La NO reforma del sector eléctrico por Natalia Fabra y Gerard Llobet

Nada es gratis.


El pasado 14 de Septiembre el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley con el que pretende atajar el déficit de tarifa en el sector eléctrico. El Anteproyecto lleva el curioso nombre de “Ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética”– curioso, porque el Anteproyecto no tiene nada ni de lo uno ni de lo otro, sino más bien de todo lo contrario. La pretensión del gobierno de atajar el déficit de tarifa por la vía impositiva – y no con uno, sino nada menos que con seis impuestos- prescinde del diagnóstico del origen del problema y hace recaer la mayor parte del coste de las medidas sobre quienes menos culpa tienen: los consumidores.
El mercado eléctrico para principiantes
El mercado eléctrico tiene importantes barreras a la entrada, y no sólo para las empresas que quieran instalarse en él, sino también para quienes queremos comprender la complejidad que se esconde detrás de cada MWh. Esta complejidad – que es tecnológica, económica, jurídica e institucional- explica, por ejemplo, el porqué en este blog pocas veces hayamos tratado los asuntos eléctricos. Recurriendo a principios económicos básicos, en esta entrada pretendemos explicar cuáles serán las consecuencias de esta NO reforma.
El siguiente gráfico nos ayudará a comprender los efectos de las medidas fiscales aprobadas por el Gobierno. El gráfico representa, por una parte, la curva de demanda eléctrica, que es poco sensible al precio; y por otro, los costes de producir electricidad a través de dos tipos de tecnologías, una con un coste marginal bajo (la tecnología A) y otra con un coste marginal alto (la tecnología B). La tecnología A representa, por ejemplo, las plantas nucleares o hidroeléctricas, mientras que la tecnología B representa las plantas de carbón o las de ciclo combinado (que consumen gas natural).
Pare simplificar la discusión, supondremos que las empresas ofertan su producción de forma competitiva, es decir, a precios iguales a su coste marginal de producción. Esto implica que el precio de mercado, cuando se necesiten ambas tecnologías, es igual al coste marginal de la tecnología más cara, la tecnología B. La conclusión importante para el análisis que nos ocupa es que incrementos en el coste de la tecnología B se trasladarán totalmente a incrementos en los precios de mercado, mientras que incrementos en el coste de la tecnología A no tendrán efecto alguno sobre el precio (siempre y cuando siga siendo más barata, claro). Los impuestos anunciados por el Gobierno deben entenderse en términos de estos dos efectos diferenciados.
Las medidas fiscales y sus efectos
El Anteproyecto contiene varios impuestos de distinta naturaleza, que pueden resumirse así:
  • Impuesto general del 6% sobre la facturación de la energía eléctrica, aplica a todas las tecnologías.
  • Impuestos sobre el consumo de combustible fósiles para la generación eléctrica (gas, carbón y fuel-oil).
  • Impuestos sobre la producción en centrales nucleares.
  • Canon del 22% sobre la facturación de las plantas hidroeléctricas.
Empecemos analizando los efectos de estos impuestos sobre el precio de la electricidad. Recurriendo a nuestro ejemplo, el precio de mercado lo fijan las tecnologías tipo B, cuyos costes aumentan por efecto del impuesto general del 6% y por efecto de los impuestos sobre los combustibles fósiles. Estos impuestos se trasladarán en su práctica totalidad al precio, lo que en órdenes de magnitud puede suponer incrementos de 8.5 € por megavatio-hora (MWh) en el precio del mercado eléctrico (3.5€/MWh se deben al impuesto del 6%, y 5€/MWh al impuesto sobre los combustibles fósiles).  Las consecuencias del aumento de precios de la electricidad no serán despreciables: para los consumidores domésticos, la tarifa eléctrica puede subir del orden de un 5%, mientras que para los industriales, los incrementos pueden situarse en el entorno del 10%-15%.
Los mercados han comprendido esto inmediatamente, como puede apreciarse aquí. Entre junio de 2011 y junio de 2012, los precios de los futuros de electricidad fueron, en promedio, un 2.8% más baratos en España que en Alemania. Cuando en junio empezaron a correr rumores sobre las medidas de fiscalidad energética que preparaba el gobierno, el diferencial se disparó, y los precios de los futuros en España pasaron a ser un 6.3% más caros que en Alemania. Pues bien, desde la aprobación del Anteproyecto el 14 de Septiembre de 2012, el diferencial de precios entre España y Alemania ha aumentado al 13.4%.
El efecto sobre las cuentas de resultados de las empresas será muy desigual, dependiendo de sumix energético. Veamos cuál es el efecto para cada una de las tecnologías:
  • Centrales de ciclo combinado, carbón, o fueloil: Como son tecnologías tipo B, trasladarán el incremento en sus costes al precio. Por tanto, los impuestos tendrán sobre ellas un efecto prácticamente neutro: lo que por una parte pagan en forma de impuestos, lo recuperan por otra vía el aumento de precios.
  • Centrales nucleares: Como son tecnologías tipo A, se beneficiarán del incremento de precios (originado en las tecnologías de tipo B), pero pagarán el impuesto general y los impuestos específicos. En órdenes de magnitud, ambos efectos serán parecidos, por lo que el efecto de las medidas fiscales sobre las centrales nucleares será prácticamente neutro, pudiendo incluso verse beneficiadas en unos 30-40 millones de euros (M€) al año.
  • Centrales hidroeléctricas. Al igual que las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas se beneficiarán del incremento de precios, pero pagarán el impuesto general y el canon específico. El efecto neto puede suponer una disminución del margen de 8.2€/MWh (que se descompone en un incremento del precio de 5€/MWh por el impuesto a los combustibles fósiles y un incremento de los costes de 13.2€/MWh por el canon, dado que el impuesto general del 6% se compensará con el incremento del precio). Sobre la producción de una año de pluviosidad media, el coste neto sobre la producción hidráulica será de unos 200 M€/año.
  • Energías renovables y cogeneración: Algunas energías renovables reciben tarifas fijas, que no varían con los precios de mercado (p.e. la energía solar fotovoltaica) y otras ven complementadas sus primas con los precios de mercado (p.e. energía eólica, energía solar térmica, etc.). El impuesto general del 6% deberá ser asumido íntegramente sobre las primeras, al no poder repercutir el aumento de costes en el precio. Sobre las segundas, el impacto dependerá de lo que represente el precio de mercado en su retribución total. Así, mientras que el impacto de las medidas fiscales sobre la eólica puede ser incluso positivo, el impacto sobre la energía solar térmica puede ser muy negativo (porque además, a las medidas fiscales, se suma una modificación de la Ley del Sector Eléctrico del 1997 que elimina las primas, con carácter retroactivo, para el 15% de su producción, que podían generar con gas.) El efecto neto sobre renovables y cogeneración puede alcanzar los 700M€.
¿Cómo se reparten los costes de las medidas fiscales?
De forma muy desigual. Los grandes perdedores son los consumidores (tanto particulares como empresas, que verán su competitividad mermada) a quienes la NO reforma les podría costar más de 2.000 M€ al año y eso que, según Eurostat, los consumidores ya han sufrido aumentos del más del 70% en los precios de la electricidad durante los últimos seis años. El segundo puesto del ranking de grandes perdedores lo ocupan las renovables, dado que el coste de estas medidas se une a la moratoria sobre estas tecnologías que el gobierno ya aprobó en enero y la disminución, de forma retroactiva, de la retribución de algunas de ellas que se aprobó en la legislatura anterior. El coste reputacional de cara a futuras inversiones puede ser significativo.
A modo de conclusión
En su Evaluación del programa nacional de reforma y del programa de estabilidad de España para 2012, la Comisión Europea ponía de manifiesto que “una competencia insuficiente en el sector energético ha contribuido, al menos en parte, a la constitución del déficit tarifario al favorecer una compensación excesiva de algunas infraestructuras, tales como centrales nucleares y grandes centrales hidroeléctricas, ya amortizadas.” O dicho en palabras de nuestro ejemplo, la auténtica razón del déficit tarifario es la sobre-retribución que perciben las tecnologías A al amparo de los costes de las tecnologías B. ¿Qué queda de las recomendaciones de la CE? Parece que solo un título curioso de un Anteproyecto que hace lo que no dice, y que no hace nada de lo que verdaderamente toca.
¿Cómo deshacer este desaguisado? Para empezar, habría que eliminar cuatro de los seis impuestos propuestos – el impuesto general del 6% y los impuestos sobre los combustibles fósiles,- incrementando los dos restantes – impuestos sobre nucleares e hidroeléctricas. Evitaríamos así la inflación de precios de la electricidad y sus efectos colaterales, mitigaríamos el ataque a las renovables, y haríamos recaer el coste sobre las verdaderas causantes del déficit tarifario. Sólo entonces podríamos empezar a hablar de sostenibilidad energética y medioambiental…

Taludes Excavados en Roca. 2012. Manuel Romana Ruiz




Resumen:

Los taludes excavados en roca son muy diferentes según el tipo: taludes mineros en cortas (open pits); taludes en el entono de presas; taludes para vías de comunicación. En la realidad los taludes excavados en roca suelen ser inestables o estables con un número variable de inestabilidades locales. Los taludes mineros han alcanzado, en el siglo XXI, alturas de 1 Km. y plantean nuevos retos, hasta ahora desconocidos, que requieren una tecnología específica de toma de datos geotécnicos, diseño y control. Su estabilidad se calcula, en tres dimensiones, por métodos numéricos avanzados con un proceso de reducción progresiva de resistencia del terreno. Se eligen coeficientes de seguridad distintos según el daño que provocaría su caída: máximo en el talud de rampa, mínimo en un talud de berma, donde se admiten roturas locales. Los taludes excavados en el entorno de grandes presas pueden alcanzar alturas de hasta 300 m y son de tipología muy distinta según se sitúen en el embalse, con gran influencia de la presión de poro debida al embalse, o fuera de él (vertedor, subestación eléctrica). Se solían calcular por métodos de equilibrio límite en dos dimensiones, con coeficientes de seguridad altos, pero la tendencia futura será aplicar métodos de cálculo numérico y de diseño desarrollados para los taludes mineros. Los taludes en vías de comunicación son de alturas menores y la tendencia es a sustituir los de mayor altura por túneles. Se calculan por métodos de equilibrio límite buscando la mayor seguridad posible para los usuarios, lo que implica el uso frecuente de métodos de protección contra la caída de piedras. Actualmente se ejecutan por métodos de voladura controlada (recorte). Una preferencia reciente en zonas urbanas y/o protegidas es mantener la calidad visual del talud, con uso de concreto lanzado esculpido y coloreado para asemejarlo a la roca original.

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Más documentación sobre estructuras, cimentación y geotecnia aquí.

Fuente: Enrique Montalar:
Es un artículo muy interesante, en tono divulgativo, sobre cuestiones conceptuales, criterios de estabilidad (tratando por separado taludes mineros, taludes en vías de comunicación y taludes en obras hidráulicas), distinciones entre métodos numéricos y métodos de equilibrio límite, futuras tendencias y muchos, muchos casos reales, algunos de ellos mencionados ya en el blog, como el recalce de la torre norte del castillo de Denia o lascunetas Ritchie para desprendimientos, por ejemplo.

Víctimas, 5 de octubre: Manuel Benito José, Luis María Uriarte Alzaa, Juan Moreno Chamorro, Jesús Pascual Martín y Esteban Maldonado Llorente

Libertad Digital.


A las 13:45 horas del domingo 5 de octubre de 1975 la banda terrorista ETA asesinaba a los guardias civiles ESTEBAN MALDONADO LLORENTE, JESÚS PASCUAL MARTÍN y JUAN MORENO CHAMORRO haciendo explotar una carga compuesta por dinamita y unos trescientos tornillos al paso del Land Rover en el que los agentes regresaban al cuartel desde el santuario de Aránzazu, cerca de Oñate (Guipúzcoa).
La mañana de ese domingo una patrulla de guardias civiles, al mando del cabo José Gómez Castillo, y con Juan García Lorente como conductor, fue enviada desde el puesto de Mondragón (Guipúzcoa) hasta el santuario de Nuestra Señora de Aránzazu para retirar una ikurriña, cuyo despliegue estaba en esos momentos prohibido. Los guardias civiles inspeccionaron la zona, ante el temor de que la bandera tuviera conectada algún explosivo, pero sólo estaba unida a un paquete con arena, por lo que procedieron a retirarla y emprendieron el regreso al puesto de Mondragón.
A un kilómetro del santuario la banda terrorista ETA había escondido, en un talud a la derecha de la carretera, una potente bomba, señalada con una marca roja para poder activar el artefacto cuando el Land Rover de la Guardia Civil se encontrase sobre el mismo. El artefacto fue accionado con un mando a distancia y alcanzó de lleno al vehículo de la Guardia Civil, que salió despedido a unos veinte metros de distancia, dando varias vueltas de campana. Esteban Maldonado Llorente, Jesús Pascual Martín y Juan Moreno Chamorro murieron en el acto y sus cuerpos quedaron totalmente destrozados, dos de ellos tendidos en la carretera y el tercero en una cuneta. Resultaron gravemente heridos el cabo José Gómez Castillo, de 29 años, casado, con un hijo y natural de Agudo (Ciudad Real), y el conductor Juan García Lorente, de 27 años, soltero y natural de Marchal (Granada).
Los primeros en llegar al escenario del crimen fueron varios padres franciscanos que procedían de Oñate y se dirigían al santuario. Los guardias fallecidos fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Mondragón, al cual estaban adscritos, donde se instaló la capilla ardiente, y los heridos fueron llevados al Hospital de Cruces de Baracaldo.
A la una del mediodía del día siguiente, 6 de octubre, tuvieron lugar los funerales por los tres guardias civiles en la de Iglesia San Juan Bautista de Mondragón, que fueron concelebrados por cuatro sacerdotes. Finalizado el acto religioso, se cantó el Cara al Sol delante de los tres féretros colocados a la entrada del templo. Seguidamente, el director general de la Guardia Civil y el gobernador civil de Guipúzcoa impusieron a las víctimas la Medalla al Mérito Militar y la Cruz al Mérito Policial con distintivo rojo, concedidas a título póstumo.
El 10 de octubre la banda terrorista ETA reivindicaba el atentado a través de un comunicado enviado a medios de comunicación de París.
Esteban Maldonado Llorente había nacido el 3 de enero de 1955. Tenía 20 años y estaba soltero. Destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, era natural de San Pedro de Mérida (Badajoz). Sus restos mortales se enterraron en Almería, ya que parte de su niñez la había pasado en el Cabo de Gata, donde su padre, también guardia civil, igual que otro hermano, había estado destinado.

Jesús Pascual Martín había nacido el 2 de junio de 1950, por lo que tenía 25 años cuando fue asesinado. Natural de Villaverde de Íscar (Segovia), estabasoltero y hacía ocho meses, en febrero de 1975, que había ingresado en la Guardia Civil, nada más terminar el servicio militar. Su primer y único destino fue el puesto de Mondragón. Ese día no le tocaba estar de servicio, pero lo cambió para hacer un favor a un compañero. El 19 de julio de 2011 se celebró un homenaje en la localidad natal de Jesús Pascual al que asistieron tres de los cuatro hermanos: Eloísa, Carmen y Juan José Pascual Martín. Sólo faltó Teo, la otra hermana, que en la actualidad reside en Santander tras vivir varios años en Alemania (El Norte de Castilla, 19/07/2011).
Juan Moreno Chamorro había nacido el 8 de mayo de 1949. Tenía 26 años, estaba casado y era padre de tres hijos. Natural de Villamesías (Cáceres), estaba destinado en el puesto de la Guardia Civil en Mondragón, igual que sus dos compañeros asesinados.



A las nueve y media de la mañana del 5 de octubre de 1979 fallecía en el Hospital Civil de Bilbao, el exalcalde de la localidad vizcaína de Bedia LUIS MARÍA URIARTE ALZAA, a consecuencia de las gravísimas heridas que había sufrido el 29 de septiembre al ser ametrallado por dos terroristas de ETA en la calle de la Estación, del barrio de Inzurza de la localidad vizcaína de Lemona.
Luis María Uriarte salió a las 7:45 horas del 29 de septiembre en su coche en dirección a Lemona, donde había reanudado su trabajo como encargado del Garaje Ugarte, taller de reparación de camiones. Aparcó su coche frente a la puerta, y permaneció leyendo el periódico haciendo tiempo para iniciar su jornada laboral. En ese momento, dos miembros de la banda terrorista ETA se acercaron al vehículo e hicieron primero dos disparos y luego una ráfaga, emprendiendo la huida en un Renault 5, donde esperaba un tercer terrorista, en dirección a Amorebieta. El coche fue robado en Galdácano a las 6:30 horas a un sacerdote, promotor de ventas de Egin, por dos individuos con pistola y a cara descubierta. Los terroristas dispararon cerca de veinte tiros y en el lugar de los hechos se recogieron posteriormente once casquillos del calibre 9 milímetros parabellum.
Luis María fue recogido por empleados del garaje y transeúntes y trasladado al Hospital Civil de Bilbao en estado muy grave, con dos impactos de bala en el brazo, otros dos en el tórax, tres en el vientre, uno en los testículos y otro en la pierna, que le había fracturado el fémur. En el momento en que era recogido, aún consciente, logró decir que eran de ETA y que les perdonaba. Fue intervenido quirúrgicamente, pero no se le pudo salvar la vida, falleciendo el 5 de octubre.
Luis María Uriarte Alzaa era natural de Durango (Vizcaya) y tenía 56 años. Casado con Victoria Garay, tenía tres hijos. Había vuelto al caserío familiar del barrio de Ibarra en el mes de agosto, después de haber permanecido desde junio de 1978 fuera del País Vasco, exilio temporal forzado por las repetidas amenazas que había recibido de la banda terrorista ETA. La víctima, conocida por su ideología tradicionalista, fue alcalde de Bedia durante once años y también ocupó un escaño en la Diputación Foral hasta tres años antes de su asesinato. Abandonó sus cargos oficiales al mostrarse en desacuerdo con la legalización del uso de la ikurriña. Algunas noticias publicadas en los medios de comunicación señalaron que Uriarte se había entrevistado con Martín Villa, entonces ministro del Interior, para mostrarle su desacuerdo con la autorización de la enseña vasca. En junio de 2011, una de las hijas de Luis María Uriarte, Ana Uriarte Garay, ha constituido con otras víctimas de ETA el Foro contra la Impunidad. El objetivo del mismo es luchar contra la tentación de "pasar página" en favor de una reconciliación acrítica. Impulsado por Teresa y Lola Díaz Bada, hijas de Carlos Díaz Arcocha, primer ertzaina asesinado por la banda el de marzo de 1985, al Foro, que tiene previsto convertirse en asociación, se han unido también Marimar Negro, una de las tres hijas de Alberto Negro, obrero de Lemóniz asesinado por ETA el 17 de marzo de 1978, y Maite Mollinedo, viuda de Txema Aguirre Larraona, ertzaina asesinado el 13 de octubre de 1997 cuando quiso frustrar el atentado que la banda planeaba perpetrar en el Museo Guggenheim de Bilbao.

A las 12:15 horas del 5 de octubre de 1983 fallece en el Hospital de Cruces de Baracaldo el policía nacional MANUEL BENITO JOSÉ, dos días después de que la banda terrorista ETA le hiriese de gravedad cuando se encontraba con unos amigos en un bar de Portugalete (Vizcaya).
Poco antes de las doce de la noche del lunes 3 de octubre de 1983 Manuel Benito se encontraba, vestido de paisano, con unos amigos en el Bar Lugo, de la calle San Nicolás. Además del policía nacional, se encontraban en esos momentos en el bar otras tres personas, entre ellas el propietario del local. Dos terroristas entraron en el establecimiento y, tras dirigirse al lugar donde estaba el agente, le dispararon varias veces, dejándolo gravemente herido con tres impactos de bala en la cabeza y el estómago. A continuación, se dieron a la fuga a pie.
Una patrulla de la Policía Municipal, que se encontraba cerca del bar, fue la primera en llegar al lugar del atentado, donde encontraron a Manuel aún con vida y dieron aviso a la ambulancia. Lo trasladaron urgentemente al Hospital de Cruces donde a los pocos minutos de ingresar quedó en coma profundo, falleciendo dos días después.
El 4 de octubre por la tarde se reunieron en el Ayuntamiento de Portugalete los representantes de PNV, PSE-PSOE, AP, PCE-EPK, UGT y CCOO. Aunque estaban invitados, EE y ELA-STV excusaron su presencia. Herri Batasuna no fue invitada. En la reunión se acordó convocar una manifestación y se expresó el rechazo a este nuevo "acto asesino". El PNV condicionó el apoyo definitivo a una consulta a su Comité Ejecutivo. También en señal de protesta se acordó suspender la comisión municipal permanente, igualmente con la ausencia de HB. Los socialistas expresaron su satisfacción porque, por primera vez, hubo acuerdo unánime e inmediato para dar una respuesta al atentado. Sin embargo, el 5 de octubre, día en el que finalmente falleció Manuel Benito, EE se descolgó de la convocatoria porque "podía deteriorar más el clima de distensión" (sic) y ocultar las verdaderas vías a la resolución del problema de la violencia; además, no querían coincidir en la manifestación con el partido de Manuel Fraga, partidario de penas de muerte y estados de excepción.
El 6 de octubre se celebró en la Iglesia de la Sagrada Familia de Portugalete el funeral por Manuel Benito. El féretro se trasladó desde la capilla ardiente que se había instalado el día anterior en el cuartel de Basauri. El funeral fue presidido por José Barrionuevo, ministro del Interior, que al acabar se dirigió a los presentes finalizando el acto con vivas a España, al País Vasco, a la Constitución, a la Policía Nacional y al Rey. Una mujer gritó "ETA asesina", "ETA al paredón" y otras consignas contra el Gobierno. Los restos mortales del policía asesinado recibieron sepultura en el cementerio local.
A las ocho de la tarde tuvo lugar el acto de protesta convocado por los partidos políticos del Ayuntamiento, acto que había sido denunciado por Herri Batasuna por ser de "apoyo" a las Fuerzas de Orden Público y a los que torturan. Tras la lectura de un comunicado de condena, la manifestación se inició desde la plaza del Ayuntamiento. A medio camino un joven insultó a los manifestantes, por lo que tuvo que intervenir la Policía Nacional para evitar que lo agrediesen. Pero no terminaron aquí los incidentes, porque al final del recorrido, un grupo de contramanifestantes les estaban esperando, produciéndose momentos de enorme tensión cuando una persona de paisano sacó una pistola y los encañonó. La Policía Nacional actuó con contundencia, retiró a los contramanifestantes, entre aplausos de los participantes en la manifestación, y cinco de ellos fueron trasladados a Comisaría.
Manuel Benito José, de 36 años, era natural de Salamanca, aunque estaba destinado en la comisaría de Portugalete. Estaba casado con Lourdes Martínez y tenía dos hijos, Manuel, de 9 años, y Javier, de 3 años. Los tres asistieron al homenaje que, en 2002, el Ayuntamiento de Portugalete rindió a Manuel Benito, en el que el alcalde socialista, Mikel Cabieces, dijo que "intentamos reparar algo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, nunca lo podremos reparar del todo, pero más vale tarde que nunca, y es que vosotros -las víctimas del terrorismo- sintáis el calor, el cariño, el respeto y la solidaridad activa", haciendo extensivo el homenaje a todos los policías nacionales víctimas del terrorismo.

Naturaleza y materiales del concreto. 2000. Enrique Rivva López

Civilgeeks.


El texto de este libro trata de analizar la naturaleza del concreto y puntualizar los procedimientos, requisitos, exigencias mínimas y Normas que deberían ser conocidos y cumplidos por el contratista y la supervisión en el proceso de selección y empleo de los materiales a ser utilizados en la preparación del concreto para una obra determinada.


Es fundamental recordar que las indicaciones y las notas de las especificaciones técnicas del proyecto deberán cumplir con los requisitos de la Norma técnica de Edificación <> E.060, la cual tiene prioridad cuando sus recomendaciones tienen discrepancias con las normas alas que hace referencia.
Las recomendaciones de este libro están referidas a materiales para concretos de peso normas y en su elaboración se ha tomado consideración, entre otros muchos documentos y normas, las disposiciones establecidas en la norma E.060 y las ACI (318-99). Podrán ser aplicadas a la construcción de estructuras de concreto liviano o pesado, estructuras prefabricadas y/o estructuras especiales en la medida que ello sea pertinente y se cuente con la indicación de las especificaciones y/o autorización escrita de la supervisión.

Descarga Directa

Autor: Ing. Enrique Rivva López
Egresó en 1951 de la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Universidad Nacional de Ingeniería, con el título profesional de Ingeniero Civil. Especializado en Ciencias de los Materiales y específicamente en Concreto, su actividad profesional pública o privada como docente, investigador, proyectista o asesor, se ha desarrollado fundamentalmente en estos campos.

Gracias a: www.asocem.org.pe


Incluyo el texto en mi recopilación sobre Estructuras.

Los ajustes del empleo público que han de venir por Samuel Bentolila

Nada es gratis.


¿Cómo ha evolucionado el empleo público en España durante la crisis? 
Fijándonos solo en el empleo asalariado, resulta sorprendente que el empleo público creció mucho. Como se ve en el gráfico, tomando el tercer trimestre de 2007 (2007:3) como final de la expansión (igual que aquí o aquí), hay un aumento del 10% en cuatro años, frente a una caída en el sector privado del 14% en el mismo periodo.
Es una subida muy atípica. Dejando a un lado la recesión de 1976, cuando se estaba poniendo en pie el Estado del Bienestar, podemos fijarnos en la recesión iniciada en 1991:3. En ella, el empleo privado cayó hasta un 11% y el empleo público cayó menos, hasta un 5%, pero no volvió a crecer hasta 1999.
En otras palabras, es razonable intentar mantener el empleo público como mecanismo de lucha contra la recesión, si las finanzas públicas lo permiten, o al menos reducir el empleo público menos que el privado. Pero lo sucedido durante los cuatro primeros años de esta recesión ha sido una huida hacia adelante, que ha hecho especialmente difícil y dolorosa la reducción del déficit posterior. (En Youtube hay un ameno vídeo sobre otros aspectos de la evolución del gasto público en 2007-2011).
¿Quién ha sido responsable de este comportamiento?
Como se ve en el siguiente gráfico, hubo una carrera para aumentar el empleo público entre las Comunidades Autónomas, el Gobierno central y los ayuntamientos, que ganaron las primeras, llegando a aumentar su empleo en un 15%.
Por el contrario, como muestra este otro gráfico, el empleo en la Seguridad Social ha caído del orden del 20% y el de Otros organismos públicos, principalmente empresas públicas, alrededor del 10%.
(Nota. Según el INE, hasta 2006:4 en la Seguridad Social se incluían organismos que prestaban servicios sociales o sanitarios dependientes de otras administraciones. En 2007:1 hay una redistribución de parte de los empleados de la Seguridad Social, principalmente hacia las CCAA. Este cambio no debería afectar a los datos del gráfico, pero es sorprendente que el empleo en la Seguridad Social caiga un 20%.)
El ajuste que viene…
El pasado sábado el Ministro de Hacienda reveló que este año el déficit quedará en el 7.4% del PIB en vez del 6.3% acordado con la Unión Europea (aunque el Gobierno entiende que esta diferencia no computa a efectos del llamado procedimiento de “déficit excesivo”, por ser una operación de una única vez). La noticia dada a finales de 2011 de que en vez del 6% acordado para 2011 el déficit público iba a ser el 8% supuso una gran pérdida de credibilidad para el Estado español. Proceso agravado cuando luego se dijo que en realidad sería del 8.5% y luego que la cifra “definitiva” era el 8.9%, y ahora resulta que la… “superdefinitiva” (¿?) será el 9.4%.
La necesidad de recuperar reputación, que cotiza en puntos porcentuales de prima de riesgo, es obvia. Según los presupuestos para 2013, los intereses de la deuda se llevarán 38.590 millones de euros, un 33.8% más que en 2012, y un 3.63% del PIB. Así, tanto nuestros socios europeos como cualquier inversor internacional que observe que en este momento el empleo público es todavía un 3.7% superior al nivel alcanzado al final de la expansión tendrá muy claro que ha de reducirse. Esta idea se confirma al observar que según los Presupuestos, los gastos en personal activo disminuirán un 3.8% con respecto a 2012.
¿Cómo se reducirán? Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 prohibieron todo aumento salarial y toda nueva contratación y la reposición de bajas, salvo por la posibilidad de reponer un 10% en algunos sectores (educación y sanidad en las Comunidades Autónomas con esas competencias, docencia universitaria e investigación en algunos casos, policía local, fuerzas armadas, lucha contra el fraude fiscal y laboral, prevención y extinción de incendios). Lo mismo hace el Proyecto de Presupuestos para 2013.
Existe un problema de eficiencia en esta vía. Pensemos en una empresa privada que perdiera a un empleado clave. Si se le prohibiera reemplazarlo podría resultarle muy difícil operar, con la consiguiente pérdida de actividad. En las Administraciones Públicas sucede lo mismo. Es más, los Presupuestos prohíben también la contratación temporal, “salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,” con autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A estas alturas no es posible (creo) saber cómo se está administrando esta cláusula de escape, aunque sospecho que de forma extraordinariamente restrictiva.
Un mecanismo que no deja apenas ningún margen de respuesta no es bueno. Es cierto que aumentará la eficiencia de forma mecánica, en cuanto que los servicios se prestarán por menos personas. Y ciertamente necesitamos elevar la eficiencia de nuestras administraciones. En una comparación internacional sobre los resultados del sector público realizada por António Afonso, Ludger Schuknecht y Vito Tanzi para el año 2000, España solo superaba a Grecia, Portugal e Italia (Cuadro 1, última columna). El problema de la eficiencia del sector público es muy complejo y buena parte de él radica en la incapacidad para utilizar incentivos positivos y negativos, como mencioné para el caso del absentismo. La eficiencia, y en especial la calidad del servicio, también sufre cuando no se puede asignar el trabajador adecuados para cada puesto. Por tanto, podría ser mejor tomar una postura activa: por una parte, decidir dónde sobran empleados públicos y donde no sobran o incluso faltan, y, por otra, limitar el nivel del gasto de personal (que es en realidad el objetivo) pero permitir una gestión de personal y de remuneraciones más descentralizada, realizada por quienes en cada nivel saben qué necesidades existen y qué empleados son más eficientes. A su vez, los gestores de los departamentos serían responsables de su gestión. No soy un marciano, soy consciente de nuestra lejanía de este modelo y de la dificultad de poner en práctica estas medidas, pero una reforma de la administración pública no consiste solo en recortar gastos sino también en mejorar la gestión.
¿Cómo se llevará a cabo la reducción del empleo público?
Aquí ha un paralelismo entre el sector privado y el público: en ambos al inicio de la recesión siguió creciendo el empleo indefinido. Pero como muestran los dos gráficos siguientes, en el sector privado se paró pronto, en 2008:2,
mientras que en el sector público ha seguido aumentando hasta 2011:3:
Como es habitual en nuestro país, tanto en el sector privado como en el público el ajuste ha recaído especialmente sobre los empleados temporales; en el sector privado desde el principio y en el público desde 2011:3. Este último ajuste está siendo simplemente brutal: en solo tres trimestres el empleo temporal se ha reducido un 20%. A pesar de las nuevas capacidades de llevar a cabo despidos colectivos (ERE) en el sector público a raíz de la reforma laboral de febrero de 2012, cabe suponer que la no renovación de contratos temporales será la vía mayoritaria por la que se destruirá empleo público durante el resto de este año y durante el próximo.
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Apéndice: Para los que quieran ver las magnitudes, que no se pueden deducir de los gráficos, aquí va un cuadro-resumen.