Las Claves de la política penitenciaria por Florencio Domínguez

Domínguez sobre el terrorismo de ETA y sus peticiones de perdón, las cuales deberían de ser públicas. Muy ineligente reflexión.

Destaco:

La concesión de beneficios penitenciarios a reclusos con asesinatos a sus espaldas, incluso cuando se desmarcan de ETA y firman escritos de reconocimiento del daño causado ante Instituciones Penitenciarias, resulta dolorosa para las víctimas. El terrorismo es una actividad esencialmente pública, que busca antes que nada conseguir la máxima difusión de sus actuaciones para tener más éxito. Por eso cabe reflexionar acerca de si no sería conveniente que, al menos para acceder a las principales ventajas penitenciarias, la disociación de la violencia y la demanda de perdón tuviera también dimensión pública como la tuvieron los atentados cometidos. Socialmente las medidas serían mejor aceptadas.

ARTÍCULO:

El 10 de noviembre de 1992, el Gobierno trasladó al dirigente de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, a la cárcel de Nanclares de la Oca, en la que entonces, como ahora, se había reunido a un grupo de etarras críticos con la continuidad de la violencia. Txikierdi era y sigue siendo el paradigma de la ortodoxia en la organización terrorista por lo que, a priori, no encajaba con el perfil del resto de los internos de Nanclares. La mera presencia del jefe etarra en la prisión alavesa suscitó numerosas interpretaciones y le obligó a dar explicaciones indicando que se estaba haciendo un «uso político» de su persona con el traslado y que «cualquier tonto sabe que no está en mis manos elegir cárcel».

Ser conducido a una cárcel 'estigmatizada' provoca confusión y contradicciones en el mundo etarra y no han sido pocos los presos que han tenido que dar explicaciones a los suyos por el hecho de estar al lado de los que se han desmarcado de la violencia.

Aquel movimiento tenía por objeto poner en contacto a Txikierdi con Isidro Etxabe, Zumai, otro peso pesado dentro de ETA que en aquel momento abogaba por el abandono de las armas, para ver si el segundo era capaz de arrastrar al primero. No funcionó. Txikierdi volvió a ser trasladado lejos del País Vasco y desde entonces se ha recorrido todas las cárceles del sur de España. La política de destinos penitenciarios a veces busca juntar a determinados presos para ver si es posible conseguir que unos influyan sobre otros alejándolos de ETA. En otras ocasiones se hace por lo contrario: para romper lazos o liderazgos dentro de las cárceles y facilitar la evolución de algún grupo de reclusos sin la tutela del comisario político de turno. A veces hay éxitos y a veces no, pero el Gobierno está en la obligación se realizar ese tipo de experimentos.

La actual política penitenciaria, al igual que se hizo en el pasado sólo que ahora con más intensidad, busca provocar diferencias en el seno de ETA, alentar la disidencia entre los reclusos con la esperanza de que el conflicto se traslade también a la base social etarra y mine el apoyo a la organización terrorista. Se trata de un objetivo interesante en el marco de una política antiterrorista más amplia. El acercamiento de determinados presos es un premio para esos reclusos y sobre todo para sus familias, pero no modifica las condiciones de cumplimiento de la condena. Un recluso en primer grado de Nanclares cumple en similares condiciones que uno del mismo grado de Puerto II.

Pero el acercamiento no es el único instrumento que se está aplicando a los presos críticos. Desde principios de año se han concedido algunos permisos a internos de Nanclares y a un par de ellos se les ha aplicado una fórmula situada a caballo entre el segundo y el tercer grado que les permite salir el tiempo justo para realizar estudios profesionales fuera de prisión y regresar cuando terminan las clases. Ninguno de los disidentes de los últimos años está en tercer grado, aunque en Nanclares hay un preso en ese régimen desde 1999. A uno de los internos -sin delitos de sangre- se le ha concedido la libertad condicional a falta de tres meses para terminar de cumplir su pena.

La concesión de beneficios penitenciarios a reclusos con asesinatos a sus espaldas, incluso cuando se desmarcan de ETA y firman escritos de reconocimiento del daño causado ante Instituciones Penitenciarias, resulta dolorosa para las víctimas. El terrorismo es una actividad esencialmente pública, que busca antes que nada conseguir la máxima difusión de sus actuaciones para tener más éxito. Por eso cabe reflexionar acerca de si no sería conveniente que, al menos para acceder a las principales ventajas penitenciarias, la disociación de la violencia y la demanda de perdón tuviera también dimensión pública como la tuvieron los atentados cometidos. Socialmente las medidas serían mejor aceptadas.