Entrevista a Francisco Cabrillo. Víctor Gago

Esta semana, Víctor Gago entrevista al economista Francisco Cabrillo en Contemporáneos. Catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, director del Máster en Derecho, Economía y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset y presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, Cabrillo es autor, entre otros títulos, de Economistas extravagantes (2007) y Grandes errores en economía (2001). También es colaborador de Libertad Digital, La Ilustración Liberal y de FAES.

El déficit español: ¿Muchos gastos o pocos ingresos? Francisco Cabrillo

Siempre he defendido la idea de que la mejor manera de evitar que las administraciones públicas gasten en exceso es limitar sus ingresos. La propia lógica de los sistemas políticos hace que resulte muy difícil para un gobernante liquidar sus presupuestos con un superávit importante en los años de mayor crecimiento.

De intentarlo, se le reprocharía, sin duda, que no gastara en beneficio de la sociedad todo lo recaudado. ¿Por qué no construir más colegios, mejorar el servicio de transporte público o dar más ayudas a los ancianos si el dinero está ahí, pidiéndonos a gritos que lo utilicemos? Es difícil que un político pueda resistir la tentación de hacerlo.

Llegó la crisis y los ingresos cayeron. Pero una gran parte del gasto se había consolidado; y era ya muy difícil volver atrás y decirle a la gente que los buenos tiempos habían pasado y que había que ahorrar en la prestación de servicios y hacer que la gente empezara a pagar –al menos parcialmente– por el uso de algunos de los servicios que venía utilizando de forma casi gratuita. Y esto no gusta; ni aquí, ni en otros países. Lo que está ocurriendo en Grecia es el mejor ejemplo; pero no es, desde luego, un caso único.

Hoy la gente es cada vez más consciente de que aquella renta de la que disfrutaban hace algunos años tenía mucho de transitoria y está adaptando a la baja su patrón de gastos. Es el momento de que las administraciones públicas hagan algo semejante y digan con sinceridad a la gente que sus recortes del gasto no van a ser meramente temporales.

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(Vía Francisco Capella)

El gobierno económico de Europa. Francisco Cabrillo

Vïa Francisco Capella.

Extractos:

En los acuerdos hay algunos elementos claramente positivos. El más importante es, seguramente, el aplazamiento sine die de la emisión de eurobonos. Siempre he estado en contra de tal proyecto, entre otras cosas porque rompería uno de los principios básicos de los mercados financieros, de acuerdo con el cual las diferencias entre tipos de interés deben reflejar las diferencias en los niveles de riesgo. Es verdad que a España, como al resto de los países de solvencia dudosa, le vendría muy bien emitir deuda con el aval del contribuyente alemán. Pero los eurobonos crearían un problema de riesgo moral de grandes dimensiones y consecuencias muy negativas al facilitar el endeudamiento fácil y barato de los países que se resisten a realizar las reformas que sus economías realmente necesitan.

Pero lo más interesante de las propuestas de la reunión de París es, sin duda, lo referido al marco institucional de la política económica de la Unión y de sus países miembros. En lo que al gobierno de la Unión hace referencia, se intentará crear un gobierno económico europeo formado por los 17 jefes de estado y de gobierno de los países de la zona euro, presidido por el actual presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Muy bien. Sin embargo, podrían preguntarse los ciudadanos europeos: ¿es que esto no existía ya? ¿no nos están vendiendo un viejo órgano con un nuevo nombre?

Y, en lo que a los países miembros concierne, se intenta que introduzcan en sus constituciones un principio de equilibrio presupuestario aún no bien definido. De acuerdo; parece una buena idea. Pero aquí la duda del ciudadano europeo es doble. En primer lugar se pregunta si esto no estaba ya claramente establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y si el tema clave no será, más bien, cómo hacer que los gobiernos lo cumplan. La segunda cuestión es aún más delicada. Supongamos que las constituciones se reforman para incorporar este principio, lo cual, por cierto, no sería fácil en algunos países, entre ellos el nuestro. Pero ¿quién garantiza que se vaya a cumplir realmente en una situación económica difícil? ¿Puede alguien que haya seguido los conflictos planteados en torno a la Constitución Española a lo largo de los últimos años, y el papel que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en ellos, creer realmente que el equilibrio presupuestario se va a convertir en un principio intocable? Dudas, dudas… Me temo que muchas más dudas que certezas.

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La extraña historia del empleo público. Francisco Cabrillo

Vía intelib.

Los datos de la Encuesta de Población Activa del pasado trimestre siguen reflejando un mercado de trabajo anémico, que apenas se recupera en unos miles de empleos como consecuencia del comienzo de la temporada turística. Con una excepción, ciertamente. La contratación sigue fuerte… precisamente donde no debería serlo; es decir, en el sector público. La reducción del paro fue, según la EPA, de unas 75.000 personas. Pero lo más llamativo de este dato es que el 42% de esta disminución se debió al crecimiento del número de funcionarios y a la contratación de empleados públicos. Y esto es realmente sorprendente, porque no se entiende que unas administraciones cuyos ingresos se han reducido de forma notable, tienen fuertes déficits e incluso serios problemas para financiar sus gastos ordinarios aumenten sus plantillas en 31.600 personas.

Seguramente las elecciones autonómicas y municipales han tenido bastante que ver en estas cifras, dado que en España parece haberse convertido en regla la práctica de colocar a en la Administración a los amigos, correligionarios y demás compañeros de viaje que pierden puestos, generalmente cómodos y bien remunerados, cuando cambia el gobierno de un ayuntamiento, comunidad autónoma o del Estado. Tal hábito que en un país con un mínimo de decencia debería constituir un verdadero escándalo, en España se acepta como normal. Ha ocurrido en las últimas elecciones; y parece que, con bastante anticipación, en la misma línea está hoy también el Gobierno central colocando a antiguos altos cargos en diversos empleos, algunos en organizaciones internacionales que -¡oh milagro!- resulta que quien las paga es el sufrido contribuyente español.

Si esto fuera todo, tendríamos un problema serio, ciertamente. Pero la situación es bastante peor de lo que las cifras que acabo de mostrar indican. Si miramos hacia atrás unos pocos años y nos fijamos en lo que ocurría en nuestro sector público antes de la crisis, veremos que en 2007 el total del empleo público en España ascendía a 2.930.000 personas aproximadamente. Las últimas cifras indican que ya hemos superado los 3.200.000 empleados públicos. Es decir, en cuatro años el sector público español ha creado 270.000 empleos nuevos, aumentando su plantilla en más de un 9%. Y esto en la peor crisis económica que hemos vivido desde hace más de medio siglo.

Ajuste necesario

Cuando hace unos meses publicamos nuestro índice sobre la evolución del sector público y la regulación en las diecisiete comunidades autónomas españolas (Cabrillo, Biazzi y Albert, Libertad Económica en España 2011), señalábamos que uno de los indicadores que habían experimentado mayores cambios al alza era el que recogía el número de personas que trabajaban para el sector público autonómico en relación con el empleo total de la comunidad. Esto refleja claramente que, mientras el sector privado se ha ajustado tras desencadenarse la crisis, el sector público no lo ha hecho de la misma forma. En parte, tal resultado se explica por las rigideces a las que, en temas de personal, se encuentra sometido el sector público; pero se debe también en no escasa medida a una clara falta de interés por parte de algunos gobiernos autonómicos por adoptar unas medidas tan necesarias como poco populares. Las diferencias son, ciertamente, significativas entre las diversas comunidades autónomas; con unas cifras muy elevadas en regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha y otras relativamente bajas en Madrid o Cataluña. Pero el problema es general y en algunas comunidades en la que tradicionalmente la cifra era relativamente reducida, el empleo público ha crecido de forma muy acusada. Es el caso de Cataluña, por ejemplo.

La conclusión que se puede obtener del análisis de estas cifras es bastante clara. Si los españoles queremos tener una economía próspera y competitiva cuando logremos salir de la crisis, tendremos que reducir de manera sustancial el porcentaje de personas empleadas por el sector público en relación con el número total de trabajadores. Están bien, aunque no sea más que como ejemplo hacia la sociedad, las medidas que se están adoptando de suprimir altos cargos, consejerías, direcciones generales o departamentos. Pero, claramente, esto no es suficiente. El problema real está en los niveles inferiores, que son los que suponen lo sustancial del gasto en personal. En nuestro país, sobran muchos funcionarios y contratados públicos en los tres niveles de la Administración. Y hay que insistir en que la fórmula adecuada para hacer caer el elevado gasto en personal no es bajar sus sueldos; y, menos aún, reducir en mayor proporción los ingresos de los funcionarios más cualificados, porque esto tiene siempre como efecto expulsar del sector público a los mejores y reducir todavía más la baja productividad que actualmente tiene nuestra Administración. Lo que hace falta es plantearnos desde cero cuáles son las funciones que tiene que desempeñar el Estado y cuáles deberían ser asumidas por las empresas privadas. Y, una vez definidas las funciones, organizar la Administración con criterios de eficiencia similares a los utilizados en el sector privado. Otros países lo han logrado. ¿Habrá alguien dispuesto a intentarlo en España?

Presión fiscal y esfuerzo fiscal por Francisco Cabrillo‏

Si algo bueno han tenido las desafortunadas declaraciones del sr. Blanco sobre la conveniencia de subir otra vez los impuestos en nuestro país, ha sido haber provocado una fuerte reacción crítica en gran parte de la población.

El español medio no entiende mucho de hacienda pública, pero se ha dado cuenta de que las palabras del ministro no sólo son una forma de preparar una nueva vuelta de tuerca a su ya maltrecha economía, sino también una auténtica tomadura de pelo. Y mal está cada una de estas ofensas en sí misma; pero las dos juntas parecen demasiado, incluso para ciudadanos tan pacíficos y domesticados como somos los españoles desde hace ya bastantes años

La idea de Blanco es tan vieja como difícil de sostener hoy con un mínimo de honradez intelectual.

Aquellos lectores que ya tengan algunos años recordarán, sin duda, el proceso que nos llevó de ser un país con relativamente poco gasto público, en el que se pagaban relativamente pocos impuestos y en el que la deuda pública tenía unas dimensiones muy pequeñas –en la década de 1970– a convertirnos en una nación “europea”, unos años después, con una elevada presión fiscal, un aumento muy significativo de la deuda y un espectacular crecimiento del peso del sector público en la economía sin parangón en la historia económica del mundo occidental.

Complejo de inferioridad

Siempre he pensado que la obsesión de los españoles por ser “europeos” refleja un complejo de inferioridad bastante lamentable; y la verdad es que, por más años que transcurran, parece que somos incapaces de superarlo. En los años 80 nuestros gobernantes contemplaban así con admiración el hecho de que Francia, Holanda o Alemania tuvieran sectores públicos mucho más grandes que el nuestro. Y, en el colmo de la ingenuidad, más de uno llegó a afirmar que, si el objetivo era alcanzar un nivel de vida similar al de estas naciones, nuestros impuestos y nuestro sector público deberían ser cada vez más parecidos a los suyos. Por absurda que resulte, la idea sigue viva en España.

Han transcurrido ya algunos años desde la última ampliación de la Unión Europea y podemos analizar cómo los nuevos miembros se han enfrentado al mismo problema que se nos presentó a nosotros hace ya más de veinticinco años. Son varias las naciones que han entrado en la Unión y sus formas de entender los temas fiscales son, naturalmente, muy diversas.

Ventaja competitiva

Pero resulta reconfortante comprobar que no todos han caído en el simplismo de intentar elevar su gasto público o sus impuestos para tratar de parecerse un poco más a Francia o a Alemania. Su estrategia ha sido, en cambio, utilizar la ventaja competitiva, a escala internacional, que les supone una menor carga fiscal para sus ciudadanos y sus empresas; y, de forma paralela, eliminar muchas de las restricciones que a la actividad económica suponen regulaciones excesivas de algunos mercados, en especial el de trabajo.

Pero resulta, además, que ni siquiera es cierto que en España la carga fiscal que soportan los contribuyentes sea pequeña, como han puesto de manifiesto en estos días numerosos especialistas, que incluyen desde catedráticos de hacienda a organismos internacionales, pasando por los propios funcionarios de la agencia tributaria. Al margen de que los datos se presenten de una forma más o menos sesgada, en los cálculos de este gobierno parece olvidarse una cuestión que es básica para quien dice creer en la conveniencia de la progresividad del sistema tributario.

Cuando el sr. Blanco compara la hacienda española con las de otros países olvida que nuestro país tiene una renta per capita bastante más reducida que la de Alemania, Holanda o Francia; y que, si alguien cree en los impuestos progresivos, lo hace porque piensa que un determinado nivel de presión fiscal –medido como el cociente de dividir el gasto público o la recaudación por impuestos por el producto interior bruto– no tiene los mismos costes en términos de bienestar para rentas diferentes.

Lo mismo que –se afirma– un tipo de gravamen de, por ejemplo, el 30% en el impuestos sobre la renta supone una carga mayor para quien tiene unos ingresos de 40.000 euros que para quien los tiene de 60.000, aunque éste último pague, en términos absolutos, una cantidad mayor.

En otras palabras, si queremos estimar la carga, en términos de la pérdida de bienestar de loscontribuyentes de un determinado país, el “esfuerzo fiscal” –es decir, la presión fiscal ponderada por el nivel de renta per capita de dicho país– es una medida más adecuada que la presión fiscal. Y cualquier cálculo elemental demuestra que el esfuerzo fiscal que realizamos hoy los españoles es significativamente más elevado que el que soportan, por ejemplo, esos alemanes a los que algunos ponen de ejemplo.

Parece increíble que haya que seguir insistiendo en esta idea, pero hay que decir que la solución del déficit público no pasa por subir otra vez los impuestos. Y mucho menos en un país en el que esta mala costumbre parece haberse institucionalizado desde hace algunos años, con resultados que están a la vista de todos.