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Cuestión de confianza

Carlos Rodríguez Braun.



Se suponía que los mercados exigían medidas de política económica en tres campos: el sistema financiero, la hacienda pública y las reformas estructurales. Las autoridades españolas las han acometido, y sin embargo los mercados no están satisfechos, cae la Bolsa y la prima de riesgo vuelve a las andadas y a las subidas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué más necesitan los mercados para recuperar la confianza en España?
A pesar de la demagogia antropomórfica que sostiene lo contrario, lo que pasa en los mercados no es producto de manejos de personas concretas con objetivos y poder, como los políticos. No podemos ponerlos en el mismo saco, que es precisamente lo que hacen tantos gobernantes e intérpretes simplificadores de la realidad. Identificar mercados y gobiernos no sólo es falso sino además peligroso, porque justifica la retórica populista hasta prácticamente cualquier extremo, en términos que amparan el intervencionismo político y legislativo como si fuera siempre defensa de la comunidad frente a los inicuos ataques de malvados individuos concretos en forma de los mercados, los especuladores, el gran capital, etc.
No hay tal cosa. Los mercados son la resultante de las acciones diferentes e incluso contradictorias de un número indefinido pero amplísimo de personas que con libertad deciden, individualmente o a través de agentes que individualmente designan, qué hacer con su dinero y sus ahorros en un amplio abanico de plazos y condiciones, según sean su aversión al riesgo y sus preferencias. Así, los mercados no son un reducido grupo de individuos codiciosos e inescrupulosos, como los que vemos en las películas sobre la crisis, que se lucran con el mal de la Nación, sino la consecuencia de las decisiones de millones de mujeres y hombres que quieren sacarle partido a sus ahorros, y sobre todo no quieren perderlos.
Por consiguiente, antes de echarles la culpa de nuestras desgracias, haríamos mejor en intentar entender esas decisiones, que se concretan en la falta de confianza en los activos y la deuda de nuestro país. ¿Tiene lógica esa falta de confianza? No lo sabemos exactamente, por supuesto, pero podemos intentar encontrarla sin caer en fantasiosas teorías conspirativas.
Veamos, pues, las tres áreas en las que se ha movido el Gobierno. La reforma financiera ha sido aparentemente correcta, y el sistema ha sido modificado de manera visible. Todo indica que aquí la confianza debería haberse consolidado. Sin embargo, hay cuestiones que pueden oscurecer el panorama, desde la falta de crecimiento y los resultados de las nuevas regulaciones hasta los balances de los bancos, que quizá no hayan sido saneados del todo en términos de riesgo inmobiliario y que se han ido cargando de un nuevo activo potencialmente peligroso: la deuda pública.
El segundo frente son las medidas fiscales. Aquí también los resultados pueden ser ponderados con matices, puesto que la contención del gasto público va en la buena dirección, mientras que las subidas de los impuestos y de la deuda claramente van en sentido contrario, como va el desacuerdo entre las diversas Administraciones Públicas a la hora de poner sus cuentas en orden. A largo plazo, el desconcierto de las autoridades del PP a propósito del Estado del Bienestar es similar al de las demás fuerzas políticas, porque todos quieren defenderlo pero eso no basta para solventar su sostenibilidad económica y financiera, y a la postre política. En el futuro, si eso no se arregla, la situación podrá desembocar en un escenario perturbador para los gobernantes, a saber, uno en el que la rentabilidad política del gasto público en el Estado del Bienestar pueda caer por debajo del coste político de recaudar los impuestos necesarios para financiarlo.
Por último, el tercer campo de las medidas del Gobierno han sido las reformas llamadas estructurales. No parece razonable argumentar que son equivocadas y que aumentan el intervencionismo en nuestros mercados, obstaculizando así el crecimiento de la economía y el empleo. Más bien es cierto lo contrario. ¿Es, por tanto, irracional que las personas que invierten en España planteen una “cuestión de confianza” ante las reformas de nuestros gobernantes? No, no lo es, porque siempre cabe la posibilidad de que esas reformas no hayan sido suficientes, y es una posibilidad que pesa mucho en el momento presente, es decir, cuando la economía aún no ha superado el freno y marcha atrás que supuso el final de la débil recuperación registrada entre mediados de 2009 y mediados de 2011.
Nadie sabe lo que va a pasar. Algunos economistas petulantes no se han enterado, pero su inerradicable incapacidad para conocer el futuro no ha sido abolida. En efecto, así como no fuimos capaces de predecir con exactitud el momento y la profundidad de la crisis, tampoco sabremos precisar cuándo y con qué fuerza va a quedar atrás. No es descartable que la economía española se esté recuperando incluso  ahora, cuando más hundida parece. No lo sabemos, como tampoco sabemos qué resultado tendrá la política monetaria del Banco Central Europeo y qué sucederá con el sistema monetario del euro.
Lo que sí sabemos es que el recelo y la desconfianza, que se reflejan en las operaciones y los resultados de los mercados de acciones y de deuda, no carecen de base y no son producto de la perversión ni del delirio. Muchas voces se alzan para condenar a los mercados como si fueran así. No lo son. Representan las reacciones de numerosas personas que no creen en todo lo que dicen los Gobiernos, entre otras razones porque esos mismos Gobiernos no son inocentes del derrumbe que ha padecido la actividad económica en estos últimos años, aunque se presenten solo como valerosos caballeros andantes que van a defendernos de los peligros más variopintos.
Las economías al final son individuos. Usted, sin ir más lejos. ¿Qué haría hoy con sus ahorros? ¿Los invertiría sin dudar ahora mismo en acciones, bonos y títulos de la deuda? ¿O más bien se andaría con cuidado ante el riesgo de no recuperar toda su inversión con un beneficio? Pues que no le cuenten milongas sobre los ataques de los mercados. Lo que está pasando es que hay mucha gente como usted, que no ahorra ni invierte sin pensárselo dos veces, al menos.

Griswold on Immigration and the Welfare State

Bryan Caplan.


Dan Griswold's "Immigration and the Welfare State" was my favorite in the Cato Journal immigration symposium.  Highlights:

False stereotypes notwithstanding, immigrants have an awesome work ethic:

The typical foreign-born adult resident of the United States today is more likely to participate in the work force than the typical native-born American. According to the U.S. Department of Labor (2011), the labor-force participation rate of the foreign-born in 2010 was 67.9 percent, compared to the native-born rate of 64.1 percent. The gap was especially high among men. The labor-force participation rate of foreign-born men in 2010 was 80.1 percent, a full 10 percentage points higher than the rate among native-born men.

Labor-force participation rates were highest of all among unauthorized male immigrants in the United States. According to estimates by Jeffrey Passell (2006) of the Pew Hispanic Center, 94 percent of illegal immigrant men were in the labor force in the mid-2000s.
Immigrants display reverse welfare magnetism:
The 10 states with the largest percentage increase in foreign-born population between 2000 and 2009 spent far less on public assistance per capita in 2009 compared to the 10 states with the slowest-growing foreign-born populations--$35 vs. $166 (see Table 1). In the 10 states with the lowest per capita spending on public assistance, the immigrant population grew 31 percent between 2000 and 2009; in the 10 states with the highest per capita spending on public assistance, the foreign-born population grew 13 percent (U.S.
Census 2011, NASBO 2010: 33).
What about illegals?
Undocumented immigrants are even more likely to self-select states with below-average social spending. Between 2000 and 2009, the number of unauthorized immigrants in the low-spending states grew by a net 855,000, or 35 percent. In the high-spending states, the population grew by 385,000, or 11 percent (U.S. Census 2011; NASBO 2010: 33; Passel and Cohn 2011). One possible reason why unauthorized immigrants are even less drawn to high-welfare-spending states is that, unlike immigrants who have been naturalized, they are not eligible for any of the standard welfare programs.
The paper goes on to cover the net multigenerational fiscal effects of immigration, with extra sections on educational spending, health spending, and Social Security.  Though the net fiscal effect seems positive, there's a clear federal-state conflict:
The 1997 National Research Council study determined that the typical immigrant and descendants represent an $80,000 fiscal gain to the government in terms of net present value. But that gain divides into a positive $105,000 fiscal impact for the federal government and a negative $25,000 impact on the state and local level (NRC 1997: 337).
While the net fiscal effects of illegal immigration in Texas were modestly negative, the net economic effect for Texas was strongly positive:
[U]nauthorized immigrants in fiscal year 2005 paid a total of $2.09 billion in taxes at the state and local level, while consuming $2.60 billion in services (Strayhorn 2006: 20). Education was the main expenditure on the state level, and health care on the local level. Thus the net fiscal cost for state and local taxpayers in Texas from illegal immigration that year was $504 million.

The fiscal cost, however, was more than offset by the boost to the size of the Texas economy, another finding consistent with other state studies. The Texas comptroller used a general equilibrium model known as the Regional Economic Model Inc... The model found that the resulting drop in the state's labor force would cause wages of remaining workers to rise slightly--by less than 1 percent. But the higher wages caused by a tightening labor market would make producers in the state less competitive, resulting in a modest decline in the value of the state's exports. The state's economy would shrink by 2.1 percent or $17.7 billion (Strayhorn 2006: 17)
Griswold's not apologizing for the welfare state.  But libertarians who see the welfare state as an argument for restricting immigration are straining out a gnat and swallowing a camel.

Demoledores y deportistas

Carlos Rodríguez Braun.



La diputada socialista Elena Valenciano aseguró en El Paísque la derecha condena al Estado del Bienestar a la "demolición".  Pero lo que el Partido Popular ha dicho y ha hecho durante toda su existencia ha ido en la dirección contraria. 
José María Aznar, esa supuesta fiera radical ultraliberal, no le tocó un pelo al Estado del Bienestar, y estaba muy orgulloso de que durante sus años de Gobierno la recaudación fiscal hubiese aumentado de modo de poder hacer lo propio con el gasto social y con los servicios de una Seguridad Social saneada. Durante estos últimos ocho deplorables años de la gestión de Smiley y sus secuaces el Partido Popular jamás pidió que se recortara el Welfare State. Más bien reclamó lo contrario. Cuando se votó en el Congreso de los Diputados la Ley de Dependencia, esa subida del gasto público  (y por tanto de la presión fiscal) pomposamente denominada "el cuarto pilar del Estado del Bienestar", todos los diputados del PP, todos, votaron a favor con no disimulado entusiasmo. Recuperado el Gobierno en 2011, Mariano Rajoy y su pandilla se precipitaron a subir los impuestos con el objetivo explícito de proteger y preservar (¿no lo adivina usted?)…¡el Estado del Bienestar! 
Entonces ¿a qué juegan los socialistas con la evidente falsedad de que la derecha quiere demolerlo? Juegan a una vieja estratagema política en busca desesperada de una identidad diferenciadora: repetir incesantemente una mentira para conseguir que se transforme en verdad. El embuste de Elena Valenciano y de tantos otros pretende que un número suficiente de votantes crea que sólo la izquierda es la defensora abnegada y generosa del Estado del Bienestar, amenazado por la pérfida y liberalizadora derecha.
Una parte de esa estratagema estriba en localizar declaraciones de los políticos de la derecha que se parezcan a un liberalismo que, en vez de significar la dignidad de las mujeres y hombres libres, puedan ser presentados como la peste del egoísmo y el caos insolidario de la ley de la selva. A esa labor se ha dedicado el filósofo Germán Cano, que en el mismo periódico encontró unas líneas de Mariano Rajoy con un aire liberal, líneas escritas hace ¡casi treinta años!
En efecto, el hoy presidente del Gobierno publicó esto en El Faro de Vigo en 1984: "al revés de lo que propugnaban Rousseau y Marx, la gran tarea del humanismo moderno es lograr que la persona sea libre por ella misma y que el Estado no la obligue a ser un plagio. Y no es bueno cultivar el odio sino el respeto al mejor, no el rebajamiento de los superiores, sino la autorrealización propia". Este pecado es tan grave que Cano se pregunta retóricamente si todo lo que ha dicho Rajoy en las décadas subsiguientes en abierto respaldo al intervencionismo predominante no será un engaño…
Nos quiere demostrar que sí, que Rajoy no es un intervencionista como son todos los políticos de todos los partidos, sino que en realidad sigue siendo el que escribió unas pocas líneas liberales en 1984. Para demostrarlo subraya que "las metáforas deportivas invaden el discurso del PP". Condena a Rajoy por hacer símiles entre política y deporte, lo que para don Germán es típicamente liberal, "un desafío apolítico de autosuperación individual", algo identificado con el mercado y por tanto, sumamente condenable. 
Tengo para el señor Cano, aparte de la confirmación reiterada del antiliberalismo de Rajoy que él mismo ha hecho en las últimas décadas, otras tres malas noticias. La primera es que la imagen del deporte es por supuesto asimilable con el mercado en el sentido de que hay competencia, justicia y reglas iguales para todos, pero no lo es un punto esencial: en el deporte prima la noción del juego de suma cero, porque no todos pueden ganar al mismo tiempo. En cambio, esto sí que sucede con los contratos voluntarios en los mercados. 
La segunda es que no hay nada específicamente de derechas (y mucho menos liberal) en el cultivo político del deporte. Los gobernantes lo han hecho desde los tiempos más remotos. En el último siglo es bien conocida la propensión al deporte de las autoridades fascistas y comunistas. Lo mismo ha sucedido con los gobernantes democráticos: hubo uno que llegó a autodesignarse Ministro de Deportes, cargo que simultaneó con el de Presidente del Gobierno de España.
Y la tercera mala noticia que tengo para el señor Cano es que llega tarde a esa denuncia. El 2 de marzo de 2004 hizo lo propio en el mismo diario, y por las mismas razones, Miguel Ángel Aguilar (cf.Economía de los no economistas, LID Editorial, págs. 54 y 182). La única diferencia estriba en que Aguilar hablaba de un presidente posible y Cano de uno real.

¿Qué pasaría si se introdujera el copago sanitario? Carlos Rodríguez Braun

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Extracto:

En ese sentido el panorama es análogo al de las pensiones públicas: se pueden pagar, pero si no hay alteraciones demográficas el sistema generará tensiones que desembocarán en una combinación de cotizaciones más altas y pensiones más bajas, que en un punto determinado podrá resultar insostenible para los gobernantes. De ahí el Pacto de Toledo, que es un pacto de silencio para no contarles a los españoles la verdad sobre las pensiones, y de ahí los continuos llamamientos a un pacto de similares características sobre la sanidad, que también oculte a la opinión pública que todo se debe a que la sanidad, como las pensiones, es pública y está manejada por políticos y burócratas.


Pues no, la verdad es que no está claro, porque, como sucede siempre con el intervencionismo, el copago no es sólo una solución sino también una fuente de problemas. Si se fija una suma reducida, entonces puede que la demanda siga como hasta ahora, y con ella los desequilibrios financieros y la deuda sanitaria, en particular la farmacéutica. Pero si el copago es elevado la reacción de la opinión pública ante el pago nada testimonial de un servicio que considera un derecho gratuito será muy peligrosa para el gobernante de turno. De ahí que el último engendro de la corrección política sea el copago corregido, es decir, un copago que tenga en cuenta la “equidad”, un injusto disparate que tendrá en la sanidad el mismo resultado que ha tenido en la fiscalidad, es decir, que el Gobierno nunca cobre más a los más ricos sino a los que no pueden eludirlo.


Por cierto, una y otra vez oirá usted hablar de “la sanidad pública que queremos” o “nuestro modelo social”. Desconfíe: quienes así hablan no se plantean nunca dejarnos a cada uno de nosotros elegir aquello que queremos y pagarlo con lo que es nuestro.

Growing the Economy for Dummies. Richard W. Rahn




Extracts:

Did you know that in Denmark, the poorest 30 percent pay 14.1 percent of all taxes and the richest pay 48.7 percent, while in the United States, the poorest 30 percent pay just 6.1 percent of all taxes and the richest 30 percent pay a whopping 65.3 percent? The surprising thing is not that the richest pay most of the taxes but that the U.S. has nearly the most progressive tax system in the world, while the Scandinavian countries have about the least progressive tax systems, contrary to commonly held belief.


In his new book, Mr. Tanzi clearly shows how governments in most developed countries have grown over the past century. The many tables are a delight for us data hounds. Some advocates of higher taxes argue that tax rates on labor do not have much impact on the willingness to work, but Mr. Tanzi gives us a very clear chart plotting the tax rate on labor versus the number of hours worked per year in many countries. It shows that there is a strong inverse relationship between tax rates on labor and hours worked. Such facts are inconvenient for the big-government, high-tax crowd. Mr. Tanzi is far from being anti-government, but the facts and data he presents show how most governments have grown far beyond the optimum point, and he is a bit pessimistic about the ability of democracies to rein in excessive and destructive government.


Near the end of the book, Mr. Tanzi observes: "Once the population of a country (or, more often, groups within it) come to see the government as a potential cow that can be milked, there is no longer a limit to the demands for more public spending. There are literally infinite 'needs' of the population, and infinite groups capable of organizing politically, to press for more government spending or other government actions that would benefit them."

But despite Mr. Tanzi's pessimism, he documents how two countries, Sweden and Canada, have changed course and reduced the size of government because the body politic came to understand that the cow was being overmilked and soon would go dry or die.


The Chilean system has been so successful during the past 30 years that it has been copied by more than 30 countries, including Sweden and Australia. Chileans retire with far more wealth than the average American, despite the fact that Chile is just a low-middle-income country. In both Chile and the United States, employers are required to set aside a little more than 12 percent for the pension program, but in Chile, someone with the same earnings as an American will be getting $55,000 as an annual pension, while the American, working the same number of years, just gets $18,000.

The fact, as Mr. Ferrara explains so well, is that we need not have miserable retirement and government medical systems that barely serve the needs of the people while driving the country into bankruptcy. What we need instead are programs in which individuals have control over their own retirement and medical accounts and have the flexibility to design them to meet their needs. Other countries have proved it can be done.


Vía Francisco Capella.

¿Qué pasaría si se liquidara el Estado del Bienestar? Carlos Rodríguez Braun


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Extractos:

¿Por qué es una falacia? Porque supone implícitamente que el Estado es capaz de dar esos servicios gratis. Obviamente, esto no es cierto, porque el Estado no tiene dinero: todo euro que gasta es un euro que ha quitado o quitará a los ciudadanos. Por definición, pues, todo lo que el Estado hace podría ser hecho en su ausencia. Y suponer que esto no sería así necesariamente interpola hipótesis reaccionarias. En efecto, suponer que sólo educamos a nuestros hijos porque el Estado nos obliga a hacerlo y a pagarlo, y que si no lo hiciera todos forzaríamos a nuestros hijos a permanecer siempre en el analfabetismo, equivale a suponer que somos estúpidos. Y no lo somos, claro. Si el Estado no estuviera, es decir, si los ciudadanos retuviéramos los ingresos que el Estado nos arrebata, todo lleva a concluir que lo gastaríamos precisamente en educación, sanidad, pensiones y seguros de todo tipo, incluido el de desempleo. El resultado sería, asimismo, más eficiente que el actual, de modo que tendríamos los mismos servicios que ofrece el Estado pero a un coste menor. Además, constituiríamos una sociedad de mujeres y hombres responsables y libres, lo que no es una ventaja baladí.

El ejemplo de la madre Teresa de Calcuta, asimismo, sirve para refutar la idea de que si no hubiera Estado, entonces nadie se ocuparía de los más desfavorecidos. La prueba de que esto no sería así es que de hecho no es así ahora, a pesar de que el Estado arrebata a los ciudadanos algo así como la mitad de sus bienes todos los años. A pesar de eso los ciudadanos se ocupan de los demás, libremente, en particular de los más pobres. No tiene sentido pensar que dejaríamos de hacerlo si el Estado no nos quitara el dinero que nos quita.