirmó el director de la misma que relató que en el momento del atentado sintieron "una explosión que hizo temblar el edificio; vimos una gran bola de humo y, cuando bajamos a la calle, nos encontramos con un cadáver destrozado junto a la acera, a una joven grave y a otros heridos". El centro escolar estaba en el primer piso del número 8 de la avenida de Ramón y Cajal, al lado del semáforo en el que en ese momento se encontraba detenido el vehículo del comandante Cortizo Alonso. También en los alrededores del lugar de la explosión se encuentran los institutos Legio VII (donde estudiaba Beatriz, la hija del comandante Cortizo) y Juan del Enzina. La tragedia podría haber sido mucho mayor, porque muchos estudiantes celebraban por los alrededores el inicio de las vacaciones navideñas.

Luciano Cortizo viajaba habitualmente en su coche particular como medida de seguridad recomendada por el Gobierno Militar, que había desaconsejado el uso de vehículos oficiales, especialmente desde el brutal atentado sufrido por el capitán Juan José Aliste en Salamanca en el mes de noviembre de ese mismo año cuando una bomba-lapa le seccionó ambas piernas. Ni los autores de este atentado, ni los del comandante Cortizo, fueron identificados, detenidos y juzgados.

La capilla ardiente con los restos mortales de Luciano Cortizo Alonso se instaló en la sede del Gobierno Militar de León. Al día siguiente tuvo lugar el funeral por su alma en la catedral de León.

Luciano Cortizo Alonso, de 44 años, estaba casado con Margarita Ordóñez, y tenía dos hijos: Beatriz, de 18 años, que resultó gravemente herida en el atentado, y un chaval de 17 años. Era natural de La Rúa (Orense), aunque llevaba varios años destinado en el cuartel general del Mando de Artillería de Campaña de León, con base en Ferral del Bernesga. Vivía a quinientos metros del lugar donde fue asesinado. Especialista en psicotecnia militar y en sistemas de dirección de tiro y localización de objetivos, el comandante Cortizo llevaba veinticuatro años en el Ejército. Ingresó en las Fuerzas Armadas en julio de 1971 y estuvo destinado en el Regimiento de Artillería de Campaña número 15 de Cádiz y en el CIR número 12 de León. El día que ETA segó su vida iniciaba sus vacaciones de Navidad. Unos días después del atentado, la hija del comandante asesinado declaraba desde el Hospital del Insalud de León que "los de ETA" eran "unos auténticos cobardes que no dan la cara" y que, cuando se recuperase, su vida tendría que continuar "aunque ahora, sólo somos tres y no cuatro, como cuando vivía mi padre" (Diario de León, 03/01/1996).

El de Luciano Cortizo Alonso fue el cuarto atentado cometido por ETA en Castilla y León en un mes y medio, y el último con víctimas mortales de 1995, sumando un total de dieciocho asesinados por la banda terrorista en ese año.