El 15 de noviembre de 1978 resultó muerta en Mondragón (Guipúzcoa) EMILIA LARREA SÁEZ DE ADACIA, vecina de la localidad que se vio envuelta en un tiroteo entre dos patrullas de la Guardia Civil y miembros de los Comandos Autónomos Anticapitalista (CAA), que acababan de atacar el cuartel de Arechavaleta. Además, en el tiroteo también murieron dos terroristas de la banda, Roberto Aramburu Uribarren y José María Iturrioz Garmendia, y el tercero, Emilio Zurutuza Odriozola, fue herido de gravedad y detenido. En el intercambio de disparos, además de la fatal muerte de Emilia Larrea, otros tres vecinos de Mondragón resultaron heridos de diversa consideración.
Todo se había iniciado en torno a las 18:00 horas de ese 15 de noviembre, cuando tres miembros de los CAA, a bordo de un Renault 12, ametrallaron la casa cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta (Guipúzcoa) sin llegar a causar víctimas. Los agentes repelieron la agresión y los etarras se dieron a la fuga. Inmediatamente, los guardias civiles del cuartel iniciaron una persecución hasta Mondragón, donde los terroristas tuvieron que reducir la velocidad debido a la congestión de tráfico en la localidad.
A partir de aquí las versiones difieren. Desde el Gobierno Civil de Guipúzcoa se dijo que los terroristas se apearon del vehículo, iniciándose un intercambio de disparos entre ellos y los guardias civiles, en el curso del cual falleció Emilia Larrea. Sin embargo, los vecinos del pueblo denunciaron que los heridos civiles se produjeron cuando, tras el primer tiroteo entre guardias civiles y terroristas, llegaron más agentes de Mondragón en otro vehículo. Éstos vieron a sus compañeros, que iban de paisano, armados con metralletas, y los confundieron con terroristas. Se produjo entonces un nuevo tiroteo (esta vez entre guardias civiles) que provocó que Emilia Larrea fuese herida mortalmente.
De acuerdo con esta segunda versión, el socialista Txiki Benegas, titular de la Consejería de Interior del Consejo General vasco, emitió un comunicado que se hizo público al día siguiente. En él se relataba que dos de los terroristas intentaron darse a la fuga, sin llevar armas, y fueron abatidos por los guardias civiles de paisano que les estaban siguiendo desde el cuartel de Arechavaleta. Al tercer terrorista, que estaba en el interior del vehículo, le dispararon y lo sacaron herido fuera del mismo. Muy pocos minutos después de ese primer intercambio de disparos, llegó a Mondragón otro vehículo con más guardias civiles, también de paisano. Al ver a varios hombres armados con metralletas, y creyendo que eran los terroristas, abrieron fuego en esa dirección, provocando la muerte de Emilia Larrea. La nota hecha pública por Txiki Benegas era durísima y en ella se podía leer: "La irracional lógica de la violencia es la que explica tanto la agresión al cuartel de la Guardia Civil como la respuesta que causa la muerte de los agresores. (...) En todo caso, lo que resulta evidentemente inexplicable es la actuación posterior de una fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que causa una muerte y varios heridos en la población civil. Tal acto debe ser enjuiciado con una gran serenidad, pues obedece a una de estas dos causas: o bien una irresponsable falta de reflexión, o bien una actitud todavía más peligrosa: la de una fuerza que actúa sobre una población como sociedad enemiga".
Semejante comunicado firmado por Benegas provocó todo tipo de reacciones. En primer lugar, por parte del ministro de Interior, Rodolfo Martín Villa, que criticó el comunicado en una carta enviada a Ramón Rubial, presidente del Consejo General vasco. En la misma calificaba de "intolerable" la postura de algunos partidos políticos y se señalaba que "o se apoya al terrorismo, o se apoya a quienes han elegido la dura y abnegada misión de hacerle frente". En segundo lugar, elGobierno Civil de Guipúzcoa hizo pública una nota en la que se decía que los guardias civiles habían actuado conforme al "estricto cumplimiento de su deber", persiguiendo y haciendo frente a "unos reconocidos terroristas que minutos antes habían intentado un nuevo asesinato del guardia de puertas del cuartel de la Guardia Civil de Arechavaleta". De hecho, la casa cuartel de Arechavaleta fue alcanzada por veinticinco impactos de bala, algunos de ellos en los pasillos de los pabellones familiares.
Pero la polémica no hizo sino aumentar, pues los sucesos de Mondragón provocaron la convocatoria por parte de varios partidos nacionalistas de una huelga general en Guipúzcoa, que paralizó gran parte de la actividad económica el día 17 y que hizo que el 18 esa provinciaamaneciese sin periódicos, por acuerdo mayoritario de los profesionales de los medios de comunicación, que también se sumaron a la huelga. Frente a esa unanimidad de los profesionales de la prensa, Jaime Campmany escribió en ABC en su edición del 21 de noviembre:
A gentes como las que actúan bajo la disciplina militar de ETA y que quieren imponer el imperio del crimen no se les puede decir con flores. Si los políticos siguen diciéndoselo con flores, nos cubrirán a todos de crisantemos. No se puede enviar jazmines a sofocar a las Parabellum.
Efectivamente, los tres terroristas no sólo habían ametrallado la casa cuartel, sino que en el coche utilizado para cometer el atentado se decomisaron varias armas –dos metralletas, una granada de piña, una escopeta de cañones recortados, dos pistolas y una navaja– y accesorios para las mismas. La pistola que se le incautó a Emilio Zurutuza Odriozola había sido utilizada para asesinar al cabo de la Guardia Civil Aurelio Salgueiro López el 28 de agosto y al cabo Anselmo Durán Vidal el 9 de octubre. La trágica muerte de una vecina de Mondragón no se habría producido, en ningún caso, si previamente los terroristas no hubiesen intentado asesinar a los guardias civiles de la casa cuartel de Arechavaleta.
Al día siguiente del atentado hacia las once de la mañana, unas dos mil personas se manifestaron en Mondragón y, al llegar al lugar donde tuvo lugar el tiroteo, dieron gritos a favor de ETA y contra las Fuerzas de Orden Público. A las siete de la tarde se celebraron los funerales. En el de Emilia Larrea, familiares y amigos llenaron la iglesia, pero la asistencia fue multitudinaria en el de los terroristas, en el que centenares de personas tuvieron que seguir el oficio desde el exterior del templo. El sacerdote dijo que "si estos dos hombres luchaban por buscar la libertad, ahora la encontrarán en el Señor".
Tras los entierros, se volvieron a manifestar miles de ciudadanos (siete mil según los convocantes y tres mil según el Gobierno Civil) gritando, otra vez, contra la Guardia Civil, las Fuerzas de Orden Público y Martín Villa, y a favor de ETA. Los manifestantes llegaron a estar a unos cien metros del cuartel, por lo que la Guardia Civil se vio obligada a actuar, produciéndose algunos choques de mucha dureza hasta bien entrada la noche, aunque no hubo que lamentar heridos ni se produjeron detenciones. Hubo también ataques de proetarras con cócteles molotov contra una sede del Banco Santander, que provocó un aparatoso incendio, y otras sucursales bancarias, además de contra la sede de Comisiones Obreras (CCOO).
También en San Sebastián hubo incidentes cuando varios cientos de manifestantes, que fueron creciendo en número hasta llegar a los dos mil quinientos, tuvieron que ser disueltos por la Policía Armada. Hubo enfrentamientos, barricadas y persecuciones de individuos violentos, en especial en el Casco Viejo y en el barrio de Gros. En Vergara, Rentería, Pasajes, Éibar, Villafranca, Irún, Tolosa, Legorreta, Azcoitia, Placencia, Hernani, Andoain, Arechavaleta, Oñate y otras localidades de la provincia hubo paros aislados y manifestaciones sin incidentes.
Emilia Larrea Sáez de Adacia tenía 54 años. Estaba casada y tenía tres hijos. Tras el funeral por su alma celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza de Mondragón, sus restos mortales fueron trasladados al cementerio de la localidad guipuzcoana, donde fueron inhumados.
A las seis y diez de la tarde del día 15 de noviembre de 1989 la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al vendedor ambulante IGNACIO BAÑUELOS LASSO mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su camión.
La explosión se produjo en el bilbaíno barrio de Uribarri. Ignacio acababa de salir de su domicilio y, al poner en marcha su vieja camioneta Avia, la vibración del motor provocó el estallido del artefacto, adosado debajo de la aleta izquierda. El estallido alcanzó de lleno a Ignacio, que perdió el control de la camioneta y fue a estrellarse contra la fachada de una antigua discoteca. El cadáver quedó atrapado en la cabina, con la pierna izquierda casi seccionada del tronco.
Ignacio "tenía fama de traficante de droga en el barrio", según declararon algunos vecinos, algo que desmintieron sus familiares. Una sobrina de Ignacio, Natividad Bañuelos, de 17 años, comentó que su tío Ignacio se había dedicado en el pasado al tráfico de heroína, pero aseguró que había abandonado aquella actividad hacía un año y que ahora vivía de la venta de chatarra.
La familia Bañuelos había sido ya víctima de la banda. El 7 de octubre de 1988, un primo de Ignacio, Ramón Bañuelos, había sido asesinado por el mismo procedimiento de la bomba-lapa. Con posterioridad al asesinato de Ignacio, en enero de 1991 dos mujeres de la misma familia, María García Bañuelos y su hija, Laura Manzanares García, de 11 años, fueron heridas de gravedad mediante una bomba adosada a los bajos de la furgoneta que ocupaban.
Ignacio Bañuelos Lasso tenía 26 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Era natural de Guardo (Palencia). Se dedicaba a la recogida de quincalla, objetos usados y a la venta ambulante. El gobernador civil de Vizcaya, Daniel Vega, aseguró el mismo día del atentado que ETA, otra vez, se atribuía "el papel de juez, verdugo y fiscal", declaraciones casi calcadas a las que realizó un año antes tras el funeral por Ramón Bañuelos.
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