La Administración Pública española –incluyendo los poderes ejecutivo, legislativo y judicial– necesita profundas reformas, no solo recortes. Un buen ejemplo de esto lo proporciona la intención del Gobierno de Castilla-La Mancha de eliminar los sueldos de los diputados en 2013, pasando estos a cobrar solo dietas por asistencia a plenos y comisiones, que me parece una muy mala idea. No sé si la remuneración de los diputados de esa comunidad es adecuada o no, y si se considera que no lo es, se debería revisar el nivel. También su desempeño, si es necesario. No obstante, si queremos exigir a los representantes políticos que hagan bien su trabajo tenemos que pagarles un sueldo. Remuneración adecuada, transparencia y rendición de cuentas deberían ser las reglas principales. A estos efectos, quiero recordar a los lectores la entrada sobre asunto que escribió Antonio Cabrales en marzo de 2010, en la que destacaba que cuanto menos cobren, peores políticos tendremos (recomiendo también la discusión posterior).
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Los ajustes del empleo público que han de venir por Samuel Bentolila
Nada es gratis.
¿Cómo ha evolucionado el empleo público en España durante la crisis?
Fijándonos solo en el empleo asalariado, resulta sorprendente que el empleo público creció mucho. Como se ve en el gráfico, tomando el tercer trimestre de 2007 (2007:3) como final de la expansión (igual que aquí o aquí), hay un aumento del 10% en cuatro años, frente a una caída en el sector privado del 14% en el mismo periodo.
Es una subida muy atípica. Dejando a un lado la recesión de 1976, cuando se estaba poniendo en pie el Estado del Bienestar, podemos fijarnos en la recesión iniciada en 1991:3. En ella, el empleo privado cayó hasta un 11% y el empleo público cayó menos, hasta un 5%, pero no volvió a crecer hasta 1999.
En otras palabras, es razonable intentar mantener el empleo público como mecanismo de lucha contra la recesión, si las finanzas públicas lo permiten, o al menos reducir el empleo público menos que el privado. Pero lo sucedido durante los cuatro primeros años de esta recesión ha sido una huida hacia adelante, que ha hecho especialmente difícil y dolorosa la reducción del déficit posterior. (En Youtube hay un ameno vídeo sobre otros aspectos de la evolución del gasto público en 2007-2011).
¿Quién ha sido responsable de este comportamiento?
Como se ve en el siguiente gráfico, hubo una carrera para aumentar el empleo público entre las Comunidades Autónomas, el Gobierno central y los ayuntamientos, que ganaron las primeras, llegando a aumentar su empleo en un 15%.
Por el contrario, como muestra este otro gráfico, el empleo en la Seguridad Social ha caído del orden del 20% y el de Otros organismos públicos, principalmente empresas públicas, alrededor del 10%.
(Nota. Según el INE, hasta 2006:4 en la Seguridad Social se incluían organismos que prestaban servicios sociales o sanitarios dependientes de otras administraciones. En 2007:1 hay una redistribución de parte de los empleados de la Seguridad Social, principalmente hacia las CCAA. Este cambio no debería afectar a los datos del gráfico, pero es sorprendente que el empleo en la Seguridad Social caiga un 20%.)
El ajuste que viene…
El pasado sábado el Ministro de Hacienda reveló que este año el déficit quedará en el 7.4% del PIB en vez del 6.3% acordado con la Unión Europea (aunque el Gobierno entiende que esta diferencia no computa a efectos del llamado procedimiento de “déficit excesivo”, por ser una operación de una única vez). La noticia dada a finales de 2011 de que en vez del 6% acordado para 2011 el déficit público iba a ser el 8% supuso una gran pérdida de credibilidad para el Estado español. Proceso agravado cuando luego se dijo que en realidad sería del 8.5% y luego que la cifra “definitiva” era el 8.9%, y ahora resulta que la… “superdefinitiva” (¿?) será el 9.4%.
La necesidad de recuperar reputación, que cotiza en puntos porcentuales de prima de riesgo, es obvia. Según los presupuestos para 2013, los intereses de la deuda se llevarán 38.590 millones de euros, un 33.8% más que en 2012, y un 3.63% del PIB. Así, tanto nuestros socios europeos como cualquier inversor internacional que observe que en este momento el empleo público es todavía un 3.7% superior al nivel alcanzado al final de la expansión tendrá muy claro que ha de reducirse. Esta idea se confirma al observar que según los Presupuestos, los gastos en personal activo disminuirán un 3.8% con respecto a 2012.
¿Cómo se reducirán? Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 prohibieron todo aumento salarial y toda nueva contratación y la reposición de bajas, salvo por la posibilidad de reponer un 10% en algunos sectores (educación y sanidad en las Comunidades Autónomas con esas competencias, docencia universitaria e investigación en algunos casos, policía local, fuerzas armadas, lucha contra el fraude fiscal y laboral, prevención y extinción de incendios). Lo mismo hace el Proyecto de Presupuestos para 2013.
Existe un problema de eficiencia en esta vía. Pensemos en una empresa privada que perdiera a un empleado clave. Si se le prohibiera reemplazarlo podría resultarle muy difícil operar, con la consiguiente pérdida de actividad. En las Administraciones Públicas sucede lo mismo. Es más, los Presupuestos prohíben también la contratación temporal, “salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales,” con autorización previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. A estas alturas no es posible (creo) saber cómo se está administrando esta cláusula de escape, aunque sospecho que de forma extraordinariamente restrictiva.
Un mecanismo que no deja apenas ningún margen de respuesta no es bueno. Es cierto que aumentará la eficiencia de forma mecánica, en cuanto que los servicios se prestarán por menos personas. Y ciertamente necesitamos elevar la eficiencia de nuestras administraciones. En una comparación internacional sobre los resultados del sector público realizada por António Afonso, Ludger Schuknecht y Vito Tanzi para el año 2000, España solo superaba a Grecia, Portugal e Italia (Cuadro 1, última columna). El problema de la eficiencia del sector público es muy complejo y buena parte de él radica en la incapacidad para utilizar incentivos positivos y negativos, como mencioné para el caso del absentismo. La eficiencia, y en especial la calidad del servicio, también sufre cuando no se puede asignar el trabajador adecuados para cada puesto. Por tanto, podría ser mejor tomar una postura activa: por una parte, decidir dónde sobran empleados públicos y donde no sobran o incluso faltan, y, por otra, limitar el nivel del gasto de personal (que es en realidad el objetivo) pero permitir una gestión de personal y de remuneraciones más descentralizada, realizada por quienes en cada nivel saben qué necesidades existen y qué empleados son más eficientes. A su vez, los gestores de los departamentos serían responsables de su gestión. No soy un marciano, soy consciente de nuestra lejanía de este modelo y de la dificultad de poner en práctica estas medidas, pero una reforma de la administración pública no consiste solo en recortar gastos sino también en mejorar la gestión.
¿Cómo se llevará a cabo la reducción del empleo público?
Aquí ha un paralelismo entre el sector privado y el público: en ambos al inicio de la recesión siguió creciendo el empleo indefinido. Pero como muestran los dos gráficos siguientes, en el sector privado se paró pronto, en 2008:2,
mientras que en el sector público ha seguido aumentando hasta 2011:3:
Como es habitual en nuestro país, tanto en el sector privado como en el público el ajuste ha recaído especialmente sobre los empleados temporales; en el sector privado desde el principio y en el público desde 2011:3. Este último ajuste está siendo simplemente brutal: en solo tres trimestres el empleo temporal se ha reducido un 20%. A pesar de las nuevas capacidades de llevar a cabo despidos colectivos (ERE) en el sector público a raíz de la reforma laboral de febrero de 2012, cabe suponer que la no renovación de contratos temporales será la vía mayoritaria por la que se destruirá empleo público durante el resto de este año y durante el próximo.
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Apéndice: Para los que quieran ver las magnitudes, que no se pueden deducir de los gráficos, aquí va un cuadro-resumen.
NeG Visual y básico: los problemas de los jóvenes
Por Samuel Bentolila.
Una imagen vale más que mil palabras. Esta es la evolución del empleo, normalizado al valor 100 en el tercer trimestre de 2007 (punto máximo del empleo en la pasada expansión), para el empleo indefinido, el empleo temporal y el empleo temporal de jóvenes (entre 16 y 24 años):
En relación con ese punto de referencia, el empleo indefinido ha caído un 2% y el temporal un 30%, mientras que el empleo temporal de los jóvenes ha caído a la mitad.
El gráfico pone de relieve que la incidencia de la crisis sobre los asalariados indefinidos ha sido relativamente menor, recayendo la inmensa mayoría del ajuste sobre los asalariados temporales (aunque no hay que olvidar a los autónomos, cuyo empleo ha caído un 18%). Esta evolución refuerza la visión de los indefinidos como insiders, protegidos incluso en las crisis más fuertes (al menos hasta ahora). Dentro de los temporales, los más brutalmente afectados por la crisis han sido los jóvenes. La incidencia de la línea roja del gráfico es grande, pues en 2007:3 la tasa de temporalidad en ese grupo de edad era del 65%; en concreto son 610 mil trabajadores.
Seguir leyendo en Nada es Gratis.
Muy interesante este enlace: Empleo Empleo temporal temporal ee inserción inserción laboral laboral de los jóvenes. Lo más destacado es el increíble crecimiento de Corea del Sur en estos últimos 30 años.
Una imagen vale más que mil palabras. Esta es la evolución del empleo, normalizado al valor 100 en el tercer trimestre de 2007 (punto máximo del empleo en la pasada expansión), para el empleo indefinido, el empleo temporal y el empleo temporal de jóvenes (entre 16 y 24 años):
En relación con ese punto de referencia, el empleo indefinido ha caído un 2% y el temporal un 30%, mientras que el empleo temporal de los jóvenes ha caído a la mitad.
El gráfico pone de relieve que la incidencia de la crisis sobre los asalariados indefinidos ha sido relativamente menor, recayendo la inmensa mayoría del ajuste sobre los asalariados temporales (aunque no hay que olvidar a los autónomos, cuyo empleo ha caído un 18%). Esta evolución refuerza la visión de los indefinidos como insiders, protegidos incluso en las crisis más fuertes (al menos hasta ahora). Dentro de los temporales, los más brutalmente afectados por la crisis han sido los jóvenes. La incidencia de la línea roja del gráfico es grande, pues en 2007:3 la tasa de temporalidad en ese grupo de edad era del 65%; en concreto son 610 mil trabajadores.
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Muy interesante este enlace: Empleo Empleo temporal temporal ee inserción inserción laboral laboral de los jóvenes. Lo más destacado es el increíble crecimiento de Corea del Sur en estos últimos 30 años.
Dar una oportunidad a los jóvenes
Por Samuel Bentonilla.
Siempre que va a nacer un nuevo gobierno, muchos se lanzan a ponerle deberes; es una especie de compulsión. En nuestra comprometida coyuntura actual, recordada a diario por los mercados financieros internacionales, esta práctica se ha extendido mucho, alcanzando a gente tan notable como la canciller Merkel o el vicepresidente europeo Almunia. Me atrevo a unirme al coro, porque creo que no se está dando suficiente importancia a un asunto esencial: el futuro de los jóvenes.
En abril de 2009 un conjunto de académicos, entre los que me encontraba, hizo pública una propuesta de reforma laboral, después conocida como el “Manifiesto de los Cien”. Aunque tuvo bastante eco, al final no convenció al gobierno. Ahora seis economistas (Cabrales, Fernández-Villaverde, Garicano, Rubio-Ramírez y Santos) hemos publicado un libro, titulado “Nada es gratis. Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa”, en que explicamos –para no expertos– la crisis de la economía española. También aportamos ideas de reforma estructural, que en el área laboral se inspiran en aquella propuesta inicial. Dado que las dos reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno saliente fueron muy limitadas, las propuestas originales lamentablemente siguen estando vigentes.
Nuestro mercado de trabajo funciona tan mal que somos capaces de pasar de una tasa de paro del 8% al 21,5% en solo cuatro años. Esta variabilidad extrema tiene mucho que ver con la temporalidad. Solo el 8,5% de los 14,4 millones (sí, millones) de contratos firmados en 2010 fueron indefinidos, mientras que casi dos tercios de los contratos temporales cuya duración se conoce fueron de menos de un mes y solo un 1% de más de un año. Esta “batidora” no hay forma de explicarla sino es a través de la diferencia de coste de despido entre los contratos indefinidos y los temporales.
Si nuestra tasa de paro más que duplica la de la Unión Europea (UE), en temporalidad somos también líderes mundiales absolutos, pues esta afectaba a un tercio de los asalariados durante las dos décadas previas a 2007 y solo la crisis ha rebajado esa tasa a un cuarto, mientras que en la UE es el 14%.
La dualidad perjudica especialmente a los jóvenes. Durante el periodo 1990-2007, un joven que entraba al mercado de trabajo tardaba cinco años antes de encontrar su primer empleo indefinido. Durante ese periodo pasaba cuarenta meses con contratos temporales (siete en promedio) y veinte meses en el paro. Ahora la situación es aún peor. Si desde el tercer trimestre de 2007 el empleo indefinido ha caído solo un 2% y el temporal lo ha hecho en un 30%, el empleo temporal de los jóvenes entre 16 y 24 años ha caído casi a la mitad. Esto explica que hayamos alcanzado la insoportable tasa de paro juvenil del 47%.
De hecho, la temporalidad ya no es solo un asunto de jóvenes. De 2005 a 2007 afectaba al 30% de los trabajadores entre 30 y 39 años y al 23% entre 40 y 49 años. Este es el horizonte de los jóvenes, quienes además apenas reciben formación cuando tienen esos contratos.
Es prioritario acabar con esta situación. La solución propuesta en España, en Francia y en Italia, avalada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, es introducir un contrato laboral indefinido único.
La propuesta para España consiste en suprimir los contratos temporales, salvo para el caso de bajas temporales, e introducir un contrato indefinido cuya indemnización por despido crezca con la antigüedad en el empleo, alcanzando un máximo inferior a los 45 días de salario por año de servicio del despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios. Su mayor virtud es dar certeza y flexibilidad a las empresas que consideren contratar, protegiendo a la vez progresivamente más a los trabajadores con mayor antigüedad.
El fuerte sesgo contra los jóvenes de nuestra actual estructura de protección del empleo es un aspecto compartido por las leyes que regulan la negociación colectiva. En la actualidad, esta no atiende a los intereses ni de los parados ni de los temporales, ni a los intereses de las pequeñas empresas y sus trabajadores. Acercar la negociación al nivel de las empresas, reducir su inercia y su grado de indiciación con la inflación permitiría que las condiciones de trabajo respondieran a las variaciones de la productividad y al ciclo económico. Así la respuesta del mercado de trabajo no sería la de siempre: la creación desbocada de empleo en las expansiones y la destrucción brutal en las recesiones.
Hay otras propuestas para favorecer el empleo juvenil. Por ejemplo, la OCDE destaca la lucha contra el fracaso escolar y la combinación de la educación reglada y la inserción laboral. Estas políticas son seguramente importantes, pero la mera revisión de la estructura de contratos laborales y de la negociación colectiva ya representaría un paso importante, dado el fuerte sesgo de estas en contra de los jóvenes.
Es difícil exagerar la importancia de estos cambios. En la UE, el 11% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, mientras que en España estos “ni-ni” ascienden a la quinta parte. Estas personas sufren un gran riesgo de marginación y muchos más están abocados a quedar marcados de por vida por su entrada en un mercado de trabajo tan hostil. La falta de horizonte vital ha llevado a los jóvenes a manifestarse en la calle desde el pasado 15 de mayo. Empezar a rectificar los nefastos efectos de nuestras instituciones laborales sobre los jóvenes no sería suficiente pero sí una condición necesaria para poder evitar una generación perdida.
Siempre que va a nacer un nuevo gobierno, muchos se lanzan a ponerle deberes; es una especie de compulsión. En nuestra comprometida coyuntura actual, recordada a diario por los mercados financieros internacionales, esta práctica se ha extendido mucho, alcanzando a gente tan notable como la canciller Merkel o el vicepresidente europeo Almunia. Me atrevo a unirme al coro, porque creo que no se está dando suficiente importancia a un asunto esencial: el futuro de los jóvenes.
En abril de 2009 un conjunto de académicos, entre los que me encontraba, hizo pública una propuesta de reforma laboral, después conocida como el “Manifiesto de los Cien”. Aunque tuvo bastante eco, al final no convenció al gobierno. Ahora seis economistas (Cabrales, Fernández-Villaverde, Garicano, Rubio-Ramírez y Santos) hemos publicado un libro, titulado “Nada es gratis. Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa”, en que explicamos –para no expertos– la crisis de la economía española. También aportamos ideas de reforma estructural, que en el área laboral se inspiran en aquella propuesta inicial. Dado que las dos reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno saliente fueron muy limitadas, las propuestas originales lamentablemente siguen estando vigentes.
Nuestro mercado de trabajo funciona tan mal que somos capaces de pasar de una tasa de paro del 8% al 21,5% en solo cuatro años. Esta variabilidad extrema tiene mucho que ver con la temporalidad. Solo el 8,5% de los 14,4 millones (sí, millones) de contratos firmados en 2010 fueron indefinidos, mientras que casi dos tercios de los contratos temporales cuya duración se conoce fueron de menos de un mes y solo un 1% de más de un año. Esta “batidora” no hay forma de explicarla sino es a través de la diferencia de coste de despido entre los contratos indefinidos y los temporales.
Si nuestra tasa de paro más que duplica la de la Unión Europea (UE), en temporalidad somos también líderes mundiales absolutos, pues esta afectaba a un tercio de los asalariados durante las dos décadas previas a 2007 y solo la crisis ha rebajado esa tasa a un cuarto, mientras que en la UE es el 14%.
La dualidad perjudica especialmente a los jóvenes. Durante el periodo 1990-2007, un joven que entraba al mercado de trabajo tardaba cinco años antes de encontrar su primer empleo indefinido. Durante ese periodo pasaba cuarenta meses con contratos temporales (siete en promedio) y veinte meses en el paro. Ahora la situación es aún peor. Si desde el tercer trimestre de 2007 el empleo indefinido ha caído solo un 2% y el temporal lo ha hecho en un 30%, el empleo temporal de los jóvenes entre 16 y 24 años ha caído casi a la mitad. Esto explica que hayamos alcanzado la insoportable tasa de paro juvenil del 47%.
De hecho, la temporalidad ya no es solo un asunto de jóvenes. De 2005 a 2007 afectaba al 30% de los trabajadores entre 30 y 39 años y al 23% entre 40 y 49 años. Este es el horizonte de los jóvenes, quienes además apenas reciben formación cuando tienen esos contratos.
Es prioritario acabar con esta situación. La solución propuesta en España, en Francia y en Italia, avalada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, es introducir un contrato laboral indefinido único.
La propuesta para España consiste en suprimir los contratos temporales, salvo para el caso de bajas temporales, e introducir un contrato indefinido cuya indemnización por despido crezca con la antigüedad en el empleo, alcanzando un máximo inferior a los 45 días de salario por año de servicio del despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios. Su mayor virtud es dar certeza y flexibilidad a las empresas que consideren contratar, protegiendo a la vez progresivamente más a los trabajadores con mayor antigüedad.
El fuerte sesgo contra los jóvenes de nuestra actual estructura de protección del empleo es un aspecto compartido por las leyes que regulan la negociación colectiva. En la actualidad, esta no atiende a los intereses ni de los parados ni de los temporales, ni a los intereses de las pequeñas empresas y sus trabajadores. Acercar la negociación al nivel de las empresas, reducir su inercia y su grado de indiciación con la inflación permitiría que las condiciones de trabajo respondieran a las variaciones de la productividad y al ciclo económico. Así la respuesta del mercado de trabajo no sería la de siempre: la creación desbocada de empleo en las expansiones y la destrucción brutal en las recesiones.
Hay otras propuestas para favorecer el empleo juvenil. Por ejemplo, la OCDE destaca la lucha contra el fracaso escolar y la combinación de la educación reglada y la inserción laboral. Estas políticas son seguramente importantes, pero la mera revisión de la estructura de contratos laborales y de la negociación colectiva ya representaría un paso importante, dado el fuerte sesgo de estas en contra de los jóvenes.
Es difícil exagerar la importancia de estos cambios. En la UE, el 11% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, mientras que en España estos “ni-ni” ascienden a la quinta parte. Estas personas sufren un gran riesgo de marginación y muchos más están abocados a quedar marcados de por vida por su entrada en un mercado de trabajo tan hostil. La falta de horizonte vital ha llevado a los jóvenes a manifestarse en la calle desde el pasado 15 de mayo. Empezar a rectificar los nefastos efectos de nuestras instituciones laborales sobre los jóvenes no sería suficiente pero sí una condición necesaria para poder evitar una generación perdida.
Contrato único, estructura productiva y paro. Samuel Bentolila y Juan J. Dolado
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Evolución tasa de desempleo: España entre 1994 y 3ºT/2011 |
El pasado 5 de noviembre, Luis Martínez Noval (exministro de Trabajo) criticaba en la tribuna Contrato único y paro las conclusiones de un reciente trabajo de investigación en el que estudiamos si una menor segmentación contractual en nuestro mercado laboral habría ayudado a evitar parte del desmedido aumento de la tasa de paro durante la crisis. Vaya por delante que, como investigadores, estamos siempre abiertos a la crítica, si está bien fundamentada. Pensamos que este no es el caso.
Conviene repasar brevemente nuestro argumento sobre la necesidad de eliminar la dualidad del actual sistema de contratación laboral. Esta se explica por la gran brecha de indemnizaciones por despido entre indefinidos y temporales, responsable tanto de la fuerte creación de empleo temporal en las expansiones como de su masiva destrucción en las recesiones. Ha ocurrido ahora y ocurrió en 1994, con una tasa de paro similar a la actual (22%). Entonces, pese a la gran creación de empleo posterior, tardamos 13 años en converger a la media europea (8% en 2007). No existe ningún otro país europeo con un mercado laboral tan bulímico. Debido a dicha brecha, la tasa media de conversión de temporales en indefinidos es muy baja, alrededor del 5%, con independencia del rendimiento del trabajador temporal. El resultado es una exagerada e ineficiente rotación entre empleo y desempleo, que redunda en una tasa de paro media muy alta y volátil, baja productividad, escasa movilidad geográfica y la imposibilidad de un horizonte de carrera profesional para los jóvenes.
Leer completo en El País.
Paro e instituciones laborales (I): Efecto nacional. Samuel Bentolila
Las instituciones laborales no existen porque sí. Se crearon para garantizar una renta mínima a los trabajadores empleados (salario mínimo) o parados (prestaciones por desempleo), defender sus intereses (sindicatos, regulación de negociación colectiva) o proporcionarles seguridad en el empleo (costes de despido). Pero tienen un coste potencial: a cambio de aumentar la seguridad y (a veces) mitigar la desigualdad, reducen la eficiencia y (a menudo) el empleo. Si las instituciones se diseñan bien (junto con otros factores, claro), se puede tener alta seguridad y baja tasa de paro (Escandinavia), pero lo normal es poca seguridad y paro bajo (EEUU) o mucha seguridad y paro alto (Europa continental).
¿No afecta la demanda al paro? Por supuesto que sí. Una política monetaria (p. ej. una bajada del tipo de interés) o fiscal (p. ej. bajada de impuestos) expansiva tiende desplazar la demanda de trabajo (hacia la derecha en el gráfico) y a elevar el empleo. Pero no indefinidamente. De nuevo simplificando mucho, el mecanismo fundamental de reequilibrio es el siguiente: cuando el paro cae por debajo de la tasa de paro estructural (exceso de demanda) los salarios reales suben, esto reduce la demanda de trabajo de las empresas y el paro sube otra vez hasta su nivel estructural. Y viceversa cuando el paro es superior al paro estructural.
[...]
¿Cómo abordaron Blanchard y Wolfers este problema? Señalando que las instituciones no solo afectan a la tasa de paro sino a como ésta reacciona ante los shocks. Por ejemplo, ante un aumento de los precios del petróleo, el paro sube. Cuanto más altas sean las prestaciones por desempleo, mayor es la duración del paro, con lo que los parados van perdiendo sus capacidades o dejan de buscar. A su vez las empresas desconfían de los parados de larga duración y no los contratan. Y los que siguen empleados no los ven como competidores. En suma, el paro ejerce en menor medida su función de moderación salarial.
Leer completo en Nada es gratis.
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