Por Samuel Bentonilla.
Siempre que va a nacer un nuevo gobierno, muchos se lanzan a ponerle deberes; es una especie de compulsión. En nuestra comprometida coyuntura actual, recordada a diario por los mercados financieros internacionales, esta práctica se ha extendido mucho, alcanzando a gente tan notable como la canciller Merkel o el vicepresidente europeo Almunia. Me atrevo a unirme al coro, porque creo que no se está dando suficiente importancia a un asunto esencial: el futuro de los jóvenes.
En abril de 2009 un conjunto de académicos, entre los que me encontraba, hizo pública una propuesta de reforma laboral, después conocida como el “Manifiesto de los Cien”. Aunque tuvo bastante eco, al final no convenció al gobierno. Ahora seis economistas (Cabrales, Fernández-Villaverde, Garicano, Rubio-Ramírez y Santos) hemos publicado un libro, titulado “Nada es gratis. Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa”, en que explicamos –para no expertos– la crisis de la economía española. También aportamos ideas de reforma estructural, que en el área laboral se inspiran en aquella propuesta inicial. Dado que las dos reformas laborales llevadas a cabo por el gobierno saliente fueron muy limitadas, las propuestas originales lamentablemente siguen estando vigentes.
Nuestro mercado de trabajo funciona tan mal que somos capaces de pasar de una tasa de paro del 8% al 21,5% en solo cuatro años. Esta variabilidad extrema tiene mucho que ver con la temporalidad. Solo el 8,5% de los 14,4 millones (sí, millones) de contratos firmados en 2010 fueron indefinidos, mientras que casi dos tercios de los contratos temporales cuya duración se conoce fueron de menos de un mes y solo un 1% de más de un año. Esta “batidora” no hay forma de explicarla sino es a través de la diferencia de coste de despido entre los contratos indefinidos y los temporales.
Si nuestra tasa de paro más que duplica la de la Unión Europea (UE), en temporalidad somos también líderes mundiales absolutos, pues esta afectaba a un tercio de los asalariados durante las dos décadas previas a 2007 y solo la crisis ha rebajado esa tasa a un cuarto, mientras que en la UE es el 14%.
La dualidad perjudica especialmente a los jóvenes. Durante el periodo 1990-2007, un joven que entraba al mercado de trabajo tardaba cinco años antes de encontrar su primer empleo indefinido. Durante ese periodo pasaba cuarenta meses con contratos temporales (siete en promedio) y veinte meses en el paro. Ahora la situación es aún peor. Si desde el tercer trimestre de 2007 el empleo indefinido ha caído solo un 2% y el temporal lo ha hecho en un 30%, el empleo temporal de los jóvenes entre 16 y 24 años ha caído casi a la mitad. Esto explica que hayamos alcanzado la insoportable tasa de paro juvenil del 47%.
De hecho, la temporalidad ya no es solo un asunto de jóvenes. De 2005 a 2007 afectaba al 30% de los trabajadores entre 30 y 39 años y al 23% entre 40 y 49 años. Este es el horizonte de los jóvenes, quienes además apenas reciben formación cuando tienen esos contratos.
Es prioritario acabar con esta situación. La solución propuesta en España, en Francia y en Italia, avalada por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, es introducir un contrato laboral indefinido único.
La propuesta para España consiste en suprimir los contratos temporales, salvo para el caso de bajas temporales, e introducir un contrato indefinido cuya indemnización por despido crezca con la antigüedad en el empleo, alcanzando un máximo inferior a los 45 días de salario por año de servicio del despido improcedente de los contratos indefinidos ordinarios. Su mayor virtud es dar certeza y flexibilidad a las empresas que consideren contratar, protegiendo a la vez progresivamente más a los trabajadores con mayor antigüedad.
El fuerte sesgo contra los jóvenes de nuestra actual estructura de protección del empleo es un aspecto compartido por las leyes que regulan la negociación colectiva. En la actualidad, esta no atiende a los intereses ni de los parados ni de los temporales, ni a los intereses de las pequeñas empresas y sus trabajadores. Acercar la negociación al nivel de las empresas, reducir su inercia y su grado de indiciación con la inflación permitiría que las condiciones de trabajo respondieran a las variaciones de la productividad y al ciclo económico. Así la respuesta del mercado de trabajo no sería la de siempre: la creación desbocada de empleo en las expansiones y la destrucción brutal en las recesiones.
Hay otras propuestas para favorecer el empleo juvenil. Por ejemplo, la OCDE destaca la lucha contra el fracaso escolar y la combinación de la educación reglada y la inserción laboral. Estas políticas son seguramente importantes, pero la mera revisión de la estructura de contratos laborales y de la negociación colectiva ya representaría un paso importante, dado el fuerte sesgo de estas en contra de los jóvenes.
Es difícil exagerar la importancia de estos cambios. En la UE, el 11% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, mientras que en España estos “ni-ni” ascienden a la quinta parte. Estas personas sufren un gran riesgo de marginación y muchos más están abocados a quedar marcados de por vida por su entrada en un mercado de trabajo tan hostil. La falta de horizonte vital ha llevado a los jóvenes a manifestarse en la calle desde el pasado 15 de mayo. Empezar a rectificar los nefastos efectos de nuestras instituciones laborales sobre los jóvenes no sería suficiente pero sí una condición necesaria para poder evitar una generación perdida.
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