El Ejecutivo y las comunidades de Galicia, Islas Baleares y Comunidad Valenciana han destinado 295.670 euros para promocionar el conocimiento de las lenguas cooficiales de estas autonomías entre los funcionarios de la Administración General del Estado que trabajan en ellas.
La financiación del programa se realizará según lo establecido en los convenios de colaboración que el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y las consejerías correspondientes de cada comunidad autónoma han firmado y que ya han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El INAP dedicará más dinero a las actividades de la Comunidad Valenciana, con una aportación de 96.478,20 euros –el 55,8 por ciento del total–, mientras que la Consellería de Educación de la Generalitat contribuirá con el resto hasta completar los 172.900 euros que se establecen como importe máximo para este programa.
En el caso de las Islas Baleares, el INAP pagará el 80 por ciento de los 81.270 euros que costarán las acciones formativas en el archipiélago, lo que supondrá una contribución de 65.016 euros por parte del Estado.
Galicia tendrá el presupuesto más bajo, que podrá alcanzar los 41.500 euros, de los que el INAP aportará 29.500 euros –el 71,08 por ciento–, dejando a la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta el resto –12.000 euros–.
La Comunidad Valenciana también es la que más actividades formativas realizará (68), en las que participarán al menos 914 alumnos y se alargarán durante 3.640 horas lectivas.
En Baleares las acciones formativas se reducirán a 54 y en el caso de Galicia a 11, al igual que ocurrirá con el número de funcionarios que podrán beneficiarse –302 en Baleares y 260 en Galicia–.
Las horas formativas también disminuirán en el convenio balear, que se limitarán a 2.580, y en el caso gallego se reducirán a 760 horas lectivas mínimas acordadas por el Estado y el correspondiente organismo autónomo.
En los tres convenios se recuerda que es competencia del INAP la "coordinación, selección, formación y perfeccionamiento" de los funcionarios de la Administración del Estado y la colaboración con los centros que tengan atribuidas dichas competencias.
Asimismo, se dispone que cada consejería tendrá que justificar los gastos ante el INAP y que, en caso de no alcanzar el presupuesto transferido por el organismo estatal, el gobierno autonómico tendrá que devolver al Estado la parte correspondiente.
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