Por Carlos Rodríguez Braun.
¿Son correctas las propuestas de Merkel y Sarkozy para refundar la Unión Europea?
No, porque no abordan los problemas que la intervención política ha creado, los confunden como si derivaran de una libertad excesiva, y los pretenden resolver con aún más intervención. Es norma de los políticos el ocasionar los trastornos y presentarse después como salvadores.
¿Es imprescindible salvar el euro?
Lo imprescindible es salvar la libertad de los ciudadanos y sus bienes. Si por salvar el euro entendemos ajustar las finanzas públicas, mantener una moneda estable y no subir los impuestos, ambos salvamentos son sinónimos. Si no, no.
¿Ha habido excesos del mercado libre?
Tal el argumento esgrimido por Sarkozy, otrora la esperanza blanca de la derecha y que ha terminado haciendo lo mismo que la izquierda: subiendo los impuestos y echándole la culpa a un supuesto capitalismo desregulado, como si no hubieran sido las intervenciones y regulaciones de las autoridades monetarias y fiscales las principales responsables de la Gran Recesión.
¿Se van a disciplinar las autoridades?
Es posible, porque sin esa disciplina el tinglado se desploma, y el coste económico, y por tanto político, de los rescates sería inasumible.
¿Qué papel va a cumplir el Banco Central Europeo?
Sobre él confluirán presiones contradictorias, pero posiblemente se imponga un nuevo apaño, que permita al BCE aumentar la financiación de las deudas públicas europeas a cambio de unas restricciones que garanticen que dichas deudas no escaparán de todo control. Eso sería políticamente vendible a las opiniones públicas de los países ricos.
¿Habrá una Europa de dos velocidades?
En el fondo es una falacia, porque las sociedades no son trenes. Sin embargo, el temor de los gobiernos a la pérdida de dinero ajeno o de prestigio propio puede facilitar la adopción de medidas correctas o al menos no demasiado dañinas.
La tragedia oculta de las cárceles cubanas
Reos duermen en el piso del Combinado del Este
[05-12-2011]
Dania Virgen García
Periodista Independiente
(www.miscelaneasdecuba.net).- Desde la prisión del Combinado del Este, informó el 29 de noviembre por vía telefónica el reo Yasser Rivero Boni que en el edificio tres, en el área del depósito, se encuentran durmiendo en el piso más de 85 reos debido a la falta de capacidad que hay en la prisión.
Otro de los lugares donde duermen los reclusos es en el piso del comedor. El reeducador del depósito del edificio tres dio la orden de que durmieran otros de los reos en el piso del pasillo central. En los demás pisos del edificio se encuentran durmiendo en el piso entre cuatro y cinco reclusos en las compañías centrales.
Según Rivero todos los días entran en la prisión de 10 a 15 reclusos, y los funcionarios del orden interior se quejan de que “no dan abasto hacer el papeleo”.
Golpeado recluso en celda de castigo
[05-12-2011]
Dania Virgen García
Periodista Independiente
(www.miscelaneasdecuba.net).- Desde la prisión provincial de Cerámica Roja, en la provincia de Camagüey, el reo Rolando Castro informó que el reo Alberto Ortega fue brutalmente golpeado el 4 de noviembre a las 4 y 30 de la tarde en la celda de castigo llamada el rincón oscuro de Satanás, en la prisión de Canaleta, provincia de Ciego de Ávila.
A Alberto Ortega, de 25 años, más conocido por Mulet, lo golpearon con tonfas y palos de marabú que le ocasionaron hematomas en todo el cuerpo.. Además recibió varias patadas en el rostro. Le reventaron el oído izquierdo y hubo que darle puntos en la boca y la frente, pero no recibió atención médica hasta la madrugada del siguiente día.
En la golpiza participaron Noel, segundo jefe de unidad; El Coy jefe de orden de interior, René, jefe de seguridad penal; Ávila, reeducador; Eminardo, oficial de guardia; Felipe segundo jefe de orden interior; y los carceleros Leordi y Masías.
Según la fuente, estos oficiales manifiestan que a ellos no les importa ser denunciados porque antes de ser sancionados ellos, tienen que sancionar al ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra, quien aseguran dio la orden de que los presos sean torturados hasta morir, y que no les sea dada atención médica.
Torturado por oficiales del DTI
[05-12-2011]
Dania Virgen García
Periodista Independiente
(www.miscelaneasdecuba.net).- Desde la prisión Cerámica Roja, en Camagüey, informa el reo Rolando Castro que el preso Alain Joel Pena fue torturado por oficiales del DTI.
El recluso Alain Joel le refirió a la fuente que el domingo 31 de julio, a las 9 y 30 de la mañana, fue sacado de su vivienda, en el municipio Esmeralda en la provincia de Camagüey, por el jefe del DTI más conocido como el Fis, el capitán Lázaro, delegado de la PNR del municipio, y un chofer llamado Iván.
Estos lo condujeron en el Lada del capitán Lázaro a una guardarraya, donde lo bajaron y el chofer le empezó a propinar una severa golpiza. Posteriormente fue torturado. El jefe del DTI le apretó con una pinza el dedo menique, hasta reventárselo, además de pellizcarlo con la pinza en la barriga y la espalda. Después fue conducido para una unidad policial, donde lo encerraron en un calabozo sin darle atención médica.
Según refirió Alain Joel Pena a la fuente, los oficiales lo torturaron para obligarlo a culparse del robo de un caballo.
Ahora, Alain Joel Pena, que asegura ser inocente, se encuentra en la prisión Cerámica Roja y muestra en su cuerpo las marcas de las torturas.
Recluso enfermo espera sanción desde hace un año
[05-12-2011]
Dania Virgen García
Periodista Independiente
(www.miscelaneasdecuba.net).- En la prisión del Combinado del Este, el reo Vladimir Martínez Ferro, del destacamento 28, compañía 3203, lleva un año esperando la petición del fiscal, pese a padecer enfermedades crónicas que no son atendidas en la prisión.
Está acusado de falsificación de documento y estafa en la causa número 839/10, pero se comprobó en instrucción penal que la estafa la cometió el abogado Pedro Luis Yanes, quien trabajó en las direcciones municipales de Vivienda de Centro Habana y Habana del Este, donde tenía relaciones con otros abogados corruptos.
La victima, Yoraika Almeida Vera, en un careo que tuvo con el acusado, reconoció que la documentación falsa se la dio el abogado, quien después huyó del país con el dinero, y no Martínez Ferro, que fue el intermediario.
Yoraika Almeida, que es sobrina del fallecido comandante Juan Almeida Bosque, y trabajó en el Departamento Técnico de Investigaciones de 100 y Aldabo, asegura que contra Vladimir Martínez han tomando represalias debido a las relaciones con dirigentes de la familia de la víctima, y por eso no le ha llegado la petición del fiscal desde que se encuentra en la prisión hace un año.
La familia de Martínez Ferro ha reclamado a la Atención a la Ciudadanía, la Dirección de Cárceles y Prisiones, y al Consejo de Estado. También han advertido que en la prisión no le dan el medicamento que debe tomar para la enfermedad crónica que padece (colitis ulcerativa idiopática y un divertículo en el colon) por ser del área dólar, además de no recibir una dieta adecuada.
Debido a la falta de medicamentos, el recluso ha sufrido cuatros descompensaciones, diarreas, vómitos con sangre, fiebre, y pérdida de peso
Su anterior abogado, llamado Jorge Luis, le presentó un cambio de medida, la cual fue negada. El abogado Alejandro le presentará otro cambio de medida el lunes 28.
Hanadi Zahlout. Amnistía Internacional
Hanadi Zahlout defiende los derechos de las mujeres y es miembro de los Comités de Coordinación local, una red de comités que se encargan de organizar y planificar las manifestaciones en Siria.
Hanadi fue detenida el 4 de agosto. Tras un mes en el que sus allegados no supieron dónde estaba ni en qué condiciones, y temían que hubiera sufrido malos tratos o torturas como ha pasado con otros activistas de la "primavera árabe", Hanadi fue llevada ante un juez de instrucción de un tribunal penal el 4 de octubre.
Está acusada de incitación a participar en protestas, relación con otros activistas notables y pertenencia a una organización secreta.
Amnistía Internacional teme que haya sido detenida y acusada únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.
¡Actúa! Firma la petición a las autoridades de Siria.
No al banco malo: convirtamos deuda en acciones
Por Juan Ramón Rallo:
"Lo vengo diciendo desde hace algunos años. La vía para recapitalizar a los bancos insolventes no puede ser, en ningún caso, su rescate por parte de los contribuyentes. Podría discutirse si hay que rescatar o no a los depositantes a la vista con tal de salvaguardar el sistema de cobros y pagos, pero desde luego no hay ninguna razón para rescatar a todos los acreedores de la banca. Por supuesto, una liquidación desordenada del sistema financiero puede resultar bastante nefasta, especialmente si, como decimos, al caer las malas inversiones se desmorona también el sistema de cobros y pagos. Pero antes de rescatar a los bancos con el dinero del contribuyente, ¿por qué no los rescatamos con el dinero de los acreedores?
La manera más radical de hacerlo sería imponer una quita o un impago selectivo: le debo tanto dinero y sólo cobrará una fracción. Otra manera, que permitiría la supervivencia de la entidad, sería convertir parte de la deuda del banco en acciones: es decir, las primeras pérdidas del banco se le imputan a sus actuales accionistas y, para que el banco no se quede sin fondos propios, parte de la deuda se reconvierte en acciones (de modo que los acreedores se conviertan en propietarios), lo que no significa que no se cobre, sino que se cobra en títulos de propiedad sobre el activo del banco.
Claro que no todos los tipos de deuda son iguales: los depósitos a la vista son fondos que le fueron confiados a la entidad no para que los invirtiera a largo plazo en proyectos de alto riesgo, sino para que los guardara; en cambio, la deuda subordinada son pasivos que, a cambio de una jugosa rentabilidad, asume elevados riesgos. De ahí que deba haber un cierto orden de prelación en las conversiones: los pasivos a más largo plazo y más arriesgados (los que guarden una mayor similitud con las acciones) deberían convertirse primero y sólo en caso de extrema necesidad se procedería a hacer lo propio con deuda a más corto plazo".
"Lo vengo diciendo desde hace algunos años. La vía para recapitalizar a los bancos insolventes no puede ser, en ningún caso, su rescate por parte de los contribuyentes. Podría discutirse si hay que rescatar o no a los depositantes a la vista con tal de salvaguardar el sistema de cobros y pagos, pero desde luego no hay ninguna razón para rescatar a todos los acreedores de la banca. Por supuesto, una liquidación desordenada del sistema financiero puede resultar bastante nefasta, especialmente si, como decimos, al caer las malas inversiones se desmorona también el sistema de cobros y pagos. Pero antes de rescatar a los bancos con el dinero del contribuyente, ¿por qué no los rescatamos con el dinero de los acreedores?
La manera más radical de hacerlo sería imponer una quita o un impago selectivo: le debo tanto dinero y sólo cobrará una fracción. Otra manera, que permitiría la supervivencia de la entidad, sería convertir parte de la deuda del banco en acciones: es decir, las primeras pérdidas del banco se le imputan a sus actuales accionistas y, para que el banco no se quede sin fondos propios, parte de la deuda se reconvierte en acciones (de modo que los acreedores se conviertan en propietarios), lo que no significa que no se cobre, sino que se cobra en títulos de propiedad sobre el activo del banco.
Claro que no todos los tipos de deuda son iguales: los depósitos a la vista son fondos que le fueron confiados a la entidad no para que los invirtiera a largo plazo en proyectos de alto riesgo, sino para que los guardara; en cambio, la deuda subordinada son pasivos que, a cambio de una jugosa rentabilidad, asume elevados riesgos. De ahí que deba haber un cierto orden de prelación en las conversiones: los pasivos a más largo plazo y más arriesgados (los que guarden una mayor similitud con las acciones) deberían convertirse primero y sólo en caso de extrema necesidad se procedería a hacer lo propio con deuda a más corto plazo".
Propuestas para un nuevo modelo energético
Por Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.
El diseño de un modelo energético seguro, sostenible y competitivo ocupa un lugar prioritario en la agenda política europea y española. Compartimos unos retos comunes con los países de nuestro entorno que tienen su origen en la necesidad de suministrar de forma eficiente y segura una demanda energética creciente en un escenario de precios al alza, derivados de la evolución de las materias primas y de las restricciones ambientales, que impactan en la competitividad de todos los sectores productivos. Pero, además, confluyen en nuestro país factores diferenciales agravantes; unos de carácter estructural, como la elevada dependencia energética del exterior y el escaso nivel de interconexiones eléctricas y gasistas existente; otros, derivados de decisiones estrictamente administrativas que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes, poco maduras y no siempre respetuosas con el medio ambiente.
Como consecuencia de estas decisiones han crecido exponencialmente las primas a las energías renovables y la cogeneración (el llamado régimen especial) que han elevado significativamente los costes eléctricos. Este aspecto, unido al mantenimiento de las tarifas de suministro oficiales sin reconocimiento de dichos incrementos de costes, ha generado un déficit de tarifa que es equivalente ya al 2% del PIB de nuestro país y que, por contar con el aval del Estado en su titulización, puede afectar directamente a la consideración de la deuda pública.
La necesidad acuciante de abordar los retos energéticos pendientes se produce, además, en un escenario de crisis económica sin precedentes, a cuya solución puede contribuir decisivamente el sector dado su carácter dinamizador del desarrollo económico, industrial y social. Se trata de un sector que invierte en España alrededor de 15.000 millones de euros anuales, destinados al desarrollo de infraestructuras determinantes para la competitividad del país y sin recurrir a los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, y da empleo directo e indirecto a 400.000 personas. Además, realiza compras anuales por valor de 40.000 millones de euros a fabricantes y suministradores, con el consiguiente efecto tractor para el conjunto del tejido industrial.
Es urgente diseñar una estrategia para el sector clara y estable, que haga de la política energética una cuestión de Estado y en la que trabajen de forma conjunta todas las fuerzas políticas, para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad al sector. Además, es fundamental establecer un marco jurídico y regulatorio predecible, que dé certidumbre a las inversiones energéticas y confianza para acometer nuevos proyectos.
Para llevar a cabo los cambios necesarios es esencial que se realice una planificación completa y detallada, que dote de visión de largo plazo y que permita adoptar decisiones sobre las distintas opciones que se plantean.
Esta planificación debe ser la base de un nuevo modelo energético que, a mi juicio, debe tener cinco objetivos principales: en primer lugar, la garantía de suministro, con el fin de asegurar la cobertura de la demanda; en segundo lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según los compromisos de nuestro país en materia de cambio climático; el tercer objetivo es la eficiencia económica, tanto en inversión como en costes, que mejore la competitividad de la economía; el cuarto, la reducción de la dependencia exterior, disminuyendo la vulnerabilidad en términos de riesgos de precio y geopolíticos; y finalmente, garantizar la contribución al crecimiento de la economía española, ya que el modelo energético puede y debe tener un impacto positivo sobre la balanza comercial, así como sobre el desarrollo industrial y la creación de empleo.
El balance eléctrico para 2020 se realizaría partiendo de una demanda nacional estimada en 300 TWh en 2020 (en lugar de los 350 TWh previstos en el PER 2011-2020), con una potencia punta de 55.000 megavatios y un índice de cobertura del 1,1, valor comúnmente aceptado como límite para garantizar la cobertura de la demanda. Además, tendría que cumplirse estrictamente el objetivo de renovables planteado por la Unión Europea para España, cifrado en el 20% sobre el consumo final, en lugar del 20,8% propuesto en el mencionado plan energético oficial, lo que implicaría rebajar la producción renovable de 146 TWh a 126 TWh, priorizando aquellas tecnologías más eficientes en función de su coste de producción e inversión.
El mix de producción resultante sería equilibrado, con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa. Las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos de nueva capacidad ascenderían a 36.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que la cifra prevista en la planificación oficial.
Esta estructura de producción tendría un triple efecto positivo en términos de sostenibilidad ambiental (20% menos de emisiones con respecto al PER); menores costes de suministro (20% inferiores) y menores necesidades de inversión (-20%), un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros y del que se podrían beneficiar otros sectores de nuestra economía.
A este notable incremento de eficiencia en el suministro de energía, habría que añadir los beneficios derivados del hecho de que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional. Ello permitiría el mantenimiento o la creación de cientos de miles de puestos de trabajo estables.
Además, sería necesario destinar más de 19.000 millones de euros a las redes de distribución, tanto para llevar a cabo las inversiones recurrentes como para desarrollar las llamadas redes inteligentes, y cerca de 11.000 millones de euros para las redes de transporte de electricidad, las interconexiones con nuestros vecinos y la evacuación de la energía de las nuevas centrales renovables que se construyan.
Esta propuesta de planificación debe ir acompañada de algunas reflexiones y, en su caso, decisiones regulatorias, dado que, a día de hoy, más de la mitad de los costes incluidos en la factura eléctrica no están relacionados con el suministro de electricidad, sino con decisiones políticas tales como el suministro eléctrico a las islas, la financiación de los déficit de años anteriores, los costes sociales de la minería del carbón o la tarifa social, además de un sinfín de tasas e impuestos de ámbito local, autonómico o estatal.
En definitiva, las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito energético deben ser abordadas desde una visión de Estado que vele por la solidez y la estabilidad del modelo, sin el dictado cortoplacista de las coyunturas económicas y políticas. Como recientemente decía el también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de la perspectiva con la que los gobiernos deberían afrontar la crisis: «el político no puede decidir pensando en las próximas elecciones. Tiene que pensar en las próximas generaciones».
El diseño de un modelo energético seguro, sostenible y competitivo ocupa un lugar prioritario en la agenda política europea y española. Compartimos unos retos comunes con los países de nuestro entorno que tienen su origen en la necesidad de suministrar de forma eficiente y segura una demanda energética creciente en un escenario de precios al alza, derivados de la evolución de las materias primas y de las restricciones ambientales, que impactan en la competitividad de todos los sectores productivos. Pero, además, confluyen en nuestro país factores diferenciales agravantes; unos de carácter estructural, como la elevada dependencia energética del exterior y el escaso nivel de interconexiones eléctricas y gasistas existente; otros, derivados de decisiones estrictamente administrativas que han fomentado la producción con tecnologías poco eficientes, poco maduras y no siempre respetuosas con el medio ambiente.
Como consecuencia de estas decisiones han crecido exponencialmente las primas a las energías renovables y la cogeneración (el llamado régimen especial) que han elevado significativamente los costes eléctricos. Este aspecto, unido al mantenimiento de las tarifas de suministro oficiales sin reconocimiento de dichos incrementos de costes, ha generado un déficit de tarifa que es equivalente ya al 2% del PIB de nuestro país y que, por contar con el aval del Estado en su titulización, puede afectar directamente a la consideración de la deuda pública.
La necesidad acuciante de abordar los retos energéticos pendientes se produce, además, en un escenario de crisis económica sin precedentes, a cuya solución puede contribuir decisivamente el sector dado su carácter dinamizador del desarrollo económico, industrial y social. Se trata de un sector que invierte en España alrededor de 15.000 millones de euros anuales, destinados al desarrollo de infraestructuras determinantes para la competitividad del país y sin recurrir a los fondos de los Presupuestos Generales del Estado, y da empleo directo e indirecto a 400.000 personas. Además, realiza compras anuales por valor de 40.000 millones de euros a fabricantes y suministradores, con el consiguiente efecto tractor para el conjunto del tejido industrial.
Es urgente diseñar una estrategia para el sector clara y estable, que haga de la política energética una cuestión de Estado y en la que trabajen de forma conjunta todas las fuerzas políticas, para alcanzar un consenso que transmita estabilidad y seguridad al sector. Además, es fundamental establecer un marco jurídico y regulatorio predecible, que dé certidumbre a las inversiones energéticas y confianza para acometer nuevos proyectos.
Para llevar a cabo los cambios necesarios es esencial que se realice una planificación completa y detallada, que dote de visión de largo plazo y que permita adoptar decisiones sobre las distintas opciones que se plantean.
Esta planificación debe ser la base de un nuevo modelo energético que, a mi juicio, debe tener cinco objetivos principales: en primer lugar, la garantía de suministro, con el fin de asegurar la cobertura de la demanda; en segundo lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según los compromisos de nuestro país en materia de cambio climático; el tercer objetivo es la eficiencia económica, tanto en inversión como en costes, que mejore la competitividad de la economía; el cuarto, la reducción de la dependencia exterior, disminuyendo la vulnerabilidad en términos de riesgos de precio y geopolíticos; y finalmente, garantizar la contribución al crecimiento de la economía española, ya que el modelo energético puede y debe tener un impacto positivo sobre la balanza comercial, así como sobre el desarrollo industrial y la creación de empleo.
El balance eléctrico para 2020 se realizaría partiendo de una demanda nacional estimada en 300 TWh en 2020 (en lugar de los 350 TWh previstos en el PER 2011-2020), con una potencia punta de 55.000 megavatios y un índice de cobertura del 1,1, valor comúnmente aceptado como límite para garantizar la cobertura de la demanda. Además, tendría que cumplirse estrictamente el objetivo de renovables planteado por la Unión Europea para España, cifrado en el 20% sobre el consumo final, en lugar del 20,8% propuesto en el mencionado plan energético oficial, lo que implicaría rebajar la producción renovable de 146 TWh a 126 TWh, priorizando aquellas tecnologías más eficientes en función de su coste de producción e inversión.
El mix de producción resultante sería equilibrado, con una contribución similar de las tecnologías térmica (24%), eólica (21%) y nuclear (18%), y una aportación del 12% de la hidroeléctrica y del 5% de la solar, quedando el 20% restante cubierto básicamente por cogeneración y biomasa. Las inversiones necesarias para alcanzar esos objetivos de nueva capacidad ascenderían a 36.000 millones de euros, es decir, 20.000 millones menos que la cifra prevista en la planificación oficial.
Esta estructura de producción tendría un triple efecto positivo en términos de sostenibilidad ambiental (20% menos de emisiones con respecto al PER); menores costes de suministro (20% inferiores) y menores necesidades de inversión (-20%), un factor especialmente importante en estos momentos de escasez de recursos financieros y del que se podrían beneficiar otros sectores de nuestra economía.
A este notable incremento de eficiencia en el suministro de energía, habría que añadir los beneficios derivados del hecho de que la mayor parte del esfuerzo inversor se destinaría a industrias españolas, al apostar por tecnologías con un fuerte componente de contribución nacional. Ello permitiría el mantenimiento o la creación de cientos de miles de puestos de trabajo estables.
Además, sería necesario destinar más de 19.000 millones de euros a las redes de distribución, tanto para llevar a cabo las inversiones recurrentes como para desarrollar las llamadas redes inteligentes, y cerca de 11.000 millones de euros para las redes de transporte de electricidad, las interconexiones con nuestros vecinos y la evacuación de la energía de las nuevas centrales renovables que se construyan.
Esta propuesta de planificación debe ir acompañada de algunas reflexiones y, en su caso, decisiones regulatorias, dado que, a día de hoy, más de la mitad de los costes incluidos en la factura eléctrica no están relacionados con el suministro de electricidad, sino con decisiones políticas tales como el suministro eléctrico a las islas, la financiación de los déficit de años anteriores, los costes sociales de la minería del carbón o la tarifa social, además de un sinfín de tasas e impuestos de ámbito local, autonómico o estatal.
En definitiva, las reformas estructurales que necesita nuestro país en el ámbito energético deben ser abordadas desde una visión de Estado que vele por la solidez y la estabilidad del modelo, sin el dictado cortoplacista de las coyunturas económicas y políticas. Como recientemente decía el también Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, Luiz Inácio Lula da Silva, a propósito de la perspectiva con la que los gobiernos deberían afrontar la crisis: «el político no puede decidir pensando en las próximas elecciones. Tiene que pensar en las próximas generaciones».
El pánico ha pasado
Un artículo importante. Contra estas ideas FON (siglas del consenso Jarvis, Shirky y otros vainas sobre la organización de las noticias):
«Si uno buscara maneras de minar a los periodistas en su trabajo, las ideas FON [Future of the News] serían un buen lugar para empezar:
• Recordarles, siempre que sea posible, que lo que hacen no es nada especial y que es básicamente una mercancía.
• Requerirles que dediquen una parte de su jornada laboral a promocionarse a sí mismos, a elaborar su marca y a resolver su modelo de negocio.
• Requerirles que se mantengan en contacto contigo constantemente a través de Twitter y FB en vez de estar haciendo reportajes y escribiendo.
• Enterrar o tirar a la basura prematuramente las organizaciones de prensa institucionales.
• Promover una vaga fe en el voluntarismo.
• Definir la escritura de largo formato como una afectación e incluso como una forma de opresión; así nadie tendrá jamás tiempo de presentar las pruebas obtenidas durante el extenso reportaje. Ideal para delincuentes, también.»
Entrevista a Ginés Morata.
Por Arcadi Espada.
Ginés Morata, en su estrecho cubículo del Centro de Biología Molecular. Moscas por un tubo. El ambiente está perfectamente descrito en Tiempo, amor, memoria, de Weiner.
Pregunta. ¿Cree que el diseño del hombre le permitirá comprender las leyes del universo?
Respuesta. El hombre es la única especie de todas las que existen, de los cincuenta millones de especies que existen...
P. ¿Tantas?
R. Sí, los especialistas en biodiversidad hablan de hasta cincuenta millones... Pues bien, entre todas ellas el hombre es la única que se interroga sobre sí misma, sobre el lugar dónde vive, sobre su origen y su futuro. En el desarrollo de la especie humana hay una clave: hace cincuenta mil o cien mil años el hombre logró tiempo para pensar. No es lo común entre las especies. Las especies dedican todo su tiempo a sobrevivir y propagarse. Watson, el co-descubridor de la estructura del ADN, decía que para hacer observaciones significativas uno tenía que estar algo subempleado. Es decir, que el pensamiento creativo requiere liberarse de las ataduras de las necesidades inmediatas. Esto fue, seguramente, lo que le sucedió a nuestra especie, o al menos a algunos individuos singulares. El tiempo libre representó el comienzo de la cultura.
P. El tener tiempo libre y cerebro para poder tomárselo.
R. Claro, claro. La capacidad humana para controlar el medio vino determinada por tener un cerebro especial que, si bien se originó como el de todos los animales, acabó desarrollando unas propiedades especiales. El hombre en su origen es igual que el resto de las especies. Pero ha desarrollado una capacidad intelectual singular.
P. No sabemos por qué.
R. Pues no, realmente no lo sabemos. En el aspecto intelectual somos cualitativamente muy diferentes de otras especies, a pesar de que en algunas especies se pueden reconocer características de la especie humana como la solidaridad, o la capacidad de aprendizaje, perceptibles en determinados monos. Cómo han surgido estas propiedades de nuestro cerebro pues francamente no se sabe. El cerebro es el gran enigma de la biología. Ahora empezamos a saber cómo se conectan unas neuronas con otras o muchos otros aspectos de la anatomía y de los diversos compartimentos funcionales del cerebro. Pero cuál es el diseño molecular de las altas funciones del cerebro humano: la creatividad, la compasión, la solidaridad, la capacidad de percibir una obra de arte, cómo se implementan químicamente estas funciones en las células... Queda mucho por saber. El problema fundamental de los estudios del cerebro es que aún no se han desarrollado los conceptos adecuados para hacer las preguntas significativas. Esta es mi opinión. Yo he sido muy aficionado a la ciencia-ficción. Recuerdo un libro en que dos exploradores del confín celeste se encontraban con las huellas de una civilización desaparecida que había logrado descifrar todas las claves del Universo y había almacenado toda la información en un enorme ordenador. Ante las preguntas de los exploradores sobre el origen y evolución del Universo, sistemáticamente el ordenador contestaba que, en los términos planteados, la pregunta no era adecuada.
P. Es un problema filosófico algo antiguo, desde luego.
R. Claro, claro. Cuando uno da con la pregunta adecuada ya tiene parte de la respuesta. Ahora bien, volviendo a la pregunta que usted me hacía, si el hombre está preparado para comprender el Universo...
P. Sí, en el mismo sentido en que el gusano no está preparado para tener conciencia de sí.
R. Como es natural, yo no lo sé. Algunas de las leyes del Universo se conocen. Yo no sé si algún día el hombre podrá determinar que el Universo es finito o infinito, si hubo un comienzo, si habrá un final. No sabría dar una respuesta bien fundamentada a eso. Ahora yo le puedo decir que la biología es diferente. La biología es una ciencia local del planeta Tierra. Aquí hace unos 2.000 millones de años apareció un sistema de moléculas autorreplicantes que es lo que ha dado origen a todos nosotros. Seguramente si este tipo de fenómeno apareciera en otro sitio del Universo sus propiedades moleculares serían muy diferentes de las de la vida terrestre; no estaría basado en la química del carbono, ni en el ADN, etcétera. Serían unos seres vivos radicalmente diferentes.
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Energía nuclear contra energías renovables
Por Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear.
Antes de ayer, la central nuclear valenciana de Cofrentes tuvo que reducir su potencia hasta un 80% debido a la detección de una temperatura anormalmente alta en el edificio de turbinas. Sucedió que una pequeña tubería de vapor en la zona de la turbina se había roto y la liberación de vapor caliente había hecho aumentar la temperatura. Tal y como manda el protocolo, la central nuclear notificó inmediatamente al Consejo de Seguridad Nuclear el suceso acontecido y, tras investigarlo, el CSN dictaminó que se trataba de un suceso Nivel 0 en la escala INES de eventos nucleares. Es decir, el evento más bajo en la escala y que no supone riesgo alguno ni para las personas ni el medioambiente. Muchas veces se pierde la perspectiva de que en una central nuclear, al igual que en cualquier otra instalación industrial, tienen lugar acontecimientos que influyen en el normal funcionamiento de la misma pero que no suponen ningún tipo de riesgo. Todo lo que sucede en una central nuclear no es un accidente nuclear, por mucho que algunos intenten que así lo parezca.
Obviamente, el suceso ha ocupado las portadas digitales de todos los grandes medios nacionales. ¿Por qué? Por lo de siempre. ¿Pasó algo? No, pero eso a quién le importa. ¿Aparece la palabra nuclear en la noticia? Sí, pues adelante con ella, que vende y asusta. Por supuesto, los miedólogos suelen hacer de estos sucesos su leitmotiv puesto que es a lo único a lo que se pueden agarrar. Y en esta ocasión no iba a ser menos. Después de despotricar acerca de lo insegura y peligrosísima que es la energía nuclear, lo enormemente que afecta a la salud de las personas y la obvia tara mental que debemos sufrir aquellos que la defendemos, ahora nos sorprenden con un nuevo argumento. Resulta que ahora las nucleares deben ser cerradas porque impiden el pleno desarrollo de las energías renovables. Y tan anchos, sin despeinarse.
Pongamos al lector en antecedentes. La legislación actual ha convertido el sistema eléctrico en una zona recreativa de bares de copas. Hay unos cuantos bares que compiten entre sí por poner las copas más baratas mientras que hay otros que abren sólo un par de días a la semana. Ahora bien, cuando éstos deciden abrir, la Ley obliga al resto de bares a cerrar para que los consumidores únicamente puedan beber las copas que ellos ponen y encima a un precio prefijado que es siempre mayor al de los otros bares que compiten entre sí. La legislación les da a las energías renovables todas las ventajas del mundo. Cuando hay sol o sopla el viento, las tecnologías convencionales deben ser apagadas para que las renovables puedan vender toda su producción. Pero no porque sean competitivas y puedan ofertar un buen precio, sino porque existe una Ley que nos obliga a comprarles toda su electricidad y además, se la pagamos subvencionada a precios muy superiores a los del mercado.
Es muy importante el concepto de la subvención. Cuando la demanda eléctrica es lo suficientemente baja, debido a las características del mercado, las centrales nucleares regalan su producción, es gratis su electricidad. Cada MWh de molinos, en cambio, se paga a más de 70 € debido a las subvenciones. Y pretenden, ahora, que si hay un exceso de energía eólica apaguemos también las centrales nucleares que producen gratis para entrar ellos a poner el cazo de las subvenciones y que a todos nos cueste más la electricidad. ¿En qué cabeza cabe? Pero el problema es aún peor porque, por razones técnicas, los molinos funcionan únicamente unas 2.000 horas al año, las otras 6.000 horas son sustituidos por centrales de gas. Y ahora el ecologismo pide que se eliminen las nucleares que funcionan 8.000 horas al año sin emitir CO2 puesto que hay unas poquitas horas al año en las que hay que desconectar molinos porque sobran. A ver si nos caemos del guindo: si quitamos las nucleares no van a funcionar más tiempo los molinos, va a aumentar enormemente la producción con gas, el precio de la electricidad y las emisiones. Miren a Alemania y dense un baño de realidad. El ecologismo pidiendo contaminar más ¿alguien entiende algo?
La nuclear es la energía más fiable, estable y capaz de asegurar el suministro. Como muestra un botón. Hace unos días el reactor 2 de la central nuclear de Ascó paró para recargar combustible. Antes de la parada se batió el record de operación de la central, con 500 días consecutivos acoplada a la red eléctrica. El factor de carga durante esos 500 días fue del 97,3%. Es decir, estuvo produciendo electricidad a plena potencia durante 11.676 horas de las 12.000 posibles. En el 2010, la energía solar de toda España funcionó, en media, 1.600 horas y la eólica 2.200. ¡Y piden que cerremos las centrales que funcionan siempre más de 8.000 horas! Inviertan en I+D, mejoren la tecnología, mejoren sus factores de carga, mejoren sus cifras y, mientras tanto, dejen de pedir que tiremos el dinero, que el país no está para tonterías.
Antes de ayer, la central nuclear valenciana de Cofrentes tuvo que reducir su potencia hasta un 80% debido a la detección de una temperatura anormalmente alta en el edificio de turbinas. Sucedió que una pequeña tubería de vapor en la zona de la turbina se había roto y la liberación de vapor caliente había hecho aumentar la temperatura. Tal y como manda el protocolo, la central nuclear notificó inmediatamente al Consejo de Seguridad Nuclear el suceso acontecido y, tras investigarlo, el CSN dictaminó que se trataba de un suceso Nivel 0 en la escala INES de eventos nucleares. Es decir, el evento más bajo en la escala y que no supone riesgo alguno ni para las personas ni el medioambiente. Muchas veces se pierde la perspectiva de que en una central nuclear, al igual que en cualquier otra instalación industrial, tienen lugar acontecimientos que influyen en el normal funcionamiento de la misma pero que no suponen ningún tipo de riesgo. Todo lo que sucede en una central nuclear no es un accidente nuclear, por mucho que algunos intenten que así lo parezca.
Obviamente, el suceso ha ocupado las portadas digitales de todos los grandes medios nacionales. ¿Por qué? Por lo de siempre. ¿Pasó algo? No, pero eso a quién le importa. ¿Aparece la palabra nuclear en la noticia? Sí, pues adelante con ella, que vende y asusta. Por supuesto, los miedólogos suelen hacer de estos sucesos su leitmotiv puesto que es a lo único a lo que se pueden agarrar. Y en esta ocasión no iba a ser menos. Después de despotricar acerca de lo insegura y peligrosísima que es la energía nuclear, lo enormemente que afecta a la salud de las personas y la obvia tara mental que debemos sufrir aquellos que la defendemos, ahora nos sorprenden con un nuevo argumento. Resulta que ahora las nucleares deben ser cerradas porque impiden el pleno desarrollo de las energías renovables. Y tan anchos, sin despeinarse.
Pongamos al lector en antecedentes. La legislación actual ha convertido el sistema eléctrico en una zona recreativa de bares de copas. Hay unos cuantos bares que compiten entre sí por poner las copas más baratas mientras que hay otros que abren sólo un par de días a la semana. Ahora bien, cuando éstos deciden abrir, la Ley obliga al resto de bares a cerrar para que los consumidores únicamente puedan beber las copas que ellos ponen y encima a un precio prefijado que es siempre mayor al de los otros bares que compiten entre sí. La legislación les da a las energías renovables todas las ventajas del mundo. Cuando hay sol o sopla el viento, las tecnologías convencionales deben ser apagadas para que las renovables puedan vender toda su producción. Pero no porque sean competitivas y puedan ofertar un buen precio, sino porque existe una Ley que nos obliga a comprarles toda su electricidad y además, se la pagamos subvencionada a precios muy superiores a los del mercado.
Es muy importante el concepto de la subvención. Cuando la demanda eléctrica es lo suficientemente baja, debido a las características del mercado, las centrales nucleares regalan su producción, es gratis su electricidad. Cada MWh de molinos, en cambio, se paga a más de 70 € debido a las subvenciones. Y pretenden, ahora, que si hay un exceso de energía eólica apaguemos también las centrales nucleares que producen gratis para entrar ellos a poner el cazo de las subvenciones y que a todos nos cueste más la electricidad. ¿En qué cabeza cabe? Pero el problema es aún peor porque, por razones técnicas, los molinos funcionan únicamente unas 2.000 horas al año, las otras 6.000 horas son sustituidos por centrales de gas. Y ahora el ecologismo pide que se eliminen las nucleares que funcionan 8.000 horas al año sin emitir CO2 puesto que hay unas poquitas horas al año en las que hay que desconectar molinos porque sobran. A ver si nos caemos del guindo: si quitamos las nucleares no van a funcionar más tiempo los molinos, va a aumentar enormemente la producción con gas, el precio de la electricidad y las emisiones. Miren a Alemania y dense un baño de realidad. El ecologismo pidiendo contaminar más ¿alguien entiende algo?
La nuclear es la energía más fiable, estable y capaz de asegurar el suministro. Como muestra un botón. Hace unos días el reactor 2 de la central nuclear de Ascó paró para recargar combustible. Antes de la parada se batió el record de operación de la central, con 500 días consecutivos acoplada a la red eléctrica. El factor de carga durante esos 500 días fue del 97,3%. Es decir, estuvo produciendo electricidad a plena potencia durante 11.676 horas de las 12.000 posibles. En el 2010, la energía solar de toda España funcionó, en media, 1.600 horas y la eólica 2.200. ¡Y piden que cerremos las centrales que funcionan siempre más de 8.000 horas! Inviertan en I+D, mejoren la tecnología, mejoren sus factores de carga, mejoren sus cifras y, mientras tanto, dejen de pedir que tiremos el dinero, que el país no está para tonterías.
Para sanidad obligatoria, ya tenemos la pública. Juan Ramón Rallo
Así pues, si no parece que la propuesta del conseller catalán sea la más recomendable, ¿cuál sería la vía para reducir el gasto sanitario que en unos años se espera que duplique al actual? Pues, por un lado, dejar de socializar, vía impuestos, el enorme coste de la sanidad pública y repartirlo entre sus usuarios a través del copago: parece razonable que el beneficiario de los servicios sanitarios comparta parte del coste de su tratamiento en lugar de redistribuirlo entre millones de contribuyentes. Mas que la izquierda no se asuste: el copago no es incompatible con la progresividad, pues puede ligarse al nivel de renta.
Por otro, en lugar de convertir el seguro sanitario privado en obligatorio, convirtámoslo en voluntario pero permitiendo la desgravación fiscal de su coste. Si el Estado se ahorra dinero por el hecho de que la gente acuda a la sanidad privada –descongestionando los servicios públicos y reduciendo las necesidades de personal y de inversión per cápita–, no castiguemos a quienes optarían por la privada obligándoles a pagar dos sistemas sanitarios cuando sólo piensan utilizar uno.
Una deducción del 100% sobre los gastos en sanidad privada unido al establecimiento del copago en los centros públicos llevaría de manera natural a la mayor parte de la población, y sin necesidad de volverles clientes cautivos de la industria, a optar por la sanidad privada en sus distintas modalidades, descargando así al ineficiente sistema público de tratar a millones de personas.
Y, cuidado, que los socialistas demagogos a lo Tomás Gómez no confundan al personal: establecer el copago en la sanidad pública y permitir la deducción de los gastos en la privada no significa que los usuarios de la primera estén subvencionando a los de la segunda; unos no pagan más para que otros puedan pagar menos. El copago en el sistema público es una forma de acercar sus costes reales a lo que sus usuarios pagan indirecta (vía impuestos) y directamente (copago); un coste que hoy no está cubierto y que va generando un pesadísimo déficit sanitario anual. La deducción en el sistema privado, por su parte, es, primero, una forma de que el que sólo utiliza la sanidad privada no pague también la totalidad de la pública y, segundo, de que parte de los usuarios de la pública acudan a la privada para ahorrarle esos costes al Estado.
Casey Baugh (1984)
Red Scarf
Auburn
Red Rug
Yellow
Juxtapose
Allure
Blue Scarf
title unknown
Turquoise
title unknown
Shades Of Yellow
Nonchalant
Rapture
Composing
Fuentes: American Gallery y caseybaughfineart
To Understand China, Look Behind Its Laws
By Norm Page, a partner and the chairman of the China practice at the law firm of Davis Wright Tremaine (THE NEW YORK TIMES, 01/12/11):
Whenever a Western official criticizes China for its record on human rights, the reply comes back that China is a sovereign country and doesn’t respond to such finger-pointing. And that is bound to continue for a long time. There are real differences between different countries’ interests and values that cannot be wished away.
But there are also many areas where China and the United States face similar social problems and share fundamental interests. In grappling with those similar problems, each country’s laws are developing along paths that, although different in some ways, are strikingly similar in others. It is in those areas that the West can certainly begin a dialogue with China that includes political reform and human rights, and builds a common language for such discussions that does not seek to assign blame to either side.
Without a firm understanding of each society’s culture and history, discussions of fundamental rights tend to slide toward harsh and automatic conclusions on each side. But when we talk honestly about fundamental concepts like property, punishment of crime and ethnic diversity — in light of their cultural and historical context — the differences can at least be seen to have their own internal logic.
Respecting that logic, we can then begin to talk about how rights under the law might be applied differently.
We also need to remember that good laws in any society don’t just lay down rules. They strike a balance among competing interests — among individuals, and between individuals and their society. So of course there will be differences from one society to another.
I’ve become acutely aware of this while living in Shanghai for the past four years, practicing law in an American firm and teaching at two Chinese law schools, where an introduction to American law is a required course. My Chinese students include Shanghai natives, but most are from small towns and villages throughout eastern China. There are also Americans in their 20s, living here until more job opportunities open up back home. Each group’s members want to know what their counterparts from the other country are thinking, and so the questions of what concepts they share and where they differ come up often.
In the spring semester, I asked my students to choose from a list of several United States Supreme Court cases covering different fundamental rights — including free speech, free exercise of religion, abortion rights and the right to counsel in criminal cases — and offer comment. The ones below were the most popular. Judge for yourself whether finger-pointing and lecturing the Chinese would have been the right response to Chinese attitudes.
Kelo v. City of New London (2005)
This is a classic case of balancing private property rights and the public good. The city of New London, Conn., having lost traditional industries, needed economic development to reverse urban decay. But could private companies get rich in the process?
The Supreme Court found that economic development under the city’s plan would not violate the Fifth Amendment (which prohibits the taking of private property for public use “without just compensation”) solely because there was some private gain. My Chinese students, however, would have added another consideration: such private gain and fair compensation would have to be shown to be free from corruption.
Why was that so important? Why could fairness not be taken for granted? It’s because hundreds of millions of Chinese are moving from the countryside to the city, and local governments often take rural property to create vast expanses of new urban housing. But many relocated homeowners feel abused, and private developers often get rich in the process.
In both American and Chinese law, “just compensation” is required when the government takes property for a public purpose. But under American law, this is fairly straightforward, because the fair-market value of land is relatively easy to determine. In China, by contrast, there was until recently no market at all, and government officials exercise wide discretion and can have inordinate power — one reason that anger at corrupt government officials has become an organizing principle for common people, and now is a consideration in the way law students think about basic fairness.
Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 (2007)
Can a city school board use race or ethnic identity as a factor in school admittance? I tell my students that if they want to understand modern American society, they should study both the evolving idea of equal protection and the history behind it: slavery, the Civil War, Jim Crow, the 14th Amendment and Brown v. Board of Education. But the concept continues to evolve, as is shown by this case; in it, the Supreme Court, while recognizing that school districts have a compelling interest in diversity, ruled against school district plans that used race as a factor in assigning students to public schools.
China, too, has questions about how to treat its citizens equally, but those issues have different roots. In China, the Han make up about 92 percent of the total population; other large ethnic groups include Zhuang, Manchu, Mongol, Hui, Uighur, Miao and Tibetan, and there are dozens more. The government has been trying to increase the university enrollment of ethnic minority groups, and several of my students have told me that extra points are added to minority students’ test scores on the all-important college-entrance exam — a policy that many Han Chinese resent.
Conflict among these ethnic groups goes back centuries; it was the Manchus who led China’s last dynasty, from 1644 until the revolution that ended imperial rule in 1911. Just as young Chinese cannot fully understand equal protection in the United States without studying the history of slavery and Jim Crow, so my young American students have learned that they need to study the historic interaction of these ethnic groups before advising — or criticizing — the Chinese on their ethnic policies.
Stanford v. Kentucky (1989 ) and Roper v. Simmons (2005)
Can the death penalty be imposed on a defendant who committed murder as a juvenile? In a 1989 case in Kentucky, the Supreme Court held that executing a juvenile offender did not violate “common standards of decency,” or the cruel and unusual punishments clause of the Eighth Amendment. But it reversed this decision in 2005, finding that the standards had evolved to a point at which such executions were unconstitutional. My students were especially interested in the idea that “evolving standards of decency” applied to the death penalty — a punishment that has come under increasing scrutiny around the world since World War II.
China retains the death penalty but is reconsidering the offenses to which it can apply, and there is considerable debate in the Chinese blogosphere about that. In fact, during the years between Stanford and Roper, China rejected the death penalty for juvenile offenders — a fact that the Roper court noted.
The Chinese Constitution does not expressly forbid cruel and unusual punishment, as the American Constitution does. But the degree of moral culpability required for the death penalty is very much part of the debate here, and my students were surprised (and pleased) to learn that China had been ahead of the United States in abolishing any aspect of capital punishment.
On the other hand, another aspect of this debate — applying the death penalty for economic crimes like bribery and embezzlement — often evokes shock among Americans, while many Chinese consider it just another example of how seriously they take the danger of official corruption.
The underlying lesson? By different historical pathways, China and the United States find themselves struggling with many of the same issues.
And those issues deserve a discussion, not a lecture by one side to the other. My students are very respectful of America’s constitutional system, but also deeply proud of their own country and its rise in the world. They are prepared to find deep meaning — and understanding of us — in studying why their laws often read differently from ours. We should be ready to do the same with them before we criticize.
Whenever a Western official criticizes China for its record on human rights, the reply comes back that China is a sovereign country and doesn’t respond to such finger-pointing. And that is bound to continue for a long time. There are real differences between different countries’ interests and values that cannot be wished away.
But there are also many areas where China and the United States face similar social problems and share fundamental interests. In grappling with those similar problems, each country’s laws are developing along paths that, although different in some ways, are strikingly similar in others. It is in those areas that the West can certainly begin a dialogue with China that includes political reform and human rights, and builds a common language for such discussions that does not seek to assign blame to either side.
Without a firm understanding of each society’s culture and history, discussions of fundamental rights tend to slide toward harsh and automatic conclusions on each side. But when we talk honestly about fundamental concepts like property, punishment of crime and ethnic diversity — in light of their cultural and historical context — the differences can at least be seen to have their own internal logic.
Respecting that logic, we can then begin to talk about how rights under the law might be applied differently.
We also need to remember that good laws in any society don’t just lay down rules. They strike a balance among competing interests — among individuals, and between individuals and their society. So of course there will be differences from one society to another.
I’ve become acutely aware of this while living in Shanghai for the past four years, practicing law in an American firm and teaching at two Chinese law schools, where an introduction to American law is a required course. My Chinese students include Shanghai natives, but most are from small towns and villages throughout eastern China. There are also Americans in their 20s, living here until more job opportunities open up back home. Each group’s members want to know what their counterparts from the other country are thinking, and so the questions of what concepts they share and where they differ come up often.
In the spring semester, I asked my students to choose from a list of several United States Supreme Court cases covering different fundamental rights — including free speech, free exercise of religion, abortion rights and the right to counsel in criminal cases — and offer comment. The ones below were the most popular. Judge for yourself whether finger-pointing and lecturing the Chinese would have been the right response to Chinese attitudes.
Kelo v. City of New London (2005)
This is a classic case of balancing private property rights and the public good. The city of New London, Conn., having lost traditional industries, needed economic development to reverse urban decay. But could private companies get rich in the process?
The Supreme Court found that economic development under the city’s plan would not violate the Fifth Amendment (which prohibits the taking of private property for public use “without just compensation”) solely because there was some private gain. My Chinese students, however, would have added another consideration: such private gain and fair compensation would have to be shown to be free from corruption.
Why was that so important? Why could fairness not be taken for granted? It’s because hundreds of millions of Chinese are moving from the countryside to the city, and local governments often take rural property to create vast expanses of new urban housing. But many relocated homeowners feel abused, and private developers often get rich in the process.
In both American and Chinese law, “just compensation” is required when the government takes property for a public purpose. But under American law, this is fairly straightforward, because the fair-market value of land is relatively easy to determine. In China, by contrast, there was until recently no market at all, and government officials exercise wide discretion and can have inordinate power — one reason that anger at corrupt government officials has become an organizing principle for common people, and now is a consideration in the way law students think about basic fairness.
Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1 (2007)
Can a city school board use race or ethnic identity as a factor in school admittance? I tell my students that if they want to understand modern American society, they should study both the evolving idea of equal protection and the history behind it: slavery, the Civil War, Jim Crow, the 14th Amendment and Brown v. Board of Education. But the concept continues to evolve, as is shown by this case; in it, the Supreme Court, while recognizing that school districts have a compelling interest in diversity, ruled against school district plans that used race as a factor in assigning students to public schools.
China, too, has questions about how to treat its citizens equally, but those issues have different roots. In China, the Han make up about 92 percent of the total population; other large ethnic groups include Zhuang, Manchu, Mongol, Hui, Uighur, Miao and Tibetan, and there are dozens more. The government has been trying to increase the university enrollment of ethnic minority groups, and several of my students have told me that extra points are added to minority students’ test scores on the all-important college-entrance exam — a policy that many Han Chinese resent.
Conflict among these ethnic groups goes back centuries; it was the Manchus who led China’s last dynasty, from 1644 until the revolution that ended imperial rule in 1911. Just as young Chinese cannot fully understand equal protection in the United States without studying the history of slavery and Jim Crow, so my young American students have learned that they need to study the historic interaction of these ethnic groups before advising — or criticizing — the Chinese on their ethnic policies.
Stanford v. Kentucky (1989 ) and Roper v. Simmons (2005)
Can the death penalty be imposed on a defendant who committed murder as a juvenile? In a 1989 case in Kentucky, the Supreme Court held that executing a juvenile offender did not violate “common standards of decency,” or the cruel and unusual punishments clause of the Eighth Amendment. But it reversed this decision in 2005, finding that the standards had evolved to a point at which such executions were unconstitutional. My students were especially interested in the idea that “evolving standards of decency” applied to the death penalty — a punishment that has come under increasing scrutiny around the world since World War II.
China retains the death penalty but is reconsidering the offenses to which it can apply, and there is considerable debate in the Chinese blogosphere about that. In fact, during the years between Stanford and Roper, China rejected the death penalty for juvenile offenders — a fact that the Roper court noted.
The Chinese Constitution does not expressly forbid cruel and unusual punishment, as the American Constitution does. But the degree of moral culpability required for the death penalty is very much part of the debate here, and my students were surprised (and pleased) to learn that China had been ahead of the United States in abolishing any aspect of capital punishment.
On the other hand, another aspect of this debate — applying the death penalty for economic crimes like bribery and embezzlement — often evokes shock among Americans, while many Chinese consider it just another example of how seriously they take the danger of official corruption.
The underlying lesson? By different historical pathways, China and the United States find themselves struggling with many of the same issues.
And those issues deserve a discussion, not a lecture by one side to the other. My students are very respectful of America’s constitutional system, but also deeply proud of their own country and its rise in the world. They are prepared to find deep meaning — and understanding of us — in studying why their laws often read differently from ours. We should be ready to do the same with them before we criticize.
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