Comisión cubana de derechos humanos y reconciliación nacional

Algunos actos de represión política registrados en cuba durante noviembre de 2011

(SD: Detenciones de corta duración   AR: Actos de repudio)

Durante el mes de noviembre de 2011 documentamos por lo menos 257 detenciones por motivos políticos a lo largo del país, una cifra semejante al mes anterior y demostrativa de la pésima situación de derechos civiles y políticos que sigue prevaleciendo en Cuba y que habrá de empeorar a corto plazo a menos que el régimen imperante introduzca reformas creíbles en un sistema de leyes que continúa criminalizando el ejercicio de los derechos fundamentales.

Salvo que ocurra un cambio inesperado, pronosticamos mayor represión política durante el mes de diciembre con motivo de celebrarse, el  diez de ese mes, el Día Mundial de los Derechos Humanos, fecha en cuyo entorno el gobierno de Cuba suele desplegar su casi ilimitada capacidad represiva.

Sigue siendo poco conocida por la opinión pública la creciente represión contra toda la sociedad, como resultado de la sistemática violación de todos los derechos civiles y políticos, así como económicos y culturales de la inmensa mayoría de la población.

La violación institucionalizada de la libertad de movimiento de los ciudadanos, ya sea dentro del país o para viajar al extranjero, así como el derecho inalienable de todos los cubanos a regresar libremente a nuestro Hogar Nacional, sin cortapisas totalitarias, constituye uno de los abusos más ultrajantes que sigue cometiendo el régimen de los hermanos Castro, quienes han convertido a Cuba en una especie de isla-prisión.

Como dato positivo mencionamos que disminuyó relativamente el número de presos o condenados por motivos políticos pues el gobierno ha excarcelado, a lo largo del año, a numerosos prisioneros antes de someterlos a juicio.  Solamente en noviembre último excarceló (ya que no se puede hablar de libertad en Cuba), a siete opositores.  A finales de dicho mes habíamos documentado por lo menos 70 casos de condenados o procesados por los llamados “delitos contra el Estado”.

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