Visto lo visto, uno siente el irrefrenable deseo de preguntarse lo siguiente: ¿las leyes tienen carácter vinculante? Es decir ¿es obligatorio cumplir las leyes o es, directamente, algo que se pueda elegir? La pregunta no es baladí en estos tiempos de profundo relativismo demostrado por la prolífica casta política. Más aún teniendo en cuenta la realidad, que se empeña una y otra vez en demostrarnos que las leyes parecen estar para no cumplirse, comenzando por el propio ejecutivo que las piensa (o no), las redacta y las promulga.
Tomemos como ejemplo el Real Decreto Ley 6/2009. Allá por abril de hace 2 años alguien en el Gobierno por fin se enteró de que el déficit de tarifa eléctrico se estaba haciendo simplemente inabordable, poniendo en peligro la propia sostenibilidad del sistema eléctrico. No sin echarle la culpa a todo el mundo (crisis financiera internacional, precios del petróleo, etc.) decidieron que algo había que hacer, así que promulgaron unas cuantas medidas para tratar de paliar dicho déficit. De este modo, establecieron que a partir del 1 de enero de 2013 no podría haber más déficit de tarifa. Así, por Real Decreto. Y tan anchos, oiga. Esto, por supuesto, es un brindis al Sol. Es como redactar una Ley que establezca que a partir de 2013 no puede haber desempleo y no tomar ninguna medida para crear empleo. No se rían, por favor, que la cosa es seria.
Toman, además, otra medida destinada a limitar el déficit de tarifa en los años que faltan hasta llegar a 2013, cuando milagrosamente desaparecerá por arte de birlibirloque. Así, el déficit en 2009 no podrá superar los 3.500 millones de euros. En 2010 no se podrán superar los 3.000 millones. En 2011 el límite será de 2.000 millones, mientras que en 2012 no se podrán superar los 1.000 millones de euros. Cuando las leyes se hacen de este modo pero no se toma ninguna medida al respecto, lo que suele suceder es que la realidad se pasa la ley por el arco del triunfo. El año 2009, sin ir más lejos, finalizó con un déficit de tarifa de 4.616 millones de euros cuando la ley lo limitaba a 3.500 millones.
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