Intenso acoso del régimen a Estado de SATS

por David Canela Piña.
LA HABANA, Cuba, 4 de septiembre  (David Canela, www.cubanet.org) – El proyecto cívico Estado de SATS tuvo que nadar a contracorriente el primer fin de semana de este mes.

Antonio Rodiles (izq.), director de Estado de SATS, con el poeta Juan Carlos Flores.
La premiación del concurso Nuevo Pensamiento Cubano –un evento literario organizado por emigrados cubanos con el fin de alentar el pensamiento democrático–, debió ser suspendida cuando los panelistas invitados Orlando Luis Pardo Lazo y Dimas Castellanos fueron detenidos por la policía en la tarde del sábado.
El operativo policial también rodeó las esquinas aledañas a la sede del evento para evitar que llegara el público, e hizo detenciones.
Un grupo de amigos de Pardo Lazo y personas solidarias fueron hasta la Unidad de Policía del Cotorro, en donde lo retenían junto a su novia Silvia, para demandar su liberación. Otro grupo acudió a la Sección 21 (antiguo centro del Buró de Represiones Anticomunistas), en 31 y 110, Marianao, para exigir una respuesta sobre los motivos de esas detenciones, y expresar su inconformidad. Para evitar que aumentara el grupo de asistentes, hicieron otro operativo en los alrededores de la Sección, arrestaron a nuevas personas, e incluso bloquearon el tráfico de la calle para que no llegase nadie hasta el lugar. Dimas Castellanos, de setenta años, fue trasladado hasta una estación de policía de Guanabacoa.
Los detenidos fueron esposados y conducidos a diferentes unidades de policía de la capital. Allí, las razones que usualmente intentan explicar los arrestos van desde supuestas alteraciones del orden público, resistencia y desacato a la autoridad, hasta la que cita un “interés de la C.I.”, o sea, de la contrainteligencia. Todos fueron liberados esa noche, y al inicio de la madrugada del domingo. En las unidades no hubo maltratos físicos; los policías sólo se limitaron a cumplir las órdenes que venían de “arriba”, de los oficiales de la Seguridad del Estado.
Otra convocatoria hubo el domingo, a las 5 de la tarde, para hacer la tertulia de Estado de SATS. Y un nuevo operativo se efectuó para tratar de evitar el encuentro. Unas veinte personas, usando diferentes vías, lograron llegar hasta la casa. Incluso, dos hombres llegaron nadando a través del mar.
La premiación y el debate literario tuvieron que ser postergados. Las personas, sentadas en torno a un círculo abierto, comenzaron a contar sus experiencias más recientes con la policía, sus preocupaciones y expresaron su deseo de que la ola represiva termine. La educación cívica fue uno de los temas más importantes que se analizaron.
El gobierno pretende frustrar cualquier tipo de iniciativa (artística y ciudadana) promovida desde “la zona franca” de Estado de SATS, y ha intensificado su censura directa, al parecer, a causa del lanzamiento de la “Demanda ciudadana por otra Cuba”,  un proyecto que intenta pedir la validación del Pacto de los Derechos Políticos y Civiles  y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos auspiciados por las Naciones Unidas, y que el régimen cubano firmó en 2008. Apegarse a la letra y el espíritu de esos pactos  pudiera ser un paso fundamental hacia la democracia y la reconciliación nacional.
El gobierno está desaprovechando sus oportunidades para hacer una transición pacífica. Todavía tiene suficiente fuerza militar como para despreciar el diálogo con la oposición. Sin embargo, no le asisten la moral, el derecho, ni la legitimidad. La sociedad civil, por su parte, demuestra con su persistencia, valentía, serenidad y convicción, que no cejará en su deseo de mantener un espacio de diálogo y libertad, y que trincheras de ideas valen más que trincheras de policías.

Víctima, 5 de septiembre: Daniel Villar Enciso

Libertad Digital.


A las 21:20 horas del viernes 5 de septiembre de 1997, la banda terrorista ETA asesinaba en Basauri (Vizcaya) al policía nacional DANIEL VILLAR ENCISOmediante una bomba-lapa colocada bajo el asiento del conductor de su vehículo, un Citroën de color oscuro y matrícula de Bilbao. La explosión de la bomba se produjo en el momento en que el policía puso en marcha el coche. Inmediatamente después se originó un incendio dentro del vehículo.
Varios testigos presenciales contaron que Daniel pedía auxilio desde el interior del vehículo mientras se quemaba vivo. “Cuando nos acercamos al coche movía el brazo como pidiendo auxilio. Entonces abrimos la puerta y, al verle consciente, le preguntamos si estaba bien. Al darnos cuenta de que no podía hablar, le dijimos que nos hiciera un gesto y él nos guiñó el ojo (…) Entonces le sacamos del coche en llamas tirándole de los brazos” contó una de las personas que acudió a socorrerle. Una de ellas resultó herida con quemaduras de diversa consideración al intentar sacar al agente del vehículo. Finalmente consiguieron rescatarlo del amasijo de hierros. La víctima, agonizante, fue trasladada al Hospital de Cruces en una ambulancia de la Cruz Roja, donde ingresó en estado crítico a las 21:40 horas. Durante treinta y cinco minutos los médicos intentaron reanimarlo, pero fue inútil. Falleció a las 22:15 horas.
La capilla ardiente se instaló al día siguiente, 6 de septiembre, en la sede de la Subdelegación del Gobierno. Ese mismo día viajaron a la capital vizcaína Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior, y Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado para la Seguridad. Todos los partidos políticos vascos, con excepción de Herri Batasuna, condenaron el atentado e insistieron en la imposibilidad de negociar con aquellos que tan sólo actúan mediante el asesinato. Enrique Villar, delegado del Gobierno en el País Vasco, calificó el atentado de “auténtica salvajada” y pidió a las fuerzas democráticas unidad para luchar contra este “cáncer” del País Vasco. El Partido Socialista de Euskadi aseguró en un comunicado que este atentado demostraba que “ETA es ciega y sorda, y no ve ni escucha el clamor del pueblo que le ha dicho, sin más, que desaparezca”. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, manifestó por su parte que “si ETA cree que va a conseguir algo con estos actos, se confunde; ya que con asesinos y su brazo político, HB, no hay nada que hablar ni negociar”.
Más interés tienen las declaraciones de los partidos nacionalistas, un año antes de que firmasen el pacto soberanista de Estella. Iñigo Urkullu, portavoz del PNV en Vizcaya, señaló que “ETA no ha sabido recoger el clamor y el mensaje” enviado por su partido y gran parte de la sociedad, que le emplazó a decretar una tregua tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. “Desgraciadamente, no nos sorprende este atentado, porque sabemos que la dinámica que le queda a ETA es matar, porque es lo único que sabe”, indicó. Sabiendo lo que sucedió posteriormente, sólo pueden calificarse de miserables y cínicas estas declaraciones de un miembro de un partido que, un año después, firmaría el Pacto de Estella con, entre otros, el brazo político de esos que sólo saben matar, en palabras de Urkullu. Fue precisamente el rechazo y la movilización social que provocaron el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco lo que asustó al PNV y lo que propició su acercamiento a Herri Batasuna. El Pacto de Estella o Lizarra agudizó la radicalización de los nacionalistas institucionales, propiciada por el miedo a que el fin de ETA los convirtiese en una fuerza vulgar, como ya analizamos a propósito del asesinato del concejal de Ermua. La evolución posterior de los acontecimientos permite afirmar que fueron el PNV y los demás partidos nacionalistas vascos los que vinieron a rescatar a ETA del acoso al que la sociedad y los partidos políticos no nacionalistas la estaban sometiendo, un rescate en absoluto desinteresado.
En 1999 la Audiencia Nacional condenó a 25 años de prisión al etarra Pedro (Kepa) del Hoyo Hernández como autor del atentado que acabó con la vida de Daniel Villar. Del Hoyo Hernández formaba parte del grupo Vizcaya de ETA, desarticulado tras la muerte de dos de sus dirigentes en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 23 de septiembre de 1997, pocos días después del asesinato de Daniel Villar. Los dos etarras muertos, José Miguel Bustinza Yurrebaso, alias Iván y El Viejo, y Salvador Gaztelumendi Gil, alias Gaizka, captaron a un gran número de etarras como colaboradores con la misión de facilitar alojamiento, robar vehículos, elaborar información de objetivos de la banda terrorista y guardar las armas y explosivos del grupo en lonjas alquiladas para ello.
La desarticulación del grupo Vizcaya llevó al banquillo a veintitrés etarras en febrero de 2000. Antes de su desarticulación, el grupo Vizcaya cometió numerosos atentados, entre los que figuran el asesinato de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía Modesto Rico Pasarín (el 17 de febrero de 1997), Luis Andrés Samperio Sañudo (el 24 de abril de 1997) y Daniel Villar Enciso, así como el del guardia civil José Manuel García Fernández (el 3 de mayo de 1997).
Daniel Villar Enciso, de 39 años, era natural de Madrid, aunque llevaba varios años residiendo en Basauri. Estaba casado con Socorro López Zarra y tenía dos hijos de 11 y 10 años. En varias ocasiones sus superiores le habían propuesto trasladarse a otras zonas de España, pero el agente declinó estos ofrecimientos pues estaba muy integrado en el País Vasco. Pertenecía a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía y estaba destinado en el Servicio de Seguridad del cuartel de la Policía de Basauri. Daniel Villar fue enterrado en Orgaz (Toledo), de donde era natural su viuda y donde la familia solía pasar las vacaciones. Una calle de la localidad lleva el nombre del agente asesinado.
Al funeral no asistieron dirigentes de los partidos nacionalistas vascos, a excepción de Juan María Atutxa, consejero vasco de Interior, ausencia que fue criticada por los sindicatos policiales. Más triste es que en 2003, al cumplirse el quinto aniversario del asesinato de Daniel Villar, el Ayuntamiento de Basauri, gobernado por el PNV, rechazó dedicar una plaza del pueblo al policía asesinado por la banda ETA.

Galicia. Cabo Home y cercanías. Versión 2

Fotos retocadas por María Jesús Martín Villar. (Fotos originales).