Currin, el 'enterao' por Florencio Domínguez‏

En los últimos años el conjunto del nacionalismo vasco ha puesto bastante interés en establecer relaciones con políticos de Sudáfrica. Miembros del Gobierno de Juan José Ibarretxe viajaron a aquel país y lo mismo hicieron dirigentes de Batasuna como Pernando Barrena y Joseba Alvarez, entre otros. Antes y después de la tregua de 2006 mantuvieron numerosos contactos con representantes del Congreso Nacional Africano (ANC), mientras la organización Segi se relacionaba con las Juventudes Comunistas de Sudáfrica. Arnaldo Otegi viajó a Cuba en 1999 para pedirle a Fidel Castro que convenciera a Nelson Mandela para que asistiera en el País Vasco a una reunión de Udalbiltza.

A petición de Batasuna, en 2007, el ANC utilizó los canales de la Internacional Socialista para pedir al PSOE que continuara con las negociaciones que ETA había roto a bombazos. Esa fue su única gestión en torno al pasado proceso de diálogo con la banda terrorista.

Eduardo Uriarte y Javier Elorrieta, miembros de la Fundación para la Libertad que preside Nicolás Redondo, viajaron a Sudáfrica en 2007 y se encontraron con que buena parte de los interlocutores con los que hablaron estaban profundamente desinformados sobre España y sobre el País Vasco y muy influidos por la visión nacionalista. Cuentan que la conversación más tensa de su viaje fue la que tuvieron con Roelf Meyer y Brian Currin, genuinos representantes de uno de los sectores más dinámicos de la economía sudafricana de los últimos años: la industria de la mediación. Meyer -asesor del anterior lehendakari- y Currin -asesor de Batasuna-- tenían una visión del País Vasco basada en el 'plan Ibarretxe' aderezado con toques de la izquierda abertzale. La solución que veían al terrorismo etarra era aceptar la autodeterminación y la independencia.

Con esa situación de fondo, los ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior han realizado en los últimos años un trabajo intenso para contrarrestar en Sudáfrica, tanto en sus instituciones como en el ANC, la influencia que había conseguido el mundo de Batasuna. Y han obtenido algunos resultados. El Congreso Nacional Africano ha marcado distancias con Batasuna y ha hecho saber a Meyer y a Currin que no podían actuar en su nombre. El primero lo ha dejado, no así el segundo, que sigue, a título particular o a título de Batasuna.

Sorprende, por tanto, que las últimas declaraciones públicas efectuadas por Currin hayan provocado el revuelo que han provocado y que esas manifestaciones puedan provocar un enfrentamiento entre el Gobierno y el primer partido de la oposición. Sus palabras transmiten la idea de que el entrevistado trata de hacerse el 'enterao', de hacer creer que sabe muchas cosas, pero no las puede decir. Dijo, por ejemplo, que estaba «al tanto» de los movimientos de presos a pesar de haber sido «bastante confidenciales». Tan confidenciales que han aparecido en las portadas de la prensa. Y los valoró positivamente el mismo día en que Etxerat, la asociación de familiares de reclusos que siguen la disciplina etarra, criticaba al Gobierno por realizar precisamente esos traslados y le acusaba de intentar dividir al colectivo de presos. Currin no se ha debido enterar bien de lo que suponen esos traslados. Los de Etxerat, en cambio, sí y por eso protestan.

La encuesta por Florencio Domínguez‏

La adicción a los sondeos para tomar decisiones conduce a prácticas políticas más conservadoras

En plena contienda entre los dos aspirantes a liderar la lista autonómica del Partido Socialista de Madrid se ha difundido la encuesta encargada por la dirección del PSOE que da ventaja a Trinidad Jiménez a la hora de enfrentarse a la actual presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

La difusión de la encuesta forma parte de la batalla interna y está pensada, tal vez, para convencer a los afiliados del PSM de la bondad de la candidata que tiene las bendiciones de la ejecutiva federal o, quizás, para demostrar a esos mismos afiliados que el afán de cambiar a Tomás Gómez por Trinidad Jiménez no obedecía a un capricho de preferencias personales, sino que tiene detrás una razón de peso político: el aumento de las posibilidades de llegar al poder.

Los resultados concretos de ese sondeo son la anécdota, salvo para los directamente implicados en la contienda, que ven sus intereses beneficiados, en un caso, y perjudicados, en otro, y que reaccionaron ante los números en función de cómo les iba en la feria. El perjudicado, Gómez, restó importancia al trabajo, y la beneficiada, Jiménez, se mostró satisfecha.

La categoría de ese episodio está en que se pone de manifiesto que la encuesta se ha convertido hace tiempo en la última ratio de los dirigentes políticos. Se hace aquello que según las consultas previas vaya a ser bien valorado por los ciudadanos y se para lo que pueda provocar más rechazo que aceptación. Salvo en circunstancias de causa mayor, como la aplicación de drásticas políticas de recorte económico adoptadas por obligación tras la presión de los principales líderes del mundo, no se asumen medidas que puedan enemistar al político que las toma con sus electores.

El uso de la encuesta como referencia de la toma de decisiones tiene su complemento perfecto en el globo sonda: un batidor se adelanta para anunciar una determinada medida –la conveniencia de subir los impuestos o cualquier otra–, luego se estudia la reacción suscitada por el anuncio y según el efecto provocado se sigue adelante, se deja para otra ocasión o se archiva para siempre.

El abuso del empleo de la encuesta conduce al abandono de una función característica de los partidos y los dirigentes políticos: la de liderar la sociedad, marcando objetivos hacia los que caminar y ejerciendo la persuasión para sumar voluntades hacia proyectos que supongan cambios relevantes. La adicción a los sondeos para tomar decisiones ha conducido a nuestros principales líderes a desarrollar prácticas políticas más conservadoras: uno no arriesga para ganar, sino que se queda a la espera de que el rival cometa errores y que el triunfo venga solo; otro no toma a tiempo las decisiones necesarias pero impopulares para solucionar los problemas confiando en que algún milagro evite tener que dar ese paso, agravando con ello la situación que había que resolver.

Esclarecidos por Florencio Domínguez

Artículo de Domínguez sobre terrorismo y justicia.

Destaco:

Memoria, verdad y justicia son las reclamaciones que enarbolan las asociaciones de víctimas.

Justicia porque la democracia y la libertad son inseparables de la aplicación de la ley y porque no cabe la impunidad. La verdad, para conocer quiénes han sido los culpables porque, como declaró José Múgica, actual presidente de Uruguay, "la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos". Y la memoria, para mantener vivo el recuerdo de las víctimas como vacuna frente a futuras tentaciones de volver a la violencia.

ARTÍCULO:

La Policía vasca, que dirige el consejero Rodolfo Ares, se apuntó ayer un éxito al capturar al presunto autor material del asesinato de Joseba Pagazaurtundua, jefe de la policía municipal de Andoain y militante socialista. Siete años y seis meses después del crimen, la maquinaria policial y judicial esclarece un atentado terrorista que parecía estar destinado a quedar impune.

Los familiares de Joseba tendrán ahora la oportunidad de ver cómo se hace justicia, último paso que necesitan las víctimas del terrorismo para cerrar definitivamente el duelo y casi también la única satisfacción que les queda después de la pérdida del ser querido. Evitar la impunidad es importante cara a los terroristas, a los que se hace llegar el mensaje de que, tarde o temprano, tendrán que pagar con arreglo a la ley por lo que han hecho. Es también un mensaje que reciben agradecidas las víctimas, para las que la justicia es una de las principales reivindicaciones. Memoria, verdad y justicia son las reclamaciones que enarbolan las asociaciones de víctimas.

Justicia porque la democracia y la libertad son inseparables de la aplicación de la ley y porque no cabe la impunidad. La verdad, para conocer quiénes han sido los culpables porque, como declaró José Múgica, actual presidente de Uruguay, "la verdad es la forma superior de castigo para los que son responsables de los atropellos". Y la memoria, para mantener vivo el recuerdo de las víctimas como vacuna frente a futuras tentaciones de volver a la violencia.

En fecha reciente, representantes de las diversas asociaciones de víctimas se han reunido con el presidente de la Audiencia Nacional y el ministro de Justicia para mostrarles su preocupación por los asesinatos terroristas que están sin esclarecer y la posibilidad de que terminen definitivamente archivados o prescriba el delito. Las dos autoridades se han mostrado sensibles con las demandas de las víctimas y han adoptado medidas para evaluar cuántos sumarios hay en esas circunstancias.

Un examen somero de los 48 atentados con víctimas mortales cometidos desde el año 2000 hasta el momento actual, en los que hay 58 personas asesinadas, permite comprobar que hay ocho atentados –con once víctimas– de los que se desconoce, policial o judicialmente, quién los cometió. Sus sumarios están como estaba hasta ayer el de Joseba Pagazaurtundua, esperando que el trabajo de los investigadores permita un día poner nombre y apellidos a los asesinos.

Las modernas técnicas de investigación basadas en el análisis del ADN abren nuevas posibilidades. En poco tiempo han permitido esclarecer el asesinato de Pagazaurtundua e identificar a algunos de los etarras implicados en la muerte del policía francés asesinado en marzo o de los dos guardias civiles de Capbreton. Pero no siempre existe ese recurso. En otros muchos casos sólo queda el trabajo policial de siempre acompañado, si es posible, de algo de suerte.

Las Claves de la política penitenciaria por Florencio Domínguez

Domínguez sobre el terrorismo de ETA y sus peticiones de perdón, las cuales deberían de ser públicas. Muy ineligente reflexión.

Destaco:

La concesión de beneficios penitenciarios a reclusos con asesinatos a sus espaldas, incluso cuando se desmarcan de ETA y firman escritos de reconocimiento del daño causado ante Instituciones Penitenciarias, resulta dolorosa para las víctimas. El terrorismo es una actividad esencialmente pública, que busca antes que nada conseguir la máxima difusión de sus actuaciones para tener más éxito. Por eso cabe reflexionar acerca de si no sería conveniente que, al menos para acceder a las principales ventajas penitenciarias, la disociación de la violencia y la demanda de perdón tuviera también dimensión pública como la tuvieron los atentados cometidos. Socialmente las medidas serían mejor aceptadas.

ARTÍCULO:

El 10 de noviembre de 1992, el Gobierno trasladó al dirigente de ETA Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Txikierdi, a la cárcel de Nanclares de la Oca, en la que entonces, como ahora, se había reunido a un grupo de etarras críticos con la continuidad de la violencia. Txikierdi era y sigue siendo el paradigma de la ortodoxia en la organización terrorista por lo que, a priori, no encajaba con el perfil del resto de los internos de Nanclares. La mera presencia del jefe etarra en la prisión alavesa suscitó numerosas interpretaciones y le obligó a dar explicaciones indicando que se estaba haciendo un «uso político» de su persona con el traslado y que «cualquier tonto sabe que no está en mis manos elegir cárcel».

Ser conducido a una cárcel 'estigmatizada' provoca confusión y contradicciones en el mundo etarra y no han sido pocos los presos que han tenido que dar explicaciones a los suyos por el hecho de estar al lado de los que se han desmarcado de la violencia.

Aquel movimiento tenía por objeto poner en contacto a Txikierdi con Isidro Etxabe, Zumai, otro peso pesado dentro de ETA que en aquel momento abogaba por el abandono de las armas, para ver si el segundo era capaz de arrastrar al primero. No funcionó. Txikierdi volvió a ser trasladado lejos del País Vasco y desde entonces se ha recorrido todas las cárceles del sur de España. La política de destinos penitenciarios a veces busca juntar a determinados presos para ver si es posible conseguir que unos influyan sobre otros alejándolos de ETA. En otras ocasiones se hace por lo contrario: para romper lazos o liderazgos dentro de las cárceles y facilitar la evolución de algún grupo de reclusos sin la tutela del comisario político de turno. A veces hay éxitos y a veces no, pero el Gobierno está en la obligación se realizar ese tipo de experimentos.

La actual política penitenciaria, al igual que se hizo en el pasado sólo que ahora con más intensidad, busca provocar diferencias en el seno de ETA, alentar la disidencia entre los reclusos con la esperanza de que el conflicto se traslade también a la base social etarra y mine el apoyo a la organización terrorista. Se trata de un objetivo interesante en el marco de una política antiterrorista más amplia. El acercamiento de determinados presos es un premio para esos reclusos y sobre todo para sus familias, pero no modifica las condiciones de cumplimiento de la condena. Un recluso en primer grado de Nanclares cumple en similares condiciones que uno del mismo grado de Puerto II.

Pero el acercamiento no es el único instrumento que se está aplicando a los presos críticos. Desde principios de año se han concedido algunos permisos a internos de Nanclares y a un par de ellos se les ha aplicado una fórmula situada a caballo entre el segundo y el tercer grado que les permite salir el tiempo justo para realizar estudios profesionales fuera de prisión y regresar cuando terminan las clases. Ninguno de los disidentes de los últimos años está en tercer grado, aunque en Nanclares hay un preso en ese régimen desde 1999. A uno de los internos -sin delitos de sangre- se le ha concedido la libertad condicional a falta de tres meses para terminar de cumplir su pena.

La concesión de beneficios penitenciarios a reclusos con asesinatos a sus espaldas, incluso cuando se desmarcan de ETA y firman escritos de reconocimiento del daño causado ante Instituciones Penitenciarias, resulta dolorosa para las víctimas. El terrorismo es una actividad esencialmente pública, que busca antes que nada conseguir la máxima difusión de sus actuaciones para tener más éxito. Por eso cabe reflexionar acerca de si no sería conveniente que, al menos para acceder a las principales ventajas penitenciarias, la disociación de la violencia y la demanda de perdón tuviera también dimensión pública como la tuvieron los atentados cometidos. Socialmente las medidas serían mejor aceptadas.