Déficit Público en España (2): Prestidigitación Contable

Xavier Sala i Martín.

Finalmente el ministro de finanzas publicó los datos del déficit fiscal en España para el año 2011, el último año del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como era de esperar “el déficit era mucho más alto de lo esperado”. Concretamente, el déficit global de todas las administraciones ha sido de 91.000 millones de euros (el 8,51% del PIB). Es decir, las administraciones públicas han gastado 91.000 millones más de lo que han ingresado. Si tenemos en cuenta que la recaudación impositiva del estado es de unos 160.000 millones, un déficit de 91.000 millones representa un déficit de cerca del ¡60% de los ingresos! Para hacer un paralelo sin tantos ceros, es como si una familia que cobra 16.000 euros al año (es decir, una familia mileurista) gastara un total 25.100 euros al año, cosa que le obligaría a poner unos 9.100 euros en la tarjeta VISA. Una situación claramente insostenible ante la que nuestra primera reacción tiene que ser: ¡Señores! ¡Están ustedes despilfarrando una cantidad ingente de nuestro dinero!

La interpretación de estos datos contables debe ser hecha con suma precaución. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que la contabilidad no es una ciencia exacta y muchos gastos (sobre todo los que acaecen cerca del momento de cambio de gobierno) pueden ser contabilizados en un año u otro, cosa que da lugar a un mayor o menor déficit para Zapatero según le convenga al partido que hace los números (en este caso el Partido Popular). En este sentido, no es de extrañar que el déficit sea “mucho más grande de lo esperado”. Al fin y al cabo, ese déficit superlativo no hace sino demostrar que “el otro partido” hizo las cosas muy mal para que, en comparación, nosotros quedemos bien. Además, un déficit tan grande es un déficit difícil de recortar, cosa que nos permitirá ir a Bruselas a mendigar clemencia para que no nos obliguen a recortar tanto el próximo año.

Pero el aspecto más interesante de las cuentas presentadas por Montoro hacen referencia a la división entre el déficit de la administración central y el del resto de las administraciones del estado. Según ha comunicado el ministro Montoro (ver Tabla 1 abajo), de los 91.000 millones de déficit total 54.700 son de la administración central (5.1% del PIB), 31.550 coresponden de las comunidades autónomas (2.94% del PIB), 4.100 son de los entes locales como ayuntamientos y diputaciones (0.38% del PIB) y 0.974 millones son de la seguridad social (0.09% del PIB). Es decir, más de la mitad del déficit (54.700 de los 91.000 millones) corresponden a déficit de la administración central del Estado, presidida por don Mariano Rajoy. No es verdad, por lo tanto, que el máximo responsable sean las comunidades autónomas o los entes locales.

Curiosamente, la noticia aparecida en todos los medios fue que el problema del déficit en España no era de la administración central sino de las autonomías. ¿Cómo se puede llegar a esa conclusión si la casi el 60% del déficit corresponde al gobierno central? Pues muy fácil: no se habla del déficit que tiene cada uno sino de la “desviación respecto al objetivo”. La administración central tenía como objetivo un déficit del 4.80% del PIB y como finalmente su déficit ha sido del 5.1%, se ha desviado un 0,30%. En cambio, las Comunidades Autónomas tenían un objetivo de 1.3% y han tenido 2.94% (desvío de 1,64%). Los entes locales, por su parte, tenían objetivo de 0.30 y han tenido 0.38% (desvío de 0,08%) y la seguridad social tenía objetivo de superávit de +0.40 y ha tenido déficit de 0.09% (desvío de 0,49%). Es decir, todos se han pasado “poco respecto al objetivo” pero las comunidades autónomas se han pasado mucho. ¡Alehup! Si en lugar de hablar de déficit se habla desviaciones, se llega a la conclusión contraria: ¡el culpable de la situación de déficit no es quien más déficit tiene (la administración central) sino quien más se ha desviado del objetivo (las comunidades autónomas)!

La pregunta es: ¿Y quien decide el objetivo que permite a la administración central tener un déficit casi cuatro veces superior al de la suma de todas las comunidades autónomas (4.8% versus 1.3%)? Respuesta: ¡el gobierno central! Uno debería suponer que como la administración es cuatro veces más grande que las autonomías, es justo que su déficit debería también ser cuatro veces superior. Al fin y al cabo, lo justo es que uno haga recortes de gasto proporcionales a los gastos que tiene y si el gobierno central gasta cuatro veces más que las autonomías, es normal que se permita a sí mismo tener un déficit cuatro veces superior.

A mí, este argumento me parece razonable... pero tiene un pequeño problema: la administración central del estado no gasta cuatro veces más que las autonomías. De hecho, ni siquiera gasta más que las autonomías. De hecho, según datos del IGAE, el gobierno central gasta el 21% del total del gasto del estado (principalmente defensa, ministerios, infraestructuras y ayuda exterior), las autonomías mantienen el 35% (básicamente sanidad y educación), los entes locales el 13% y la seguridad social el 30%.

Si el objetivo de déficit se hubiera fijado con ese criterio justo (ver Tabla 2, abajo), es decir, si se hubiera permitido a la administración central tener déficit proporcional a su importancia global en el conjunto del estado, el objetivo para el gobierno central hubiera sido del 1.25% del PIB (el 21% de 6). Dado que, según Montoro, el resultado para el gobierno central fue de un déficit de 5.1%, la desviación de la administración central del estado hubiera sido de 3.85! Por su parte, las comunidades autónomas hubieran tenido un objetivo de 2.14 y, por lo tanto, su desviación hubiera sido del 0.8.

Es decir, si hubiéramos empleado un criterio que en principio parece justo de déficit para cada administración, hubiéramos llegado a la conclusión de que no sólo la mayor parte del déficit proviene de la administración central sino que la mayor parte del desvió también es culpa de la administración central.

Se podrían utilizar otros criterios para decidir quien debe recortar. Por ejemplo, se podría pensar qué administración puede hacer recortes con mayor facilidad y con menor perjuicio para el ciudadano. Si utilizáramos este criterio, también llegaríamos a la conclusión de que la administración central debe recortar más que las comunidades. Al fin y al cabo, la mayor parte de los presupuestos de éstas últimas se gastan en educación y sanidad y ni las necesidades escolares ni las médicas caen durante la crisis. Por contra, las principales partidas de la administración central son defensa e infraestructuras, y ambas podrían ser recortadas durante la crisis a cambio de aumentarlas de nuevo cuando vuelvan las vacas gordas.

Con todo esto no pretendo llegar al criterio perfecto para delimitar los objetivo de déficit de cada administración ni pretendo argumentar que el déficit no es demasiado grande (ya he explicado que lo es y que debe ser reducido). Lo que sí quiero demostrar es que uno puede llegar a la conclusión de que España tiene un problema de déficit por culpa de la administración central o por culpa de las autonomías dependiendo única y exclusivamente del objetivo fijado para cada uno. Y quien ha fijado el objetivo actual es pura y simplemente el gobierno central.

La última pregunta es obligada: ¿Y cómo se fijó el objetivo en España? Pues la verdad, no lo sé. Pero mucho me temo que la respuesta está en la primera columna de la tabla que presentó Montoro: ¡el déficit inicial! Vemos que en 2010, el déficit de la administración central era del 5.72% mientras que el de las comunidades era de 2.94% por lo que se decidió rebajar un poco tanto el uno como el otro. Es decir, se tomó la historia como punto de partida para establecer los recortes. Si eso se hubiera decidido así (y repito que desconozco el criterio que se utilizó en su momento) no sería ni justo, ni científico, ni reflejaría la capacidad de reducir el gasto de cada uno sino que sería el fruto de la locura del gobierno de Zapatero que, al empezar la crisis, se volvió loco y empezó a regalar dinero a todo el mundo (¿recuerdan los planes renove, planes e, cheques bebé y demás políticas de "estímulo" que figuraba que tenían que sacara a España de la crisis?), generando un déficit desorbitado. Si se toma ese momento de la historia como punto inicial a partir del cual hay que hacer recortes, tenemos que la administración central tiene un déficit inicial superior  y, por lo tanto, su insensata política acaba teniendo premio porque le permite tener déficits superiores a las comunidades autónomas durante muchos años.

La lección para las autonomías es: cuando venga la próxima crisis, empiecen a gastar como locos. Lejos de perjudicarles, esa insensata política les beneficiará gracias a la prestidigitación contable que van a llevar a cabo los sucesivos gobiernos de la administración central.

TABLA 1: Datos presentados por el ministro Montoro.

Tabla 2: datos de déficit si utilizamos el "objetivo" de que cada admnistración debe tener un déficit proporcional a su importancia dentro de los gastos globales del estado y, además, la suma global de los déficits debe ser el 6% impuesto por Bruselas.

Hospital pediátrico de la provincia de Holguín en pésimas condiciones

Dania Virgen García.

Fidel García Roldan, ex-preso político, quien reside en la calle 13 número 12, entre 11 y Mariana Grajales, Holguín, informa acerca de las pésimas condiciones higiénicas en que se encuentra el hospital pediátrico de esa provincia.

  

Asegura la fuente que varios familiares de pacientes menores de edad que se hayan ingresados en ese hospital se quejan de las condiciones en que se encuentran.

“En el hospital no hay agua, los baños están inmundos y no tienen puertas, no hay ropa de cama, el alimento para los niños es insuficiente y mal elaborado porque se la roban, y no hay comida  para los familiares acompañantes”, refiere la fuente.

Añade que en el hospital no hay siquiera termómetros ni aparatos para medir la presión arterial.  Muchos de estos padres  se han quejado en la dirección del PCC, pero no les  han prestado atención.

dania@cubadentro.com

Hasta el Final

Anddy Sierra Alvarez.

Crece preocupación en los ciudadanos de la Habana por vivir en edificaciones deterioradas, pues han ocurrido varios derrumbes en lo que avanza el año 2012. Una señora de 55 años de edad  de un barrio habanero comenta,  el frío ya se esta acabando y la temporada de lluvias se avecina, etapa peligrosa para las edificaciones en mal estado y el contraste de agua y sol es una bomba de tiempo.
La noticia de desplomes para estas zonas olvidadas son avisos desgarradores, pues pasaremos  nosotros por lo mismo, dice Alberto un joven de 21 años. Ya los vecinos han perdido la esperanza de que el gobierno les asigne una brigada para la salvación de los edificios de la manzana. El delegado dice que lo ha planteado en varias reuniones y no le han dado respuestas todavía,  esto hace más de 3 años. Los productos de construcción están a la venta pero para conseguir algo  aunque sea para ir reparando cada uno individualmente lo suyo, es un dilema las colas y la demanda de la población es demasiado, por lo que los “rastros” no dan abasto.
Cuando llegue el mes de julio, cuantas edificaciones se han caído en la Habana ya oiremos, ojalá y la suerte no esté echada para las personas que cada día tienen el miedo de perder sus hogares destinadas a un mísero albergue colectivo.

Urdangarín y su juicio mediático

Arcadi Espada.

   Querido J:

Desde hace meses, y sin que haya tenido aún la oportunidad de decirle al juez una sola palabra, el yerno del Rey está diariamente sometido en los medios a graves acusaciones. Algunas de ellas constituyen delitos nítidos, pero lo demoledor es la luz inmoral que proyecta el conjunto. Sombrío, el pueblo se pregunta qué sera de nosotros si personas situadas en la cumbre social se comportan con semejante desdén a las leyes y a las normas.

Nada de lo que se publica ha obtenido aún la garantía de verdad que aporta una sentencia; pero los verbos del sujeto titular son inequívocos: Urdangarín recibió, evadió, cobró, ingresó, coló, desvió. Los periódicos pueden utilizar esos verbos sin que medie una sentencia; y así lo hacen con la mayoría de asuntos de lo real, que no están sometidos al escrutinio de un juez. El problema es que los hechos que afectan al yerno del Rey están todavía en curso y por elucidarse. Los periódicos solo están publicando el relato fiscal (policial) de los hechos. Un relato que se distribuye a trozos, dosificadamente, en razón de las necesidades comerciales, como truculentas piezas separadas: múltiples cabezas desgajadas de su tronco, que aún se mueven pero cuya inteligibilidad es dudosa. Y en el que deslumbra una ausencia: los packs de los periódicos titulan, con su arrogancia habitual, Todo sobre el caso Urdangarín,y es lástima grande que en el todo falte la voz del propio Urdangarín.

En cualquier otro asunto no sometido al protocolo judicial, el político, por ejemplo, ningún periódico se atrevería a escribir en esos términos sobre nadie sin incluir lo que tuviera que decir el nadie. ¡Buenos son ellos para no acogerse a las llamadas versiones de los hechos! Pero, sorprendentemente, cuando se trata de determinados procesos judiciales los periódicos abandonan toda prudencia. Hasta el punto de que, tras los primeros compases, desaparecen incluso las construcciones gramaticales precautorias. Si en los primeros días aún se lee que la policía acusa, el fiscal responsabiliza, o el instructor cree en las semanas siguientes los hechos se presenten sin padre ni madre, y sin piedad: Urdangarín cobró.

De modo que lo primero que cabe considerar sobre el llamado juicio mediáticoes que suele producirse sin la participación de las defensas, como es tradición en Moscú. Las razones de este silencio son múltiples. Y la primera, casi conceptual: se trata de defensas. Esta posición es siempre el hándicap de partida, mucho más lacerante cuando las acusaciones, aún sometidas al secreto de sumario pero ya filtradas, están en los periódicos sin que los abogados las hayan aún examinado. También es evidente que la defensa suele ser para los medios la realidad que estropea una buena noticia. Y, desde luego, en el privilegio dado al relato acusatorio hay una viscosa cuestión de tráfico de intereses: los periodistas especializados viven, noticiosamente hablando, de la policía y el fiscal: los abogados pasan, pero el fiscal y la policía permanecen.

Los abogados, desde luego, suelen quejarse de la indefensión del juicio mediático; pero lo cierto es que harían bien en abandonar esa retórica plañidera y ponerse manos a la obra desde la consideración inexorable de que en los periódicos, al menos en los españoles, se dirime la suerte civil de los acusados. La realidad, sin embargo, es que la gran mayoría de los abogdos no está preparada para ese trabajo: a diferencia de policías, fiscales y jueces desconocen cómo gestionar el trabajo con los medios. Es sorprendente que hasta una fábrica de peluches tenga su jefe de prensa y que grandes despachos de no se hayan planteado jamás incorporar a su plantilla a especialistas de la jungla mediática. La ausencia del relato exculpatorio tiene la consecuencia que cabe esperar: el que calla otorga. La opinión pública concluye que ni el yerno del Rey ni su abogado dicen nada porque nada tienen que decir, salvo admitir los hechos y su condena.

El juicio mediático tiene, por último, su sentencia y su ejecución de condena, que consiste en la llamada pena del telediario. El acusado pasa, a veces sucio, despeinado y con esposas, por la horca caudina del prime time, es decir, por el tribunal del pueblo de nuestra época. El pueblo, previamente engrasado por centenares de titulares, dicta entonces su sentencia inapelable. Tan inapelable que ni siquiera una absolución de los jueces la conmoverá. Cabe señalar, no obstante, que la ejecución de la pena del telediario está, básicamente, en manos de la instancia judicial. Porque puede impedir su ejecución o facilitarla, como parece que va a hacer ahora el juez con el yerno del Rey. Es un caso de altísima hipocresía el que los jueces partidarios de aplicar el garrote del telediario lo hagan en nombre de la igualdad ante la ley. Yo admitiría que lo hicieran en nombre de un suplemento de justicia que se acerca plácidamente a la venganza: que el poderoso se lleve algo más. Pero en nombre de la igualdad… Lo que la pena del telediario prueba, precisamente, es que todos no somos iguales ante la ley: unos pueden ir a declarar ante el juez paseando y gozando de la mañana mientras otros deben hacerlo entre los insultos de los característicos del pueblo, esa horda mafiosa que se agolpa ante los juzgados cada vez que la convocan y que espera jadeante ser recompensada por los medios con su pedacito de alcachofa sanguinolenta.

Sobre el yerno del Rey, sin embargo, y cuando aún faltan siete días para su primera declaración, el juicio mediático ya ha cumplido todos su protocolos. Incluido el de la ejecución de condena. Ya es indiferente de qué modo vaya a declarar, si andando o bajo vidrios tintados. El pasado martes la cadena Telecinco emitió unas tremendas imágenes de su culo corriendo por las calles de Washington, cuando trataba de librarse del acoso de una dulce reportera. Las imágenes no explicaban nada del caso Urdangarín, pero trazaban un autobiografía completa de los que filman, montan y emiten. Ese culo nos humilla a todos. Los ciudadanos sueñan con príncipes valientes, que planten cara a la vida con elegancia, contundencia y honor, y es cierto que la reacción del yerno del Rey fue decepcionante. Pero en el fondo no hay en ella otra cosa que la democratización de la monarquía, con la que se llena la boca tanta gente honorable. Mientras mostraban el regio dorso, una voz en off, el fétido corifeo, iba diciendo: «¡¿De qué huye Urdangarín, de qué huye?!» La voz iba buscando la guillotina de la metáfora: ¡míralo, pueblo, el pelele, cómo huye de la justvcia! Sin embargo el yerno solo hacía lo que cualquier demócrata asustado: huir de los navajeros.

Sigue con salud,

A.

(El Mundo, 18 de febrero de 2012)

Índice de Libertad Económica 2012

The Heritage Foundation.

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Mentiras en la Feria del Libro

Dania Virgen García.

El pasado sábado 11 de febrero, cuando  visité la Feria del Libro de La Habana, que se desarrolla en el complejo turístico Morro-Cabaña, pude apreciar la hipocresía con que oficialmente se presenta dicho evento.

La mayoría de las personas que visitan la feria no pueden comprar los libros debido a los precios tan altos en que son vendidos a un pueblo que vive  de  salarios que apenas les alcanzan para comer malamente.

Después que pasa la feria, la mayoría de los libros se hallan puestos en los estantes de las librerías, pero siguen sin venderse porque son muy caros.

Muchos jóvenes hacen colas inmensas para poder recrearse entre los libros,  hojearlos  y después devolverlos a sus anaqueles, para salir con las manos vacías, y tristes por no poder comprar algún libro.

Numerosas madres con sus niños se aglomeran delante de los estantes de los libros infantiles y escogen algunos, pero  cuando llegan a la caja registradora tienen que dejar la mayoría de los libros porque no les alcanza el dinero para pagarlos.

Uno de los libros más demandados es la tercera edición del nuevo diccionario  para adolescentes, muy importante para su aprendizaje, pero no todos pueden comprarlos.

En las cajas registradoras, como  de costumbre, siempre hay trabajadores que se dedican a estafar: una de las cajeras pagaba cada CUC a 20 pesos en moneda nacional.

El 90 % de los cubanos que van a la Feria del Libro es para recrearse en el parque de diversiones, sentarse a comer en los restaurantes improvisados, e ingerir bebidas alcohólicas. Después comentan  que fueron a la Feria, aunque no hayan comprado un solo libro.

No puedo dejar de mencionar a la Policía Nacional Revolucionaria, que en vez de cuidar el orden, con sus arbitrariedades, crea  desórdenes públicos en las colas de las guaguas y para entrar a la feria. 

Permítanme comentar lo ocurrido con dos ciudadanos extranjeros, chinos por más señas. Estos almorzaron en uno de los restaurantes improvisados en la feria. Cada uno pidió dos raciones de arroz con pollo frito (¡qué hambre!) y varias cervezas  Cristal. Cuando terminaron de almorzar y el dependiente les fue a cobrar,  le manifestaron que ellos pensaban que la comida era gratis “porque el gobierno cubano tenía que agradecerles mucho a China”. Explicaron que ellos llevaban tres años viviendo en Cuba y “no pagaban en ningún lugar”. Según comentó el dependiente, los chinos le quedaron debiendo 4.00 CUC (unos 100 pesos). 

dania@cubadentro.com

Obama, Castro y la cumbre

Andrés Oppenheimer.

BOGOTA — El gobierno de Estados Unidos no fue muy listo al rechazar de plano la exigencia de Venezuela y los demás países del ALBA de que Cuba sea invitada a la mega-cumbre del Presidente Barack Obama con 33 otros jefes de estado de las Américas a realizarse el 14 de abril en Colombia. El Departamento de Estado debería haber aceptado el reto, pero para cuestionar a la dictadura cubana ante una audiencia mundial.

La pugna diplomática empezó a principios de mes en una reunión del bloque del ALBA en Venezuela, en que el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso que los miembros del grupo no acudan a la 5ª Cumbre de las Américas a realizarse en Cartagena, Colombia, si Cuba —el único país del hemisferio excluido de la cumbre— no es invitada. Venezuela y los otros países del bloque aceptaron de inmediato la moción.

Los funcionarios de Estados Unidos se ajustaron al manual, y respondieron que Cuba no puede asistir porque —según las reglas de la cumbre— sólo están invitados los líderes elegidos democráticamente que sean miembros activos de la Organización de Estados Americanos.

Colombia, el país anfitrión, que está tratando de quedar bien con todos, dijo que trataría de encontrar una solución diplomática. La canciller colombiana María Angela Holguín viajó a La Habana, y a su regreso confesó que Cuba quiere asistir a la cumbre.

El impasse diplomático está ocupando titulares de primera plana en varios países. Durante una visita a Colombia la semana pasada, casi todas las personas con las que hablé sacaron el tema, entre divertidos e intrigados sobre cómo se resolverá. El tono prevaleciente en la prensa colombiana es que Estados Unidos una vez más está castigando a la pequeña isla caribeña por su política exterior independiente: el viejo cuento de David versus Goliat.

Entonces, ¿qué debería hacer Washington? En vez de rechazar la presencia de Cuba, el Departamento de Estado debería darle la bienvenida al líder cubano Raúl Castro para que asista como invitado especial y responda a varias preguntas, empezando por la de cuánto tiempo más Cuba piensa seguir siendo la última dictadura militar del continente.

PREGUNTAS A CASTRO

Más específicamente, y dada la propensión de los diplomáticos a las formalidades legales, habría que preguntarle a Castro:

• ¿Por qué Cuba no está cumpliendo con el compromiso contraído por el presidente Fidel Castro en la Sexta Cumbre Iberoamericana de 1996 en Viña del Mar, Chile, de respetar “el pluralismo político, los derechos humanos y las libertades políticas”?

En esa cumbre, Castro firmó una declaración final que también exigía respeto por “la división de poderes”, así como por “la libertad de expresión, de asociación y de reunión”.

Sobra decir que Cuba aún tiene cientos de presos políticos —dos de los cuales han muerto recientemente en huelgas de hambre —, y que no permite la existencia de partidos opositores.

• ¿Por qué Cuba está violando el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que afirma que “Todas las personas tienen el derecho de salir de cualquier país, incluyendo el suyo, y de volver a su país”? Hasta la fecha, los cubanos necesitan un permiso del gobierno para salir de la isla.

La conocida bloguera cubana Yoani Sánchez, a quien se le negó un permiso para viajar a Brasil a principios de este mes, escribió el 3 de febrero en su cuenta de Twitter: “Es la ocasión # 19 en que me violan el derecho a entrar y salir de mi país... Soy una prisionera”.

• Si el Raúl Castro responde —como seguramente lo hará— que “el imperio” y sus aliados están atacando la isla porque se ha convertido en una sociedad modelo, la respuesta de Obama debería ser muy simple: “Si el pueblo cubano es tan feliz y quiere tanto a su gobierno, ¿por qué no permiten elecciones libres?”

LOS DEMAGOGOS

Mi opinión: La amenaza del ALBA de boicotear la Cumbre de las Américas es puro teatro político. El presidente venezolano Hugo Chávez y su seguidor ecuatoriano, Correa, no boicotearán la cumbre: son demagogos que viven del show, y no se van a perder la oportunidad de hacer titulares en una cumbre con Obama.

Lo más probable es que montaron toda esta escena para colocarse en el centro de la escena de la cumbre, y se conformarán con un párrafo ambiguo en la declaración final que ellos puedan interpretar como una invitación a Cuba a la próxima cumbre.

Obama —que, dicho sea de paso, acaba de darle una bienvenida de alfombra roja al probable próximo presidente chino Xi Jinping, que representa otra dictadura— debería aceptar el reto del ALBA e invitar a Cuba a la cumbre siempre que Castro esté dispuesto a responder algunas preguntas incómodas. Por supuesto, Cuba no irá, pero Estados Unidos no quedara mal parado, como ahora.

Read more here: http://www.elnuevoherald.com/2012/02/15/v-fullstory/1128678/oppenheimer-obama-castro-y-la.html#storylink=cpy

Carbón para muchos años

Antón Uriarte.

A pesar de que la sóla mención del carbón produce urticaria en divinos izquierdistas y en pronucleares derechistas, el carbón y sus emisiones del benéfico CO2 seguirán aumentando en las próximas décadas.

Porque es bueno, barato, bien repartido y seguro. Y, con las nuevas tecnologías de las centrales térmicas modernas, además es limpio.

Incluso en Estados Unidos.

La Oficina de Información de la Energía (EIA) predice que en términos absolutos la utilización del carbón en la producción eléctrica estadounidense no disminuirá, aunque pasará de representar el 45 % en el 2010 a un 39 % en el 2035.

2035. Para entonces, siguiendo las instrucciones de las autoridades ecologistas, ya estaremos muchos de nosotros descarbonizados por completo. Austeros y esqueléticos. Calladitos bajo el suelo.

* en la figura no se representa un 1% de electricidad producida por fuel oil. Con el término renovables se engloba la hidroeléctrica, la biomasa, la eólica, la solar y la geotérmica.

Natural gas and renewable shares of electricity generation to grow, coal still largest - Today in Energy - U.S. Energy Information Administration (EIA)

Griswold on Immigration and the Welfare State

Bryan Caplan.


Dan Griswold's "Immigration and the Welfare State" was my favorite in the Cato Journal immigration symposium.  Highlights:

False stereotypes notwithstanding, immigrants have an awesome work ethic:

The typical foreign-born adult resident of the United States today is more likely to participate in the work force than the typical native-born American. According to the U.S. Department of Labor (2011), the labor-force participation rate of the foreign-born in 2010 was 67.9 percent, compared to the native-born rate of 64.1 percent. The gap was especially high among men. The labor-force participation rate of foreign-born men in 2010 was 80.1 percent, a full 10 percentage points higher than the rate among native-born men.

Labor-force participation rates were highest of all among unauthorized male immigrants in the United States. According to estimates by Jeffrey Passell (2006) of the Pew Hispanic Center, 94 percent of illegal immigrant men were in the labor force in the mid-2000s.

Immigrants display reverse welfare magnetism:

The 10 states with the largest percentage increase in foreign-born population between 2000 and 2009 spent far less on public assistance per capita in 2009 compared to the 10 states with the slowest-growing foreign-born populations--$35 vs. $166 (see Table 1). In the 10 states with the lowest per capita spending on public assistance, the immigrant population grew 31 percent between 2000 and 2009; in the 10 states with the highest per capita spending on public assistance, the foreign-born population grew 13 percent (U.S.
Census 2011, NASBO 2010: 33).

What about illegals?

Undocumented immigrants are even more likely to self-select states with below-average social spending. Between 2000 and 2009, the number of unauthorized immigrants in the low-spending states grew by a net 855,000, or 35 percent. In the high-spending states, the population grew by 385,000, or 11 percent (U.S. Census 2011; NASBO 2010: 33; Passel and Cohn 2011). One possible reason why unauthorized immigrants are even less drawn to high-welfare-spending states is that, unlike immigrants who have been naturalized, they are not eligible for any of the standard welfare programs.

The paper goes on to cover the net multigenerational fiscal effects of immigration, with extra sections on educational spending, health spending, and Social Security.  Though the net fiscal effect seems positive, there's a clear federal-state conflict:

The 1997 National Research Council study determined that the typical immigrant and descendants represent an $80,000 fiscal gain to the government in terms of net present value. But that gain divides into a positive $105,000 fiscal impact for the federal government and a negative $25,000 impact on the state and local level (NRC 1997: 337).

While the net fiscal effects of illegal immigration in Texas were modestly negative, the net economic effect for Texas was strongly positive:

[U]nauthorized immigrants in fiscal year 2005 paid a total of $2.09 billion in taxes at the state and local level, while consuming $2.60 billion in services (Strayhorn 2006: 20). Education was the main expenditure on the state level, and health care on the local level. Thus the net fiscal cost for state and local taxpayers in Texas from illegal immigration that year was $504 million.

The fiscal cost, however, was more than offset by the boost to the size of the Texas economy, another finding consistent with other state studies. The Texas comptroller used a general equilibrium model known as the Regional Economic Model Inc... The model found that the resulting drop in the state's labor force would cause wages of remaining workers to rise slightly--by less than 1 percent. But the higher wages caused by a tightening labor market would make producers in the state less competitive, resulting in a modest decline in the value of the state's exports. The state's economy would shrink by 2.1 percent or $17.7 billion (Strayhorn 2006: 17)

Griswold's not apologizing for the welfare state.  But libertarians who see the welfare state as an argument for restricting immigration are straining out a gnat and swallowing a camel.

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