Madre de prisionero Yosvany Melchor
En este vídeo, Rosa María Rodríguez Gil, madre del prisionero cubano Yosvany Melchor narra las circunstancias del juicio y la injusta prisión que sufre su hijo y el chantaje de la seguridad del estado le hace para que ella abandone su pertenencia al Movimiento Cristiano Liberación.
Víctimas, 1 de febrero: Alfredo Díez Marcos, José Gómez Martiñán, José Gómez Trillo, Antonio Marín Gamero, José Antonio Martínez Pérez-Castillo y Victorino Villamor González
Libertad Digital.
Alfredo Díez Marcos era natural de Fermoselle (Zamora) y tenía 25 años. Estaba casado con María del Cármen Gómez y tenía un hijo de nueve meses.
José Gómez Martiñán nació el 7 de agosto de 1955 en Algeciras (Cádiz), por lo que tenía 24 años cuando fue asesinado. Ingresó en la Guardia Civil el 9 de septiembre de 1978 y sólo pudo prestar dos años de servicio en el Cuerpo. Estaba casado y no tenía hijos. A sus funerales celebrados en Tarifa acudieron cerca de cuatro mil personas. En noviembre de 2008, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, presidida por el alcalde Tomás Herrera, acordó dedicarle una calle de la ciudad.
José Gómez Trillo tenía 30 años y era natural de Xirivella (Valencia). Estaba casado y tenía un hijo, el primero de los 35 huérfanos que ETA ha dejado en la Comunidad Valenciana.
Antonio Marín Gamero, natural de Oliva de la Frontera (Badajoz), tenía 27 años, estaba casado y era padre de dos hijos. ETA nunca ha cometido un atentado en Extremadura, pero entre sus víctimas hay 53 extremeños, la mitad guardias civiles como Antonio, asesinados por la banda en atentados en el País Vasco, Cataluña y Madrid.
José Antonio Martínez Pérez-Castillo era natural de Oria (Almería) y tenía 26 años. Los padres y un hermano menor del agente fallecido se desplazaron hasta Basauri donde tuvieron lugar los funerales presididos por el ministro de Interior. La muerte del joven agente fue sentida profundamente en la provincia de Almería, de manera especial en la comarca del Almanzora donde vivía toda su familia. José Antonio estaba soltero y llevaba tres años en la Guardia Civil (se cumplieron el día de su asesinato).
Victorino Villamor González nació en Quecedo de Valdivielso (Burgos) en 1938. Estaba soltero y tenía 41 años cuando fue asesinado. A sus funerales celebrados el 3 de febrero se desplazó gente de toda la comarca del valle de Valdivielso.
El 1 de febrero de 1980 fueron asesinados en Ispáster (Vizcaya) seis guardias civiles destinados en Lekeitio y Ondarroa, algunos de ellos muy jóvenes y recién salidos de la Academia de Valdemoro. Los seis agentes asesinados eran originarios de diferentes provincias españolas: ALFREDO DÍEZ MARCOS (de Zamora), JOSÉ GÓMEZ MARTIÑÁN (de Cádiz), JOSÉ GÓMEZ TRILLO (de Valencia),ANTONIO MARÍN GAMERO (de Badajoz), JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ PÉREZ-CASTILLO (de Almería) yVICTORINO VILLAMOR GONZÁLEZ (de Burgos).
Las víctimas eran miembros de un convoy formado por dos Land Rover de la Guardia Civil, con tres guardias civiles cada uno, y vehículos de la fábrica de armas Esperanza y Cia. en los que viajaban técnicos de la empresa y se transportaba el armamento. Varias veces a la semana el convoy hacía el recorrido entre Marquina y la playa de Laga, donde probaban, para su homologación, los morteros de la fábrica vizcaína. La misión de los guardias civiles era dar protección y escoltar a los trabajadores de la fábrica y el material que transportaban.
Aquel viernes 1 de febrero salieron en torno a las 7:30 horas de la fábrica Esperanza y Cia., en Marquina. La salida fue observada por varios terroristas que, adelantando al convoy, se reunieron con otros miembros de la banda en el kilómetro 53 de la carretera, en las cercanías de Ispáster. Hacia las 8:15, en una zona de curvas que obligó a reducir la velocidad, les tendieron la emboscada mortal. El primer vehículo, en el que viajaban los técnicos de la empresa, pasó sin ninguna incidencia, pero los dos Land Rover de la Guardia Civil fueron atacados con fusiles de asalto, metralletas y granadas de mano. Se hicieron más de un centenar de disparos. Para asegurarse de que ningún guardia civil sobrevivía, tras el ataque varios terroristas se acercaron a los vehículos y arrojaron una granada de mano en el interior del primer Land Rover. Cuando quisieron repetir lo mismo con el segundo, la granada hizo explosión antes de que los asesinos tuvieran tiempo de alejarse, por lo que dos de ellos (Gregorio Olabarría Bengoa y Javier Gorrotxategui Argote) resultaron gravemente heridos, falleciendo poco después.
Un número indeterminado de etarras (entre 8 y 11) participaron en el atentado de Ispáster. En 1984 la Audiencia Nacional condenó a Jaime Rementería Beotegui por su cooperación en las labores de ejecución del atentado. En prisión desde agosto de 1983, salió en libertad en enero de 2004. También fue condenado por proporcionar la información necesaria para cometer el atentado Francisco Esquisabel Echevarría. Detenido en octubre de 1980, salió en libertad en agosto de 2002, tras cumplir 22 años de prisión. Entre los etarras que presuntamente participaron se encontraba José Luis Ansola Larrañaga, alias Peio el Viejo, que fue puesto en libertad en junio de 1999 al ser absuelto por falta de pruebas y no tener otras causas pendientes. El fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, y la Asociación de Víctimas del Terrorismo, en cambio, solicitaron un total de 174 años de cárcel para Peio el Viejo en calidad de autor por cooperación necesaria de seis delitos de asesinato cometidos en el atentado de Ispáster. La sentencia recoge los hechos probados de las sentencias anteriores en las que se condenó por estos mismos hechos a otros etarras, y precisa que el grupo de etarras liberados (a sueldo de la organización) que intervinieron en la acción estaba integrado por Rekalde, Gregorio Olabarria y Francisco Javier Gorrotxategi, estos dos últimos fallecidos al estallarles sendas granadas de mano, y por otras personas todavía no juzgadas. Entre estas personas no juzgadas estaría Alfonso Echegaray Achirica, que fue deportado por Francia, primero a Ecuador (en julio de 1985) y posteriormente a Santo Tomé y Príncipe. En marzo de 2011figuraba, junto a otros treinta y tres etarras, en la lista negra de terroristas que elabora y actualiza el Departamento de Estado de los EEUU.
Alfredo Díez Marcos era natural de Fermoselle (Zamora) y tenía 25 años. Estaba casado con María del Cármen Gómez y tenía un hijo de nueve meses.José Gómez Martiñán nació el 7 de agosto de 1955 en Algeciras (Cádiz), por lo que tenía 24 años cuando fue asesinado. Ingresó en la Guardia Civil el 9 de septiembre de 1978 y sólo pudo prestar dos años de servicio en el Cuerpo. Estaba casado y no tenía hijos. A sus funerales celebrados en Tarifa acudieron cerca de cuatro mil personas. En noviembre de 2008, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Algeciras, presidida por el alcalde Tomás Herrera, acordó dedicarle una calle de la ciudad.José Gómez Trillo tenía 30 años y era natural de Xirivella (Valencia). Estaba casado y tenía un hijo, el primero de los 35 huérfanos que ETA ha dejado en la Comunidad Valenciana.Antonio Marín Gamero, natural de Oliva de la Frontera (Badajoz), tenía 27 años, estaba casado y era padre de dos hijos. ETA nunca ha cometido un atentado en Extremadura, pero entre sus víctimas hay 53 extremeños, la mitad guardias civiles como Antonio, asesinados por la banda en atentados en el País Vasco, Cataluña y Madrid.José Antonio Martínez Pérez-Castillo era natural de Oria (Almería) y tenía 26 años. Los padres y un hermano menor del agente fallecido se desplazaron hasta Basauri donde tuvieron lugar los funerales presididos por el ministro de Interior. La muerte del joven agente fue sentida profundamente en la provincia de Almería, de manera especial en la comarca del Almanzora donde vivía toda su familia. José Antonio estaba soltero y llevaba tres años en la Guardia Civil (se cumplieron el día de su asesinato).Victorino Villamor González nació en Quecedo de Valdivielso (Burgos) en 1938. Estaba soltero y tenía 41 años cuando fue asesinado. A sus funerales celebrados el 3 de febrero se desplazó gente de toda la comarca del valle de Valdivielso.Deuda Pública
Xavier Sala i Martí.
Una falacia que corre por los medios de comunicación y los blogs de expertos es que España NO tiene un problema de deuda pública porque (a) la deuda pública en relación con el PIB es menor que la de otros países de Europa (cerca del 70% del PIB) y (b) la deuda pública es solo el 33% de la deuda total española, el resto es deuda privada. Ambos argumentos son falsos.
La deuda pública es grande o pequeña en relación a la capacidad de pagarla. Se ha puesto de moda poner la deuda en relación al PIB. El PIB es la cantidad de euros que se consiguen generar en España en un año (euros/año) mientras que la deuda está en unidades de euros por lo que la Deuda/PIB está en unidades de años. Es decir, Deuda/PIB es la cantidad de años que se tardaría en pagar toda la deuda si el gobierno español dedicara TODO EL DINERO QUE GANAN TODOS LOS ESPAÑOLES a pagar la deuda. 70% quiere decir que si el gobierno fuera capaz de usurpar todo el dinero que ganan todos los españoles, tardaría el 70% de un año en pagar sus deudas. Un dato totalmente no informativo dado que el gobierno español no puede utilizar el todo el dinero que ganan los españoles a pagar la deuda. El gobierno español puede utilizar el dinero que ingresa él. Del mismo modo, que la deuda pública sea mayoritariamente privada también es no informativo porque la mayoría del PIB también es del sector privado.
La pregunta es, la deuda del estado español es alta o baja EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL DE PODER PAGARLA. Y la capacidad de pagarla depende de los ingresos que tiene el estado y de los gastos que ya tiene comprometidos. Para poder pagar, pues, el estado debería ser capaz de generar más ingresos que gastos (es decir, debería tener superávits fiscales). Justo antes de empezar la crisis, España tenía leve superávit fiscal. Pero las cosas se complicaron en 2008-2009: la caída de la recaudación debido a la incompetencia del estado a la hora de recaudar lo que se debe, la subida de los subsidios de paro debido a la nefasta regulación laboral y las absurdas políticas keynesianas de estímulos fiscales llevadas a cabo por el gobierno de Zapatero (plan renove, plan E, cheques bebé, etc), conllevaron un déficit de cerca del 11% del PIB. Los enormes sacrificios en forma de recortes y subidas de impuestos solo han conseguido rebajar el déficit al 8% del PIB (el PSOE decía que lo habían rebajado al 6% pero eso ha resultado ser mentira). La nueva recesión en la que parece que entró España en el último trimestre de 2011 parece que no permitirá reducir el déficit el 4,4% como estaba proyectado. Es decir, España tiene serias dificultades para generar superávits y, por lo tanto, serias dificultades para poder pagar sus deudas. La deuda pública es, pues, demasiado alta en relación a la capacidad de pagar por mucho que se diga que el ratio deuda/PIB es menor que en Alemania o Estados Unidos.
Además, no hay que olvidar que el estado español tiene una deuda pública latente que todavía no está contabilizada y que es la que ocasiona grandes incertidumbres en los mercados financieros: la deuda bancaria. Todo el mundo espera que el gobierno, con su absurda tendencia a rescatar bancos y cajas, va a acabar poniendo dinero público para evitar la quiebra de alguna ex-caja importante como Caixa Catalunya o Caja Madrid (transformadas ahora en Catalunya Caixa y Bankia respectivamente).
Finalmente, a todo esto hay que unir dos elementos de largo plazo. El primero es el de las pensiones. Los primeros ciudadanos del baby boom ya se acercan a los 65 años y un vasto número de trabajadores se va a jubilar en los próximos años. Eso hace que las probabilidades de mantener superávits a largo plazo sean todavía más ínfimas. El segundo es el de la competitividad. Nada de eso sería un problema si la economía española creciera a un ritmo sano del 4 o 5%: el crecimiento reducirá las necesidades de financiar desempleados y aumentará la recaudación fiscal. El problema es que, de momento, no se están sentando las bases de ese crecimiento ya que no se están promoviendo políticas de aumento de la productividad con la absurda y temeraria excusa de que no van a tener efecto hasta el largo plazo. La crisis empezó en 2007. Hace ya cinco años. Si se hubieran tomado medidas entonces, las que tardan cinco años en tener efecto ya estarían dando sus frutos. Como no se hizo entonces, España sigue sufriendo una crisis de deuda pública.
Una falacia que corre por los medios de comunicación y los blogs de expertos es que España NO tiene un problema de deuda pública porque (a) la deuda pública en relación con el PIB es menor que la de otros países de Europa (cerca del 70% del PIB) y (b) la deuda pública es solo el 33% de la deuda total española, el resto es deuda privada. Ambos argumentos son falsos.
La deuda pública es grande o pequeña en relación a la capacidad de pagarla. Se ha puesto de moda poner la deuda en relación al PIB. El PIB es la cantidad de euros que se consiguen generar en España en un año (euros/año) mientras que la deuda está en unidades de euros por lo que la Deuda/PIB está en unidades de años. Es decir, Deuda/PIB es la cantidad de años que se tardaría en pagar toda la deuda si el gobierno español dedicara TODO EL DINERO QUE GANAN TODOS LOS ESPAÑOLES a pagar la deuda. 70% quiere decir que si el gobierno fuera capaz de usurpar todo el dinero que ganan todos los españoles, tardaría el 70% de un año en pagar sus deudas. Un dato totalmente no informativo dado que el gobierno español no puede utilizar el todo el dinero que ganan los españoles a pagar la deuda. El gobierno español puede utilizar el dinero que ingresa él. Del mismo modo, que la deuda pública sea mayoritariamente privada también es no informativo porque la mayoría del PIB también es del sector privado.
La pregunta es, la deuda del estado español es alta o baja EN RELACIÓN A LA CAPACIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL DE PODER PAGARLA. Y la capacidad de pagarla depende de los ingresos que tiene el estado y de los gastos que ya tiene comprometidos. Para poder pagar, pues, el estado debería ser capaz de generar más ingresos que gastos (es decir, debería tener superávits fiscales). Justo antes de empezar la crisis, España tenía leve superávit fiscal. Pero las cosas se complicaron en 2008-2009: la caída de la recaudación debido a la incompetencia del estado a la hora de recaudar lo que se debe, la subida de los subsidios de paro debido a la nefasta regulación laboral y las absurdas políticas keynesianas de estímulos fiscales llevadas a cabo por el gobierno de Zapatero (plan renove, plan E, cheques bebé, etc), conllevaron un déficit de cerca del 11% del PIB. Los enormes sacrificios en forma de recortes y subidas de impuestos solo han conseguido rebajar el déficit al 8% del PIB (el PSOE decía que lo habían rebajado al 6% pero eso ha resultado ser mentira). La nueva recesión en la que parece que entró España en el último trimestre de 2011 parece que no permitirá reducir el déficit el 4,4% como estaba proyectado. Es decir, España tiene serias dificultades para generar superávits y, por lo tanto, serias dificultades para poder pagar sus deudas. La deuda pública es, pues, demasiado alta en relación a la capacidad de pagar por mucho que se diga que el ratio deuda/PIB es menor que en Alemania o Estados Unidos.
Además, no hay que olvidar que el estado español tiene una deuda pública latente que todavía no está contabilizada y que es la que ocasiona grandes incertidumbres en los mercados financieros: la deuda bancaria. Todo el mundo espera que el gobierno, con su absurda tendencia a rescatar bancos y cajas, va a acabar poniendo dinero público para evitar la quiebra de alguna ex-caja importante como Caixa Catalunya o Caja Madrid (transformadas ahora en Catalunya Caixa y Bankia respectivamente).
Finalmente, a todo esto hay que unir dos elementos de largo plazo. El primero es el de las pensiones. Los primeros ciudadanos del baby boom ya se acercan a los 65 años y un vasto número de trabajadores se va a jubilar en los próximos años. Eso hace que las probabilidades de mantener superávits a largo plazo sean todavía más ínfimas. El segundo es el de la competitividad. Nada de eso sería un problema si la economía española creciera a un ritmo sano del 4 o 5%: el crecimiento reducirá las necesidades de financiar desempleados y aumentará la recaudación fiscal. El problema es que, de momento, no se están sentando las bases de ese crecimiento ya que no se están promoviendo políticas de aumento de la productividad con la absurda y temeraria excusa de que no van a tener efecto hasta el largo plazo. La crisis empezó en 2007. Hace ya cinco años. Si se hubieran tomado medidas entonces, las que tardan cinco años en tener efecto ya estarían dando sus frutos. Como no se hizo entonces, España sigue sufriendo una crisis de deuda pública.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)