Finalmente el ministro de finanzas publicó los datos del déficit fiscal en España para el año 2011, el último año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como era de esperar “el déficit era mucho más alto de lo esperado”. Concretamente, el déficit global de todas las administraciones ha sido de 91.000 millones de euros (el 8,51% del PIB). Es decir, las administraciones públicas han gastado 91.000 millones más de lo que han ingresado. Si tenemos en cuenta que la recaudación impositiva del estado es de unos 160.000 millones, un déficit de 91.000 millones representa un déficit de cerca del ¡60% de los ingresos! Para hacer un paralelo sin tantos ceros, es como si una familia que cobra 16.000 euros al año (es decir, una familia mileurista) gastara un total 25.100 euros al año, cosa que le obligaría a poner unos 9.100 euros en la tarjeta VISA. Una situación claramente insostenible ante la que nuestra primera reacción tiene que ser: ¡Señores! ¡Están ustedes despilfarrando una cantidad ingente de nuestro dinero!
La interpretación de estos datos contables debe ser hecha con suma precaución. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que la contabilidad no es una ciencia exacta y muchos gastos (sobre todo los que acaecen cerca del momento de cambio de gobierno) pueden ser contabilizados en un año u otro, cosa que da lugar a un mayor o menor déficit para Zapatero según le convenga al partido que hace los números (en este caso el Partido Popular). En este sentido, no es de extrañar que el déficit sea “mucho más grande de lo esperado”. Al fin y al cabo, ese déficit superlativo no hace sino demostrar que “el otro partido” hizo las cosas muy mal para que, en comparación, nosotros quedemos bien. Además, un déficit tan grande es un déficit difícil de recortar, cosa que nos permitirá ir a Bruselas a mendigar clemencia para que no nos obliguen a recortar tanto el próximo año.
Pero el aspecto más interesante de las cuentas presentadas por Montoro hacen referencia a la división entre el déficit de la administración central y el del resto de las administraciones del estado. Según ha comunicado el ministro Montoro (ver Tabla 1 abajo), de los 91.000 millones de déficit total 54.700 son de la administración central (5.1% del PIB), 31.550 coresponden de las comunidades autónomas (2.94% del PIB), 4.100 son de los entes locales como ayuntamientos y diputaciones (0.38% del PIB) y 0.974 millones son de la seguridad social (0.09% del PIB). Es decir, más de la mitad del déficit (54.700 de los 91.000 millones) corresponden a déficit de la administración central del Estado, presidida por don Mariano Rajoy. No es verdad, por lo tanto, que el máximo responsable sean las comunidades autónomas o los entes locales.
Curiosamente, la noticia aparecida en todos los medios fue que el problema del déficit en España no era de la administración central sino de las autonomías. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión si la casi el 60% del déficit corresponde al gobierno central? Pues muy fácil: no se habla del déficit que tiene cada uno sino de la “desviación respecto al objetivo”. La administración central tenía como objetivo un déficit del 4.80% del PIB y como finalmente su déficit ha sido del 5.1%, se ha desviado un 0,30%. En cambio, las Comunidades Autónomas tenían un objetivo de 1.3% y han tenido 2.94% (desvío de 1,64%). Los entes locales, por su parte, tenían objetivo de 0.30 y han tenido 0.38% (desvío de 0,08%) y la seguridad social tenía objetivo de superávit de +0.40 y ha tenido déficit de 0.09% (desvío de 0,49%). Es decir, todos se han pasado “poco respecto al objetivo” pero las comunidades autónomas se han pasado mucho. ¡Alehup! Si en lugar de hablar de déficit se habla desviaciones, se llega a la conclusión contraria: ¡el culpable de la situación de déficit no es quien más déficit tiene (la administración central) sino quien más se ha desviado del objetivo (las comunidades autónomas)!
La pregunta es: ¿Y quien decide el objetivo que permite a la administración central tener un déficit casi cuatro veces superior al de la suma de todas las comunidades autónomas (4.8% versus 1.3%)? Respuesta: ¡el gobierno central! Uno debería suponer que como la administración es cuatro veces más grande que las autonomías, es justo que su déficit debería también ser cuatro veces superior. Al fin y al cabo, lo justo es que uno haga recortes de gasto proporcionales a los gastos que tiene y si el gobierno central gasta cuatro veces más que las autonomías, es normal que se permita a sí mismo tener un déficit cuatro veces superior.
A mí, este argumento me parece razonable... pero tiene un pequeño problema: la administración central del estado no gasta cuatro veces más que las autonomías. De hecho, ni siquiera gasta más que las autonomías. De hecho, según datos del IGAE, el gobierno central gasta el 21% del total del gasto del estado (principalmente defensa, ministerios, infraestructuras y ayuda exterior), las autonomías mantienen el 35% (básicamente sanidad y educación), los entes locales el 13% y la seguridad social el 30%.
Si el objetivo de déficit se hubiera fijado con ese criterio justo (ver Tabla 2, abajo), es decir, si se hubiera permitido a la administración central tener déficit proporcional a su importancia global en el conjunto del estado, el objetivo para el gobierno central hubiera sido del 1.25% del PIB (el 21% de 6). Dado que, según Montoro, el resultado para el gobierno central fue de un déficit de 5.1%, la desviación de la administración central del estado hubiera sido de 3.85! Por su parte, las comunidades autónomas hubieran tenido un objetivo de 2.14 y, por lo tanto, su desviación hubiera sido del 0.8.
Es decir, si hubiéramos empleado un criterio que en principio parece justo de déficit para cada administración, hubiéramos llegado a la conclusión de que no sólo la mayor parte del déficit proviene de la administración central sino que la mayor parte del desvió también es culpa de la administración central.
Se podrían utilizar otros criterios para decidir quien debe recortar. Por ejemplo, se podría pensar qué administración puede hacer recortes con mayor facilidad y con menor perjuicio para el ciudadano. Si utilizáramos este criterio, también llegaríamos a la conclusión de que la administración central debe recortar más que las comunidades. Al fin y al cabo, la mayor parte de los presupuestos de éstas últimas se gastan en educación y sanidad y ni las necesidades escolares ni las médicas caen durante la crisis. Por contra, las principales partidas de la administración central son defensa e infraestructuras, y ambas podrían ser recortadas durante la crisis a cambio de aumentarlas de nuevo cuando vuelvan las vacas gordas.
Con todo esto no pretendo llegar al criterio perfecto para delimitar los objetivo de déficit de cada administración ni pretendo argumentar que el déficit no es demasiado grande (ya he explicado que lo es y que debe ser reducido). Lo que sí quiero demostrar es que uno puede llegar a la conclusión de que España tiene un problema de déficit por culpa de la administración central o por culpa de las autonomías dependiendo única y exclusivamente del objetivo fijado para cada uno. Y quien ha fijado el objetivo actual es pura y simplemente el gobierno central.
La última pregunta es obligada: ¿Y cómo se fijó el objetivo en España? Pues la verdad, no lo sé. Pero mucho me temo que la respuesta está en la primera columna de la tabla que presentó Montoro: ¡el déficit inicial! Vemos que en 2010, el déficit de la administración central era del 5.72% mientras que el de las comunidades era de 2.94% por lo que se decidió rebajar un poco tanto el uno como el otro. Es decir, se tomó la historia como punto de partida para establecer los recortes. Si eso se hubiera decidido así (y repito que desconozco el criterio que se utilizó en su momento) no sería ni justo, ni científico, ni reflejaría la capacidad de reducir el gasto de cada uno sino que sería el fruto de la locura del gobierno de Zapatero que, al empezar la crisis, se volvió loco y empezó a regalar dinero a todo el mundo (¿recuerdan los planes renove, planes e, cheques bebé y demás políticas de "estímulo" que figuraba que tenían que sacara a España de la crisis?), generando un déficit desorbitado. Si se toma ese momento de la historia como punto inicial a partir del cual hay que hacer recortes, tenemos que la administración central tiene un déficit inicial superior y, por lo tanto, su insensata política acaba teniendo premio porque le permite tener déficits superiores a las comunidades autónomas durante muchos años.
La lección para las autonomías es: cuando venga la próxima crisis, empiecen a gastar como locos. Lejos de perjudicarles, esa insensata política les beneficiará gracias a la prestidigitación contable que van a llevar a cabo los sucesivos gobiernos de la administración central.
TABLA 1: Datos presentados por el ministro Montoro.
Tabla 2: datos de déficit si utilizamos el "objetivo" de que cada admnistración debe tener un déficit proporcional a su importancia dentro de los gastos globales del estado y, además, la suma global de los déficits debe ser el 6% impuesto por Bruselas.
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