A las siete y media de la tarde del día 29 de octubre de 1974 el etarra Ignacio Iparraguirre Aseguinolaza, alias Iporra, asesinaba en San Sebastián al sargento de la Guardia Civil JERÓNIMO VERA GARCÍA cuando, acompañado del agente Tránsito Jubete Rojas, procedían a identificarlo por resultarles sospechoso.
Tanto el sargento Vera García como el agente que le acompañaba participaban en una investigación conjunta de la Guardia Civil y la Policía sobre las actividades de miembros de la banda terrorista ETA, mes y medio después de que la banda hubiese cometido su primera masacre en la cafetería Rolando de la calle Correo de Madrid. De resultas de esas investigaciones la Guardia Civil tenía información de que un miembro de la banda terrorista se encontraba en el barrio de Trincherpe, colindante con el municipio de Pasajes. Hacia las 19:30 horas ambos se trasladaron a dicho barrio a fin de comprobar la veracidad de la información y vieron a un individuo, que les resultó sospechoso por su actitud y muestras de nerviosismo, en la calle que desemboca en el puerto de Pasajes. Decidieron someterlo a vigilancia pero, al comprobar que se alejaba de la zona, le dieron el alto y le pidieron que se identificase. En ese momento Iparraguirre Aseguinolaza sacó una pistola y disparó contra el sargento Vera, que resultó herido en el pecho. Pese a ello, los dos guardias civiles respondieron al ataque disparando contra el etarra, al que también hirieron.
El sargento Vera García paró un coche particular y pidió que le llevasen al Hospital Militar, donde falleció dos horas y media después. El terrorista fue también trasladado en un coche particular a otro hospital, falleciendo a las 22:30 horas. El etarra estaba huido en Francia desde diciembre de 1973.
Jerónimo Vera García tenía 45 años. Era natural de Fuente Álamo (Murcia), pero residía en Guipúzcoa desde 1949, es decir, desde que tenía 20 años. Estaba casado y tenía dos hijas de 14 y 10 años. Fue condecorado a título póstumo con las Cruces Rojas del Mérito Policial y del Mérito Militar.
Hacia las once y media de la noche del 29 de octubre de 1978, la banda terrorista ETA asesinaba en la localidad guipuzcoana de Urnieta a IGNACIO OLAIZ MICHELENA, miembro destacado de la Gestora pro Amnistía de Andoain. Su cuerpo fue encontrado por la Guardia Civil a las cinco de la madrugada del 30 de octubre en el interior de su coche abandonado en la cantera San José, en el término municipal de Urnieta. El cadáver presentaba varios impactos de bala en la cabeza y el costado y los autores del asesinato habían colocado varios billetes de mil pesetas en una de las manos de la víctima.
Ignacio Olaiz había estado hasta las diez y media de la noche con unos amigos en San Sebastián, de los que se despidió para dirigirse a su domicilio en Andoain, al que nunca llegó. Hacia las 23:30 la Guardia Civil fue alertada por el guarda del almacén de maderas Lasa y Lecumberri próximo al lugar en el que apareció el cadáver. El guarda había escuchado dos series de disparos y llamó por teléfono al cuartel de Andoain. Varios agentes de la Guardia Civil se dirigieron al lugar, pero la intensa niebla impidió encontrar el cuerpo de Olaiz Michelena, por lo que se tuvo que reanudar la búsqueda a primera hora de la mañana.
En los primeros momentos nadie dudó de que el asesinato había sido obra de algún grupo de extrema derecha, dado que Ignacio era un miembro destacado de la Gestora pro Amnistía de su localidad. Sin embargo, poco después una llamada a Radio Popular de alguien que dijo hablar en nombre de ETA asumió la autoría del asesinato, acusando a Ignacio Olaiz de ser un infiltrado. La misma persona anunció la difusión en breves horas de un comunicado explicativo. En ese comunicado ampliatorio, ETA militar aseguraba que conocía la identidad de muchas personas que trataban de infiltrarse en la banda y que correrían la misma suerte que Olaiz Michelena si persistían en sus intentos de infiltración.
De hecho, el asesinato de Olaiz llevaba preparándose desde el verano, cuando la cúpula de ETA dio órdenes a un grupo de la banda de que investigasen sus hábitos y costumbres para atentar contra él. En dos ocasiones fallaron los intentos de asesinarlo. Sin embargo, el 29 de octubre dos terroristas de la banda se lo encontraron casualmente después de que se despidiera de sus amigos en una calle de San Sebastián. Decidieron seguirlo hasta las inmediaciones de su domicilio, situado enfrente del cuartel de la Guardia Civil, y, cuando se disponía a aparcar su vehículo, fue abordado por varias personas armadas que se introdujeron en el mismo y lo obligaron a dirigirse hasta la cantera de Urnieta, donde lo asesinaron. En el lugar de los hechos se recogieron diez casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca Geco. El automóvil propiedad de la víctima presentaba también dos impactos de bala, que se habían disparado desde dentro hacia fuera.
El escepticismo con el que se recibió la información dio paso al desconcierto más absoluto cuando se pudo confirmar la responsabilidad de ETA, y a una psicosis de temor en el entorno de la banda ya que, de ser cierta la acusación de los milis, la Policía podría contar en esos momentos con una información de primera mano de personas próximas a sectores radicalizados de la izquierda proetarra. La reacción espontánea de uno de los miembros de la Gestora pro Amnistía de Andoain, precisamente la última persona que vio con vida a Ignacio Olaiz, fue la de una dura crítica a ETA militar nada más conocer la reivindicación. "ETA militar tendrá que justificar bien esto, porque Iñaki Olaiz no podía ser un chivato. Era una de las personas que más trabajaban en la gestora. ETA se equivocó una vez y se le perdonó, pero como se haya equivocado otra vez ya veremos lo que pasa". Miguel Castell, abogado adscrito a los sectores de la izquierda proetarra había comentado antes de conocer la reivindicación de ETA, que Ignacio Olaiz era una de las personas más activas de la Gestora pro Amnistía. "La última vez que le vi fue el domingo 22 en Vitoria, en la marcha hacia la cárcel de Burgos".
Ignacio Olaiz había participado recientemente en un encierro pro amnistía en Andoain; fue el organizador de un mitin en el que intervinieron Telesforo Monzón, Iñaki Esnaola y el propio Miguel Castell; en el verano de 1977 participó en la marcha por la libertad de Euskadi y el domingo mismo, horas antes de ser asesinado, estuvo presente en una manifestación pro amnistía en Tolosa. Sin embargo, en otros ambientes de Andoain, fuera de las gestoras pro amnistía pero también próximos a la banda, no provocó tanta extrañeza la reivindicación de ETA, por considerar a Olaiz Michelena una persona oscura "que nunca se sabía bien ni lo que hacía ni a qué se dedicaba".
En febrero de 1982 la Audiencia Nacional condenó a José Luis Martín Elustondo, miembro del grupo Gamboa de ETA, a 27 años de reclusión mayor por el asesinato de Ignacio Olaiz. Por la misma sentencia fue condenado a 6 años de prisión menor Joaquín Zubillaga Artola, como cooperador necesario por encubrimiento. El mismo año, en diciembre, fue condenado también a 6 años de prisión menor José Ignacio Goicoechea Arandia como cómplice. Su abogado era Miguel Castell. Los tres fueron detenidos el 30 de marzo de 1981 junto a María Pilar Lazkano Otegui.
Ignacio Olaiz Michelena tenía 42 años. Estaba casado y tenía tres hijos. Cuando fue asesinado se encontraba en paro. Anteriormente había trabajado como conductor de autobuses y, al quedarse sin empleo, montó un puesto de venta de verduras en el mercado de La Brecha de San Sebastián.
A las once de la noche del 29 de octubre de 1980 la banda terrorista ETA cumplía las amenazas que los Comandos Autónomos Anticapitalistas habían hecho en el comunicado de reivindicación del asesinato seis días antes deJuan Manuel García Cordero, delegado de Telefónica en Guipúzcoa, asesinando en San Sebastián a JUAN CARLOS FERNÁNDEZ AZPIAZU, que trabajaba como encargado de la sección de publicidad de las páginas amarillas de la empresa Citesa, una filial de Telefónica, además de ser copropietario del Bar Kopos en la capital donostiarra.
Esa noche Juan Carlos se encontraba en el bar hablando con uno de sus socios cuando dos encapuchados de la banda entraron en el local y lo tirotearon hasta la muerte. Seguidamente huyeron a pie hasta el paseo de los Fueros, donde les esperaba otro terrorista. En el momento de producirse el atentado se encontraban en el bar media docena de personas, algunas de las cuales se marcharon inmediatamente.
La Policía recogió cinco casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum en el lugar de los hechos. El cuerpo de Juan Carlos Fernández fue trasladado directamente al depósito del cementerio municipal.
En un comunicado posterior, ETA militar se responsabilizaba del atentado y acusaba a Juan Carlos Fernández de estar implicado en el tráfico de drogas y en las escuchas telefónicas ilegales. Por si no quedaba claro que los CAA y ETA eran lo mismo, este asesinato no dejaba lugar a la duda.
A las acusaciones de la banda terrorista replicó contundentemente la viuda de Juan Carlos,Mercedes Azofra, en un comunicado público en el que denunciaba a la banda por difamar a su marido después de asesinarlo: "Os reto a que demostréis en el lugar que deseéis estas declaraciones totalmente falsas. A estos asesinos quiero decirles que en ningún momento mi esposo se ha dedicado a ningún tráfico de drogas, que tampoco tenía vinculación alguna con las posibles escuchas telefónicas y que sólo era un trabajador. A estos asesinos les pido una declaración pública".
El funeral por su alma se celebró el 31 de octubre en la parroquia de San Sebastián Mártir del barrio del Antiguo de la capital donostiarra, con la asistencia de su familia, de altos directivos de Citesa llegados desde Madrid y del alcalde de la ciudad, Jesús María Alcaín.
El asesinato de Juan Carlos Fernández Azpiazu fue cometido por el grupo Txirrita de ETA, parte de cuyos miembros fueron detenidos en enero de 1981. Los integrantes del Txirrita puestos a disposición judicial eran el religioso capuchino Fernando Arburúa Iparraguirre, responsable del grupo; Manuel Ostolaza Alcocer, Rufino Echeverría Arbelaiz, Luis María de Marcos Olaizola; José Antonio Ochoa de Alaiza Azpiazu, Martín Zabaleta González y Eusebio Arzalluz Tapia. Estos dos últimos, acusados de pasar información al resto para cometer atentados.
Los etarras se confesaron autores de tres asesinatos, entre ellos el de Juan Carlos Fernández Azpiazu, cometido por Rufino Echeverría Arbelaiz y Juan Manuel Gaztelumendi Iribarren, huido en ese momento (ABC, 6/02/1981). Sin embargo, Rufino Echevarria fue absuelto por falta de pruebas en noviembre de 1982. Posteriormente sería detenido en 2002 por orden del juez Garzón, junto a otros diez miembros de Batasuna a los que se acusaba de tener vinculaciones con la banda terrorista, aunque en enero de 2010 quedó desvinculado de la causa de Bateragune "habida cuenta de la inconsistencia de los indicios que existen en su contra" (auto de la Audiencia Nacional de 25 de enero de 2010).
Juan Carlos Fernández Azpiazu, de 31 años de edad, estaba casado con Mercedes Azofra y teníados hijos, de 9 y 7 años. Sus amigos y conocidos lo calificaron de persona muy buena, muy trabajadora y apolítica y contaron que en una ocasión protegió a los manifestantes que eran perseguidos por la Policía.
A las diez 
y veinte minutos de la mañana del 29 de octubre de 1988, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al policía nacional CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍAmientras hacía guardia en la entrada de la comisaría de Santuchu. Su turno había terminado, pero un compañero que estaba de guardia le pidió que le relevara en su puesto un momento. El asesinato lo cometió un francotirador de la banda que disparó un solo tiro a casi doscientos metros de distanciarealizado con un fusil provisto de mira telescópica. Cristóbal, alcanzado en el lado izquierdo del tórax por un disparo que salió por la espalda, falleció una hora después en la mesa de operaciones del Hospital de Basurto.
y veinte minutos de la mañana del 29 de octubre de 1988, la banda terrorista ETA asesinaba en Bilbao al policía nacional CRISTÓBAL DÍAZ GARCÍAmientras hacía guardia en la entrada de la comisaría de Santuchu. Su turno había terminado, pero un compañero que estaba de guardia le pidió que le relevara en su puesto un momento. El asesinato lo cometió un francotirador de la banda que disparó un solo tiro a casi doscientos metros de distanciarealizado con un fusil provisto de mira telescópica. Cristóbal, alcanzado en el lado izquierdo del tórax por un disparo que salió por la espalda, falleció una hora después en la mesa de operaciones del Hospital de Basurto.
El autor de los disparos estaba situado en un descampado separado de la comisaría por la autovía de San Sebastián. El pistolero de la banda estaba acompañado por otras tres personas, dos hombres y una mujer, que se dieron a la fuga en un automóvil Simca 1200 de color rojo, robado previamente a punta de pistola.
Tras practicarle la autopsia, se instaló la capilla ardiente esa misma noche en el Gobierno Civil de Vizcaya. El funeral por su alma se celebró al día siguiente, 30 de octubre, a las dos menos cuarto de la tarde en la parroquia de San José, de Bilbao.
Cristóbal Díaz no llevaba puesto en el momento del atentado el chaleco antibalas cuyo uso habían recomendado con insistencia los mandos policiales cuando se prestaban servicios de vigilancia estática en las vías públicas. Fuentes oficiales señalaron el día del atentado que el policía asesinado hubiera salvado la vida de haber llevado el chaleco protector. Sin embargo, al día siguiente el Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció la inexistencia de chalecos antibala en la comisaría de Santuchu.
El asesinato de Cristóbal, que permanece impune, se produjo un día antes de que la banda terrorista ETA liberase, previo pago de un rescate, a Emiliano Revilla, que había permanecido secuestrado doscientos cuarenta y nueve días.
Cristóbal Díaz García, era natural de Montellano, en la provincia de Sevilla. Había ingresado en la Policía Nacional en 1976 y desde 1983 estaba destinado en Bilbao. Un hermano suyo también pertenecía al Cuerpo Nacional de Policía. De 36 años, Cristóbal estaba casado con Francisca Lombardo, de 31 años, y tenía un hijo de 7 años, Cristóbal Díaz Lombardo. Así contó en noviembre de 2007 cómo se enteró del asesinato de su padre: ese día vio llorar a su madre de forma desconsolada y uno de sus tíos le soltó crudamente "ETA ha matado a tu padre". "Mi entorno no supo cómo reaccionar. Me encontré en una coyuntura complicada. Era un tema tabú, mi familia evitaba hablar de mi padre delante de mí. Hubo momentos en los que tenía la sensación de sentirme avergonzado de él (...) En la adolescencia, creció en mí un odio generalizado y me encerré en mí mismo. Nunca nadie relacionó el cambio de mi temperamento con una posible secuela psicológica" (El Correo, citado por Vidas rotas, de Alonso, R., Domínguez, F. y García Rey, M., Espasa, 2010, págs. 696-697). Para salir de esa situación no contó con ningún tipo de ayuda psicológica. "Entonces ni nos ofrecieron ayuda psicológica ni nosotros la pedimos por ignorancia. Se puede decir que pasamos este trago a palo seco" (ABC, 13/02/2006).
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