Según el Informe del Tribunal de Cuentas sobre fiscalización del sector público local 2011: “Un total de 1.650 cuentas referidas al ejercicio 2011 no han sido rendidas, de las cuales 1.275 correspondían a ayuntamientos, una diputación provincial, 360 mancomunidades, dos áreas metropolitanas y 12 agrupaciones de municipios”. (Fuente: El Confidencial).
Lo que pueden leer más arriba es de vergüenza, y es una de las razones por las que hay que limitar las funciones el poder del Estado. Ni siquiera es capaz de controlarse a sí mismo y hacer cumplir la ley a todas sus entidades. Cómo puede pretender un Gobierno convencer a la ciudadanía que saben cómo salir de la crisis, si no hacen bien ni quiera las tareas que tienen asignadas.
Debería haber mecanismos automáticos que sancionasen a las personas encargadas de las entidades incumplidoras. Y si los hay aplicarlos al pie de la letra.
