Vïa Francisco Capella.
Extractos:
En los acuerdos hay algunos elementos claramente positivos. El más importante es, seguramente, el aplazamiento sine die de la emisión de eurobonos. Siempre he estado en contra de tal proyecto, entre otras cosas porque rompería uno de los principios básicos de los mercados financieros, de acuerdo con el cual las diferencias entre tipos de interés deben reflejar las diferencias en los niveles de riesgo. Es verdad que a España, como al resto de los países de solvencia dudosa, le vendría muy bien emitir deuda con el aval del contribuyente alemán. Pero los eurobonos crearían un problema de riesgo moral de grandes dimensiones y consecuencias muy negativas al facilitar el endeudamiento fácil y barato de los países que se resisten a realizar las reformas que sus economías realmente necesitan.
Pero lo más interesante de las propuestas de la reunión de París es, sin duda, lo referido al marco institucional de la política económica de la Unión y de sus países miembros. En lo que al gobierno de la Unión hace referencia, se intentará crear un gobierno económico europeo formado por los 17 jefes de estado y de gobierno de los países de la zona euro, presidido por el actual presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy. Muy bien. Sin embargo, podrían preguntarse los ciudadanos europeos: ¿es que esto no existía ya? ¿no nos están vendiendo un viejo órgano con un nuevo nombre?
Y, en lo que a los países miembros concierne, se intenta que introduzcan en sus constituciones un principio de equilibrio presupuestario aún no bien definido. De acuerdo; parece una buena idea. Pero aquí la duda del ciudadano europeo es doble. En primer lugar se pregunta si esto no estaba ya claramente establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento; y si el tema clave no será, más bien, cómo hacer que los gobiernos lo cumplan. La segunda cuestión es aún más delicada. Supongamos que las constituciones se reforman para incorporar este principio, lo cual, por cierto, no sería fácil en algunos países, entre ellos el nuestro. Pero ¿quién garantiza que se vaya a cumplir realmente en una situación económica difícil? ¿Puede alguien que haya seguido los conflictos planteados en torno a la Constitución Española a lo largo de los últimos años, y el papel que el Tribunal Constitucional ha desempeñado en ellos, creer realmente que el equilibrio presupuestario se va a convertir en un principio intocable? Dudas, dudas… Me temo que muchas más dudas que certezas.
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