Una vez más se reabre el debate sobre la ineficacia de la represión en materia de drogas. Ha bastado que el ex presidente Felipe González nos recordase los males de la prohibición y la necesidad de un cambio de rumbo. Pero no es nada nuevo. Que los esfuerzos antidroga son un "largo y glorioso fracaso" era ya más que evidente hace años.
Milton Friedman advertía en 1972 que era imposible acabar con el tráfico de drogas y que la prohibición era la peor estrategia para usuarios y no usuarios; 17 años después afirmaba que la epidemia del crack se habría evitado de ser legal la cocaína.
Gary S. Becker señalaba en 2001 que la legalización, aun no siendo la panacea y presentándose como "una aventura hacia lo desconocido", eliminaría las ganancias del narcotráfico y la corrupción y que el posible aumento del consumo se compensaría con el control de la calidad.
Recientemente, en enero de 2010, Mario Vargas Llosa ha insistido en que la despenalización es el único remedio y lo afirma con los ojos puestos en México, pero también en otros países. Y más en la misma línea: Paulo Coelho, los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria y las 17.000 personas que han firmado desde junio pasado la Declaración de Viena, reclamando a los Gobiernos y a Naciones Unidas una revisión transparente de la actual estrategia.
La prueba hoy más clara -pero no única- del fracaso y de los inasumibles costes de seguir intentándolo nos la proporciona México: desde 2006, el combate al narco del presidente Calderón ha provocado dos guerras -la que se libra entre narcos y la del Estado contra el crimen organizado- y 30.000 muertos (900 eran niños menores de 17 años).
En contra de la legalización se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no serían mayores que los problemas que causaría el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmación es hoy claramente incierta. Admitiendo como muy probable un aumento inicial del número de consumidores de las drogas ya legales, a la vez, serían seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitaría los males asociados al consumo de los venenos ilegales que hoy circulan; disminución de precios, lo que reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado.
Solo lo anterior ya justificaría pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalización y de control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producción, con mayor inversión en las políticas de reducción de la demanda -educación, prevención y rehabilitación- y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos económicos que hoy se lleva la represión a cambio de unos resultados decepcionantes.
Pero habría más: se desposeería al crimen organizado de su actividad favorita y más rentable y, con ello, de parte de su capacidad de corromper voluntades públicas y privadas y de infiltrarse en la economía lícita; se podría prescindir de la excepcionalidad legal hoy imperante en la persecución y represión del tráfico de drogas que, en ocasiones, nos coloca en los límites de lo que el Estado de derecho es capaz de soportar; desaparecería el pretexto según el cual, la lucha eficaz contra el narcotráfico justifica la intervención de Estados Unidos en asuntos de otros países castigados por este azote.
Y hablando de Estados Unidos conviene echar la vista al pasado y recordar algunos datos: 1º) Que hubo otra situación previa a la prohibición, en la que el consumo de drogas -muy extendido en aquel país en el siglo XIX- no se consideraba un problema de salud pública. 2º) Que alguno de los "problemas de la droga" son hijos de la prohibición. 3º) Que la prohibición se ha desarrollado en los más variados escenarios y ha afectado a casi todo, más allá del ámbito de la salud pública. Basta recordar que la fiscalización internacional se impone al mundo colándola como un polizón en el Tratado de Versalles; que Estados Unidos ha condicionado su ayuda exterior a que los países destinatarios obtuviesen resultados satisfactorios en la lucha contra la droga; que el narco Pablo Escobar ofreció el dinero de la droga para pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un compromiso de no extradición; y que hasta la fórmula originaria de la Coca-Cola hubo de modificarse para sustituir la cocaína por cafeína. 4º) Que la cruzada planetaria que Estados Unidos desata a principios del siglo XX no fue motivada por razones de "salud pública". Hubo motivos racistas contra los negros del Sur y contra la mano de obra china; motivos económicos en la guerra de médicos, farmacéuticos, productores y curanderos por tener la exclusiva en la dispensación de drogas; motivos políticos en la pugna entre China y Filipinas por el monopolio del opio y, también motivos políticos, en el hallazgo de uno de los pretextos -otros han sido la amenaza comunista y el terrorismo islámico- para legitimar el intervencionismo de la gran potencia en la andadura de otros países.
Por otro lado, hay que señalar que lo que más contribuye a reavivar el debate, inclinando cada vez a más personas hacia la opción despenalizadora, son los propios excesos, innecesarios e injustificables, del prohibicionismo.
Me refiero a un par de cuestiones como meros ejemplos.
Primera: hay países que castigan como delito el autoconsumo de drogas, a pesar de que ello no es obligado -aunque si vivamente recomendado- por las Convenciones de Naciones Unidas que diseñan e imponen el sistema represivo mundial. No es el caso de España, donde nunca fue delito el consumo y donde no se duda que tal acto entra en una esfera de la libertad personal inaccesible para el Derecho Penal. Recientemente, en Argentina se ha declarado la inconstitucionalidad del delito de tenencia de drogas para el autoconsumo; en México se ha despenalizado esa misma conducta y en Brasil se ha producido una cierta despenalización al sustituirse la cárcel por tratamientos y medidas educativas. Pero siguen existiendo países que castigan la posesión y el autoconsumo.
Segunda: son inadmisibles algunas de las afirmaciones que la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas) hace en sus informes anuales de evaluación de los esfuerzos antidroga de los distintos países. Así, en el informe de 2010 se muestra preocupación por las decisiones de Argentina, México y Brasil a las que me acabo de referir, lo que se interpreta desde estos países, con razón, como injerencia en asuntos internos. En 2009 se rechazó que la Constitución de Bolivia declarase patrimonio cultural la masticación de la hoja de coca, lo que supone ignorar o despreciar el sentido que tal práctica tiene. Y así más: desagrado porque España no castiga el consumo; críticas porque Suiza permita las salas de inhalación; denuncia de los tratamientos con heroína médicamente prescrita en Holanda, etcétera.
Los excesos y los fracasos del prohibicionismo acabarán siendo el mejor argumento de las tesis liberalizadoras.
He de reconocer que cuando se trabaja dentro del sistema represivo es fácil dejarse seducir por sus "éxitos", pero estos son muy parciales y cuando se mira el conjunto, entonces vence la decepción, al contemplar un instrumento salvaje e ineficaz que no es la "solución" sino, más bien, una parte importante del problema.
Lanzarse a cualquier opción despenalizadora da vértigo, desmontar la prohibición no será fácil, pero el mantenimiento del actual prohibicionismo planetario es una locura.
Araceli Manjón-Cabeza Olmeda es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Ex magistrada suplente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ex directora general del Plan Nacional sobre Drogas.
