Vía intelib.
Los datos de la Encuesta de Población Activa del pasado trimestre siguen reflejando un mercado de trabajo anémico, que apenas se recupera en unos miles de empleos como consecuencia del comienzo de la temporada turística. Con una excepción, ciertamente. La contratación sigue fuerte… precisamente donde no debería serlo; es decir, en el sector público. La reducción del paro fue, según la EPA, de unas 75.000 personas. Pero lo más llamativo de este dato es que el 42% de esta disminución se debió al crecimiento del número de funcionarios y a la contratación de empleados públicos. Y esto es realmente sorprendente, porque no se entiende que unas administraciones cuyos ingresos se han reducido de forma notable, tienen fuertes déficits e incluso serios problemas para financiar sus gastos ordinarios aumenten sus plantillas en 31.600 personas.
Seguramente las elecciones autonómicas y municipales han tenido bastante que ver en estas cifras, dado que en España parece haberse convertido en regla la práctica de colocar a en la Administración a los amigos, correligionarios y demás compañeros de viaje que pierden puestos, generalmente cómodos y bien remunerados, cuando cambia el gobierno de un ayuntamiento, comunidad autónoma o del Estado. Tal hábito que en un país con un mínimo de decencia debería constituir un verdadero escándalo, en España se acepta como normal. Ha ocurrido en las últimas elecciones; y parece que, con bastante anticipación, en la misma línea está hoy también el Gobierno central colocando a antiguos altos cargos en diversos empleos, algunos en organizaciones internacionales que -¡oh milagro!- resulta que quien las paga es el sufrido contribuyente español.
Si esto fuera todo, tendríamos un problema serio, ciertamente. Pero la situación es bastante peor de lo que las cifras que acabo de mostrar indican. Si miramos hacia atrás unos pocos años y nos fijamos en lo que ocurría en nuestro sector público antes de la crisis, veremos que en 2007 el total del empleo público en España ascendía a 2.930.000 personas aproximadamente. Las últimas cifras indican que ya hemos superado los 3.200.000 empleados públicos. Es decir, en cuatro años el sector público español ha creado 270.000 empleos nuevos, aumentando su plantilla en más de un 9%. Y esto en la peor crisis económica que hemos vivido desde hace más de medio siglo.
Ajuste necesario
Cuando hace unos meses publicamos nuestro índice sobre la evolución del sector público y la regulación en las diecisiete comunidades autónomas españolas (Cabrillo, Biazzi y Albert, Libertad Económica en España 2011), señalábamos que uno de los indicadores que habían experimentado mayores cambios al alza era el que recogía el número de personas que trabajaban para el sector público autonómico en relación con el empleo total de la comunidad. Esto refleja claramente que, mientras el sector privado se ha ajustado tras desencadenarse la crisis, el sector público no lo ha hecho de la misma forma. En parte, tal resultado se explica por las rigideces a las que, en temas de personal, se encuentra sometido el sector público; pero se debe también en no escasa medida a una clara falta de interés por parte de algunos gobiernos autonómicos por adoptar unas medidas tan necesarias como poco populares. Las diferencias son, ciertamente, significativas entre las diversas comunidades autónomas; con unas cifras muy elevadas en regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha y otras relativamente bajas en Madrid o Cataluña. Pero el problema es general y en algunas comunidades en la que tradicionalmente la cifra era relativamente reducida, el empleo público ha crecido de forma muy acusada. Es el caso de Cataluña, por ejemplo.
La conclusión que se puede obtener del análisis de estas cifras es bastante clara. Si los españoles queremos tener una economía próspera y competitiva cuando logremos salir de la crisis, tendremos que reducir de manera sustancial el porcentaje de personas empleadas por el sector público en relación con el número total de trabajadores. Están bien, aunque no sea más que como ejemplo hacia la sociedad, las medidas que se están adoptando de suprimir altos cargos, consejerías, direcciones generales o departamentos. Pero, claramente, esto no es suficiente. El problema real está en los niveles inferiores, que son los que suponen lo sustancial del gasto en personal. En nuestro país, sobran muchos funcionarios y contratados públicos en los tres niveles de la Administración. Y hay que insistir en que la fórmula adecuada para hacer caer el elevado gasto en personal no es bajar sus sueldos; y, menos aún, reducir en mayor proporción los ingresos de los funcionarios más cualificados, porque esto tiene siempre como efecto expulsar del sector público a los mejores y reducir todavía más la baja productividad que actualmente tiene nuestra Administración. Lo que hace falta es plantearnos desde cero cuáles son las funciones que tiene que desempeñar el Estado y cuáles deberían ser asumidas por las empresas privadas. Y, una vez definidas las funciones, organizar la Administración con criterios de eficiencia similares a los utilizados en el sector privado. Otros países lo han logrado. ¿Habrá alguien dispuesto a intentarlo en España?
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