A las ocho de la mañana del 5 de mayo de 1982, ETA asesinaba en el barrio bilbaíno de Begoña al ingeniero ÁNGEL PASCUAL MÚGICA, director de proyectos de la central nuclear de Lemóniz. Había sucedido en el puesto a José María Ryan, secuestrado y asesinado por ETA quince meses antes. Después de los diferentes atentados contra la central, la empresa había reforzado la protección, pero eso no impidió que los terroristas, situados estratégicamente, consiguiesen su objetivo.
El 5 de mayo salió conduciendo su propio vehículo para dirigirse a las oficinas centrales de Iberduero. En el asiento del copiloto iba su hijo Íñigo, de dieciocho años, al que llevaba a la parada del autobús escolar. Detrás del coche del ingeniero iban dos vehículos con dos escoltas cada uno.
La densidad del tráfico hizo que Ángel circulase muy despacio. Al llegar a la altura del número 5 de la calle Virgen de Begoña, dos terroristas se situaron en el lateral del coche, por el lado del conductor, y abrieron fuego contra él. Los escoltas, pertenecientes a una empresa privada contratada por Iberduero, repelieron la agresión disparando contra los etarras, pero éstos consiguieron huir en un automóvil que les esperaba con un tercer terrorista en su interior. Ángel recibió varios disparos mortales, mientras su hijo Íñigo sufrió heridas leves en una mano. El coche, alcanzado en la parte trasera y costado izquierdo, y con las ventanillas destrozadas, chocó contra una tapia. En el lugar de los hechos se encontraron 35 casquillos de bala 9 milímetros parabellum, de las marcas Geco y SF.
El vehículo utilizado por los terroristas fue localizado poco después por la Policía en el barrio bilbaíno de La Cruz. Había sido robado media hora antes de cometer el atentado, en torno a las 7:30 horas. Tanto en el coche usado por los etarras como en la calle por la que iniciaron la huida, la Policía encontró restos de sangre, lo que significa que alguno de los terroristas fue alcanzado por los disparos de los escoltas.
Pocos días antes se había acordado la creación del Ente Vasco de Energía, organismo del que iba a depender la central de Lemóniz, y el mismo día del asesinato de Ángel se constituía en Vitoria la Sociedad de Gestión de la Central Nuclear de Lemóniz, Sociedad del Gas de Euskadi y Ente Vasco de Energía. El lehendakari Garaikoetxea manifestó que "el Gobierno vasco recogía el guante del desafío lanzado por ETA" y que "seguirían llevando a cabo los proyectos políticos y energéticos previstos".
Los trabajadores de la central de Lemóniz suspendieron su trabajo nada más tener noticia del atentado, al igual que los empleados de las oficinas centrales de Iberduero en Bilbao, donde tenía su despacho Ángel Pascual, y se manifestaron por el centro de la ciudad a media mañana. Además,los técnicos se negaron a volver a sus puestos de trabajo mientras continuase esa insoportable situación. El 13 de mayo la empresa rescindió los contratos de ejecución de obras, suministros y servicios con sus contratas en la central y sólo mantuvieron unos mínimos por seguridad y mantenimiento.
Ángel fue la quinta víctima mortal que provocó la banda terrorista por la central de Lemóniz. En marzo de 1978 la banda asesinó a dos obreros, Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera, y uno más en junio de 1979, Ángel Baños Espada. En febrero de 1982 secuestró y asesinó al ingeniero Ryan. La movilización popular que produjo este asesinato no sirvió para que ETA abandonase la causa.
El asesinato de Ángel Pascual tuvo como consecuencia que en septiembre el Gobierno central asumiese la intervención de la central para la continuación y la realización de las obras por parte del Estado. Sin embargo, un mes más tarde el PSOE ganó las elecciones generales y no se reanudaron las obras, que fueron paralizadas definitivamente por el Ejecutivo de Felipe González. La moratoria nuclear decretada en 1984 paralizó no sólo las obras de Lemóniz I y Lemóniz II, sino también la de otras tres centrales nucleares que se estaban construyendo en España: Valdecaballeros I y II y Trillo I.
Lemóniz quedó convertida en una especie de fantasmagórico monumento funerario que sirve sólo de recuerdo a las víctimas que ETA se cobró, y especialmente para las familias de los asesinados, sus cinco viudas y los 17 huérfanos: tres de Alberto Negro, cinco de Ángel Baños, cinco de José María Ryan y cuatro de Ángel Pascual.
La última víctima de Lemóniz se produjo poco después del asesinato de Ángel. Fue el niño de 10 años Alberto Muñagorri, herido gravemente el 26 de junio de 1982 en Rentería al dar una patada a una bolsa-bomba colocada por la banda en la puerta de un almacén de Iberduero, propietaria de la central. Alberto estuvo muchas semanas debatiéndose entre la vida y la muerte, perdió el pie izquierdo y quedó ciego de un ojo.
Además del desastre económico y de las víctimas que ETA provocó por la central, Lemóniz ha quedado también como un monumento que recuerda la claudicación de un Estado ante ETA, una cesión vergonzosa ante una banda asesina que había fagocitado la causa antinuclear de aquellos que se paseaban por el País Vasco con los carteles de "ETA, mátalos". Y lo que es peor aún: alentada por esta victoria a base de asesinatos, la banda terrorista utilizó su falsa sensibilidad ecologista para oponerse, también violentamente, a la autovía de Leizarán, entre Pamplona y San Sebastián, consiguiendo con complicidades nacionalistas que se variase su trazado. Previamente, la banda se había cobrado la vida de cuatro personas (dos empresarios y dos policías nacionales) y había realizado más de 200 atentados y actos de sabotaje. En este caso, los terroristas unieron a la causa ecologista un argumento delirante: la autopista tenía fines bélicos, es decir, servía para que los tanques españoles llegaran antes al País Vasco en caso de un hipotético golpe de Estado. Su última "causa" ha sido su frontal oposición a la construcción del Tren de Alta Velocidad.
Ángel Pascual Múgica tenía 45 años. Había nacido en la localidad francesa de Mecon. Estaba casadoy tenía cuatro hijos: el mayor, de 18, víctima con él del atentado, y tres chicas. Dos de ellas estudiaban en un colegio de San Juan de Luz, en el País Vasco-Francés, y la menor, en el Colegio Francés de Bilbao. El ingeniero de Iberduero había entrado a trabajar en la empresa como delineante, veinticinco años antes de su asesinato. Era jefe del proyecto de Lemóniz y uno de los más firmes candidatos del Gobierno vasco para dirigir la central de Lemóniz. Anteriormente había sido jefe de mantenimiento en la estación eléctrica de Larrasquitu, próxima a Bilbao. Ángel había recibido amenazas por escrito, algunas de las cuales llegaron a su domicilio acompañadas por una fotografía del ingeniero Ryan muerto.
Su hijo Íñigo Pascual Ramos sería años más tarde concejal de Sartaguda por el partido Unión del Pueblo Navarro. Entre 2003 y 2007 fue alcalde de la localidad. Cuando en diciembre de 2008 ETA asesinó a Ignacio Uría Mendizábal, empresario que trabajaba en la construcción del Tren de Alta Velocidad vasco, declaró en El Correo que "cada vez que estos sinvergüenzas cometen un asesinato, te vuelven a abrir la herida. Entonces empiezas a pensar en la mujer y los hijos de ese señor y en lo que tú viviste en ese momento".
A las tres d
e la tarde del 5 de mayo de 1987 moría FÉLIX PEÑA MAZAGATOS, miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) y uno de los heridos en el atentado cometido el 25 de abril de 1987 contra la Casa del Pueblo de Portugalete, que fue atacada con cócteles molotov. La noche del atentado se encontraba tomando un vino con un amigo en la Casa del Pueblo de Portugalete. Uno de los cócteles molotov lanzados al interior de la sede socialista le explotó junto a los pies, prendiéndole fuego en la ropa.
e la tarde del 5 de mayo de 1987 moría FÉLIX PEÑA MAZAGATOS, miembro de la Unión General de Trabajadores (UGT) y uno de los heridos en el atentado cometido el 25 de abril de 1987 contra la Casa del Pueblo de Portugalete, que fue atacada con cócteles molotov. La noche del atentado se encontraba tomando un vino con un amigo en la Casa del Pueblo de Portugalete. Uno de los cócteles molotov lanzados al interior de la sede socialista le explotó junto a los pies, prendiéndole fuego en la ropa.
Igual que Maite Torrano Francia, que falleció tres días después, Félix sufrió gravísimas quemaduras en el 50% de su cuerpo. Además, tenía quemaduras internas como consecuencia de la inhalación del humo provocado por el incendio.
Se mantuvo durante varios días en estado muy grave en el Hospital de Cruces de Baracaldo. Tras experimentar una ligera mejoría en su gravísimo estado, los médicos se animaron a intervenirle para efectuarle injertos en el 14% de su superficie corporal el mismo día 5 de mayo. Al final de la operación sus constantes eran estables, pero falleció a las 14:45 horas.
La capilla ardiente con los restos mortales de Félix Peña quedó instalada al día siguiente, 6 de mayo, en la sede socialista de Portugalete.
El ataque a la Casa del Pueblo de Portugalete fue cometido por un grupo de terroristas callejeros, autodenominado Mendeku, considerado en medios de la Seguridad del Estado como una organización que hace "los trabajos sucios a Herri Batasuna". Cinco de los integrantes del ColectivoMendeku fueron condenados en 1991 a 20 años de reclusión menor. Fueron José Antonio Basterra Urrutia, Carlos Ciriaco Lázaro, Miguel Ángel Guerra Falcón, José Andrés Uribarrena Ochoa y José Manuel Vázquez Centeno. Jesús López Santa Coloma, que entonces tenía 17 años, fue condenado a 12 años de prisión menor. Un séptimo participante, Aitor Calvo Barreras, fue puesto a disposición del Tribunal Tutelar de Menores y absuelto posteriormente.
En 2003 el Ayuntamiento de Portugalete rindió homenaje a las víctimas de este atentado terrorista con motivo del aniversario de la muerte de María Teresa y Félix. Asistieron los hijos de Maite, Saoia e Iván, y una hermana de Félix, que depositaron dos ramos de flores a los pies del camelio del parque Ellacuría de la localidad vizcaína.
Félix Peña Mazagatos tenía 55 años y era natural de Portugalete (Vizcaya). Estaba soltero y afiliado a UGT. Trabajaba en la Factoría La Naval, de Astilleros Españoles, en Sestao. Tras su muerte, la UGT emitió un comunicado público en el que volvía a calificar el atentado como "salvaje". Los familiares de Félix Peña se mostraron de acuerdo con el secretario general de los socialistas vizcaínos, Ricardo García Damborenea, en que "los jueces no castigan a los culpables como es debido".
