Lecturas 31.10.2012

Cómo afecta un huracán a unas elecciones, por Jordi Pérez Colomé.

‘¿Has tenido que huir de España?’, por Jordi Pérez Colomé.

Las falacias del igualitarismo, por Carlos Alberto Montaner.

Todos somos de los Derechos Humanos, por Juan Carlos Linares Balmaseda.

Carta pastoral del cardenal Hlond: El antisemitismo en Polonia, 1937.

Víctimas, 31 de octubre: Manuel Fuentes Fontán, Juan de Dios Doval Mateos, José María Pérez López de Orueta y Francisco González Ruiz

Libertad Digital.

A las tres y media de la tarde del miércoles 31 de octubre de 1979 la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en Portugalete (Vizcaya) al guardia civil MANUEL FUENTES FONTÁN. El agente vivía en Santurce, pero acudía habitualmente a Portugalete donde vivía su novia, Francisca Vilches, con la que solía comer o cenar. Ese día acudió a comer con ella y en torno a las 15:20 horas salió del domicilio, vestido de paisano, para volver al cuartel de Santurce. Tras salir del edificio, el guardia se dirigió a su automóvil y entró en el mismo. En ese momento dos terroristas -uno encapuchado y el otro con la cara cubierta por un pañuelo- que se encontraban apostados junto a la valla de un edificio en construcción, dispararon contra él con un subfusil y una pistola a menos de cinco metros de distancia. Tras acribillarlo a balazos los asesinos huyeron en un Renault 4 de una empresa de reparación de televisión, en el que esperaban otros dos terroristas.

Manuel Fuentes fue alcanzado por una docena de impactos en los hombros, el tórax, los brazos y las piernas, y quedó mortalmente herido dentro de su vehículo. La novia se asomó a la ventana y aún tuvo tiempo de ver cómo corría uno de los autores del atentado. Bajó corriendo a la calle y se acercó al coche donde agonizaba Manuel, que hizo un amago de hablar, pero no pudo articular palabra. Fue trasladado en una ambulancia a la Clínica San Juan de Dios de Santurce, falleciendo a los pocos minutos de ingresar cuando había sido llevado al quirófano para ser intervenido.

El PSOE, PCE y ESEI (Convergencia Socialista Vasca) reaccionaron de forma inmediata convocando para ese mismo día 31 de octubre una manifestación de protesta, que tuvo lugar a las ocho de la tarde en Portugalete. Los convocantes manifestaron que el atentado, igual que el cometido cuatro días antes contra Germán González López, era una declaración de guerra al Estatuto recién aprobado y un intento de hacer inviable su puesta en práctica. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) excusó su asistencia a la reunión de convocatoria de la manifestación, alegando que la mayoría de sus dirigentes se encontraban en Bayona (Francia) para hablar con el lehendakari del Gobierno vasco en el exilio Leizaola.

El 1 de noviembre ETA reivindicó el asesinato de Manuel Fuentes. Tras reiterar que seguirían atentando hasta lograr que se aplicase la alternativa KAS, en el comunicado analizaban los resultados del referéndum, señalando que se manipularon los votos y haciendo elogios a los que optaron por la abstención.

Manuel Fuentes Fontán tenía 29 años, era natural de Pontevedra, estaba soltero y llevaba cinco años destinado en el País Vasco. Su novia, Francisca Vilches, era natural de Jaén y declaró a los medios de comunicación que Manuel había solicitado el traslado a Pontevedra porque temía que no iba a salir vivo del País Vasco, pero le contestaron que "los casados tenían prioridad" (Diario de Navarra, 01/11/1979). Manuel fue la primera víctima mortal entre miembros de las fuerzas de Seguridad del Estado desde que se aprobó el Estatuto de Autonomía. Sus restos mortales fueron enterrados dos días después, el 2 de noviembre, en Pontevedra, su ciudad natal. El funeral de cuerpo presente se celebró en la Iglesia de la Virgen del Camino. Guardias civiles y policías nacionales transportaron a hombros el féretro hasta el templo, que estaba absolutamente abarrotado, por lo que gran parte del público tuvo que seguir la ceremonia desde fuera. Al acto asistieron autoridades civiles y militares y, a la salida,  se oyeron gritos contra el Gobierno y vivas a la Guardia Civil y al Ejército.

A las nueve menos cinco de la mañana del jueves 31 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA asesinaba a JUAN DE DIOS DOVAL MATEOS, miembro del comité ejecutivo de Guipúzcoa de Unión de Centro Democrático (UCD). Dos desconocidos dispararon contra él cuando había cogido el coche para dirigirse a su trabajo en la facultad de Derecho.

El dirigente centrista había salido de su domicilio en el barrio donostiarra de Lores, situado en las afueras de la ciudad, y se introdujo en su automóvil, un Simca 1200. Acababa de arrancar el motor del vehículo cuando dos terroristas a cara descubierta hicieron tres disparos y se dieron a la fuga en dirección a una carretera secundaria próxima, donde les esperaba un tercer terrorista al volante de un coche robado previamente.

Juan de Dios Doval fue alcanzado por dos proyectiles. Uno de ellos, con entrada en el lado izquierdo del cuello y que quedó alojado en el lado derecho del tórax, le causó la muerte casi en el acto. Otro proyectil le alcanzó en el pecho, pero chocó con un bolígrafo que llevaba en el bolsillo y no llegó a provocar herida interna. Una ambulancia de la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA) trasladó a la víctima a la residencia sanitaria de la Seguridad Social Nuestra Señora de Aránzazu, donde se certificó su fallecimiento. En el lugar de los hechos se recogieron tres casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN.

Nada más tener noticias del asesinato, quedaron paralizadas las actividades de la facultad de Derecho. La mayoría de los estudiantes que se encontraban en las dependencias universitarias se reunieron en una asamblea, en la que aprobaron un comunicado manifestando "la más absoluta repulsa y desprecio" por el atentado, y condenando el clima general de violencia, con expresa mención a las "detenciones indiscriminadas". La junta de profesores realizó simultáneamente otra reunión. A las once y media de la mañana, unos trescientos alumnos y profesores se dirigieron en manifestación silenciosa desde la facultad, a corta distancia del lugar donde cayó muerto Juan de Dios Doval, hasta la Diputación Foral de Guipúzcoa donde hicieron entrega de un escrito de protesta.

En julio de 1982 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio contra José María Salegui Zuloaga y Luis Francisco Amezaga Mendizábal, acusados del asesinato de Juan de Dios Doval Mateos. El fiscal solicitó, para cada uno de ellos, penas de veintinueve años por asesinato y seis años por utilización ilegítima de vehículo a motor ajeno. Según el escrito de conclusión provisional del fiscal, los dos acusados junto a José Luis Bilbao, en situación de rebeldía, robaron un coche a punta de pistola, ataron a su propietario en un monte próximo y se dirigieron a la urbanización donostiarra de Lores, donde esperaron al dirigente de la UCD vasca contra quien dispararon cuando éste abandonaba su vehículo. Los procesados negaron su pertenencia a ETA, así como la participación en el asesinato de Doval Mateos. Salegui declaró que la utilización de armas y la muerte de semejantes iban en contra de sus principios. Eva María Roig, testigo presencial del asesinato, manifestó que los autores del hecho se acercaron al Simca 1200 de color azul y después de disparar salieron corriendo y riendo. La joven afirmó que vio el asesinato desde bastante cerca, pero no reconoció a ninguno de los procesados. Tampoco identificó a los procesados el propietario del vehículo robado, señalando que los encausados no coincidían con las características de los autores del robo. El fiscal, sin embargo, elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, mientras que el defensor pidió la absolución. El 14 de julio la Audiencia Nacional absolvió a los dos acusados y en la sentencia se señaló que la declaración de la testigo presencial se había silenciado en el atestado policial.

Juan de Dios Doval Mateos, de 37 años, había nacido en Madrid, aunque pasó toda su juventud en San Sebastián donde su padre, notario, se trasladó por razones profesionales. Estaba casado y tenía dos hijos, de 7 y 4 años. Doctor en Derecho y profesor adjunto de la facultad de San Sebastián, compaginaba ese trabajo con la dirección de algunos asuntos en una gestoría administrativa propiedad de un hermano. Había ingresado en UCD un año antes, y en las elecciones para el Parlamento vasco ocupó el segundo puesto de la candidatura en Guipúzcoa, después del secretario general de la UCD vasca, Jaime Mayor Oreja. Juan de Dios Doval estaba convencido de que sería escogido como víctima de un atentado, sobre todo después del asesinato de su compañero Jaime Arrese en Elgóibar una semana antes. Así lo había confiado el día anterior de su asesinato, el jueves 30 de octubre, a un estudiante de Derecho con el que mantenía amistad, indicándole que había establecido o pensaba establecer contraseñas para franquear la entrada de su vivienda sólo a personas conocidas. El día anterior a su asesinato le dijo a su secretaria: "Reza por mí". Ella le recomendó que abandonara, pero él le contestó que no quería que sus hijos pensasen que era un cobarde, según relató el sacerdote jesuita Antonio Beristain, compañero en la universidad de Juan de Dios, en Gaceta Universitaria. La noticia del asesinato de Doval Mateos fue recibida con nerviosismo, consternación e indignación en la sede provincial de UCD. El recrudecimiento de la cacería contra miembros del partido estaba diezmando la formación centrista en el País Vasco. En una fotografía tomada en Zumárraga en 1977 aparecían cinco dirigentes de la UCD vasca, de los que tres habían sido asesinados en poco más de un mes: José Ignacio Ustarán, Jaime Arrese, Marcelino Oreja y Jaime Mayor Oreja, además del propio Juan de Dios Doval (Alonso, R., Florencio Domínguez, F. y García Rey, M., Vidas rotas. Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA, Espasa, 2010. pág. 328). Por deseo expresado con anterioridad a su fallecimiento, Doval fue inhumado al día siguiente, 1 de noviembre, en Ezcaray (Logroño) después de celebrarse el funeral por su alma.

Pocas horas después del asesinato en San Sebastián de Juan de Dios Doval, en la tarde del 31 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA secuestraba y asesinaba en Hernani (Guipúzcoa) al abogado JOSÉ MARÍA PÉREZ LÓPEZ DE ORUETA. Su cadáver fue encontrado por la Policía antes de la medianoche en las proximidades de la localidad guipuzcoana, en un punto de la carretera que va a Goizueta (Navarra). El hallazgo se produjo después de que una llamada anónima al diario Egin comunicase que había una persona muerta en ese punto de la carretera. El cuerpo del abogado presentaba un solo orifico de bala en la sien izquierda. En el lugar de los hechos se localizó un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca SF, y una bala sin disparar del mismo calibre y marca.

José María Pérez fue secuestrado a las 19:00 horas en su domicilio de San Sebastián, donde vivía y ejercía como abogado. A esa hora llamaron a la puerta de su casa, acudiendo a abrir la madre de la víctima, Ángela, a la que indicaron que tenían una cita con él. Cuando abrió la puerta, dos terroristas armados con pistolas amenazaron a madre e hijo, y se llevaron a este último secuestrado, arrancaron los cables del teléfono e indicaron a la madre, bajo amenaza, que no avisara a la Policía hasta pasadas las diez de la noche. José María fue introducido en un vehículo robado previamente en Oyarzun y lo trasladaron hasta Hernani, donde fue interrogado sobre compradores y vendedores de droga.

ETA acusó a José María Pérez de ser narcotraficante y de defender habitualmente a drogadictosen casos relacionados con el consumo y tráfico de drogas. En el comunicado de reivindicación reconocían que la víctima había sido "sometida a un minucioso interrogatorio". Un abogado donostiarra de prestigio, que ejerció responsabilidades en el área del orden público en el Consejo General Vasco, comentó que "los atentados de ETA se parecen cada vez más a los procedimientos de los escuadrones de la muerte de algunos países latinoamericanos, que he conocido directamente. Primero se dispara, y después se lanza la acusación como parte de un imaginario proceso, cuya sentencia se ha dictado en la sombra y sin posibilidad de apelación por adelantado".

En una nota difundida al día siguiente la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Guipúzcoa manifestó su condena a cualquier tipo de violencia, sin excepción alguna, especialmente cuando desemboca en la muerte de cualquier persona, pena ésta que se ha abolido del sistema legal español. La junta adoptó también el acuerdo de asistir el domingo 2 de noviembre, corporativamente, a la manifestación organizada por cuatro partidos políticos por la paz y contra el terrorismo. En la nota de condena se afirmaba que varios abogados habían tenido que abandonar su lugar de residencia ante las amenazas recibidas por no acceder a pagar el llamado impuesto revolucionario.

En 1986 la Audiencia Nacional condenó a José Antonio Esnaola Lasa a 26 años de prisión mayor por el asesinato del abogado donostiarra. Cuatro años después, en 1990, fue condenado a la misma pena el etarra Nicolás Francisco Rodríguez.

José María Pérez López de Orueta tenía 30 años y estaba soltero. Llevaba dos años colegiado como abogado criminalista.

Hacia las nueve y veinte de la noche del 31 de octubre de 1982 la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria mediante la explosión de un coche-bomba compuesto por diez kilos de Goma 2, al policía nacional FRANCISCO GONZÁLEZ RUIZ y hería de gravedad al sargento José Miñano, de 38 años, natural de Alcantarilla (Murcia). Otros diez policías resultaron heridos de carácter leve, así como una mujer embarazada de siete meses que se encontraba en su domicilio y que fue alcanzada por los cristales de una ventana rota por la onda expansiva.

Los agentes heridos leves fueron José Manuel Calvo Vega, Adolfo Cánovas López Ventura Enebral Sánchez, Miguel Fernando Lozano, Antonio Gutiérrez Díaz, Emilio Herrera Romero, José Ocaña Sánchez, Juan Pastor Morales, Manuel Pazos Jus y Florencio Romero Pérez.

El atentado se produjo al estallar un potentísimo artefacto compuesto de unos diez kilos de Goma 2, que se encontraba colocado en el interior de un automóvil marca Chrysler 180, aparcado en el arcén de la carretera en las proximidades de la estación que Iberduero tenía en esta zona de la capital alavesa. La carga explosiva fue accionada a distancia desde otro automóvil, cuando la dotación policial, que circulaba en un convoy formado por una tanqueta y una furgoneta de la Policía Nacional, se dirigía a efectuar el relevo del servicio de vigilancia en la subestación eléctrica de Iberduero. El coche-bomba, como consecuencia de la fuerte explosión, resultó totalmente destrozado, así como la furgoneta de la Policía Nacional, mientras que la tanqueta quedó seriamente dañada.

Francisco González Ruiz, de 24 años y natural de Granada, se había casado tres meses antes.

Lecturas 30.10.2012

Caracterización estadísitica de tableros pretensados para carreteras, por Víctor Yepes Piqueras.

Haesley Nine Bridges Golf Clubhouse. Estructura de madera laminada.

Cuba: @JDanielFerrer con resumen de noticias 28/10.

Siete propuestas después del paso de Sandy, por Yoani Sánchez.

Unique Water Towers From Around the World.

Víctimas, 30 de octubre: Jesús Escudero García, José Francisco de Querol y Lombardero, y Armando Medina Sánchez

Libertad Digital.

A las 9:10 horas de la mañana del lunes 30 de octubre de 2000 la banda terrorista ETA asesinaba en Madrid, mediante un coche-bomba, al policía nacional JESÚS ESCUDERO GARCÍA, al magistrado del Tribunal Supremo JOSÉ FRANCISCO DE QUEROL Y LOMBARDERO y al chófer de éste, ARMANDO MEDINA SÁNCHEZ, hiriendo de gravedad al conductor de autobús Jesús Sánchez Martínez, que fallecería finalmente el 8 de noviembre, nueve días más tarde.

El atentado tenía como objetivo fundamental acabar con la vida del magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, el general togado José Francisco de Querol y Lombardero, así como de aquellas personas que lo acompañaran en el coche oficial, como su chófer y el escolta que viajaba a su lado para protegerle. Para llevar a cabo la acción, los terroristas del grupo Madrid de ETA prepararon un coche-bomba con cerca de 40 kilos de dinamita y grandes cantidades de metralla y lo hicieron estallar a las 9:10 de la mañana al paso del vehículo en el que viajaban el magistrado, su escolta y el chófer del Parque Móvil del Estado. El explosivo estaba contenido en una olla de aluminio, metida en el maletero del coche, y la metralla consistía en tornillos y trozos de varillas metálicas como las empleadas en la construcción para dar consistencia a las estructuras de hormigón. El coche-bomba, un Renault 19 rojo que había sido robado en el barrio de Fuencarral el 17 de agosto, estaba aparcado en la avenida Badajoz, en el cruce de ésta con la calle Torrelaguna, cerca de una parada de autobús y de una sucursal bancaria, en el barrio de La Concepción.

La zona escogida para situar la bomba era un punto del recorrido diario que hacía el coche del general José Francisco de Querol, ya que el domicilio de éste estaba situado en la calle Torrelaguna. El magistrado caminaba varias decenas de metros hasta reunirse con su chófer para tomar el vehículo oficial y dirigirse al trabajo. A menos de cien metros del lugar de la explosión se encontraban un centro de atención a la infancia y un colegio, por lo que la zona era transitada habitualmente por niños. Los terroristas accionaron la bomba mediante un mando a distancia en el momento en que el coche en el que viajaban las víctimas, un Renault Megane que carecía tanto de blindaje como de inhibidores de frecuencia, se situó a la altura del Renault 19.

Los más de 35 kilos de dinamita provocaron una explosión de magnitudes descomunales, hiriendo a más de sesenta personas y provocando cuantiosos daños materiales. Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, conducido por Jesús Sánchez Martínez, quedó completamente destrozado debido a la onda expansiva y al incendio que se desató, quedando finalmente calcinado. Un edificio tuvo que ser desalojado por las Fuerzas de Seguridad, después de que siete de sus plantas se vieran afectadas por la terrible explosión. Varias decenas de vehículos, medio millar de viviendas de tres bloques distintos de edificios y decenas de comercios en un radio de ciento cincuenta metros sufrieron desperfectos de algún tipo. El automóvil en el que viajaban José Francisco de Querol y Jesús Escudero, conducido por Armando Medina, quedaría convertido en un amasijo de hierros, completamente destrozado, después de volar literalmente por encima del autobús municipal.

Como en otros atentados de los asesinos etarras, la fortuna quiso que la tragedia no acabara convirtiéndose en una masacre sin precedentes. Al hecho de que la zona fuera un lugar de tránsito habitual de los niños que salían de los colegios próximos se unió la circunstancia de que, en el momento de la explosión, había numerosos transeúntes en las proximidades del coche-bomba. En el instante mismo de la explosión, el autobús municipal, en el que sólo viajaban seis pasajeros, se acababa de interponer entre el coche-bomba y los peatones, absorbiendo la mayor parte de la onda expansiva y convirtiéndose en un aterrador escenario del que los supervivientes trataban de huir por los huecos de las ventanillas.

La confusión generada por lo dantesco de la escena y el hecho de que los terroristas accionaran la bomba a distancia impidieron que hubiera testigos de la huida de éstos. Los heridos más graves, entre los que se encontraban una mujer embarazada y una niña de 11 años con fractura total de la tibia, fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos, mientras que el resto fue atendido en el mismo lugar del atentado por los sanitarios del SAMUR, que tuvieron que improvisar un hospital de campaña ante la gran cantidad de heridos. Hasta el lugar acudieron los bomberos, una decena de ambulancias y personal sanitario de varios lugares, como el centro de salud Canal de Panamá.

La esposa de José Francisco de Querol, María Josefa Orozco, sufrió una crisis nerviosa cuando le comunicaron la noticia del atentado y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario. Baltasar Garzón, de guardia el día de la tragedia, fue el juez encargado de ordenar el levantamiento de los cadáveres del magistrado De Querol, Armando Medina y Jesús Escudero.

El hecho de que el coche robado hubiera sido sustraído más de dos meses antes del atentado confirmaba que ETA contaba con una notable infraestructura en la capital madrileña. La matrícula del Renault robado había sido troquelada con una máquina robada durante la última tregua-trampa de la banda terrorista. Respecto al modus operandi empleado contra el vehículo oficial del general De Querol, fuentes de la lucha antiterrorista manifestaron que posiblemente los terroristas accionaron la bomba desde una zona alta de la calle Torrelaguna, desde donde, además, había fácil acceso a la M-30 y a una estación de metro, que habría facilitado la huida de los asesinos.

El atentado fue interpretado como una consecuencia directa de la amenaza que había vertido poco antes el sanguinario etarra Francisco Múgica Garmendia, Pakito, a los jueces de la Audiencia Nacional: "Para nosotros todos vosotros sois Tagle". El terrorista hacía referencia con sus palabras al atentado contra la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle, asesinada a tiros por miembros de ETA el 12 de septiembre de 1989.

La catedral de Granada acogió el funeral en honor de Jesús Escudero ante casi dos mil personas. Hacía sólo tres semanas que Granada había sido testigo del asesinato a manos de ETA del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero. La misa fue oficiada por el arzobispo Antonio Cañizares, que se refirió a los etarras con durísimas palabras de condena. El cuerpo de Jesús Escudero fue transportado en un avión militar, acompañado por el director general de la Policía, Juan Cotino, para su posterior entierro en el cementerio municipal de San José, en Granada. El Ayuntamiento de esta ciudad decretó tres días de luto oficial. El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio Rouco Varela, fue el responsable de oficiar la misa en el funeral por las almas deArmando Medina Sánchez y José Francisco de Querol y Lombardero, un día después del atentado, en el Salón de Pasos Perdidos del Tribunal Supremo. Tras el funeral, los restos mortales de Armando Medina fueron trasladados al cementerio de La Almudena, donde tuvo lugar el entierro. También en el cementerio madrileño de La Almudena, en un acto íntimo, fueron inhumados los restos de José Francisco de Querol. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital decretaron dos días de luto oficial tras el atentado.

El mismo día del atentado se celebraron concentraciones espontáneas de repulsa en Madrid, Barcelona, Murcia y otras capitales españolas. Para el día siguiente, 31 de octubre, numerosos ayuntamientos, sindicatos, administraciones públicas, universidades y asociaciones como Gesto por la Paz convocaron cientos de actos de repulsa y condena a la violencia terrorista.

El rey Juan Carlos condenó el atentado y aseguró tener "la seguridad de que los asesinos pagarán, tarde o temprano, por sus crímenes". En el ámbito internacional, Nicole Fontaine, presidenta del Parlamento Europeo, dijo sentirse profundamente impresionada y afectada por el monstruoso atentado de la banda terrorista ETA, añadiendo que "por su voluntad de reaccionar a ciegas, por su falta de humanidad y por su comportamiento que no se puede calificar, los miembros de ETA han mostrado de nuevo su verdadera naturaleza, que consiste en destruir la vida y la democracia". Kofi Annan, secretario general de la ONU en esos momentos, condenó "enérgicamente" el terrorismo y expresó su "conmoción" ante la barbarie etarra.

El entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, tuvo duras palabras de condena no sólo hacia los terroristas, sino también hacia los partidos nacionalistas que en ese momento integraban el Gobierno vasco: Eusko Alkartasuna y Partido Nacionalista Vasco. Aznar rechazó cualquier opción posible de recuperar la unidad con dichos partidos, advirtiendo al PSOE que dicha unidad sería "imposible" porque tanto EA como el PNV "deben sus cargos a pactos con ETA", sosteniendo posturas incompatibles con la lucha contra la banda terrorista. El líder del Partido Popular preguntó retóricamente "¿Es posible la unidad con quienes deben sus cargos políticos a pactos escritos o no escritos con ETA? ¿Es posible la unidad con quienes deslegitiman el Estado de derecho y legitiman la violencia?" y sobre los partidos nacionalistas gobernantes manifestó, sin dejar lugar a dudas, que "no se puede lograr la unidad con quienes creen a los terroristas, hablan con ellos o se dicen sus amigos. O con aquellos que condenan los asesinatos un día y al siguiente lo legitiman con sus actos [...] Ya sabemos lo que duran las condolencias. Lo que se tarda en dar un pésame [...] ¿Se puede lograr la unidad con quienes deslegitiman de ese modo el Estado de derecho y legitiman la violencia? ¿Se puede trabajar por la unidad con quienes llaman desalmados a los servidores de un Estado del que se dice que además viola los derechos humanos?".

Juan María Uriarte, obispo de San Sebastián, condenó el atentado e hizo un llamamiento a ETA para que pusiera "término a tanto dolor". Por su parte Ricardo Blázquez, obispo de Bilbao fue más allá y dirigió su condena no sólo a los asesinos, sino también "a los que los encubren y los justifican".

Los miembros del brazo político de ETA hicieron gala una vez más de su deplorable demagogia y de su más absoluto desprecio por las víctimas del terrorismo, equiparando de la forma más vil a víctimas y verdugos. Joseba Permach, portavoz de Euskal Herritarrok,  comparó la muerte de Jesús Escudero, José Francisco de Querol y Armando Medina con la de los etarras Urko Gerrikagoitia, Zigor Aranbarri, Francisco Rementeria y Ekain Ruiz, fallecidos en agosto de 2000 al estallarles el coche la bomba que, según la propia ETA, iban a utilizar para cometer un atentado.

Durante la tregua-trampa decretada por ETA en 1998 la banda terrorista aprovechó para reorganizar varios de sus grupos operativos. En noviembre de 1999 ETA volvía a asesinar y varios de sus grupos iniciaban una macabra campaña de atentados contra jueces, fiscales y personalidades del mundo jurídico en general. Numerosos etarras estuvieron dedicados a vigilar a posibles objetivos y a recabar información de éstos. Los miembros del grupo Madrid y los del grupo Buro Ahuste centraron su actividad en esa auténtica cacería de personas dedicadas profesionalmente al mundo del Derecho. El atentado contra el general togado José Francisco de Querol estaba enmarcado en esa sangrienta campaña de la banda terrorista, de forma que aunque sólo un terrorista accionó el mando a distancia que activó la bomba, fueron muchos los que, de una forma u otra, participaron en las labores de vigilancia y obtención de información para llevar a cabo tanto éste como otros atentados de la misma época.

En noviembre de 2001 la Policía detenía a Ana Belén Egües, alias Dolores, responsable máxima del grupo Madrid de ETA en esas fechas. Ana Belén Egües, que fue durante cinco años como concejal de Herri Batasuna, había participado en todos los atentados cometidos por ETA en Madrid desde enero de 2000 hasta el momento de su detención. Según la propia Egües, la única acción en la que no había actuado fue la colocación de un coche-bomba en el aparcamiento del aeropuerto de Barajas. Ana Belén Egües se encargó de la planificación y la dirección del atentado que le costó la vida al policía Jesús Escudero, al chófer Armando Medina, al magistrado José Francisco de Querol y, días más tarde, al conductor de autobús Jesús Sánchez. Egües fue detenida junto con el también etarra Aitor García Aliaga en noviembre de 2001 después de que, días antes, cometieran un atentado con coche-bomba. La detención fue posible gracias a un ciudadano anónimo que los siguió durante quince minutos y dio aviso a la Policía. El Ministerio Fiscal solicitaba para Ana Belén Egües prisión incondicional por diez delitos de asesinato consumado, tres delitos de asesinato en grado de tentativa y siete de conspiración para el asesinato, así como pertenencia a banda armada, depósito de armas y de explosivos, falsificación de documento oficial y sustracción de vehículos. En octubre de 2005 la Audiencia Nacional condenaba a Ana Belén Egües Gurruchaga y a Aitor García Aliaga a 1042 años de cárcel, estimando que la petición de la Fiscalía de los siete delitos de conspiración para el asesinato no era procedente, debido a que el grupo Madrid contaba con numerosos miembros que podrían haber recabado la información necesaria para cometer algunos de los atentados llevados a cabo por la banda, no estando probado que esta labor hubiese corrido a cargo de Egües y García Aliaga. La sentencia sí consideraba probado que ETA había utilizado la tregua de 1998 para rearmarse y reorganizar sus grupos operativos.

En junio de 2006, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) solicitaba al juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska la reapertura del caso del asesinato del general De Querol. En las declaraciones iniciales de Ana Belén Egües, ésta había testificado que los etarras Gorka Palacios Aldai y Juan Luis Rubenach Roig habían participado directamente en la comisión del atentado y les había reconocido en fotografías. El segundo era responsable de "logística operativa" de la banda. Sin embargo, en su declaración judicial Egües desmintió dichas acusaciones, alegando haber sido golpeada durante el primer día de su detención. La terrorista se negó a declarar ante Grande-Marlaska, quien dirigió una comisión rogatoria a las autoridades francesas para poder interrogar a Rubenach y Palacios por el atentado cometido contra De Querol. Éstos habían sido detenidos en Pau (Francia) en diciembre de 2003.

La exconcejal batasuna Ana Belén Egües, con uno de los historiales más sangrientos de la banda terrorista ETA, actúa desde 2006 como portavoz de los presos etarras, permitiéndose hablar de amnistías y condiciones para el diálogo, cuando hace tan sólo tres años, en julio de 2008, se jactaba ante los jueces de que haber colaborado con el grupo de ETA al que pertenecía Iñaki de Juana Chaos había sido "un honor" para ella.

Por otra parte, en abril de 2003 la Audiencia Nacional condenaba a nueve años y medio de cárcel a Nerea Garro y Ainara Esteranz, acusadas de formar parte del grupo Madrid y de haberse desplazado en octubre de 2000 a la capital para recabar datos sobre objetivos de ETA, semanas antes del atentado contra De Querol.

En junio de 2007 la Policía Montada de Canadá detenía en Quebec a Iván Apaolaza Sancho, acusado de formar parte del grupo Buro Ahuste –junto con la propia Ana Belén Egües, Gorka Palacios y Javier Abaunza– en las fechas en las que se produjo el atentado contra el magistrado José Francisco de Querol. El 17 de octubre de 2011 comenzaba el juicio contra varios de esos miembros del grupo Buro Ahuste, acusados de numerosos crímenes cometidos tras el final de la tregua-trampa de 1998. Entre éstos estaban Juan Antonio Olarra Guridi, Oier Goitia Abadía y los ya citados Ivan Apaolaza Sancho y Gorka Palacios Aldai. La Fiscalía ha pedido 1015 años de prisión para Olarra Guridi, 55 para Iván Apaolaza, 45 para Gorka Palacios y 20 para Goitia Guridi.

Jesús Escudero García, policía nacional de 53 años y natural de Colomera (Granada), estaba casado con Ana María Turpín y tenía cuatro hijos de entre 23 y 27 años. Aunque tenía un destino fijo en el Grupo de Informes de la Brigada de Policía Judicial de Granada, llevaba varios meses trabajando como escolta de fiscales y jueces en diversas ciudades españolas para redondear su salario y poder financiar las carreras universitarias de varios de sus hijos. Jesús había solicitado el traslado a Madrid para estar cerca de uno de sus hijos, el mayor de los cuatro, y ayudarle en la búsqueda de piso, ya que el trabajo del muchacho, ingeniero electrónico, no le dejaba tiempo libre suficiente. Llevaba treinta y un años sirviendo en el Cuerpo Nacional de Policía, estando próximo a la jubilación cuando fue asesinado, y estaba afiliado al Sindicato Unificado de Policía (SUP). El secretario provincial de este sindicato en Granada, Pedro Cuadra, definió a Jesús Escudero como "un gran amigo y un gran compañero". Los compañeros de Jesús manifestaron su indignación tras el atentado por las deficientes medidas de seguridad con las que policías como él tenían que desarrollar su trabajo, sin inhibidores ni coches blindados. El SUP, UGT y CCOO convocaron una manifestación en la capital granadina como muestra de repulsa al atentado, mientras que el Ayuntamiento puso a disposición de la familia del policía asesinado un equipo de psicólogos para ayudarles a superar la situación en la que se vieron sumidos tras el asesinato de Jesús. De acuerdo con el Real Decreto 308/2005 de 18 de marzo de 2005, Jesús Escudero fue ascendido a título póstumo y con carácter honorífico al puesto de Oficial de Policía. Las autoridades granadinas decidieron darle el nombre de Jesús Escudero a una de sus plazas y, en 2003, hicieron entrega a la familia del policía asesinado de la Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad de Granada, a título póstumo.

El general togado José Francisco de Querol y Lombardero tenía 69 años y había nacido en Cartagena (Murcia) el 30 de noviembre de 1930. Estaba casadocon María Josefa Orozco y tenía cuatro hijos y varios nietos. En el momento de su asesinato era magistrado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y le faltaba un mes para alcanzar la jubilación. Desde 1988 era general consejero togado y había ingresado en la Sala Militar del Tribunal Supremo en 1992, pasando a la segunda reserva en su condición castrense. José Francisco de Querol pertenecía al Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa. Su vocación por el Derecho despertó ya en su juventud, siendo Murcia y Barcelona las ciudades en las que su inició su formación. Ingresó en la Armada como marinero pero, cuatro años después, su licenciatura le valió el salto a la escala de oficiales dentro del Cuerpo Jurídico de la Armada, en el que ingresó por oposición, con el número uno de su promoción, en diciembre de 1953. Entre los numerosos cargos que llegó a desempeñar a lo largo de su carrera están el de teniente fiscal, capitán vocal ponente en Auditoría, asesor jurídico en distintas comandancias de Marina, juez togado, director de Justicia de la Armada, general auditor de la Armada, juez marítimo permanente en Ferrol y Bilbao y auditor de la zona marítima del Cantábrico. En 1988, a la edad de 58 años, José Francisco de Querol y Lombardero obtenía la graduación de general consejero togado.

La Revista Española de Derecho Militar, editada por el Ministerio de Defensa, dedicaba su ejemplar del primer semestre de 2001 a la memoria de José Francisco de Querol. En ella, el presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, José María Ruiz-Jarabo Ferrán, se refería al militar con estas palabras:

Yo definiría a Querol, sobre todo, como un hombre de bien, con una extraordinaria bondad natural, que vivía totalmente entregado a su familia, a Pepita, su mujer, a sus cuatro hijos, a sus nietos [...] siempre su familia era una constante en su vida. Pipo, como le llamábamos sus amigos, era un hombre de destacadas cualidades, un inagotable conversador –con gran sentido del humor– y un buen escritor [...] todo ello acompañado de una exquisita habilidad para el dibujo y la pintura [...] Su trato fácil y su talante conciliador, trabajador y discreto, fueron siempre constantes en su hacer profesional.

En 2005 José Francisco de Querol y Lombardero fue ascendido a título póstumo al puesto de Teniente General. También a título póstumo las autoridades decidieron otorgarle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo amarillo, la Gran Cruz de la Real Orden del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo y la Gran Cruz de la Real Orden de San Raimundo de Peñafort, que se sumaban a las condecoraciones que ya había recibido en vida, entre las que se contaban la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, las Tres Cruces del Mérito Naval con distinto blanco y la Cruz, la Placa y la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, así como la Insignia de Oro del Ilustre Colegio de Abogados de El Ferrol. En 2003 el Ministerio de Defensa decidió darle el nombre de José Francisco de Querol y Lombardero a un certamen en el que se premia a los mejores estudios de investigación jurídica relacionados con los temas de Defensa.

Armando Medina Sánchez, de 57 años y natural de Melilla, estaba casado y tenía un hijo de 30 años sirviendo en la Guardia Civil y destinado en el País Vasco. Armando trabajaba en el Parque Móvil del Estado desde hacía quince años y era el chófer de José Francisco de Querol desde 1998. Quedó adscrito a la Sala Quinta en 1997 y trabajaba para el Tribunal Supremo desde 1992. Armando Medina estaba afiliado al sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Tanto Comisiones Obreras como UGT convocaron paros de protesta en toda España como muestra de rechazo al terrorismo. Según los camareros del Bar Valencita, donde Armando paraba cada día para tomar el café antes de recoger al general De Querol, "era un hombre muy simpático y muy atento", amable con todo el mundo y que se interesaba por los problemas de la gente con la que trataba.

Assessment and Improvement of the Structural Performance of Buildings in Earthquake

New Zealand Society for Earthquake Engineering.

Final with Corrigendum 2, currently under review and soon to be available (QM: 14 June 2012)
Final with Corrigendum 1 now available. (PDF, 5.25 MB)

This recent NZSEE publication marks a new milestone in the understanding and practical assessment of older buildings and their likely behaviour when subject to earthquake.

The recent revision of the Building Act requires Territorial Authorities to develop policies on earthquake prone buildings in their areas of jurisdiction, defined in Section 131 of the Building Act, 2004. The Department of Building and Housing issued a Policy Guidance document for Territorial Authorities in June 2005 and its Appendix 2 refers to the grading scheme that has been presented and explained in this latest NZSEE publication.

Although not required by the Act, the grading scheme nevertheless provides a simple way of determining the earthquake risk grade of buildings for Territorial Authorities. Further, through its use it is likely to raise awareness of the risk from earthquake more generally. This in turn will enable market forces to work in a manner that will reduce earthquake risks as owners of adversely affected buildings improve their buildings over time to ensure that they remain commercially attractive.

Incluyo el documento en mi recopilación sobre Estructuras.

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Víctimas, 29 de octubre: Jerónimo Vera, Ignacio Olaiz, Juan Carlos Fernández Azpiazu y Cristóbal Díaz García

Libertad Digital.

A las siete y media de la tarde del día 29 de octubre de 1974 el etarra Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Iporra, asesinaba en San Sebastián al sargento de la Guardia Civil JERÓNIMO VERA GARCÍA cuando, acompañado del agente Tránsito Jubete Rojas, procedían a identificarlo por resultarles sospechoso.

Tanto el sargento Vera García como el agente que le acompañaba participaban en una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía sobre las actividades de miembros de la banda terrorista ETA, mes y medio después de que la banda hubiese cometido su primera masacre en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid. De resultas de esas investigaciones la Guardia Civil tenía información de que un miembro de la banda terrorista se encontraba en el barrio de Trincherpe, colindante con el municipio de Pasajes. Hacia las 19:30 horas ambos se trasladaron a dicho barrio a fin de comprobar la veracidad de la información y vieron a un individuo, que les resultó sospechoso por su actitud y muestras de nerviosismo, en la calle que desemboca en el puerto de Pasajes. Decidieron someterlo a vigilancia pero, al comprobar que se alejaba de la zona, le dieron el alto y le pidieron que se identificase. En ese momento Iparraguirre Aseguinolaza sacó una pistola y disparó contra el sargento Vera, que resultó herido en el pecho. Pese a ello, los dos guardias civiles respondieron al ataque disparando contra el etarra, al que también hirieron.

El sargento Vera García paró un coche particular y pidió que le llevasen al Hospital Militar, donde falleció dos horas y media después. El terrorista fue también trasladado en un coche particular a otro hospital, falleciendo a las 22:30 horas. El etarra estaba huido en Francia desde diciembre de 1973.

Jerónimo Vera García tenía 45 años. Era natural de Fuente Álamo (Murcia), pero residía en Guipúzcoa desde 1949, es decir, desde que tenía 20 años. Estaba casado y tenía dos hijas de 14 y 10 años. Fue condecorado a título póstumo con las Cruces Rojas del Mérito Policial y del Mérito Militar.

Hacia las once y media de la noche del 29 de octubre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Urnieta a IGNACIO OLAIZ MICHELENA, miembro destacado de la Gestora pro Amnistía de Andoain. Su cuerpo fue encontrado por la Guardia Civil a las cinco de la madrugada del 30 de octubre en el interior de su coche abandonado en la cantera San José, en el término municipal de Urnieta. El cadáver presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el costado y los autores del asesinato habían colocado varios billetes de mil pesetas en una de las manos de la víctima.

Ignacio Olaiz había estado hasta las diez y media de la noche con unos amigos en San Sebastián, de los que se despidió para dirigirse a su domicilio en Andoain, al que nunca llegó. Hacia las 23:30 la Guardia Civil fue alertada por el guarda del almacén de maderas Lasa y Lecumberri próximo al lugar en el que apareció el cadáver. El guarda había escuchado dos series de disparos y llamó por teléfono al cuartel de Andoain. Varios agentes de la Guardia Civil se dirigieron al lugar, pero la intensa niebla impidió encontrar el cuerpo de Olaiz Michelena, por lo que se tuvo que reanudar la búsqueda a primera hora de la mañana.

En los primeros momentos nadie dudó de que el asesinato había sido obra de algún grupo de extrema derecha, dado que Ignacio era un miembro destacado de la Gestora pro Amnistía de su localidad. Sin embargo, poco después una llamada a Radio Popular de alguien que dijo hablar en nombre de ETA asumió la autoría del asesinato, acusando a Ignacio Olaiz de ser un infiltrado. La misma persona anunció la difusión en breves horas de un comunicado explicativo. En ese comunicado ampliatorio, ETA militar aseguraba que conocía la identidad de muchas personas que trataban de infiltrarse en la banda y que correrían la misma suerte que Olaiz Michelena si persistían en sus intentos de infiltración.

De hecho, el asesinato de Olaiz llevaba preparándose desde el verano, cuando la cúpula de ETA dio órdenes a un grupo de la banda de que investigasen sus hábitos y costumbres para atentar contra él. En dos ocasiones fallaron los intentos de asesinarlo. Sin embargo, el 29 de octubre dos terroristas de la banda se lo encontraron casualmente después de que se despidiera de sus amigos en una calle de San Sebastián. Decidieron seguirlo hasta las inmediaciones de su domicilio, situado enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y, cuando se disponía a aparcar su vehículo, fue abordado por varias personas armadas que se introdujeron en el mismo y lo obligaron a dirigirse hasta la cantera de Urnieta, donde lo asesinaron. En el lugar de los hechos se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. El automóvil propiedad de la víctima presentaba también dos impactos de bala, que se habían disparado desde dentro hacia fuera.

El escepticismo con el que se recibió la información dio paso al desconcierto más absoluto cuando se pudo confirmar la responsabilidad de ETA, y a una psicosis de temor en el entorno de la banda ya que, de ser cierta la acusación de los milis, la Policía podría contar en esos momentos con una información de primera mano de personas próximas a sectores radicalizados de la izquierda proetarra. La reacción espontánea de uno de los miembros de la Gestora pro Amnistía de Andoain, precisamente la última persona que vio con vida a Ignacio Olaiz, fue la de una dura crítica a ETA militar nada más conocer la reivindicación. "ETA militar tendrá que justificar bien esto, porque Iñaki Olaiz no podía ser un chivato. Era una de las personas que más trabajaban en la gestora. ETA se equivocó una vez y se le perdonó, pero como se haya equivocado otra vez ya veremos lo que pasa". Miguel Castell, abogado adscrito a los sectores de la izquierda proetarra había comentado antes de conocer la reivindicación de ETA, que Ignacio Olaiz era una de las personas más activas de la Gestora pro Amnistía. "La última vez que le vi fue el domingo 22 en Vitoria, en la marcha hacia la cárcel de Burgos".

Ignacio Olaiz había participado recientemente en un encierro pro amnistía en Andoain; fue el organizador de un mitin en el que intervinieron Telesforo Monzón, Iñaki Esnaola y el propio Miguel Castell; en el verano de 1977 participó en la marcha por la libertad de Euskadi y el domingo mismo, horas antes de ser asesinado, estuvo presente en una manifestación pro amnistía en Tolosa. Sin embargo, en otros ambientes de Andoain, fuera de las gestoras pro amnistía pero también próximos a la banda, no provocó tanta extrañeza la reivindicación de ETA, por considerar a Olaiz Michelena una persona oscura "que nunca se sabía bien ni lo que hacía ni a qué se dedicaba".

En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Elustondo, miembro del grupo Gamboa de ETA, a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Ignacio Olaiz. Por la misma sentencia fue condenado a 6 años de prisión menor Joaquín Zubillaga Artola, como cooperador necesario por encubrimiento. El mismo año, en diciembre, fue condenado también a 6 años de prisión menor José Ignacio Goicoechea Arandia como cómplice. Su abogado era Miguel Castell. Los tres fueron detenidos el 30 de marzo de 1981 junto a María Pilar Lazkano Otegui.

Ignacio Olaiz Michelena tenía 42 años. Estaba casado y tenía tres hijos. Cuando fue asesinado se encontraba en paro. Anteriormente había trabajado como conductor de autobuses y, al quedarse sin empleo, montó un puesto de venta de verduras en el mercado de La Brecha de San Sebastián.

A las once de la noche del 29 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA cumplía las amenazas que los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían hecho en el comunicado de reivindicación del asesinato seis días antes deJuan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinando en San Sebastián a JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AZPIAZU, que trabajaba como encargado de la sección de publicidad de las páginas amarillas de la empresa Citesa, una filial de Telefónica, además de ser copropietario del Bar Kopos en la capital donostiarra.

Esa noche Juan Carlos se encontraba en el bar hablando con uno de sus socios cuando dos encapuchados de la banda entraron en el local y lo tirotearon hasta la muerte. Seguidamente huyeron a pie hasta el paseo de los Fueros, donde les esperaba otro terrorista. En el momento de producirse el atentado se encontraban en el bar media docena de personas, algunas de las cuales se marcharon inmediatamente.

La Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en el lugar de los hechos. El cuerpo de Juan Carlos Fernández fue trasladado directamente al depósito del cementerio municipal.

En un comunicado posterior, ETA militar se responsabilizaba del atentado y acusaba a Juan Carlos Fernández de estar implicado en el tráfico de drogas y en las escuchas telefónicas ilegales. Por si no quedaba claro que los CAA y ETA eran lo mismo, este asesinato no dejaba lugar a la duda.

A las acusaciones de la banda terrorista replicó contundentemente la viuda de Juan Carlos,Mercedes Azofra, en un comunicado público en el que denunciaba a la banda por difamar a su marido después de asesinarlo: "Os reto a que demostréis en el lugar que deseéis estas declaraciones totalmente falsas. A estos asesinos quiero decirles que en ningún momento mi esposo se ha dedicado a ningún tráfico de drogas, que tampoco tenía vinculación alguna con las posibles escuchas telefónicas y que sólo era un trabajador. A estos asesinos les pido una declaración pública".

El funeral por su alma se celebró el 31 de octubre en la parroquia de San Sebastián Mártir del barrio del Antiguo de la capital donostiarra, con la asistencia de su familia, de altos directivos de Citesa llegados desde Madrid y del alcalde de la ciudad, Jesús María Alcaín.

El asesinato de Juan Carlos Fernández Azpiazu fue cometido por el grupo Txirrita de ETA, parte de cuyos miembros fueron detenidos en enero de 1981. Los integrantes del Txirrita puestos a disposición judicial eran el religioso capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, responsable del grupo; Manuel Ostolaza Alcocer, Rufino Echeverría Arbelaiz, Luis María de Marcos Olaizola; José Antonio Ochoa de Alaiza Azpiazu, Martín Zabaleta González y Eusebio Arzalluz Tapia. Estos dos últimos, acusados de pasar información al resto para cometer atentados.

Los etarras se confesaron autores de tres asesinatos, entre ellos el de Juan Carlos Fernández Azpiazu, cometido por Rufino Echeverría Arbelaiz y Juan Manuel Gaztelumendi Iribarren, huido en ese momento (ABC, 6/02/1981). Sin embargo, Rufino Echevarria fue absuelto por falta de pruebas en noviembre de 1982. Posteriormente sería detenido en 2002 por orden del juez Garzón, junto a otros diez miembros de Batasuna a los que se acusaba de tener vinculaciones con la banda terrorista, aunque en enero de 2010 quedó desvinculado de la causa de Bateragune "habida cuenta de la inconsistencia de los indicios que existen en su contra" (auto de la Audiencia Nacional de 25 de enero de 2010).

Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años de edad, estaba casado con Mercedes Azofra y teníados hijos, de 9 y 7 años. Sus amigos y conocidos lo calificaron de persona muy buena, muy trabajadora y apolítica y contaron que en una ocasión protegió a los manifestantes que eran perseguidos por la Policía.

A las diez y veinte minutos de la mañana del 29 de octubre de 1988, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al policía nacional CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍAmientras hacía guardia en la entrada de la comisaría de Santuchu. Su turno había terminado, pero un compañero que estaba de guardia le pidió que le relevara en su puesto un momento. El asesinato lo cometió un francotirador de la banda que disparó un solo tiro a casi doscientos metros de distanciarealizado con un fusil provisto de mira telescópica. Cristóbal, alcanzado en el lado izquierdo del tórax por un disparo que salió por la espalda, falleció una hora después en la mesa de operaciones del Hospital de Basurto.

El autor de los disparos estaba situado en un descampado separado de la comisaría por la autovía de San Sebastián. El pistolero de la banda estaba acompañado por otras tres personas, dos hombres y una mujer, que se dieron a la fuga en un automóvil Simca 1200 de color rojo, robado previamente a punta de pistola.

Tras practicarle la autopsia, se instaló la capilla ardiente esa misma noche en el Gobierno Civil de Vizcaya. El funeral por su alma se celebró al día siguiente, 30 de octubre, a las dos menos cuarto de la tarde en la parroquia de San José, de Bilbao.

Cristóbal Díaz no llevaba puesto en el momento del atentado el chaleco antibalas cuyo uso habían recomendado con insistencia los mandos policiales cuando se prestaban servicios de vigilancia estática en las vías públicas. Fuentes oficiales señalaron el día del atentado que el policía asesinado hubiera salvado la vida de haber llevado el chaleco protector. Sin embargo, al día siguiente el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la inexistencia de chalecos antibala en la comisaría de Santuchu.

El asesinato de Cristóbal, que permanece impune, se produjo un día antes de que la banda terrorista ETA liberase, previo pago de un rescate, a Emiliano Revilla, que había permanecido secuestrado doscientos cuarenta y nueve días.

Cristóbal Díaz García, era natural de Montellano, en la provincia de Sevilla. Había ingresado en la Policía Nacional en 1976 y desde 1983 estaba destinado en Bilbao. Un hermano suyo también pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía. De 36 años, Cristóbal estaba casado con Francisca Lombardo, de 31 años, y tenía un hijo de 7 años, Cristóbal Díaz Lombardo. Así contó en noviembre de 2007 cómo se enteró del asesinato de su padre: ese día vio llorar a su madre de forma desconsolada y uno de sus tíos le soltó crudamente "ETA ha matado a tu padre". "Mi entorno no supo cómo reaccionar. Me encontré en una coyuntura complicada. Era un tema tabú, mi familia evitaba hablar de mi padre delante de mí. Hubo momentos en los que tenía la sensación de sentirme avergonzado de él (...) En la adolescencia, creció en mí un odio generalizado y me encerré en mí mismo. Nunca nadie relacionó el cambio de mi temperamento con una posible secuela psicológica" (El Correo, citado por Vidas rotas, de Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010, págs. 696-697). Para salir de esa situación no contó con ningún tipo de ayuda psicológica. "Entonces ni nos ofrecieron ayuda psicológica ni nosotros la pedimos por ignorancia. Se puede decir que pasamos este trago a palo seco" (ABC, 13/02/2006).

Lecturas 29.10.2012

Leyendo a Pinker en Cataluña, por Arcadi Espada.

Vuelve un crimen (I), por Arcadi Espada.

Vuelve un crimen (y II), por Arcadi Espada.

Ajustes y autonomías, por Carlos Rodríguez Braun.

La antigua presa de Santillana, Jesús Guerra.

Análisis de acciones de viento en edificios singulares. Aplicación al Hotel Vela de Barcelona

Miguel Ortega Cornejo, Luis M. Lacoma Aller y David M. Holman. ACHE.

Descargar en PDF.

Resumen:

El desarrollo de la arquitectura en el diseño de edificios singulares, junto con el dominio del conocimiento del funcionamiento de las estructuras y el avance en las técnicas constructivas, están permitiendo que se proyecten edificios cada vez más complejos con secciones y formas especiales, que requieren un análisis detallado en cuanto a su respuesta frente a las acciones del viento.

Hasta la reciente aparición del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE-2006), la normativa vigente en España referente a las acciones del viento en edificios (NBE-AE-88), definía fuerzas equivalentes de viento muy por debajo de otras normativas más modernas como el propio Código Técnico, la Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera IAP-98, o los Eurocódigos.

En el presente artículo se analizan las diferentes normativas de acciones de viento, particularizándolas al Hotel Vela de Barcelona, edificio proyectado por el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill, del cual IDEAM ha realizado el proyecto de la estructura, incidiendo en la importancia en el cálculo del coeficiente de arrastre.

Para edificios singulares como el Hotel Vela, la aplicación de las normativas para el cálculo del coeficiente de arrastre o de forma puede dar lugar a un sobredimensionamiento o infradimensionamiento de las acciones del viento, por lo que a menudo es frecuente apoyar su cálculo de manera experimental mediante ensayos en túnel aerodinámico.

Una muy reciente alternativa al ensayo en túnel de viento es la modelización por ordenador de las acciones del viento mediante modelos de partículas, que permiten obtener con gran precisión los coeficientes de arrastre, así como las presiones y succiones máximas en la estructura. Palabras clave: Acciones de Viento, Eurocódigos, Código Técnico de la Edificación, coeficientes de arrastre, túnel de viento, modelos de partículas.


Lo incluyo en mi recopilación de documentos sobre Estructuras.

Cracking a filled glass bottle hitting its top with an open hand

Fuente: Francis.

Víctima, 28 de octubre: Julio César Sánchez Rodríguez

Libertad Digital.

A las 17:15 horas del 28 de octubre de 1986 ETA asesinaba en Bilbao al policía nacional JULIO CÉSAR SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, en presencia de sus cuatro hijos pequeños a los que acababa de recoger en el colegio y con los que se dirigía a su domicilio.

Para cometer el asesinato tres miembros del grupo Vizcaya de ETA secuestraron en Bilbao a un taxista. A bordo del taxi, conducido por uno de los terroristas, se acercaron hasta donde se encontraba Julio César Sánchez, a escasos metros del portal de su domicilio, con sus cuatro niños, dos de ellos agarrados de la mano. Uno de los terroristas se apeó del vehículo y le disparó un único tiro en la cabeza, provocándole la muerte en el acto. Los niños, horrorizados,  se echaron sobre el cuerpo de su padre gritando "¡Mi aita, mi aita!" (Diario 16, 29/10/86). Mes y medio antes, el 10 de septiembre, la banda terrorista ETA asesinó a María Dolores González Catarain, Yoyes, delante de su hijo de tres años.

Mientras el pistolero huía en el taxi, donde aguardaban sus dos cómplices, la mujer de Julio César, que había visto a su marido tendido en el suelo desde el balcón de su domicilio, bajó enseguida a la calle. Clientes que estaban en los bares de la zona apartaron a los niños del cadáver de su padre, que yacía en mitad de un gran charco de sangre, y llamaron a la asociación de ayuda en carretera Detente y Ayuda (DYA), que trasladó a la víctima al Hospital Civil de Basurto, donde ingresó cadáver.

La Policía encontró en el lugar donde quedó tendido Julio César Sánchez un casquillo de bala del calibre 9 milímetros parabellum de la marca Geco. Poco después, el taxi utilizado por los terroristas fue localizado en un aparcamiento próximo.

El funeral por su alma se ofició a las dos menos cuarto de la tarde del día siguiente en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en el mismo barrio de San Adrián donde vivía el policía, con la asistencia de su viuda, que no pudo contener el llanto durante toda la ceremonia. El sacerdote que ofició el funeral resaltó en su homilía la vinculación del policía asesinado con la vida de la parroquia y del barrio, y destacó sus cualidades personales. Entre las personas asistentes estaban el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera; el director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado, y el delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) coincidieron a la hora de afirmar que el asesinato de Julio César Sánchez formaba parte de la "cruel campaña electoral de ETA".

Un segundo funeral se celebró en la parroquia del Nombre de María de Salamanca, que se quedó pequeña para los centenares de personas que quisieron rendir un último homenaje al policía asesinado. Después del funeral, los restos mortales de Julio César Sánchez fueron enterrados en el cementerio de la ciudad.

En 2002 la Audiencia Nacional condenó a Julián Achurra Egurola, alias Pototo, entregado temporalmente por Francia al efecto, como coautor de un delito de asesinato a la pena de 28 años de reclusión mayor. Este etarra, entre cuyos muchos crímenes consta el haber dado la orden de secuestrar a José Antonio Ortega Lara, no fue el que efectuó los disparos que acabaron con la vida de Julio César Sánchez.

Errores cometidos por los tribunales españoles en la tramitación de las solicitudes de extradición han impedido que la etarra Carmen Guisasola Solozabal, alias Carmen y Lourdes, sea juzgada por el asesinato de Julio César Sánchez. Como ya ocurriera en julio de 1992, cuando el Tribunal de París rechazó una demanda por un atentado con coche bomba en el que resultó muerto el policía Luis Navarro Izquierdo en Basauri, alegando como motivo que la orden de detención presentada ante la justicia francesa era una fotocopia y no una orden original, en el caso de Julio Sánchez una circunstancia similar llevó a la justicia francesa a rechazar la petición de extradición para que fuese juzgada en España por este crimen. El tercer autor del atentado, junto a Pototo y Carmen Guisasola habría sido Armando Ribeiro Tormo, alias Erreka.

Julio César Sánchez Rodríguez, cabo primero de la Policía Nacional de 31 años de edad, estabacasado con Leonor Fuente. El matrimonio tenía cuatro hijos de corta edad, dos niños y dos niñas. Natural de Salamanca, hacía ocho años que vivía en el País Vasco. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía en 1977, y cuando fue asesinado estaba destinado en las oficinas de expedición del Documento Nacional de Identidad de la comisaría Centro de Bilbao, por lo que solía vestir de paisano cuando iba por la calle.

De por qué la gasolina a partir de aire sólo la utilizarán los coches deportivos de los ecologuais, por César Tomé

Experiencia docet.

Hace unos días el diario británico The Independent lanzaba una exclusiva de la que se han hecho eco muchos otros medios, entre ellos la BBC, y webs ecologistas que tocan de oído, en la que relataba cómo una empresa británica era capaz de fabricar gasolina a partir del aire. También han aparecido automáticamente los conspiranoicos habituales que afirman que las petroleras no lo permitirán nunca, otros que afirman que se están violando leyes fundamentales de la física y aún otros que afirman que el proceso debería hacerse público para evitar su secuestro por las grandes compañías. Ejemplos de todo ello en los comentarios de esta entrada de NeoTeo.

Estamos ante un nuevo ejemplo de empresa en búsqueda de financiación para un producto ecológico, usando tecnologías conocidas, con mucha publicidad, relaciones públicas y atención de los políticos. Pues bien, de entrada, respondamos así de claro:

1. El proceso fundamental se encuentra en cualquier libro de texto de química
2. Lo que puede aportar novedad es la selección de la tecnología empleada de entre las disponibles 
3. No se viola nada
4. Esto, salvo sorpresa mayúscula, no va a ninguna parte

Pero veamos con algo de detalle el proceso que publica Air Fuel Synthesis en su web:

1. Se introduce aire en una torre donde existe un aerosol de disolución de hidróxido sódico. El dióxido de carbono del aire reacciona con parte del hidróxido sódico para formar carbonato sódico. Esta es una tecnología de captura de dióxido de carbono conocida y más que probada. Stolaroff et al. estimaron en 2008 que el coste de captura de la tonelada de dióxido de carbono, excluyendo la recuperación de la solución y otros costes operativos, era de un mínimo de 53 dólares y podía alcanzar los 127; los costes operativos no incluidos sólo de esta fase son del mismo orden de magnitud. Por tanto, podemos estimar conservadoramente que sólo esta fase cuesta 100 dólares por tonelada de dióxido de carbono capturado.

2. La disolución de hidróxido y carbonato de sodio obtenida en el paso 1 se bombea a una cuba electrolítica en la que se hace pasar una corriente eléctrica. La electricidad provoca la descomposición del carbonato con la liberación de dióxido de carbono. En este paso hay tres consideraciones trascendentes desde el punto de vista industrial. La primera, que se recupere eficientemente la disolución de hidróxido sódico, para ello la limpieza debe ser absoluta y el agua estar libre de iones que puedan precipitar como hidróxidos o carbonatos; segundo, relacionado con la primera consideración, el dióxido de carbono se liberará en forma de gas por lo que la celda debe estar cerrada y con un vacío previo si no queremos contaminaciones del producto; y tercero, esta disolución es muy corrosiva. Estos tres aspectos implican que el mantenimiento y la operación de esta fase son muy complejos, laboriosos y, por tanto, costosos. Es algo que a nivel de laboratorio se puede acometer con cierta facilidad pero que a nivel industrial es una pesadilla. Si añadimos el coste de la electricidad, ya ni te cuento.

3. Opcionalmente se puede instalar un deshumidificador que condense el agua del aire que se pasa por la torre en el paso 1. El agua condensada se pasa a una celda electrolítica donde una molécula muy estable se separa mediante electricidad en sus componentes hidrógeno y oxígeno. El agua se puede obtener de otras fuentes pero debe ser purificada para tener calidad electrolítica. Esta es la fase del proceso más cara energéticamente. Démonos cuenta de que la electrolisis del agua requiere sobrepotenciales para sobrepasar varias barreras de activación, por lo que la necesidad energética es mayor de la que se calcula a partir de la energía de las moléculas de agua. Es un proceso tan caro que es la principal barrera para la obtención de hidrógeno como fuente de energía. Un estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos calculó el objetivo de coste para un kilo de hidrógeno en 2012 en 3,70 dolares; en 2010 era de 5,21.

4. El dióxido de carbono y el hidrógeno se hacen reaccionar para conseguir una mezcla de hidrocarburos, variando las condiciones en función del tipo de combustible que se requiera. Lo que está muy bien y es muy bonito, pero veamos en realidad de qué se trata.

4.1 Convertir la mezcla de dióxido de carbono/hidrógeno en una mezcla de monóxido de carbono/hidrógeno conocida como gas de síntesis. El gas de síntesis es archiconocido por cualquiera que haya estudiado algo de química y mediante el proceso de Fischer-Tropsch, uno de esos que cae seguro en el examen, se obtiene el hidrocarburo líquido que quieras. Esta tecnología se conoce y se usa desde 1925. El problema radica en reducir el estable dióxido de carbono al reactivo monóxido de carbono, que no es algo tan sencillo. Conseguirlo de forma eficiente, igual que mencionábamos antes con el hidrógeno, ya sería un gran logro. Para dar una idea de la importancia y complejidad puede verse este artículo de Technology Review.

4.2 Una alternativa que, al igual que el proceso Fischer-Tropsch, es archiconocida, es hacer reaccionar el gas de síntesis para obtener metanol que se puede usar a su vez para obtener hidrocarburos con la reacción metanol-a-gasolina de Mobil. El problema continúa siendo obtener el monóxido de carbono.

5. Los productos obtenidos no pueden usarse directamente. Deben ser aditivados convenientemente para poder ser usados en los motores actuales.

Sólo con los costes de captura de dióxido de carbono y obtención de hidrógeno, sin nada más (y esa nada es enorme), resulta que el kilo de 2,2,4-trimetilpentano (el estándar de octano de la gasolina) me sale a 7,69 dólares o, lo que es lo mismo, a 5,31 dólares el litro. La compañía lleva invertidos 1,6 millones para obtener 5 litros; pues, mire usted, me lo creo.

Concluyendo:

1. No existe una síntesis directa de gasolina. Se especula con que se pueda conseguir pero hoy día lo realizan por dos rutas establecidas y muy conocidas: conversión a gas de síntesis y proceso Fischer-Tropsch o síntesis de metanol + proceso Mobil.
   
   
2. Los sistemas de obtención de los productos de partida son críticos debido al nivel de pureza necesario para los reactivos. La tecnología elegida ha sido la electrolisis lo que implica procesos discontinuos, altos costes energéticos y altos costes de mantenimiento y limita las fuentes de materias primas usables.
   
   
3. La economía de todo el proceso depende de la obtención de electricidad a costes muy bajos. Además, la obtención económica de los productos intermedios, como hidrógeno o monóxido de carbono, ya sería un hito suficiente.
   
   
4. El uso de cubas electrolíticas, el tratarse de un proceso por lotes y la necesidad de disponer de agua de una pureza alta, dificulta el escalado y, por tanto, la obtención de economías de escala para una producción masiva. El tamaño de planta eficiente no podrá ser muy grande.
   
   
5. No hay novedad científico-técnica. La noticia es que estén intentando hacerlo con tantas papeletas en contra. Lo máximo que pueden aspirar, salvo el hallazgo de algo revolucionario que en estos momentos no existe, es a fabricar gasolina con la etiqueta “ecológica”, signifique ello lo que signifique, a precios exorbitantes. Sólo millonarios esnobs que quieran disfrutar de deportivos con etiqueta ecológica se me ocurren como posibles clientes.
   
   
   
   
   Esta entrada es una participación de Experientia docet en la XVIII Edición del Carnaval de Química que alberga XdCiencia.