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Héroes, 29 de diciembre: Juan Manuel García Mencía y Manuel López Fernández


Sobre las 7:45 horas del 29 de diciembre de 1982 miembros de la banda terrorista ETA acribillaban a tiros a los guardias civiles JUAN MANUEL GARCÍA MENCÍA y MANUEL LÓPEZ FERNÁNDEZ en la estación de ferrocarril de Irún (Guipúzcoa).

Los agentes de la Guardia Civil realizaban sus habituales labores de inspección en la zona de la frontera en la estación de ferrocarril de la localidad guipuzcoana. Se encontraban en el andén 8, separados unos diez metros el uno del otro, revisando un tren de mercancías que había llegado poco antes, listo para salir hacia Hendaya una vez cumplimentados los preceptivos trámites aduaneros. En ese momento el lugar estaba muy concurrido, pues acababan de descender muchos viajeros de un tren francés. De pronto de dos a cuatro jóvenes (en este punto las versiones de los testigos presenciales difieren), algunos con prendas militares, surgieron por uno de los pasos  subterráneos que comunican los andenes y, desde la misma boca del túnel, dispararon con dos metralletas. Juan Manuel García, que era el que estaba más cerca de los criminales, murió en el acto tras recibir tres impactos de bala en la cabeza. Manuel López caía entre la vía y el andén con tres impactos en el pecho. Ambos agentes recibieron las primeras atenciones de compañeros de la Benemérita que se encontraban en la propia estación. Manuel López fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al Hospital Nuestra Señora de Aránzazu de San Sebastián. Los médicos iban a iniciar una complicada operación quirúrgica para intentar salvarle la vida, pero el agente falleció cinco minutos después de su ingreso en el centro hospitalario, sin apenas poder decir más que "que me asfixio... que me muero", según comentó a los medios de comunicación el socorrista que acompañó al agente moribundo en la ambulancia.  
Los criminales huyeron por el mismo lugar desde donde tirotearon a los guardias civiles, aprovechando el pánico que se desató tras escucharse el tiroteo entre el numeroso público que esperaba en los andenes y que intentaba alcanzar la salida entre gritos y carreras. Luego subieron a un Ford Escort, robado una hora antes a punta de pistola en San Sebastián por dos individuos que dijeron ser de ETA, y huyeron en dirección desconocida, aunque se sospecha que cruzaron la frontera francesa. En el lugar de los hechos se recogieron 16 casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum marca FN. Una bala atravesó el cristal de la puerta de la consigna, sin que afortunadamente alcanzara a nadie.
Tras el atentado se puso en marcha una gran operación policial de rastreo en la que participó la Policía de Aire y Fronteras de Francia, ante la posibilidad de que hubieran cruzado al país vecino. La reivindicación del crimen por parte de ETA militar se produjo el 4 de enero.
El recién nombrado gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elorriaga, comentó tras el atentado que "en estas circunstancias las medidas a adoptar (en relación a los miembros de las organizaciones armadas) no podrán ya ser las que podían haber sido". Se refería el gobernador a unas declaraciones que había realizado hacía una semana, el 22 de diciembre, el ministro de Interior José Barrionuevo: "Si hay algo más que puro gangsterismo detrás de estas organizaciones terroristas, tienen posibilidad, dentro del sistema democrático, de participar en la lucha política. Pero es que no vemos en ETA más que pura barbarie, una organización de malhechores. Sin embargo, estoy dispuesto a rectificar mi criterio: que estén seis meses sin llevar a cabo ningún atentado terrorista y luego veremos".
A las 13:00 horas del mismo 29 de diciembre se instaló la capilla ardiente en el Gobierno Civil de San Sebastián. Los partidos políticos emitieron sus habituales condenas, a las que en esta ocasión se unieron las Asociaciones de Vecinos de Bidasoa y San Miguel de Irún. El obispo Setién también condenó el doble asesinato pidiendo a los etarras que dejasen de matar y liberasen "a quien tenéis secuestrado", haciendo referencia también a la situación de Saturnino Orbegozo, industrial de 69 años secuestrado desde mediados de noviembre, y al que sus captores de ETA-pm VIII Asamblea habían anunciado que iban a "ejecutar" por la falta de acuerdo con la familia sobre la cuantía del rescate.
Al día siguiente, concelebrado por cuatro sacerdotes, se celebró en el Gobierno Civil el funeral por el alma de los dos guardias civiles asesinados, con la asistencia, entre otras autoridades, del ministro de Interior José Barrionuevo, el consejero de Interior del Gobierno Vasco, José María Retolaza, el diputado general de Guipúzcoa, Xabier Aizarna, y los alcaldes de San Sebastián e Irún, representantes de partidos políticos y la viuda del agente Juan Ramón Joya Lago asesinado el día 12 en Tolosa. Durante el acto religioso se leyó un mensaje enviado por el obispo. Al finalizar el acto religioso el ministro se dirigió al público y realizó un breve discurso que tuvo que empezar con un potente "¡Silencio!" para acallar algunos gritos que salían de entre el público asistente. Tras el funeral los féretros con los restos mortales de Juan Manuel García y Manuel López fueron trasladados a sus lugares de origen para ser enterrados.
Después del funeral, en un acto sin precedentes, las autoridades encabezadas por el ministro Barrionuevo acudieron al lugar del crimen, donde en presencia de casi un millar de personas se realizó un emotivo homenaje. El lugar donde cayeron los dos guardias civiles estaba cubierto por una gran bandera nacional y el suelo cuajado de claveles amarillos y rojos. Con una solemnidad nunca vista antes, el homenaje empezó con el toque de oración interpretado por la Banda de Cornetas y Tambores del Regimiento Sicilia. A continuación se hizo una ofrenda floral. El ministro hizo un emotivo discurso centrado en resaltar los "trabajos y desvelos de las Fuerzas de Seguridad en el País Vasco" y anunció que acababa de ser liberado por agentes del mismo cuerpo que enterraba a dos compañeros el secuestrado Saturnino Orbegozo, tras cuarenta y seis días de cautiverio. En el momento de la liberación fueron detenidos Gregorio Martija e Ignacio Odriozola, los dos individuos que vigilaban al industrial en una cabaña en Donamaría (Navarra).
El día 2 de enero de 1983, convocadas por el PSE-PSOE, EPK-PCE, UGT y CCOO unas dos mil personas se manifestaron en Irún. Partieron de la estación de ferrocarril, bajo el lema "no al terrorismo, sí a la paz". Era la primera vez que se celebraba una movilización ciudadana en condena del asesinato de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en la provincia de Guipúzcoa. En la cabecera estuvo el alcalde de Irún, militante del PNV, que dijo desconocer la causa por la que su partido no se había sumado a la convocatoria.
Nunca se supo quienes habían sido los asesinos de los agentes García Mencía y López Fernández, que probablemente habían entrado desde Francia exclusivamente para realizar este atentado. No obstante, las Fuerzas de Seguridad sospecharon que el atentado fue cometido por miembros del grupo Ixkulin de ETA que, a partir de finales de 1983, pasó a denominarse Goyerri-Costa.

Juan Manuel García Mencía, de 48 años, había nacido en Gordalizo del Pino (León). Estaba casado con Aquilina Peña Crespo y tenía dos hijos. Era muy conocido entre el personal de la estación ya que anteriormente había pertenecido a la Brigada de Ferrocarriles. Antes de ser destinado a Irún estuvo prestando servicio en Behovia. A propósito del último anuncio de la banda terrorista en octubre de 2011, la viuda de García Mencía, como otras muchas víctimas de ETA, mostró su escepticismo sobre las intenciones de los etarras: "No lo creo, no me creo nada; será verdad pero no me fío ni un pelo", añadiendo que, en caso de que los asesinos de su marido pidiesen perdón, cosa que duda, ella no perdonaría, pues la tragedia que le provocó el asesinato de su marido le ha costado la salud (La Crónica de León, 22/10/2011). Una calle de Joarilla de las Matas (León) donde Juan Manuel y Aquilina contrajeron matrimonio, lleva desde 2009 el nombre del agente asesinado.

Manuel López Fernández tenía 22 años y estaba soltero. Era natural de Málaga y llevaba muy poco tiempo destinado en el puesto fronterizo de Irún. En abril de 2009 el alcalde de la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, concejales de la corporación municipal y familiares de Manuel López participaron en un homenaje por el guardia asesinado en el transcurso del cual se dedicó una calle con su nombre en el rincón de Los Olivos.
Juan Manuel García Mencía y Manuel López Fernández son las dos últimas de las cuarenta víctimas mortales de la banda terrorista ETA en el año 1982.

Héroes, 23 de diciembre: Pedro Garrido Caro y Juan Atarés Peña



A las 22:50 horas del 23 de diciembre de 1978 la banda terrorista ETA acribillaba a balazos en San Sebastián al comerciante PEDRO GARRIDO CARO, a su mujer,Filomena González Carrilero, y a su hija de 7 años, María Pilar. Los tres se encontraban en el interior de la tienda de ultramarinos Ana Mari, comercio que regentaba el matrimonio, situado en el paseo de Alza de la capital donostiarra.
Pedro había llegado esa noche a San Sebastián desde su pueblo natal, Miajadas (Cáceres) y, antes de dirigirse a su domicilio, pasó por la tienda de comestibles donde le esperaban su mujer y su hija. Pedro llegó a la tienda hacia las once menos diez, y su mujer, Filomena, le abrió las persianas. Miembros del grupo Txirrita de ETA, que estaban apostados en el exterior de la tienda, entraron en el establecimiento y abrieron fuego indiscriminadamente con una metralleta contra Pedro, su mujer y su hija. Garrido Caro, alcanzado por tres disparos en el estómago, abdomen y cuello (seccionándole la yugular) falleció en el acto. Su mujer recibió ocho impactos de bala (dos en el abdomen y seis en diversas partes del cuerpo) y fue operada de urgencia en el Hospital de la Cruz Roja, pudiendo salvar la vida milagrosamente. Tardó ochocientos diez días en curar sus heridas, de las que le quedaron secuelas de por vida, cicatrices y dificultades para andar. La niña recibió un balazo en el muslo derecho y otro en el abdomen y fue intervenida en el el Hospital de Nuestra Señora de Aránzazu. Tardó quince días en recuperarse de sus heridas.
El mismo día del asesinato de Pedro Garrido Caro, el cadáver de José Miguel Beñarán Ordeñana,Argala, uno de los etarras participantes en el magnicidio de Carrero Blanco, cruzó la frontera francesa y fue recibido por un centenar de personas. Una caravana de doscientos coches siguió el furgón fúnebre del asesino de la banda hasta Arrigorriaga, donde se instaló la capilla ardiente. Juan María Bandrés envió un telegrama de pésame a la familia y, por la tarde, se celebró un multitudinario funeral organizado por KAS.
En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a Manuel María Ostolaza Alcocer y Luis María de Marcos Olaizola a sendas penas de 29 años de cárcel por el asesinato, en colaboración con un tercer terrorista no identificado, de Pedro Garrido, y a 4 años, 3 meses y un día por las lesiones provocadas a la esposa e hija de la víctima. El grupo Txirrita de ETA fue desarticulado por la Policía a finales de enero de 1981. Además de Ostolaza Alcocer y De Marcos Olaizola, en la misma operación fueron detenidos otros miembros del grupo como el sacerdote capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, que sería condenado por otro asesinato cometido por Ostolaza y De Marcos Olaizola, el del guardia civil Félix de Diego Martínez el 31 de enero de 1979, pero no por el de Pedro Garrido Caro.
Pedro Garrido Caro tenía 58 años. Era natural de Miajadas (Cáceres). La banda terrorista justificó el asesinato acusándolo de estar relacionado con la Policía. Al parecer, Garrido Caro era militante falangista. Aunque fue enterrado en San Sebastián, mientras su mujer permanecía en el hospital, tiempo después sus restos mortales fueron trasladados a su localidad natal en Cáceres.

A las doce y cuarto de la mañana del 23 de diciembre de 1985, víspera de Nochebuena, la banda terrorista ETA asesinaba en Pamplona (Navarra) de tres tiros por la espalda al general de Brigada de la Guardia Civil JUAN ATARÉS PEÑA. La víctima se encontraba paseando por el parque de la Vuelta del Castillo, a escasos metros de su vivienda, algo que solía hacer de forma habitual. Dos etarras se apearon de un vehículo Renault 5, robado y con matrícula falsa, y cruzaron a la carrera el parque por el mismo camino por el que paseaba el general Atarés. Sin mediar palabra, la terrorista Mercedes Galdós Arsuaga disparó al militar a bocajarro y por la espalda. Dos de las balas le alcanzaron en la nuca, y una tercera, en la espalda. Tras comprobar que Atarés estaba muerto, abandonaron corriendo la zona. Un tercer miembro de la banda (Juan José Legorburu Guerediaga) les esperaba en el vehículo con el motor en marcha para emprender la huida. El turismo sería localizado dos horas después a un kilómetro de distancia del lugar en que se cometió el atentado. Artificieros de la Policía Nacional situaron una pequeña carga explosiva en el coche con el fin de comprobar que no había sido colocada ninguna bomba-trampa. La Policía recogió en el lugar del asesinato tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, de fabricación checa.
A los pocos minutos de cometerse el asesinato, la mujer del general, María Luisa Ayuso, y varios hijos del matrimonio, llegaron al lugar del crimen. Al día siguiente, los medios de comunicación recogieron la foto de la viuda arrodillada y abrazada al cadáver de su marido mientras una de las hijas sólo acertaba a decir, entre sollozos: "Papi, papi, qué bueno era".
Posteriormente acudieron al lugar del crimen el delegado del Gobierno en Navarra, Luis Roldán, el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona, y un sacerdote, quien le administró los santos óleos. Sobre la una de la tarde, el juez ordenaba el levantamiento del cadáver, que había sido cubierto con una manta por miembros de la Cruz Roja y de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA). En el lugar en que se cometió el atentado, varias personas colocaron ramos de flores rojas y cintas con la bandera española.
Los restos mortales del general asesinado fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense del Hospital de Navarra, desde donde posteriormente el féretro fue llevado a la Comandancia de la Guardia Civil. Allí se instaló la capilla ardiente por deseo expreso de la viuda, que se negó a que se instalase en la sede del Gobierno Civil. El funeral se celebró a las once y media de la mañana del día siguiente, 24 de diciembre, en la citada Comandancia, en un ambiente de enorme tensión. Se produjeron abucheos, insultos e intentos de agresión al director general de la Guardia Civil, teniente general José Sáenz de Santamaría y a otras autoridades asistentes al mismo. Cuando las autoridades se dirigían a los vehículos que les trasladaron al cementerio se produjeron los mayores incidentes, ya que hasta entonces éstos no habían pasado de los insultos, silbidos y abucheos. En ese momento, varios grupos de personas intentaron abalanzarse sobre el general Sáenz de Santamaría, cuando éste se introducía en su automóvil. La rápida intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil impidió que estos grupos pudiesen conseguir su objetivo, aunque no lograron evitar que esas personas golpeasen el vehículo y que cayese sobre el mismo una lluvia de monedas, algo que también ocurrió al paso de otros coches en los que iban diversas autoridades civiles y militares.
Era la quinta vez que la banda terrorista ETA intentaba asesinar al general de Brigada Juan Atarés. Pese a los intentos anteriores, Atarés se había negado a llevar escolta. El general Atarés estaba en la reserva activa desde 1979, tras un incidente de insubordinación ocurrido a mediados de noviembre de 1978 en Cartagena con el entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno Manuel Gutiérrez Mellado y delante de un millar de oficiales del Ejército y la Guardia Civil. El incidente se produjo en mitad de un coloquio sobre la Constitución. Tras la intervención del capitán de corbeta Gonzalo Casado, se levantó Atarés, que era jefe de la III Zona de la Guardia Civil, y, en actitud muy excitada, pronunció frases contra el Gobierno y la Carta Magna. Un pequeño grupo de asistentes le aplaudió. Gutiérrez Mellado le ordenó que saliese de la sala y dos generales le acompañaron para cumplir la orden. Cuando ya iniciaba la salida, se volvió sobre sus pasos y, dirigiéndose al vicepresidente del Gobierno, lo llamó "embustero" y "traidor". A continuación, el teniente general Gutiérrez Mellado dijo que los que estuviesen de acuerdo con Juan Atarés se levantasen de sus asientos y saliesen de la sala. Nadie lo hizo, cerrándose el acto en medio de una gran tensión. Atarés fue juzgado en un consejo de guerra del que saldría absuelto, quedando en situación de reserva activa. Una de sus hijas, Matilde Atarés Ayuso, declaró en febrero de 2010 que el consejo de guerra "no fue más que por decir al entonces ministro de Defensa y vicepresidente del Gobierno que, frente a la opinión de que el fin de ETA estaba próximo, él estaba harto de enterrar guardias civiles y sin ánimos para seguir consolando a viudas y huérfanos".
En el año 1987 la Audiencia Nacional condenó a Juan José Legorburu Guerediaga y a Mercedes Galdós Arsuaga a sendas penas de 29 años de años de prisión por el asesinato de Juan Atarés Peña. En la misma sentencia fue condenada María Cruz Azcona Larreta como cómplice del asesinato a 10 años de prisión mayor.
Años después, en septiembre de 2011, la Audiencia Nacional absolvió a María Jesús Arriaga del asesinato del general de Brigada. El fiscal, que pedía 28 años para Arriaga, sostuvo en la vista oral que ésta alojó en su vivienda a los autores materiales del atentado, los dos ya condenados en 1987 y un tercero, Juan María Lizarralde, "ya fallecido" en los sucesos de la Foz de Lumbier en junio de 1990 en los que también falleció la etarra Susana Arregui Maiztegui y el sargento de la Guardia CivilJosé Luis Hervás Mañas. Para mantener la acusación contra María Jesús Arriaga, el fiscal se basó en la declaración de Galdós y Legorburu cuando fueron detenidos. Sin embargo, durante su declaración como testigos en la vista oral dijeron que habían acusado a Arriaga para permitir que otros miembros de ETA pudieran huir. Por su parte, la acusada admitió ante el tribunal que conocía a Galdós y a Legorburu, pero solo porque habían mantenido un par de citas con ellos en las que le solicitaron que colaborara con ETA, a lo que se negó. El tribunal en su sentencia declaró que no quedó acreditada la participación de la imputada en los hechos, porque la Fiscalía no aportó el acta de entrada y registro en el domicilio de Arriaga, en el que se encontraron tres pistolas y una metralleta, ni el mandamiento judicial que lo autorizaba. No obstante, hay que señalar que para el tribunal, presidido por el juez Gómez Bermúdez, las primeras declaraciones de los etarras "resultan más verosímiles", ya que "no parece posible que se hubiesen podido poner de acuerdo en involucrar a Arriaga de no ser cierta su participación en los hechos". Añade en la sentencia que "sorprende que actualmente, cuando han transcurrido casi 25 años de estos hechos, la versión que prestan Legorburu y Galdós sea absolutamente coincidente con la versión que hoy por primera vez da la acusada sobre la forma en que se conocieron. De tratarse simplemente de una persona que hace 25 años se negó a colaborar con ellos, sería un hecho tan irrelevante que difícilmente pudiese ser recordado por todos de forma tan coincidente", concluye la sentencia.
Juan Atarés Peña de 67 años, era natural de Huesca. Estaba casado con María Luisa Ayuso y teníaocho hijos. Nada más ser asesinado su marido, María Luisa Ayuso manifestó a los medios de comunicación que lamentaba la situación por la que estaba atravesando España e insistió en que perdonaba "de todo corazón" a los autores del asesinato de su marido, a quien calificó de hombre estupendo, honrado, que había hecho de la dignidad, el amor a Dios y a España un culto. Cuando se le preguntó su opinión sobre las medidas de reinserción de miembros ETA, señaló que no estaba de acuerdo con ellas.
Perdonamos a todos, pero no podemos admitir que personas implicadas en delitos sangrientos salgan tranquilamente a la calle, mientras que otras, pobres que roban un racimo de uvas para poder comer, tengan que pagar la totalidad de la condena en la cárcel (ABC, 24/12/1985).
Los restos mortales del general de Brigada Juan Atarés recibieron sepultura en el cementerio de San José de Pamplona. 

Héroes, 14 de diciembre: Luis Alfredo Achurra Cianca y Francisco Cano Consuegra



El 14 de diciembre de 1990, un día después del asesinato del vendedor de prensa Vicente López Jiménez en San Sebastián, la banda terrorista ETA asesinaba en Amorebieta (Vizcaya) al policía nacional LUIS ALFREDO ACHURRA CIANCA mediante una bomba-lapa colocada en los bajos de su vehículo.
Luis Alfredo Achurra se había desplazado con su automóvil, un Peugeot Talbot, al taller de un conocido suyo en la calle de San Pedro de Amorebieta para pagar una factura. Cuando, a solicitud de los empleados del taller, se disponía a mover el automóvil, que impedía la entrada y salida de coches, el artefacto, compuesto por dos kilos de amonal, estalló y le seccionó el cuerpo en dos. También resultó herido leve el propietario de un bar cercano, Jaime Gómez Rabanal, de 30 años, que fue trasladado al Hospital de Galdácano, donde se le extrajo un pedazo de metralla que se le había quedado incrustado en el cuello.
Fuentes policiales señalaron que la bomba-lapa fue probablemente adosada al vehículo de Achurra Cianca en Basauri, donde residía, y que por algún motivo falló el dispositivo de ignición cuando lo puso en marcha para trasladarse a Amorebieta.
Ese mismo día, ETA intentó asesinar a otro policía nacional en San Sebastián mediante el mismo sistema de la bomba-lapa. El inspector Juan Manuel Sánchez Polo, de 30 años, aunque resultó gravemente herido, salvó la vida gracias a que la onda expansiva del artefacto explosivo, colocado bajo el asiento del conductor, se dirigió hacia la parte posterior del vehículo, y no de abajo a arriba, según informó al día siguiente el gobernador civil de Guipúzcoa, José María Gurruchaga. El inspector Sánchez Polo se disponía, poco después del mediodía, a arrancar su automóvil, un Renault 25 matriculado en Madrid, que se encontraba a quince metros de una gasolinera con 40.000 litros de combustible. En ese momento se accionó el artefacto explosivo. La víctima fue trasladada por otro policía que estaba repostando gasolina en la estación de servicio a la residencia sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu. Juan Manuel sufrió lesiones en la espalda, columna vertebral, piernas, glúteos y una parálisis intestinal a causa de la onda expansiva. Era el segundo atentado que sufría a manos de la banda terrorista ETA: en el primero, el 3 de noviembre del mismo año, se salvó por no estar en su domicilio en el barrio donostiarra de Trincherpe en esos momentos. Juan Manuel sufre todavía problemas neurológicos, además de que tiene que llevar prótesis en las caderas y en la espalda.
En 1994 la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier Martínez Izaguirre a la pena de 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Luis Alfredo Achurra. Posteriormente, en el año 2006 fue condenado Juan Carlos Iglesias Chouzas, alias Gadafi, a 35 años por este mismo asesinato. FueGadafi quien colocó la bomba-lapa bajo el coche de Achurra. También participó en la preparación del atentado Juan María Ormazabal Ibarguren, alias Turko, asesino de la banda que no pudo ser juzgado ya que resultó muerto en un tiroteo con la Ertzaintza en agosto de 1991. En el enfrentamiento resultó gravemente herido el ertzaina Alfonso Mentxaka Lejona, que fallecería tres días después, el 1 de septiembre de 1991.
Luis Alfredo Achurra Cianca tenía 37 años y tres hijos. Era natural de Bilbao y residía en Basauri. Se había incorporado al Cuerpo Nacional de Policía en 1981. Formaba parte de la Unidad Polivalente de Policía de Basauri que se dedica a tareas de vigilancia, entre ellas las de los presos ingresados en el Hospital de Basurto.
Luis Alfredo Achurra fue la última de las veinticinco víctimas mortales del año 1990. Sin embargo, la campaña de atentados no terminó con el asesinato de Luis Alfredo, sino que la banda continuó con su actividad criminal, bien en forma de paquetes-bomba o de coches-bomba. El más grave fue el atentado con coche-bomba en Valencia el 20 de diciembre de 1990. La banda terrorista había colocado el vehículo junto a unas viviendas militares. La potente explosión provocó heridas graves a Francisca Marín Peña, que sufrió la amputación de ambas piernas, y heridas de distinta consideración a otras catorce personas.

Diez años después, el 14 de diciembre de 2000, pero con el mismo método de la bomba-lapa, la banda terrorista ETA asesinaba en Viladecavalls (Barcelona) al concejal del Partido Popular de la localidad, y fontanero de profesión, FRANCISCO CANO CONSUEGRA. El concejal había salido de su vivienda hacia las 7:45 horas y se dirigió al taller de fontanería de su propiedad. Después paró a desayunar en el Bar Leonés, en la carretera de Olesa a Montserrat, donde coincidió con varios amigos y conocidos, entre ellos un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Posteriormente estuvo conduciendo su vehículo por motivos laborales durante un par de horas más antes de que la bomba-lapa estallara. Incluso llegó a transportar en el mismo a varios operarios que trabajaban en su empresa de fontanería, entre ellos un miembro de la Policía Local de Tarrasa que trabajaba con él en sus horas libres y que se bajó de la furgoneta minutos antes de que estallase la bomba-lapa. Francisco enfiló entonces su furgoneta por la calle Milans del Bosch en dirección a la ronda de Ponent, una pendiente muy pronunciada que finaliza en un stop. Posiblemente eso fue lo que accionó el sistema de detonación por péndulo con el que los terroristas habían montado el artefacto explosivo. Hacia las 10:50 horas, el artefacto se activó, dejándolo gravemente herido.
El estruendo de la explosión, en una zona situada a unos diez minutos del centro de Tarrasa, se escuchó en un kilómetro a la redonda sobresaltando a vecinos y peatones. Del vehículo del concejal apenas si quedó reconocible el morro y una parte de los bajos. El techo, los asientos y toda la parte trasera se esparcieron en un radio de más de treinta metros. Un vecino afirmó que Cano conservó la consciencia los primeros minutos después de la explosión a pesar de las gravísimas lesiones que la misma le había causado. "Vi como levantaba el brazo y pedía ayuda", recuerda un testigo presencial. La primera patrulla de la Policía Local llegó muy rápido, casi tanto como la ambulancia que lo atendió. El concejal del Partido Popular seguía manteniendo la consciencia cuando fue asistido por un agente municipal. "No hacía otra cosa que quejarse del dolor", explicó una fuente policial. La fuerza se le iba por segundos. Cuando se hizo cargo de él el equipo de emergencias médicas, el concejal había sufrido una parada cardiaca, la primera de las cinco que sufrió durante su agonía final. Francisco Cano ingresó en el Hospital Mutua de Tarrasa en estado crítico con "estallido en la zona glúteo-lumbo-sacra y peritoneal, con shock traumático y traumatismo craneoencefálico". La inmediata intervención quirúrgica a la que fue sometido tenía como objetivo detener las diversas e importantes hemorragias que presentaba. El único parte médico facilitado minutos después de las 13:00 horas no daba casi lugar a esperanzas. Mientras éste se hacía público, la vida del concejal entraba en su recta final. Su muerte se certificaba cuarenta y cinco minutos después, a las 13:45 horas.
Durante varias horas, especialistas de la Policía estuvieron rastreando la zona e inspeccionando los restos del vehículo protegidos por un cordón policial. Fuentes policiales confirmaron que no se detectó ningún componente electrónico, ni en el amasijo de hierros en que quedó reducida la furgoneta, ni en sus alrededores. El artefacto estaba compuesto por unos cuatro o cinco kilos de un potente explosivo, casi con toda probabilidad cloratita, según explicaron fuentes de la lucha antiterrorista.
Inmediatamente después de producirse el atentado acudieron al lugar de los hechos la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas, y el consejero de Gobernación de la Generalidad, Xavier Pomés, además del alcalde de Tarrasa. La vida política e institucional catalana se paralizó por completo. Jordi Pujol abandonó su despacho y se dirigió a Tarrasa, igual que el máximo dirigente del PP en Cataluña, Alberto Fernández Díaz. El Parlamento catalán interrumpió inmediatamente los trabajos en marcha y todos los diputados bajaron a la calle, incluidos los once miembros de una delegación del PNV que en ese momento mantenían un encuentro con el grupo parlamentario de CiU.
Francisco Cano no contaba con protección policial y no vivía obsesionado por su seguridad, aunque era consciente de que existía un riesgo. La intranquilidad de la familia Cano se había acentuado después del atentado que había sufrido el 21 de septiembre el concejal del Partido Popular en San Adrián del Besós, José Luis Ruiz Casado, primera víctima mortal de ETA en Cataluña tras el inicio de la nueva ofensiva terrorista. Según fuentes municipales de Viladecavalls, el concejal fallecido había comentado que él no podía abandonar su puesto en el Ayuntamiento, a pesar de que se lo habían pedido desde su entorno familiar, porque no podía defraudar a los vecinos que habían puesto en él su confianza. Viladecavalls, municipio del que la víctima era concejal de Servicios Municipales, es una localidad de 6.000 habitantes colindante con Tarrasa. Como todos los concejales del Ayuntamiento, Cano había recibido poco antes de su asesinato un curso de autoprotección.
El Gobierno catalán decretó tres días de luto y las redacciones de los medios de comunicación se llenaron, una vez más, de declaraciones de condena. Hacía poco más de tres semanas que la banda terrorista había asesinado en Barcelona al catedrático y exministro socialista Ernest Lluch. Durante todo el día llegaron a Tarrasa representantes de todos los partidos. Javier Arenas, secretario general del PP, y los ministros de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, e Interior, Jaime Mayor Oreja, acudieron por la tarde para arropar a los militantes y cargos de su partido.
El día anterior al atentado, 13 de diciembre, Francisco Cano llegó a su casa por la noche sobre las 20:00 horas. Dejó la furgoneta en la calle y no en el aparcamiento particular de su vivienda. El concejal salió a cenar y regresó a su domicilio entre la 1:30 y 2:00 horas de la madrugada del jueves 14 de diciembre. Fue entonces cuando guardó el vehículo en el aparcamiento. La Citroën C-15 estuvo en la calle algo más de cuatro horas. Aprovechando ese lapso de tiempo, el etarra Fernando García Jodrá colocó el artefacto explosivo bajo el asiento del conductor, con la ayuda de Lierni Armendaritz y González de Langarika quien, con un destornillador, forzó la puerta trasera del vehículo del concejal popular. Ambos fueron condenados en noviembre de 2004 por la Audiencia Nacional a sendas penas de 47 años de prisión por un delito de estragos y otro de homicidio terrorista.
Anteriormente, en mayo de 2004, la Audiencia Nacional juzgó de forma genérica a varios miembros y colaboradores del grupo Gaztelugatze de ETA, entre ellos a Zigor Larredonda y Laura Riera, condenados a 9 años de prisión por haber colaborado, entre otros atentados, en el asesinato de Francisco Cano Consuegra. Zigor Larredonda fue quien recabó información sobre posibles objetivos de la banda en la provincia de Barcelona, entre ellos el concejal del PP. Laura Riera, que trabajaba como auxiliar administrativa en la sección de multas del Ayuntamiento de Tarrasa, fue quien obtuvo de la base de datos de la Dirección General de Tráfico el número de matrícula del vehículo de Francisco Cano.
Francisco Cano Consuegra tenía 45 años. Era natural de La Carolina (Jaén), aunque emigró con su familia a Cataluña siendo un niño. Estaba casado con Encarna Oviedo y tenía dos hijas de 19 y 13 años. Regentaba un negocio de electricidad y fontanería (Fontanería Tapia-Cano) en el que tenía contratados a catorce empleados. Además, era concejal por el Partido Popular desde 1997, tras haber ejercido dos años como edil independiente. Cuando fue asesinado formaba parte del equipo de Gobierno municipal de Convergencia i Unió (CiU) como concejal de Obras y Servicios. Francisco Cano era un apasionado del fútbol. Seguidor del Real Madrid, fue también directivo de clubes deportivos de la comarca donde vivía, como Egara y Maurina. También estaba vinculado al Terrassa Fútbol Club a través de la agrupación Amics del Terrassa.
El funeral por su alma se celebró el 15 de diciembre en la parroquia de Sant Martí de Sorbet de Viladecavalls, oficiado por el arzobispo de Barcelona, Ricard María Carles, y con la asistencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el de la Generalidad, Jordi Pujol. A continuación fue enterrado en el cementerio de Tarrasa. En esta localidad tuvo lugar una manifestación esa misma tarde, a la que asistieron ciento cincuenta mil personas, con el lema "Cataluña por la libertad. ETA no".

Héroes, 22 de noviembre: Jaime Bilbao Iglesias y Luis Delgado Villalonga

A las doce menos cinco minutos de la noche del martes 22 de noviembre de 1988 la banda terrorista ETA hizo explotar una furgoneta-bomba estacionada junto al muro exterior del edificio de la Dirección General de la Guardia Civil, situada en la calle Guzmán el Bueno de Madrid, asesinando al directivo de largometrajes de Radio Televisión Española JAIME BILBAO IGLESIAS y al niño de dos años LUIS DELGADO VILLALONGA. La explosión provocó, además, heridas de diversa consideración a cuarenta y seis guardias civiles y a cuarenta y dos civiles, entre ellos los padres del niño Luis Delgado, el doctor Luis Delgado Cabezas y la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga, que estaba embarazada de cuatro meses, dos de los heridos más graves.
Las dos víctimas mortales viajaban en sendos coches que pasaban junto a la Dirección General cuando hizo explosión la furgoneta-bomba colocada bajo una garita del acuartelamiento por los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, miembros del grupo Argala de ETA. Dos de ellos activaron la carga con un retardo de cuarenta y cinco segundos pretendiendo causar una masacre de guardias civiles parecida a la de un año antes en la casa cuartel de Zaragoza, atentado cometido por los mismos etarras.
El matrimonio Delgado-Villalonga regresaba a su domicilio con su pequeño después de haber cenado en Las Rozas, a las afueras de Madrid. El niño sufrió estallido craneal y pérdida de masa encefálica y falleció pocas horas después. Sus padres, gravemente heridos, no pudieron asistir al entierro en el cementerio de Torrelodones:
La noche del 22 de noviembre de 1988, quien esto escribe volvía a casa en compañía de su mujer y su hijo, Luis, de dos años y medio de edad. Al pasar nuestro coche junto a la Dirección General de la Guardia Civil, una furgoneta bomba activada por unos ciudadanos franceses, miembros de la banda terrorista ETA, hacía explosión. La deflagración nos cogió de lleno. En ese punto, mi vida ya no volvería a ser lo que fue. Mi hijo resultó muertoMi mujer, embarazada de cuatro meses, entró en estado de coma. Hoy día, más de siete años después, aún no se ha recuperado de las lesiones que el atentado le produjo y ya es seguro que no podrá volver a ejercer su profesión. Yo mismo resulté gravemente herido. Soy médico. Mi mujer es, mejor sería decir era, enfermera. Teníamos un hijo pequeño. Estábamos esperando otro. Nos gustaba nuestro trabajo. Teníamos una vida feliz. Pero todo eso pertenece al pasado. Esa abyección conocida como ETA nos lo arrebató. Han pasado más de siete años y la huella indeleble de aquella infausta noche me acompañará de por vida como una frustración constante que se reverdece cada mañana (Tribuna de Luis Delgado Cabezas en El País, 15/01/1996).
Jaime Bilbao Iglesias también regresaba al domicilio de sus padres, donde vivía, en el barrio de Argüelles. Esa tarde había quedado con otros compañeros de un equipo de fútbol de la Tercera División regional, el Alcalis, que había creado nueve años antes con unos amigos de la localidad segoviana de San Rafael. Después de estar en un pub de la calle Baeza que patrocinaba el equipo, en el barrio de la Prosperidad, se dirigió hacia su domicilio, en la calle de Romero Robledo. Cuando se encontraba en la calle San Francisco de Sales,  dentro de su vehículo, le sorprendió la explosión que le causó la muerte.
La potentísima explosión convulsionó la noche madrileña. El estallido "fue peor que un terremoto", según la esposa de un mando de la Guardia Civil que residía en el edificio de la Dirección General. La explosión pudo oírse a varios kilómetros de distancia. Incluso el príncipe de Asturias oyó el estallido desde el palacio de La Zarzuela, situado a unos seis kilómetros de distancia de la calle de Guzmán el Bueno, según dijo la reina Sofía a los médicos de la Cruz Roja durante la visita que realizó al día siguiente a los heridos hospitalizados en el centro sanitario.
La onda expansiva abrió un agujero de varios metros de diámetro en la pared del dormitorio donde se encontraban descansando cincuenta guardias auxiliares y ciento treinta suboficiales que, en el momento del atentado, realizaban el curso de ascenso a teniente. La zona se convirtió en pocos minutos en un auténtico caos, con un constante ir y venir de ambulancias. Dentro de la Dirección General de la Guardia Civil el ambiente era de enorme tensión. Desde un primer momento se confirmó que no se habían producido muertos entre los miembros del Cuerpo.
La banda terrorista ETA se atribuyó el atentado en un comunicado enviado a los medios de comunicación cinco días después en el que, con su cinismo habitual, decía lamentar "profundamente" la muerte y heridas de civiles, de las que hacía responsable a "los mandos políticos, militares y policiales".
De la investigación policial y judicial se determinó que el atentado fue encargado por Francisco Múgica Garmendia y José María Arregui Erostarbe a los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frédéric Haramboure, miembros del grupo Argala de ETA. Para llevarlo a cabo, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun robaron previamente una furgoneta y un turismo, que entregaron a los etarras franceses. Dos de los terroristas colocaron la furgoneta, cargada con sesenta kilos de amonal y cuarenta de metralla, bajo una de las garitas del cuartel. El turismo es el que emplearon para huir del lugar, mientras el temporizador iniciaba su cuenta atrás de 45 segundos.
En 1996 la Audiencia Nacional condenó a penas de 1.170 años de prisión por dos delitos de asesinato consumado, cuarenta y ocho asesinatos frustrados, veinte delitos de lesiones graves, estragos materiales y otros delitos a Henri Parot, Gonzalo Rodríguez Cordero y José Gabriel Zabala Erasun.
El día que Parot fue a juicio, Mercedes Villalonga declaró: "Ni olvido ni perdono a los asesinos de mi hijo". Además dijo que ella "no trata con alimañas" y que no asistiría al juicio porque no quería"verle la cara a ese animal", pero que si tuviese la oportunidad de decirle algo a Henri Parot, le diría "que es un malnacido" y que lo que quiere "es verle encerrado hasta el día en que salga con la caja de madera. Es lo que quiero. No tiene derecho ni a ver a su familia, ni al aire que respira", mostrándose contraria a la pena de muerte pero partidaria "de la cadena perpetua" (ABC, 01/10/91).
En 2001 fueron condenados por los mismos delitos a 1.128 años de cárcel Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito, y José María Arregui Erostarbe, alias Fiti. El fiscal señaló que el propósito de los terroristas era causar la muerte al mayor número posible de guardias civiles, razón por la cual eligieron casi las 12 de la noche para hacer explotar la furgoneta.

Jaime Bilbao Iglesias, de 38 años, era natural de Madrid y estaba soltero. Vivía con sus padres y una hermana en la calle de Romero Robledo, en el madrileño barrio de Argüelles. Sus padres habían sido testigos del asesinato del teniente general Quintana Lacaci el 29 de enero de 1984, que tuvo lugar próximo a su domicilio. En enero de 1974 ingresó en Televisión Española y, tras ocupar un destino auxiliar durante algunos meses, pasó al departamento denominado Jefatura de Producción Ajena, donde llegó a ser responsable de la sección de largometrajes. Entre sus funciones estaba la de recomendar las adquisiciones de películas y por esta razón realizaba numerosos viajes al extranjero. Uno de sus últimos desplazamientos lo hizo en el verano de 1988 a Hungría, donde asistió a un certamen organizado por las autoridades locales. En enero de 1985 había sido agraciado con un décimo de uno de los premios gordos de la lotería del Niño, con el que se estaba comprando un piso. Gran aficionado al deporte, además de su pasión por el fútbol, practicaba habitualmente tenis. El cadáver de Jaime Bilbao fue identificado por uno de sus amigos, José Luis Lillo, que trabajaba como técnico en una de las unidades móviles de la Cadena COPE y también jugaba en el mismo equipo de fútbol. Lillo contó que se imaginó lo peor "cuando unos compañeros me dijeron que en la maleta del coche del fallecido en el atentado había un balón de fútbol", porque Jaime siempre llevaba uno en su automóvil.
Fui rápidamente al lugar del atentado y pregunté a un policía la matrícula del coche y me dijo que era HJ. En ese momento me di cuenta de lo que había pasado. Me marché al Anatómico Forense y allí identifiqué el cadáver. Me costó trabajo porque tenía la cara desfigurada y tuve que hacerlo por la ropa que llevaba para ver si coincidía. Llamé a mis padres para que hablaran con los padres de Jaime y contrastaran la ropa que llevaba para ver si coincidía, y ya pude confirmar la noticia (ABC, 24/11/88).

Luis Delgado Villalonga, hijo de dos años y medio del médico Luis Delgado Cabezas y de la enfermera Mercedes Villalonga Villalonga, sufrió estallido craneal y pérdida de masa encefálica y falleció pocas horas después del atentado. Sus padres fueron trasladados a dos hospitales distintos en estado muy grave, especialmente Mercedes, que ingresó en estado crítico en el Hospital de la Cruz Roja, con pérdida de masa encefálica. Embarazada de cuatro meses, y tras pasar varios días en coma, consiguió sobrevivir, pero no ha superado la pérdida de su hijo. De lo que ocurrió el día del atentado no recuerda nada:
"Sí recuerdo, después, que me encontré metida en un hospital y que iba mucha gente a verme. Y no sabía más. Me dijeron que había tenido un accidente de tráfico, y lo creí. Tiempo después, me comentaron que la Reina había llamado para preguntar por mí. Ahí sospeché, porque la Reina no llama todos los días para preguntar por una persona si no se trata de algo muy importante, pero me callé. Se me había olvidado que tenía hijos y que tenía marido. Cuando recordé y pregunté por mi marido (que estaba en otro hospital, pero de eso me enteré después), me dijeron que estaba malo. Yo quise hablar con él, pero me dijeron que no podía. ¿Que no puedo hablar con él? Pues no como. Si no puedo hablar con él es que está muerto. Me aseguraron que no estaba muerto, pero yo insistí en que hasta que no pudiera hablar con él no iba a comer nada. Entonces me llamó por teléfono y me dijo que estaba un poco resfriado y que no podía venir a verme. Al cabo de unos días yo seguía viendo que pasaban cosas raras. Yo tenía un niño, y de ese niño no se hablaba para nada. ¿El niño está muerto, verdad? Y me dijeron que sí. No sé más. No recuerdo nada más" (ABC, 01/10/1996).
En mayo de 1989 Mercedes dio a luz al hijo que esperaba cuando sufrió el atentado. Luis Delgado fue secretario general de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) durante varios años. En 1995, y en representación de la asociación, presentó en el registro del Congreso de Diputados un escrito avalado por 1.100.000 firmas por el que se exigía el cumplimiento íntegro de las penas para los terroristas condenados judicialmente, respetando el tope constitucional del máximo de treinta años de reclusión.
El 31 de octubre de 2000, un día después del atentado que acabó con la vida del magistrado del Tribunal Supremo José Francisco de Querol y Lombardero, su chófer, Armando Medina Sánchez, y su escolta, el policía nacional Jesús Escudero García, además de herir gravemente al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería el 8 de noviembre, hubo una manifestación en Madrid en la que Luis Delgado leyó el comunicado final, en el que se decía:
Quien no está frente a ETA con determinación y sin ningún tipo de matices, no es de los nuestros. No podemos considerar ciudadanos demócratas a quienes tratan de justificar las acciones terroristas, porque tanto dolor y sufrimiento no pueden ser, ni remotamente, una vía legítima para conseguir ningún propósito político (...) Quienes no se avergüencen de sentarse en la misma mesa que los que amparan a estos miserables, quienes suscribieron pactos con ellos, quienes no son capaces de rechazar cualquier tipo de ventaja derivada de la existencia de una banda terrorista están defraudando definitivamente las aspiraciones de un pueblo que merece vivir en libertad y democracia.

Héroes, 20 de noviembre: José Benito Sánchez Sánchez y Benjamín Sancho Legido


Minutos antes de las once de la mañana del 20 de noviembre de 1978, la banda terrorista ETA ametrallaba a treinta y tres policías que jugaban al fútbol en el campo de deportes del cuartel de Basauri. El ataque, efectuado desde la autopista Bilbao-Behovia, provocó la muerte del cabo de la Policía Armada JOSÉ BENITO SÁNCHEZ SÁNCHEZ y el guardia primero BENJAMÍN SANCHO LEGIDO, además de heridas de diferente consideración a un joven que se encontraba en una parada de autobús fuera del cuartel y a otros dieciséis agentes: Leocadio Arenas Galicia, Isaac Javier Bacarizo Bueno, Eusebio Calvo Pujol, Eduardo Castaño Justel, Fernando Cortés Legaz, José Manuel Erguita Moreno, José Falcón Quintero, Fernando Ferrer Conejero, Luis Jodra Benito, Francisco Laplaza Cortes, Ángel Moreno Cantisano, Esteban Rodríguez Saldaña, José Ruiz Álvarez, José Luis Sanz Barco, Juan José Tomás Marteles y Antonio Vaguena Gracia.
En aquella época el campo de deportes del cuartel de Basauri, en las afueras de Bilbao, estaba separado de la autopista por una pequeña valla de medio metro de altura. Las instalaciones albergaban residencias para los agentes, garajes y talleres, además de zonas de deporte, entre ellas un campo de fútbol situado detrás del recinto policial y a unos veinte metros de la autopista. Este hecho fue observado por varios miembros de ETA que vigilaron durante varios días las rutinas de los policías.
El 20 de noviembre, los terroristas se acercaron por la autopista a bordo de tres vehículos –un Seat 127, un Renault 5 y un Seat 132– y se detuvieron en el arcén, en una posición elevada desde la que veían el campo de fútbol del cuartel a unos cincuenta metros del mismo. Empezaron disparando a los centinelas de las dos garitas situadas en el lado opuesto de la explanada para, a continuación, ametrallar indiscriminadamente a los agentes que jugaban un partido de fútbol. Los centinelas consiguieron hacer algunos disparos contra los etarras, pero ninguno de ellos fue alcanzado y lograron darse a la fuga.
Una llamada anónima en nombre de ETA indicó, a primera hora de la tarde, el lugar donde se encontraban atados los propietarios de dos de los tres automóviles que los terroristas habían utilizado en el atentado, después de robarlos a punta de pistola.
En el atentado intervinieron entre ocho y doce terroristas armados, según los casquillos de bala recogidos –en número superior al centenar, de los que unos cien eran del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco, y unos treinta disparados con un Cetme, del calibre 7,62 milímetros–, con metralletasfusiles Cetme y rifles con mira telescópica. Testigos presenciales del ametrallamiento dijeron que habían visto a siete personas disparando (seis con metralleta y uno con un Cetme repetidor de largo alcance) y a otras tres esperando al volante de los tres coches con los que perpetraron el atentado.
Los heridos fueron trasladados inmediatamente al Hospital Civil de Basurto, en Bilbao, donde el cabo José Benito Sánchez Sánchez y el guardia primero Benjamín Sancho Legido ingresaron cadáveres.
Hacía poco más de un mes que en este mismo cuartel se habían producido unos gravísimos incidentes un día después del asesinato de los policías Elías García González y Ramón Muiño Fernández en un atentado en el que resultaría también gravemente herido el policía José Benito Díaz García, que fallecería el 25 de octubre. Cuatrocientos policías armados protagonizaron un plante colectivo y mandos policiales y políticos fueron insultados por los agentes. Después de los incidentes, se expulsó del Cuerpo a veinticinco agentes que habían participado en los mismos y se decidió el traslado inmediato de una parte de la guarnición de Bilbao –unos trescientos– a otros lugares de España, que tuvieron que ser sustituidos por dos compañías de reserva. Por este motivo, siete de los heridos en el ametrallamiento del campo de deportes y uno de los agentes asesinados, Benjamín Sancho, pertenecían a la Compañía de la Reserva General con base en Zaragoza. El resto formaba parte de la guarnición de Basauri. Seis meses después, el 22 de junio de 1979, el cuartel de Basauri volvería a ser objeto de un ataque terrorista también realizado desde la autopista, aunque esta vez los agentes tuvieron tiempo de repeler la agresión. Sin embargo, en el intercambio de disparos entre policías y terroristas resultó muerto el agente comercial Diego Alfaro Orihuela.
El ametrallamiento hizo que la tensión en el cuartel volviese a aumentar. Poco después del atentado se establecieron severos controles en todos los accesos a Bilbao y en las proximidades del acuartelamiento grupos de policías visiblemente alterados, con uniforme y de paisano, organizaron batidas a pie por la zona. Además, un helicóptero con base en el propio cuartel sobrevoló la zona desde minutos después de cometerse el atentado. Los controles por carretera fueron más severos que en otras ocasiones, y se pararon y registraron todos los coches que iban ocupados por jóvenes. Todo ello provocó enormes atascos y un gran caos circulatorio.
Varios partidos políticos condenaron el atentado perpetrado en Basauri, y a las ocho y media de la noche tuvo lugar en la localidad una manifestación en la que unas trescientas personas, que portaban pancartas firmadas por el Partido Comunista y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores, protestaban contra el terrorismo.
Los autores materiales del atentado –entre ocho y doce– no fueron juzgados. En 1980 la Audiencia Nacional condenó a dos penas de 6 años de prisión mayor a Juan José Gaminde Aranguren, en concepto de encubridor por haber refugiado a los terroristas que perpetraron el atentado. En la misma sentencia fue condenado José Manuel Legarreta-Echeverría Gamboa a dos penas de 12 años de reclusión menor como cómplice del atentado.
En diciembre de 1978 se detuvo a José Antonio Torres Altonaga, alias Medios, que proporcionó a la Policía las llaves de un piso en Munguía en el que se guardaba dinero obtenido en diferentes atracos, además de armas, entre ellas las metralletas utilizadas en el atentado contra el cuartel de Basauri. Además, de sus declaraciones se desprende que uno de los autores materiales del asesinato de los dos policías fue Juan María Otegui Elicegui, alias Txato (ABC, 24/12/78), que murió víctima de un atentado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) en agosto de 1985 en el País Vasco francés, por lo que no pudo ser juzgado.

José Benito Sánchez Sánchez tenía 30 años y era natural de Morille (Salamanca). Estaba soltero aunque tenía planeado casarse en fechas próximas. Había ingresado en el cuerpo de Policía cuatro años antes, en abril de 1974, y meses antes de ser asesinado había sido ascendido a cabo. Pertenecía a la guarnición de Basauri.


Benjamín Sancho Legido era natural de Monreal de Ariza (Zaragoza), y había ingresado en la Policía en abril de 1973. Era monitor de gimnasia y pertenecía a la Compañía de la Reserva General con sede en Zaragoza, trasladada apenas siete días antes a Vizcaya para reforzar los dispositivos policiales de la provincia.

Héroes, 15 de noviembre: Emilia Larrea Sáez de Adacia y Ignacio Bañuelos Lasso

Fuente: Libertad Digital.



El 15 de noviembre de 1978 resultó muerta en Mondragón (Guipúzcoa) EMILIA LARREA SÁEZ DE ADACIA, vecina de la localidad que se vio envuelta en un tiroteo entre dos patrullas de la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalista (CAA), que acababan de atacar el cuartel de Arechavaleta. Además, en el tiroteo también murieron dos terroristas de la banda, Roberto Aramburu Uribarren y José María Iturrioz Garmendia, y el tercero, Emilio Zurutuza Odriozola, fue herido de gravedad y detenido. En el intercambio de disparos, además de la fatal muerte de Emilia Larrea, otros tres vecinos de Mondragón resultaron heridos de diversa consideración.
Todo se había iniciado en torno a las 18:00 horas de ese 15 de noviembre, cuando tres miembros de los CAA, a bordo de un Renault 12, ametrallaron la casa cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta (Guipúzcoa) sin llegar a causar víctimas. Los agentes repelieron la agresión y los etarras se dieron a la fuga. Inmediatamente, los guardias civiles del cuartel iniciaron una persecución hasta Mondragón, donde los terroristas tuvieron que reducir la velocidad debido a la congestión de tráfico en la localidad. 
A partir de aquí las versiones difieren. Desde el Gobierno Civil de Guipúzcoa se dijo que los terroristas se apearon del vehículo, iniciándose un intercambio de disparos entre ellos y los guardias civiles, en el curso del cual falleció Emilia Larrea. Sin embargo, los vecinos del pueblo denunciaron que los heridos civiles se produjeron cuando, tras el primer tiroteo entre guardias civiles y terroristas, llegaron más agentes de Mondragón en otro vehículo. Éstos vieron a sus compañeros, que iban de paisano, armados con metralletas, y los confundieron con terroristas. Se produjo entonces un nuevo tiroteo (esta vez entre guardias civiles) que provocó que Emilia Larrea fuese herida mortalmente.  
De acuerdo con esta segunda versión, el socialista Txiki Benegas, titular de la Consejería de Interior del Consejo General vasco, emitió un comunicado que se hizo público al día siguiente. En él se relataba que dos de los terroristas intentaron darse a la fuga, sin llevar armas, y fueron abatidos por los guardias civiles de paisano que les estaban siguiendo desde el cuartel de Arechavaleta. Al tercer terrorista, que estaba en el interior del vehículo, le dispararon y lo sacaron herido fuera del mismo. Muy pocos minutos después de ese primer intercambio de disparos, llegó a Mondragón otro vehículo con más guardias civiles, también de paisano. Al ver a varios hombres armados con metralletas, y creyendo que eran los terroristas, abrieron fuego en esa dirección, provocando la muerte de Emilia Larrea. La nota hecha pública por Txiki Benegas era durísima y en ella se podía leer: "La irracional lógica de la violencia es la que explica tanto la agresión al cuartel de la Guardia Civil como la respuesta que causa la muerte de los agresores. (...) En todo caso, lo que resulta evidentemente inexplicable es la actuación posterior de una fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que causa una muerte y varios heridos en la población civil. Tal acto debe ser enjuiciado con una gran serenidad, pues obedece a una de estas dos causas: o bien una irresponsable falta de reflexión, o bien una actitud todavía más peligrosa: la de una fuerza que actúa sobre una población como sociedad enemiga".
Semejante comunicado firmado por Benegas provocó todo tipo de reacciones. En primer lugar, por parte del ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, que criticó el comunicado en una carta enviada a Ramón Rubial, presidente del Consejo General vasco. En la misma calificaba de "intolerable" la postura de algunos partidos políticos y se señalaba que "o se apoya al terrorismo, o se apoya a quienes han elegido la dura y abnegada misión de hacerle frente". En segundo lugar, elGobierno Civil de Guipúzcoa hizo pública una nota en la que se decía que los guardias civiles habían actuado conforme al "estricto cumplimiento de su deber", persiguiendo y haciendo frente a "unos reconocidos terroristas que minutos antes habían intentado un nuevo asesinato del guardia de puertas del cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta". De hecho, la casa cuartel de Arechavaleta fue alcanzada por veinticinco impactos de bala, algunos de ellos en los pasillos de los pabellones familiares.
Pero la polémica no hizo sino aumentar, pues los sucesos de Mondragón provocaron la convocatoria por parte de varios partidos nacionalistas de una huelga general en Guipúzcoa, que paralizó gran parte de la actividad económica el día 17 y que hizo que el 18 esa provinciaamaneciese sin periódicos, por acuerdo mayoritario de los profesionales de los medios de comunicación, que también se sumaron a la huelga. Frente a esa unanimidad de los profesionales de la prensa, Jaime Campmany escribió en ABC en su edición del 21 de noviembre:
A gentes como las que actúan bajo la disciplina militar de ETA y que quieren imponer el imperio del crimen no se les puede decir con flores. Si los políticos siguen diciéndoselo con flores, nos cubrirán a todos de crisantemos. No se puede enviar jazmines a sofocar a las Parabellum.
Efectivamente, los tres terroristas no sólo habían ametrallado la casa cuartel, sino que en el coche utilizado para cometer el atentado se decomisaron varias armas –dos metralletas, una granada de piña, una escopeta de cañones recortados, dos pistolas y una navaja– y accesorios para las mismas. La pistola que se le incautó a Emilio Zurutuza Odriozola había sido utilizada para asesinar al cabo de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto y al cabo Anselmo Durán Vidal el 9 de octubre. La trágica muerte de una vecina de Mondragón no se habría producido, en ningún caso, si previamente los terroristas no hubiesen intentado asesinar a los guardias civiles de la casa cuartel de Arechavaleta.
Al día siguiente del atentado hacia las once de la mañana, unas dos mil personas se manifestaron en Mondragón y, al llegar al lugar donde tuvo lugar el tiroteo, dieron gritos a favor de ETA y contra las Fuerzas de Orden Público. A las siete de la tarde se celebraron los funerales. En el de Emilia Larrea, familiares y amigos llenaron la iglesia, pero la asistencia fue multitudinaria en el de los terroristas, en el que centenares de personas tuvieron que seguir el oficio desde el exterior del templo. El sacerdote dijo que "si estos dos hombres luchaban por buscar la libertad, ahora la encontrarán en el Señor".
Tras los entierros, se volvieron a manifestar miles de ciudadanos (siete mil según los convocantes y tres mil según el Gobierno Civil) gritando, otra vez, contra la Guardia Civil, las Fuerzas de Orden Público y Martín Villa, y a favor de ETA. Los manifestantes llegaron a estar a unos cien metros del cuartel, por lo que la Guardia Civil se vio obligada a actuar, produciéndose algunos choques de mucha dureza hasta bien entrada la noche, aunque no hubo que lamentar heridos ni se produjeron detenciones. Hubo también ataques de proetarras con cócteles molotov contra una sede del Banco Santander, que provocó un aparatoso incendio, y otras sucursales bancarias, además de contra la sede de Comisiones Obreras (CCOO).
También en San Sebastián hubo incidentes cuando varios cientos de manifestantes, que fueron creciendo en número hasta llegar a los dos mil quinientos, tuvieron que ser disueltos por la Policía Armada. Hubo enfrentamientos, barricadas y persecuciones de individuos violentos, en especial en el Casco Viejo y en el barrio de Gros. En Vergara, Rentería, Pasajes, Éibar, Villafranca, Irún, Tolosa, Legorreta, Azcoitia, Placencia, Hernani, Andoain, Arechavaleta, Oñate y otras localidades de la provincia hubo paros aislados y manifestaciones sin incidentes.
Emilia Larrea Sáez de Adacia tenía 54 años. Estaba casada y tenía tres hijos. Tras el funeral por su alma celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Mondragón, sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de la localidad guipuzcoana, donde fueron inhumados.

A las seis y diez de la tarde del día 15 de noviembre de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al vendedor ambulante IGNACIO BAÑUELOS LASSO mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su camión.
La explosión se produjo en el bilbaíno barrio de Uribarri. Ignacio acababa de salir de su domicilio y, al poner en marcha su vieja camioneta Avia, la vibración del motor provocó el estallido del artefacto, adosado debajo de la aleta izquierda. El estallido alcanzó de lleno a Ignacio, que perdió el control de la camioneta y fue a estrellarse contra la fachada de una antigua discoteca. El cadáver quedó atrapado en la cabina, con la pierna izquierda casi seccionada del tronco.
Ignacio "tenía fama de traficante de droga en el barrio", según declararon algunos vecinos, algo que desmintieron sus familiares. Una sobrina de Ignacio, Natividad Bañuelos, de 17 años, comentó que su tío Ignacio se había dedicado en el pasado al tráfico de heroína, pero aseguró que había abandonado aquella actividad hacía un año y que ahora vivía de la venta de chatarra.
La familia Bañuelos había sido ya víctima de la banda. El 7 de octubre de 1988, un primo de Ignacio, Ramón Bañuelos, había sido asesinado por el mismo procedimiento de la bomba-lapa. Con posterioridad al asesinato de Ignacio, en enero de 1991 dos mujeres de la misma familia, María García Bañuelos y su hija, Laura Manzanares García, de 11 años, fueron heridas de gravedad mediante una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban.
Ignacio Bañuelos Lasso tenía 26 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Guardo (Palencia). Se dedicaba a la recogida de quincalla, objetos usados y a la venta ambulante. El gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, aseguró el mismo día del atentado que ETA, otra vez, se atribuía "el papel de juez, verdugo y fiscal", declaraciones casi calcadas a las que realizó un año antes tras el funeral por Ramón Bañuelos.