En su ensayo Sobre la libertad, John Stuart Mill escribía: «Una vez admitido el deber de imponer la obligación de la educación universal, se pondría fin a las dificultades acerca de lo que debiera enseñar el Estado y cómo debiera enseñarlo, que convierten hoy el tema en un mero campo de batalla para sectas y partidos». Esta cita enmarca la reciente polémica entre el Ministro de Educación con su declaración a favor de «españolizar a los alumnos catalanes» y la oposición a esta tesis expresada por el presidente de la Generalitat, con su poco afortunada frase de que el Gobierno central quiere educar a los escolares de Cataluña en el ideario de la España «una, grande y libre». Ambas posiciones muestran las nefastas derivadas de una educación controlada por los poderes públicos.
La discusión sobre la intervención estatal o autonómica, da igual, en la esfera educativa no se refiere a la obligatoriedad de la enseñanza, sino a que el Gobierno central o los periféricos controlen la totalidad o una parte sustancial de la oferta de servicios de educación como sucede en España. Cuando esto ocurre, existe el peligro, respaldado por la experiencia, de que las distintas administraciones intenten organizar la enseñanza de tal modo que les permita moldear la mente de los alumnos a favor de sus posiciones políticas e ideológicas. Esto constituye no sólo un mecanismo de empobrecimiento del capital humano de cualquier Estado, sino un serio riesgo para la libertad. Si una población educada es básica para el mantenimiento y florecimiento de una sociedad libre y democrática, ésta es por definición plural y no ha de sustentarse sobre un esquema de valores único y monopólico instaurado desde el poder.
Los riesgos del estatismo educativo se acentúan en los Estados multinacionales. La respuesta a la pregunta de a quién corresponde dirigir la enseñanza tiende a convertirse en una causa de fricción entre las distintas nacionalidades integradas en una estructura estatal. En este escenario, la estatización de la instrucción se transforma en una fuente crónica de conflicto entre quienes aspiran a aplicar planes educativos uniformes en todo el ámbito estatal y quienes aspiran a hacer lo mismo en las administraciones periféricas. Las asignaturas científicas en el sentido de que es posible impartirlas acudiendo a criterios objetivos son sólo una parte de los programas. Esto significa que una gran parte de la formación de las escuelas se deriva de juicios valorativos, lo que en un modelo de enseñanza pública equivale a imponer a los alumnos el esquema de valores de los gobernantes y/o de las burocracias de la enseñanza.
La educación es el proceso a través del cual se transmite a las nuevas generaciones no sólo el conocimiento, sino los principios sustentadores de una determinada forma de vivir y de organizar la sociedad. Esto implica enseñar a los niños las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, sobre lo que es importante en la vida, etcétera, y por tanto ha de estar dentro del ámbito de decisión de las familias y no del de los políticos o del de los burócratas. En una sociedad plural y, por tanto, compleja, un mercado monopolístico, incluido el educativo, no es capaz de reflejar los valores y satisfacer las preferencias de todos los padres. Cuando se pretende forzar una falsa uniformidad desde el poder, el conflicto está servido y la instrucción de los niños degenera en un estéril y dañino conflicto entre los diferentes partidos e ideologías. Así pues, el debate real no es entre quienes quieren españolizar o catalanizar a los alumnos, sino entre quienes están dispuestos a conceder a las familias libertad para decidir cómo y quién ha de educar a sus hijos y los que pretender asignar esa tarea a las autoridades públicas. Esa es la realidad del problema.
Desde esta óptica, la función del Estado ha de ser la de regular, no la de suministrar servicios educativos y debe restringirse a exigir el cumplimiento por parte de las escuelas de unos estándares mínimos, ceñidos al conocimiento de los hechos y de las ciencias positivas dejando la enseñanza de materias como la política, la religión u otros tópicos polémicos a la libre elección de los padres.
En este marco, el Gobierno o gobiernos obligaría a todos los colegios a enseñar ciertas cosas pero no les impediría impartir otras. Por tanto, los alumnos podrían ser educados en el budismo, en el cristianismo, en cualquier otra confesión o en ninguna si las familias tuviesen libertad de elegir a qué escuela llevar a sus hijos para proporcionarles, más allá de los estándares señalados, una instrucción acorde a su concepto de la buena vida, a su ideario personal. Esto implica despolitizar la educación, único camino para evitar conflictos sobre aspectos que, por definición, son opinables y, en consecuencia, subjetivos.
Este enfoque es incompatible con un modelo educativo basado en el control estatal de la enseñanza. Como planteó Milton Friedman en su libro Capitalismo y Libertad es posible sufragar la educación con cargo a los impuestos sin mantener escuelas públicas, facilitando a las familias un chequeescolar para financiar los gastos escolares de sus hijos pagando con esos bonos o cheques los colegios de su elección. Si los padres optan por llevar a sus hijos a un centro educativo cuyo coste es superior al importe del bono tendrán que cubrir esa diferencia con sus propios recursos. Este sistema ofrece múltiples combinaciones posibles, incluida la coexistencia de la enseñanza pública y la privada, eso sí, compitiendo en igualdad de condiciones, y se sustenta en un principio: el Estado subsidia a los padres y éstos deciden la escuela y la formación que desean para sus hijos.
Los bonos escolares, como todos los mecanismos de libre mercado, protegen los derechos de todos, de las mayorías y de las minorías. Si, por ejemplo, el 60% de las familias catalanas desea un tipo determinado de educación, el otro 40% podría utilizar su cheque educativo para decidir la que ellos demandan para sus hijos. Desde luego, esto no es conciliable con un planteamiento en el cual se piensa que la misión de la enseñanza es fabricar buenos ciudadanos españoles o buenos ciudadanos catalanes, tarea imposible de abordar con una mínima objetividad. El tema es formar individuos con la mejor dotación de capital humano disponible y libres para proyectar su vida como deseen, salvo que los gobiernos se lo impidan.
