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En ese sentido el panorama es análogo al de las pensiones públicas: se pueden pagar, pero si no hay alteraciones demográficas el sistema generará tensiones que desembocarán en una combinación de cotizaciones más altas y pensiones más bajas, que en un punto determinado podrá resultar insostenible para los gobernantes. De ahí el Pacto de Toledo, que es un pacto de silencio para no contarles a los españoles la verdad sobre las pensiones, y de ahí los continuos llamamientos a un pacto de similares características sobre la sanidad, que también oculte a la opinión pública que todo se debe a que la sanidad, como las pensiones, es pública y está manejada por políticos y burócratas.
Pues no, la verdad es que no está claro, porque, como sucede siempre con el intervencionismo, el copago no es sólo una solución sino también una fuente de problemas. Si se fija una suma reducida, entonces puede que la demanda siga como hasta ahora, y con ella los desequilibrios financieros y la deuda sanitaria, en particular la farmacéutica. Pero si el copago es elevado la reacción de la opinión pública ante el pago nada testimonial de un servicio que considera un derecho gratuito será muy peligrosa para el gobernante de turno. De ahí que el último engendro de la corrección política sea el copago corregido, es decir, un copago que tenga en cuenta la “equidad”, un injusto disparate que tendrá en la sanidad el mismo resultado que ha tenido en la fiscalidad, es decir, que el Gobierno nunca cobre más a los más ricos sino a los que no pueden eludirlo.
Por cierto, una y otra vez oirá usted hablar de “la sanidad pública que queremos” o “nuestro modelo social”. Desconfíe: quienes así hablan no se plantean nunca dejarnos a cada uno de nosotros elegir aquello que queremos y pagarlo con lo que es nuestro.
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